TA SAN - Sentencia 680013333002-2025-00043-01 (08-05-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, ocho (08) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA RADICADO: 680013333002-2025-00043-01

ENLACE DEL EXPEDIENTE: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=68001333300220250004

3016800123

MECANISMO DE CONTROL: Acción de tutela

ACCIONANTE: Esperanza Ayala de Guerrero

leidysgon2501@hotmail.com

ACCIONADO: Administradora Colombiana de Pensiones

(Colpensiones) notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co

SENTENCIA NÚM: 039

TEMA Y DERECHOS FUNDAMENTALES: Se revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, dado que se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho de petición y a la seguridad social de la accionante.

MAGISTRADA PONENTE: Claudia Patricia Peñuela Arce

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante, en contra de la sentencia del 25 de marzo de 2025 1, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se denegaron las pretensiones relacionadas con la presunta vulneración del derecho fundamental de petición y se declaró improcedente la acción de tutela respecto de

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se denegaron las pretensiones relacionadas con la presunta vulneración del derecho fundamental de petición y se declaró improcedente la acción de tutela respecto de los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte accionante2

1 El proceso de la referencia, fue repartido al despacho el 4 de abril de 2025, según consta en el acta de reparto que reposa en el expediente en SAMAI. 2 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 002 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo 4Repartodelpro_DEMANDA_11_3_20255_0.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

Accionante: Esperanza Ayala Guerrero

Accionado: Colpensiones Radicado: 680013333002-2025-00043-01

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La señora Esperanza Ayala de Guerrero, por conducto de apoderada judicial, solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y seguridad social, que estim ó vulnerados por la Administradora Colombiana de Pensiones –en adelante, Colpensiones–, ante la presunta omisión en dar respuesta de fondo a sus solicitudes de reliquidación de la mesada pensional, pago de retroactivo y aplicación de lo dispuesto en la sentencia SL138 del 31 de enero de 2024.

En consecuencia, pidió que se ordene a la entidad accionada: (i) realizar un estudio detallado de la solicitud de revisión de pensión; (i i) aplicar la sentencia SL 138 del 31 de enero de 2024, para garantizar su derecho a la igualdad; (iii) reliquidar su

detallado de la solicitud de revisión de pensión; (i i) aplicar la sentencia SL 138 del 31 de enero de 2024, para garantizar su derecho a la igualdad; (iii) reliquidar su mesada pensional; (iv) reconocer y pagar el retroactivo derivado de la nueva liquidación; y (v) ofrecer una respuesta motivada y fundamentada, en cumplimiento de los principios de buena fe y debido proceso. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente: Indicó que, a su cónyuge, el señor Carlos Guerrero Melo, le fue reconocida pensión de vejez por invalidez el 15 de junio de 2018, fijándose la mesada pensional en el 65.46% de $2.399.187, calculada a partir del ingreso base de liquidación ( IBL) correspondiente al promedio de los últimos diez años laborados.

Señaló que el señor Guerrero Melo falleció el 29 de junio de 2021, motivo por el cual solicitó la pensión de sobreviviente, la cual le fue reconocida mediante Resolución núm. 239083. Expuso que el 25 de septiembre de 2024 presentó solicitud ante Colpensiones para que se reliquidara la mesada pensional con fundamento en la sentencia SL1382024, e indicó que el 27 de septiembre del mismo año la entidad negó la aplicación de dicha providencia, aunque le informó que podía solicitar la revisión si allegaba la documentación pertinente. Por tal razón, el 29 de octubre de 2024 formuló nuevamente la petición de revisión, con la documentación que, según afirmó, resultaba pertinente para su caso, aunque ese mismo día recibió respuesta de la entidad, la cual, a su juicio, replicó los argumentos expuestos en la comunicación del 27 de septiembre, sin ofrecer un

con la documentación que, según afirmó, resultaba pertinente para su caso, aunque ese mismo día recibió respuesta de la entidad, la cual, a su juicio, replicó los argumentos expuestos en la comunicación del 27 de septiembre, sin ofrecer un análisis de fondo frente a lo solicitado. Añadió que el 21 de enero de 2025 radicó otra solicitud a través de la sede electrónica de Colpensiones, identificada con el número 2025_809558, en la que insistió en que las respuestas anteriores habían sido evasivas, pero precisó que, alAcción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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día siguiente, la entid ad respondió que no era posible adelantar el trámite, por haberse utilizado un canal no habilitado para tal fin, y concluyó que el 25 de febrero de 2025 recibió una nueva comunicación que reiteró, sin modificaciones, la respuesta previamente emitida. Con base en estos hechos, explicó que la omisión de dar una respuesta de fondo no solo constituye una vulneración de su derecho fundamental de petición, sino también del debido proceso, en tanto las entidades públicas están obligadas a tramitar adecuadamente la s solicitudes formuladas por los ciudadanos y a emitir decisiones debidamente motivadas, particularmente cuando estas no satisfacen las pretensiones del interesado.

B. Trámite de la acción de tutela

La acción de tutela fue radicada el 12 de marzo de 2025 3, siendo repartida para su conocimiento al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, el

B. Trámite de la acción de tutela

La acción de tutela fue radicada el 12 de marzo de 2025 3, siendo repartida para su conocimiento al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bucaramanga, el cual, por auto de la misma fecha4, dispuso admitir la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar de la misma al accionado.

C. Posición del accionado Corrido el traslado de la solicitud de amparo y de sus anexos en los términos del Decreto 2591 de 1991, la Administradora Colombiana de Pensiones

(Colpensiones) rindió informe en los siguientes términos5: Afirmó que respondió las solicitudes presentadas por la accionante, por lo cual no puede considerarse vulnerado el derecho fundamental de petición, en la medida en que las autoridades no están obligadas a emitir respuestas favorables, sino a pronunciarse de manera oportuna y motivada, aun si la respuesta resulta contraria al interés del solicitante. En virtud de lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la presente acción de tutela, al configurarse una carencia actual de objeto por hecho superado. De otro lado, precisó que el artículo 4° de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 26 del Decreto Ley 019 de 2012, faculta a la administración para establecer requisitos mínimos documentales, entre ellos la presentación de formularios que

3 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 002 SAMAI,  enlace en la plataforma, archivo 1Repartodelpro_actadef73710juz2ctoa. 4 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 003 SAMAI,  enlace en la

plataforma, archivo 1Repartodelpro_actadef73710juz2ctoa. 4 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 003 SAMAI,  enlace en la plataforma, archivo Auto Admite y Avoca Tutela. 5 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 005 SAMAI,  enlace en la plataforma, archivo 10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-adjunto_13834944IMP.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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deben acompañarse con l os documentos soporte necesarios, a efectos de identificar con claridad el área competente encargada del trámite correspondiente. Arguyó que, pese a haberle informado a la accionante tales exigencias, no reposa en los sistemas de información de la entidad ninguna solicitud radicada a su nombre o al del causante que cumpla con dichas condiciones. Frente a la solicitud de aplicación de lo di spuesto en la sentencia SL138 -2024, advirtió que sus efectos son inter partes, razón por la cual no resulta procedente pretender su extensión a través de la acción de tutela. En ese sentido, resaltó que lo solicitado implica el reconocimiento de una presta ción económica, lo cual desborda el ámbito de competencia del juez constitucional y desconoce la naturaleza subsidiaria y residual de este mecanismo, toda vez que corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral o contencioso administrativa conocer y resolv er de fondo este tipo de controversias. Agregó que no se demostró, siquiera sumariamente, que la situación planteada

la jurisdicción ordinaria laboral o contencioso administrativa conocer y resolv er de fondo este tipo de controversias. Agregó que no se demostró, siquiera sumariamente, que la situación planteada afecte el derecho al mínimo vital, ya que la accionante percibe una mesada pensional equivalente a $2.347.532 para el año 2025, suma que, e n su concepto, resulta suficiente para descartar la existencia de un perjuicio irremediable.

D. La sentencia impugnada Mediante sentencia del 25 de marzo de 2025 6, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga dispuso: «PRIMERO: DENEGAR las pretensiones en la presente acción de tutela interpuesta por la señora ESPERANZA AYALA GUERRERO contra COLPENSIONES, respecto al derecho fundament al de petición, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela interpuesta por la señora ESPERANZA AYALA GUERRERO contra COLPENSIONES, respecto de los derechos fundament ales a la seguridad social y al debido proceso, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia».

Para sustentar tal decisión, el despacho consideró que cada una de las solicitudes presentadas por la accionante fueron resueltas de forma clara y con un pronunciamiento de fondo, aun cuando resultaran reiterativas, toda vez que, según lo manifestado por Colpensiones, no resultaba procedente tramitar la solicitud de aplicación de la sentencia SL138-2024 proferida por la Corte Suprema de Justicia.

6 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 00 6 SAMAI, enlace en la

aplicación de la sentencia SL138-2024 proferida por la Corte Suprema de Justicia.

6 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 00 6 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo Sentencia Primera Instancia Tutela.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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A este respecto, la entidad le indicó expresamente a la peticionaria que, para que pudiera estudiarse una nueva reli quidación de su prestación económica con fundamento en esa providencia judicial, era necesario allegar los documentos que respaldaran su pretensión. No obstante, el juez advirtió que del examen del expediente no se desprendía prueba alguna que demostrara e l cumplimiento, por parte de la tutelante, de las recomendaciones efectuadas por la entidad en las tres respuestas emitidas, razón por la cual concluyó que no se configuraba vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados. En relación con las pr etensiones atinentes a (i) la aplicación del precedente contenido en la sentencia SL138 del 31 de enero de 2024, (ii) la reliquidación de la mesada pensional y (iii) el reconocimiento y pago del retroactivo correspondiente, el juzgado determinó que estas d eben ser resueltas por el juez natural, ya sea laboral o contencioso administrativo, según la naturaleza del vínculo jurídico. Ello por cuanto estimó que la acción de tutela no está llamada a sustituir los mecanismos ordinarios consagrados por el legislado r, en virtud del principio de

laboral o contencioso administrativo, según la naturaleza del vínculo jurídico. Ello por cuanto estimó que la acción de tutela no está llamada a sustituir los mecanismos ordinarios consagrados por el legislado r, en virtud del principio de subsidiariedad, toda vez que existen medios idóneos y eficaces para resolver el conflicto, que no solo prevén procedimientos con garantías procesales adecuadas, sino que también habilitan al juez de conocimiento para adoptar l as medidas necesarias con miras a proteger los derechos fundamentales de las partes. Finalmente, el despacho señaló que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo transitorio, en tanto no se acreditó afectación alguna al mínimo vital de la accionante derivada de la negativa a reconocer sus pretensiones.

E. De la impugnación La accionante impugnó la sentencia de primera instancia 7, argumentando que cumplió con los requerimientos de Colpensiones mediante la entrega de la documentación solicitada el 29 de octubre de 2024, bajo el radicado núm. 2024_23166223. A pesar de ello, la entidad le pidió la misma documentación sin avanzar en l a revisión de s u caso . Indicó que, al haber aportado todos los documentos exigidos, Colpensiones no emitió una resolución que negara sus

7 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación, índice 008 SAMAI,  enlace en la plataforma, archivo 14_MemorialWeb_Recurso-IMPUGNACIONTUTELAE.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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plataforma, archivo 14_MemorialWeb_Recurso-IMPUGNACIONTUTELAE.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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pretensiones, lo que le impidió recurrir la decisión y ejercitar su derecho a la acción ante el juez laboral competente . En consecuencia, sostuvo que la entidad vulneró el derecho fundamental de petición al no dar una respuesta debidamente fundamentada.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

Con fundamento en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación es competente para conocer la impugnación de las sentencias de tutela que en primera instancia dictan los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial.

G. Legitimación en la causa por activa y por pasiva

El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 indica que la tutela: «Podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. Tamb ién podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales». De esa norma se extrae la posibilidad de que el amparo sea solicitado por el titular de derechos fundamentales lesionados o puestos en peligro, de forma directa o a

ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales». De esa norma se extrae la posibilidad de que el amparo sea solicitado por el titular de derechos fundamentales lesionados o puestos en peligro, de forma directa o a través de repres entante, siempre y cuando éste sea abogado titulado y, además, cuente con el mandato que lo autorice para instaurar la tutela. Así, frente a este particular, en decantados pronunciamientos la Corte Constitucional ha establecido que la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela deriva de la acreditación del documento constitutivo del poder, mismo que debe ostentar el carácter de especial, es decir, debe ser otorgado por el mandante de manera específica para el adelan tamiento de la demanda constitucional. Veamos: «[…] La Corte ha estimado - de manera reiterada - que la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder espec ial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T -001 de 1997 que por las características de la acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión»8.

8 Corte Constitucional, sentencia T-658 de 2002.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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En el presente caso, la acción de tutela fue presentada por la abogada Leidys Lucía González Velásquez, quien manifestó actuar en calidad de apoderada judicial de la señora Esperanza Ayala de Guerrero. Para acreditar dicha representación, allegó poder especial en el que se le autoriza de manera expresa para « llevar hasta su terminación acción de tutela en búsqueda del reconocimiento de mis derechos e intereses pensionales»9. La Sala observa que este mandato reúne las exigencias establecidas por la jurisprudencia constitucional para la actuación judicial por medio de apoderado en sede de tutela, toda vez que se trata de un encargo expreso, conferido por la titular de los derechos fundamentales cuya protección se solicita, con el propósito específico de promover una acción constitucional en defensa de su derecho a la seguridad social, conc retamente respecto del reconocimiento de una prestación pensional. De igual forma, se advierte que la profesional que interpone la acción ostenta la calidad de abogada titulada, habilitada para el ejercicio conforme a la ley, circunstancia corroborada a partir de la inclusión de su número de tarjeta profesional en el expediente. Así las cosas, la Sala considera que se cumple con el presupuesto procesal de la legitimación en la causa por activa. Por otra parte, también se cumple con la legiti mación en la causa por pasiva, toda vez que el accionado es Colpensiones, una entidad pública, en tanto es una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio del Trabajo, encargada de la prestación del servicio público de la seguridad so cial, concretamente, en el

vez que el accionado es Colpensiones, una entidad pública, en tanto es una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio del Trabajo, encargada de la prestación del servicio público de la seguridad so cial, concretamente, en el manejo del Régimen de Prima Media con Prestación Definida como parte del Sistema General de Pensiones. Asimismo, fue ante esta entidad que la accionante, por medio de apoderada judicial, dirigió múltiples solicitudes de revisión de pensión, de suerte que su actuación es aquella que se reprocha, al no haber emitido una respuesta que cumpliera con las cargas derivadas del derecho de petición.

H. Inmediatez

En relación con el caso objeto de estudio, la señora Esperanza Ayala Guerrero instauró la acción de tutela, por medio de apoderada judicial, el 12 de marzo de 2025, y el último pronunciamiento de Colpensiones se produjo el 25 de febrero de 2025, mediante l a notificación de la respuesta con radicado de salida núm. 2025_2397144. Esto significa que transcurrió menos de un mes entre dicha

9 Expediente digit al, gestión en otros despachos, actuación, índice 002 SAMAI,  enlace en la plataforma, archivo 2Repartodelpro_ANEXOS_11_3_20255_09, páginas 52 a 53.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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actuación administrativa y la presentación de la demanda, término que se ajusta a la oportunidad en la presentación del amparo.

I. Subsidiariedad

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actuación administrativa y la presentación de la demanda, término que se ajusta a la oportunidad en la presentación del amparo.

I. Subsidiariedad

Respecto de la protección del derecho de petición, la H. Corte Constitucional ha estimado que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. Por este motivo, la Sala concluye que se encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad respecto de las pretensiones encaminadas a que Colpensiones realice un estudio detallado de la solicitud presentada y valore la aplicación de la sentencia SL138 del 31 de enero de 2024. Sobre las pretensiones de índole económica, como la reliquidación de la pensión y el reconocimiento y pago del retroactivo pensional , la Sala comparte las consideraciones del juez de primera instancia, en cuanto declaró improcedente la acción de tutela, en la medida en que la accionante cuenta con medio de control idóneo y eficaz ante la jurisdicción ordinaria laboral y/o de lo contencioso administrativo, según sea el caso. Además, porque tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite su estudio excepcional por esta vía.

J. Problema jurídico

Atendiendo los motivos de impugnación, para determinar si hay lugar a revocar o confirmar la sentencia de primera instancia, resolverá los siguientes interrogantes:

¿Colpensiones vulneró los derechos fundamentales de petición , debido proceso y

Atendiendo los motivos de impugnación, para determinar si hay lugar a revocar o confirmar la sentencia de primera instancia, resolverá los siguientes interrogantes:

¿Colpensiones vulneró los derechos fundamentales de petición , debido proceso y a la seguridad social de la señora Esperanza Ayala Guerrero, al no resolver de fondo las solicitudes presentadas el 28 de octubre de 2024 y el 21 de enero de 2025, pese a que la accionante afirmó haber entregado los documentos requeridos para la revisión de su solicitud de reliquidación pensional?

K. Tesis

Sí, porque en el expediente se probó que las solicitudes radicadas el 28 de octubre de 2024 y el 21 de enero de 2025 incorporaron menciones expresas a los documentos exigidos por la administración para el análisis de la solicitud de reliquidación pensional, sin que la entidad accionada hubie re emitido pronunciamiento alguno respecto de su recibo, suficiencia o idoneidad, niAcción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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desplegado actuación alguna orientada a verificar la información aportada. Por lo tanto, es evidente que Colpensiones no hizo uso de las pruebas obrantes en las peticiones mencionadas ni indagó sobre su disponibilidad, pese a que la peticionaria expresó que existen, por lo cual vulneró sus derechos fundamentales de petición y debido proceso.

En consecuencia, la Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, dispondrá la protección de los derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo, atados a la seguridad social en materia pensional,

debido proceso.

En consecuencia, la Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, dispondrá la protección de los derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo, atados a la seguridad social en materia pensional, adoptando para ello las medidas afirmativas para su salvaguarda.

L. Metodología de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala estudiará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela , (ii) las entidades encargadas de reconocimientos pensionales deben dar trámite a las solicitudes del afiliado, pronunciándose explícitamente sobre aspectos relevantes puestos en su conocimiento, so pena de vulnerar los derechos fundamentales de petición y al debido proceso y (iii) derecho a la seguridad social.

Por último, se analizará el caso concreto, hechos relevantes probados y su análisis crítico.

(i) Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares, en los precisos casos en que ind ica el Decreto 2591 de 1991.

Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental. Con la salvedad de que, en caso de que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, procede la tutela como mecanismo transitorio.

(ii) Las entidades encargadas de reconocimientos pensionales deben

invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, procede la tutela como mecanismo transitorio.

(ii) Las entidades encargadas de reconocimientos pensionales deben dar trámite a las solicitudes del afiliado, pronunciándose explícitamente sobre aspectos relevantes puestos en suAcción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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conocimiento, so pena de vulnerar los derechos fundamentales de petición y al debido proceso El derecho fundamental de petición supone la prerrogativa de obtener una respuesta pronta, completa y de fondo 10. La resolución de fondo implica una decisión suficiente, efectiva y congruente con lo solicitado 11. En este sentido, la Corte Constitucional ha explicado que: «(i) [U]na respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; (ii) es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea; y (iii) es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta»12. De ahí que esta garantía imponga a las autoridades la obligación de adelantar un proceso analítico, dentro del cual: (i) se identifique la solicitud; (ii) se verifiquen lo s hechos; (iii) se exponga el marco jurídico que regula el tema; (iv) se utilicen los

proceso analítico, dentro del cual: (i) se identifique la solicitud; (ii) se verifiquen lo s hechos; (iii) se exponga el marco jurídico que regula el tema; (iv) se utilicen los medios al alcance que sean necesarios para resolver de fondo; (v) se pronuncie sobre cada uno de los aspectos pedidos; y (vi) se exponga una argumentación con la que el peticionario pueda comprender completamente el sentido de la respuesta emitida13. Así, no basta con un pronunciamiento sobre el objeto de la petición cuando este «no se decide directamente sobre el tema objeto de su inquietud, sea en interés público o priva do, dejando [a la persona] en el mismo estado de desorientación inicial»14. Para este Tribunal, el cumplimiento de este deber por parte de las entidades administradoras de pensiones resulta especialmente relevante, dado que las solicitudes de prestaciones sociales están supeditadas al cumplimiento de requisitos precisos, relacionados con la edad, las semanas de cotización, la estructuración de la invalidez, la dependencia económica, entre otros, que podrían afectar otros derechos fundamentales como la seguridad social y el mínimo vital. En este sentido, las autoridades pensionales no pueden emitir contestaciones que conduzcan al peticionario a una situación de incertidumbre respecto de la existencia del derecho pensional, ni prolongar la definición de la solicitud mediante remisión a distintas dependencias. Tampoco pueden brindar respuestas que se limiten a informar el trámite interno a seguir, pues la garantía solo se satisface con respuestas

10 Ley 1755 de 2015, artículo 13. 11 Corte Constitucional, sentencia T-682 de 2017. 12 Corte Constitucional, sentencias T-587 de 2006 y T-682 de 2017.

10 Ley 1755 de 2015, artículo 13. 11 Corte Constitucional, sentencia T-682 de 2017. 12 Corte Constitucional, sentencias T-587 de 2006 y T-682 de 2017. 13 Corte Constitucional, sentencias T-395 de 2008 y T-855 de 2011. 14 Corte Constitucional, sentencia T-228 de 1997.Acción de Tutela Sentencia de Segunda Instancia

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que resuelvan el fondo de la solicitud, es decir, cuando se decide, se concluye o se ofrece certeza al interesado15. Por otro lado, el derecho fundamental al debido proceso, contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, se extiende tanto a las actuaciones surtidas ante las autoridades judiciales como a los trámites y procesos administrati vos, con el fin de que todas las personas, en virtud del cumplimiento de los fines esenciales del Estado, « puedan defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Constitución »16. Este derecho se manifiesta en una serie de principios que buscan asegurar que el sujeto