TA SAN - Sentencia 680013333002-2024-00087-01 (25-09-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

Bucaramanga, veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL Protección de los Derechos e Intereses Colectivos EXPEDIENTE 680013333002-2024-00087-01

ENLACE ACCESO

SAMAI https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=68001333300220240008701680 0123 ACCIONANTE Jaime Orlando Martínez García derechoshumanosycolectivos@gmail.com

ACCIONADO

Municipio de Floridablanca notificaciones@floridablanca.gov.co catalinagomezgarcia@gmail.com

Conjunto Residencial Plaza Marsella I etapa P.H. adapatriciasandoval@hotmail.com plazamarsella@yahoo.es

TEMA

Zona común - piscinas en propiedades horizontales no existe norma legal que disponga la instalación de rampas de acceso o algún sistema eléctrico-mecánico o similar al interior de estas - Relación de causalidad que debe existir entre la acción u omisión y la señalada afectación de los derechos e intereses colectivos

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor Jaime Orlando Martínez García contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado

debe existir entre la acción u omisión y la señalada afectación de los derechos e intereses colectivos

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor Jaime Orlando Martínez García contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.

1. ANTECEDENTES

1.1 Fundamentos fácticosPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680013333002-2024-00087-01

2

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1.1.1. El 07 de mayo del 2024 1 el señor Jaime Orlando Martínez García instauró demanda en ejercicio del medio de control descrito en el artículo 1442 de la ley 1437 de 2011, en procura de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos contenidos en los literales; a), g), h), j), l), m) y n) artículo 4 de la ley 472 de 1998 3 contra el Municipio de Floridablanca y el conjunto residencial plaza marsella I etapa P.H.

1.1.2. Refiere que, con la creación de la Constitución de 1991, el Estado opt ó por una posición más garante de los derechos fundamentales, en especial por aquellos que estaban en situaciones de debilidad manifiesta frente a otros, es por ello que el artículo 13 de la carta superior prevé como derecho fundamental la igualdad ante la ley y las autoridades y protección de personas con debilidad manifiesta. Estableciendo con esto la carga sobre el Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, de ahí que fundamenta su demanda en la vulneración del principio a la igualdad consagrado en el citado articulo

Estableciendo con esto la carga sobre el Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, de ahí que fundamenta su demanda en la vulneración del principio a la igualdad consagrado en el citado articulo

1.1.3. Esgrime que tanto en ente municipal y los administradores del conjunto residencial plaza marsella I etapa P.H. , violan flagrantemente el derecho subjetivo a la igualdad de las personas con debilidad manifiesta. Frente al ente municipal alude que existe desidia en tanto no ejerce las labores de vigilancia y control sobre las piscinas del municipio de Floridablanca y respecto del conjunto residencial plaza marsella I etapa P.H. sostiene que no tuvieron en cuenta normas técnicas a la hora de construir piscinas tipo vaso que a criterio de él menoscaban derechos fundamentales frente a personas con debilitada manifiesta, esto es a personas con algún tipo de limitación física, psíquica o sensorial, al no tener sistemas modernos, mecánicos, eléctricos o similares que faciliten el acceso a las piscinas, vulnerando así el derecho a la igualdad del que habla el artículo 13 Constitucional.

1Gestión en otras corporaciones índice SAMAI 0001 2Artículo 144. - Protección de los Derechos e Intereses Colectivos. - Cualquier persona puede demandar la protección de los derechos es intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 3Artículo 4.- son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) el goce a un ambiente

sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 3Artículo 4.- son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) el goce a un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias, g) la seguridad y salubridad públicas, h) e l acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, j) el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, l) el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, m) la re alización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalecía al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y n) los derechos de los consumidores y usuariosPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680013333002-2024-00087-01 3

1.1.4. Frente a las disposiciones legales violadas refirió la Ley 361 del 7 de febrero de 19974, específicamente el título IV, de la accesibilidad, capítulo II eliminación de las barreras arquitectónicas, el Decreto 1538 del 17 de mayo de 2015, la Ley 1618 de 2013 y la Ley 1346 de 2009.

1.1.5. Finalmente refiere que pese a haber agotado el requisito de renuencia frente a las secretarias de gobierno municipal, del interior y de salud de Floridablanca, solicitando la intervención oportuna, donde se adoptaran las medidas necesarias por parte de la secretaria y el conjunto residencial, para mitigar la vulneración de los

a las secretarias de gobierno municipal, del interior y de salud de Floridablanca, solicitando la intervención oportuna, donde se adoptaran las medidas necesarias por parte de la secretaria y el conjunto residencial, para mitigar la vulneración de los derechos colectivos y constitucionales violado, no recibió respuesta oportuna y a la fecha de hoy se continua a razón de el con la transgresión de dichos derechos mencionados.

1.2. Pretensiones

«[…] 1-Se decrete mediante sentencia que tanto el ente territorial, los propietarios de la piscina o el que corresponda, tiene de forma individual o en conjunto responsabilidad en los hechos de la demanda, se encuentran vulnerando los derechos colectivos de las personas en situación de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda y otros accesorios, aparatos, sistemas ortopédicos) al estar probado que al interior de la piscina (Técnicamente llamado “VASO”), inmersas en las leyes y normas a las personas adultas, la piscina-vaso no permite que sea disfrutada por estas personas, no posee rampa peatonal con pasamanos para su acceso y para su salida, no posee algún sistema moderno eléctrico -mecánico, no tiene escaleras de acceso en concreto, no posee ningún sistem a idóneo o similar para permitir su acceso como para su salida de manera digna cumpliendo los principios Constitucionales a la IGUALDAD, PROGRESIVIDAD y AUTONOMÍA.

2-Se ordene mediante sentencia tanto al ente territorial o los propietarios de la piscina-vaso o al que corresponda, que en término no mayor a un (01) meses, se realicen todas las obras civiles idóneas para la restitución de los derechos colectivos

2-Se ordene mediante sentencia tanto al ente territorial o los propietarios de la piscina-vaso o al que corresponda, que en término no mayor a un (01) meses, se realicen todas las obras civiles idóneas para la restitución de los derechos colectivos vulnerados de las personas en situación de discapacidad motriz, física (Con sillas de rueda y otros accesorios, aparatos, sistemas ortopédicos), inmersas en las leyes y normas a las personas adultas, adecuando, instalando, construyendo los mecanismos técnicos, ar quitectónicos para permitir el acceso y salida de estas personas en condiciones dignas para restituirles y facilitarles el uso y disfrute de la piscina-vaso, restituyéndoles sus derechos a la RECREACIÓN, al ESPARCIMIENTO de forma individual autónoma o en f amilia, cumpliendo la Ley No.361 de 1997, el Decreto Nacional No.1538 de 2005, Ley No.1209 de julio 14 de 2008, Ley No.1346 de 2009, las Normas Técnicas Colombianas, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015 y demás normas concordantes.

4Ley 361 de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680013333002-2024-00087-01 4

3-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda, el operador judicial dé un término prudencial no mayor a dos (02) mes al que

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3-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda, el operador judicial dé un término prudencial no mayor a dos (02) mes al que corresponda, para que rinda informe escrito al despacho judicial manifestando el cumplimiento de la sentencia al terminar las obras, de no haberse presentado al final de este término el informe dando cumplimiento de la sentencia, tomar la presente pretensión como el trámite de incumplimiento previo a la posible apertura del incidente de desacato, vencido el ter mino de tiempo dado sin cumplir las órdenes de hacer iniciar de oficio como juez Constitucional el incidente de desacato, también expedir y trasladar con destino a la Fiscalía General de la Nación las piezas procesales idóneas para que se inicie el trámite por un posible FRAUDE A

RESOLUCIÓN JUDICIAL.

4-Que mediante sentencia al accederse a las pretensiones de la demanda total o parcialmente, el operador judicial de un término prudencial no mayor a quince (15) días calendarios al que corresponda, para que constituya una POLIZA DE CUMPLIMIENTO por el valor de $15.000.000,oo (Quince millones de pesos), suma de dinero concordante y proporcional de acuerdo al valor de las obras a realizarcen por concepto de posible demolición, construcción, adecuación, de la piscina -vaso, póliza para garantizar la efectiva r ealización de las obras dentro del término de tiempo dado y evitando un eventual INCIDENTE DE DESACATO, petición anterior al observarse que en centenares sentencias de acciones populares que el accionado o responsable de las obras civiles no cumplen por lo general dentro del

tiempo dado y evitando un eventual INCIDENTE DE DESACATO, petición anterior al observarse que en centenares sentencias de acciones populares que el accionado o responsable de las obras civiles no cumplen por lo general dentro del término dado y pasan años y años sin que cumplan, esperando el inicio y tramite de un posible incidente de desacato que dura en promedio uno (01) a (02) dos años o más años después del Fallo, donde finalmente el despacho judicial desest ima el desacato y no plica ninguna sanción por el incumplimiento. (Artículo 42 de la Ley No.472 de 1998 y demás normas concordantes al ser la demanda de índole Constitucional).

5-Que el operador judicial al expedir la correspondiente sentencia de respuesta de forma individual a cada una de los numerales de las pretensiones y no en bloque. Esta solicitud es procedente y hasta necesaria, de acuerdo a la JURISPRUDENCIA DE UNIFICACIÓN expedida por el H. CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO publicada en el Boletín No.133 del 1 de noviembre de 2013; proceso de REVISION de la acción popular No.08001 -33-31003-2007-00073-01 (AP), consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO; Actor: YURI ANTONIO LORA ESCORCIA, ddo: Municipio de Sabanalarga – Atlántico; Bogotá,

D. C. ocho (8) de octubre de dos mil trece (2013) […]»

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Municipio de Floridablanca – Secretaria Jurídica5

Señala que los hechos relacionados en la acción popular recaen sobre los

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Municipio de Floridablanca – Secretaria Jurídica5

Señala que los hechos relacionados en la acción popular recaen sobre los propietarios del conjunto residencial plaza marsella I etapa P.H. , por tanto, no es competente el municipio para realizar las adecuaciones de accesibilidad en la

5 Gestión en otras corporaciones índice SAMAI 00012PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680013333002-2024-00087-01 5

piscina ubicada en dicho conjunto. sobre el particular aludió que las funciones que recaen sobre ellos son las de inspección y vigilancia contenidas en la ley 1209 de 2008 y en el Decreto 554 de 2015.

Que de conformidad con el artículo 52 de la ley 361 de 1997 la piscina objeto de la controversia escapa al ámbito de aplicación de dicha ley, en tanto esta establece lineamientos de obligatorio cumplimiento para las edificaciones e instalaciones abiertas al público que sean de propiedad particular, situación que aclara, no aplica al caso en concreto, ya que no se trata de una instalación que se encuentra abierta al público y que sea de propiedad particular, sino por el contrario se trata de instalaciones de propiedad privada, las cuales no se encuentran abiertas al público y son de uso exclusivo de los propietarios horizontales y cuyo uso se rige por su propio reglamento interno.

Argumenta que el actor popular no sustenta la vulneración a los derechos colectivos, que solo refiere la vulneración de un derecho fundamental y que no es cierto que el ente territorial no haya cumplido con la responsabilidad de vigilancia y control al momento de construirse las edificaciones, refirió que sus facultades se limitan a la

que solo refiere la vulneración de un derecho fundamental y que no es cierto que el ente territorial no haya cumplido con la responsabilidad de vigilancia y control al momento de construirse las edificaciones, refirió que sus facultades se limitan a la aplicación de las regulaciones contenidas en la Ley 1209 de 20086 y su Decreto reglamentario 554 de 2015.

Finalmente, solicito que se denegaran las pretensiones de la demanda, en tanto no se han vulnerado derechos colectivos, ya que el marco normativo al que a su criterio están sometidos, no exige adecuaciones de accesibilidad en piscinas de uso privado y restringido, de igual manera la ley no confiere a las entidades territoriales la responsabilidad de intervenir en la infraestructura de conjuntos privados, de ahí que no se puede imponer la obligación al municipio de intervención activa.

1.3.2. Conjunto residencial Plaza Marsella I etapa P.H7

6Ley 1209 de 2008, por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas. – Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las normas tendientes a brindar seguridad y adecuar las instalaciones de piscinas con el fin de evitar a ccidentes, problemas de salud y proteger la vida de los usuarios de estas, sin perjuicio de los que dispongas otras normas que, con carácter, puedan serles de aplicación. – su ámbito de aplicación es a todas las piscinas de uso colectivo, sean privadas o públicas. 7Gestión en otras corporaciones índice samai 00014PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680013333002-2024-00087-01 6

El Conjunto Residencial Plaza Marsella I Etapa P.H. centra su defensa en demostrar

680013333002-2024-00087-01 6

El Conjunto Residencial Plaza Marsella I Etapa P.H. centra su defensa en demostrar la improcedencia de la demanda y la inexistencia de vulneración de derechos colectivos.

En primer lugar, sostiene que el requisito de procedibilidad no fue cumplido, pues el derecho de petición se dirigió a la Alcaldía de Floridablanca y no al Conjunto Residencial, que era la parte llamada a responder sobre la situación de la piscina; de hecho, la misma Alcal día certificó que las solicitudes planteadas no eran de su competencia, lo que evidencia que el actor no agotó el requisito previsto en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011.

En segundo término, la defensa recalca que la piscina objeto de debate no es de acceso público, sino de uso exclusivo de propietarios, residentes y sus familias, bajo las reglas de propiedad horizontal, por lo cual las normas citadas por el actor, tales como la Ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005, la Ley 1618 de 2013, la Ley 1346 de 2009 y la Ley 1209 de 2008, que regulan instalaciones abiertas al público, no resultan aplicables al caso concreto.

En tercer lugar, se destaca que la copropiedad sí ha adoptado acciones para garantizar condiciones de accesibilidad, entre ellas la autorización de la asamblea de propietarios para instalar y mejorar escaleras metálicas inclinadas con pasamanos, junto con dispositivos mecánicos ya adquiridos y en proceso de adecuación, lo que demuestra la voluntad de cumplimiento; incluso se aportan fotografías como evidencia de los planes autorizados por la asamblea para realizar

pasamanos, junto con dispositivos mecánicos ya adquiridos y en proceso de adecuación, lo que demuestra la voluntad de cumplimiento; incluso se aportan fotografías como evidencia de los planes autorizados por la asamblea para realizar las modificaciones. Asimismo, señalan que no existe en el conjunto personas con discapacidad que hayan reclamado afectación, y que el actor popular centra sus argumentos en presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, cuando la acción popular está destinada a la protección de derechos colectivos, razón por la cual sus afirmaciones carecen de sustento.

También se hace énfasis en que el proyecto urbanístico, incluida la piscina, cuenta con licencias de construcción otorgadas por la Alcaldía de Floridablanca, autoridad encargada de verificar el cumplimiento de la normativa, lo que respalda la legalidad de la copropiedad. De ahí, cualquier eventual responsabilidad correspondería al ente territorial por su función de vigilancia y control, y no al Conjunto Residencial.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680013333002-2024-00087-01 7

Finalmente, se oponen a todas las pretensiones de la demanda, argumentando que no existe vulneración probada de derechos colectivos ni daño contingente atribuible al Conjunto, que se ha demostrado cumplimiento legal y acciones efectivas de accesibilidad, y que no procede imponer órdenes, sanciones ni medidas adicionales.

1.3.3. Ministerio Público8

Rindió concepto de fondo, estableciendo que el problema jurídico a resolver era determinar, ¿si el Municipio de Floridablanca y el conjunto residencial plaza Marsella I etapa P.H. incurrieron en la vulneración de los derechos colectivos, invocados por

Rindió concepto de fondo, estableciendo que el problema jurídico a resolver era determinar, ¿si el Municipio de Floridablanca y el conjunto residencial plaza Marsella I etapa P.H. incurrieron en la vulneración de los derechos colectivos, invocados por el actor popular y de ser así quien tendría a cargo su restablecimiento y la clase de obras a ejecutar?

Para dar respuesta a su problema jurídico inicio estableciendo el marco normativo aplicable al caso de estudio que a su criterio está formado por: la Ley 1209 de 2008, el Decreto Nacional 2171 del 2009, y el Decreto Nacional 554 del 2015.

Relaciono la normativa referida y concluyo que : En Colombia no existía a la fecha ninguna Ley o Decreto que reglamente aspectos críticos y puntuales señalados por el actor popular como lo son formas técnicas de construcción de dispositivos especiales eléctricos, mecánicos, de infraestructura u ornato especiales para el uso de piscinas por parte de la población con algún tipo de debilidad manifiesta que habiten o usen las piscinas de propiedades privadas no abiertas al público; como conjuntos residenciales, propiedades horizontales o copropiedades no abiertas al público.

De ahí concluyó que las pretensiones de la acción popular no estaban llamadas a prosperar.

2. Sentencia Apelada

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de manga Profirió sentencia de primera instancia en los siguientes términos:

8Gestión en otras corporaciones índice SAMAI 00043PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680013333002-2024-00087-01 8

sentencia de primera instancia en los siguientes términos:

8Gestión en otras corporaciones índice SAMAI 00043PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680013333002-2024-00087-01 8

«[…] Primero: DENEGAR las pretensiones incoadas en la presente demanda, por las razones expuestas en precedencia.

Segundo: Sin condena en costas. […]»

Para tales efectos arribo a las siguientes conclusiones:

Como problema jurídico planteó determinar si se encontraba probada la vulneración de derechos e intereses colectivos, para ello in dicó que la ley 1209 de 2008 es la norma de regulación, funcionamiento y mantenimiento de las piscinas y estructuras y que esta aplica a todas las piscinas públicas y privadas de uso colectivo, como las de los conjuntos residenciales, clubes, parques recreativos, hoteles entre otros. Y que su regulación va dirigida concretamente a aspectos de seguridad y salubridad. Hizo referencia frente al Decreto reglament ario 554 de 2015, el cual determin ó las medidas de seguridad aplicables a los establecimientos de piscinas de uso colectivo abiertas al público y que estas medidas deben ser cumplidas por los responsables de estas.

Descendió al caso concreto y lo resolvió bajo tres planteamientos: i) normas vigentes en la actualidad, ii) la aplicación del control de convencionalidad 9 y iii) la excepción de constitucionalidad10.

De ello concluy ó que: i) No existen normas que establezcan la forma de construir piscinas como lo pretende el actor y en ese sentido no tenían los particulares dueños

excepción de constitucionalidad10.

De ello concluy ó que: i) No existen normas que establezcan la forma de construir piscinas como lo pretende el actor y en ese sentido no tenían los particulares dueños

9 “[…] Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un ―control de convencionalidad entre las normas inte rnas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hech o la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana […]” – corte interamericana de derechos humanos, sentencia del 24 de febrero de 2011 10“[…] La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la Constitución, que establece que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”. Esta norma hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que combina un control con centrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de

sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que combina un control con centrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución. 2.2 De otra parte hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto. Este tipo de control se realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución. En este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución […]”. Corte constitucional, sentencia c-122 del 1 de marzo de 2011, M.P Juan Carlos Henao PérezPROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680013333002-2024-00087-01 9

de la propiedad horizontal la obligación de realizar dicha construcción, y por ende tampoco la entidad municipal la de ejercer funciones de control y vigilancia sobre temas que la ley no regula y escapaban a la competencia de la entidad.

1. Frente al control de convencionalidad que solicitó el actor en aplicación de la Ley 1346 de 200911, precisó que en relación con la aplicación de la norma invocada el actor no establece de manera específica obligaciones relacionadas con la

1. Frente al control de convencionalidad que solicitó el actor en aplicación de la Ley 1346 de 200911, precisó que en relación con la aplicación de la norma invocada el actor no establece de manera específica obligaciones relacionadas con la adecuación o accesibilidad de piscinas en conjuntos residenciales, por lo que no puede interpretarse como una disposición que imponga directamente modificaciones en dicha infraestructura. Ade más, su vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano inició el 31 de julio de 2009, y conforme al principio de irretroactividad de la ley, sus efectos son exclusivamente hacia el futuro, sin que pueda exigirse cumplimiento por situaciones anteriores a esa fecha.

De ahí que dicha figura jurídica está orientada a la protección de derechos fundamentales de personas determinadas, en contextos concretos y ante presuntas vulneraciones específicas, lo que implica que su aplicación requiere solicitud de la parte interesada y la existencia de una afectación real.

1. De la excepción por vía de inconstitucionalidad, se concluyó que esta se usa con aplicabilidad a un caso en concreto y con efecto Inter partes, es decir, que el actor no podía pretender solicitar la aplicación de una norma constitucional a la comunidad en general, pues de ese modo la acción de excepción por inconstitucionalidad perdería su naturaleza jurídica.

Bajo esa línea argumentativa el a quo negó la protección de los derechos e intereses colectivos.

3. Recurso de apelación

El actor popular cuestiona la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la acción, sostiene en cuanto a la naturaleza de la piscina objeto de debate, aunque se trate de un bien privado de uso restringido esta debe cumplir

El actor popular cuestiona la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la acción, sostiene en cuanto a la naturaleza de la piscina objeto de debate, aunque se trate de un bien privado de uso restringido esta debe cumplir con las normas que garantizan accesibilidad, seguridad e inclusión, como la Ley

11Ley 1346 de 2009 por medio de la cual se aprueba “la convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS 680013333002-2024-00087-01 10

361 de 1997, la Ley 1346 de 2009, la Ley 1618 de 2013, la Ley 1209 de 2008 y el Decreto 1538 de 2005 , dichas disposiciones consagran la obligación de implementar ajustes razonables y eliminar barreras que impidan a las personas en condición de discapacidad el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones, la omisión de estas adecuaciones afecta no solo derechos colectivos, como el acceso a infraestructura de servicios que asegure la salubridad, la seguridad pública o el cumplimiento de normas urbanís ticas en beneficio de la calidad de vida, sino también derechos fundamentales estrechamente vinculados, tales como la igualdad, la dignidad humana, la recreación, la integración social y la salud de las personas con movilidad reducida.

Recalca que el Municipio de Floridablanca no podía desentenderse de su obligación de inspeccionar y sancionar en caso de incumplimiento, pues los artículos 13 y 14 del Decreto 554 de 2015 le asignan expresamente competencias en esta materia.

de inspeccionar y sancionar en caso de incumplimiento, pues los artículos 13 y 14 del Decreto 554 de 2015 le asignan expresamente competencias en esta materia. Por ello, dicha la negativa de competencia desconoce el deber estatal de garantizar condiciones de seguridad y accesibilidad en las piscinas bajo su jurisdicción.

En este sentido, sostiene que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que tanto el Estado como los particulares tienen la obligación de garantizar ajustes razonables en favor de las personas en condición de discapacidad, incluso en escenarios de uso privado restringido, cuando de e llo depende la efectividad de principios superiores como la igualdad y la inclusión.

De conformidad con lo anterior , se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, la declaración de vulneración de los derechos colectivos invocados, y que se ordene al Municipio de Floridablanca ejercer sus funciones de vigilancia y control, así como