TA SAN - Sentencia 6800133330022021-00260-01 (13-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 6800133330022021-00260-01

Medio de control: Nulidad Simple

Demandante: Ramiro Vásquez Giraldo

givara1946@gmail.com Demandado Municipio de Bucaramanga – Concejo Municipal notificaciones@bucaramanga.gov.co juridica@concejodebucaramanga.gov.co notificacionesjudiciales@concejodebucaramanga.gov.co bibianamanrique@gmail.com

Ministerio Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos

nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema: Deber judicial de motivación suficiente hace parte de la legitimidad de la administración de justicia. Deber de proteger zonas de conservación del recurso hídrico.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor Ramiro Vásquez Giraldo, contra la sentencia de fecha quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

La demanda fue interpuesta por el señor Ramiro Vásquez Giraldo, en ejercicio del medio de control dispuesto en el artículo 137 del CPACA; para lo cual solicitó, que se declare la Nulidad del Acuerdo Municipal No. 001 de fecha 12 de enero de 2021 expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga “por medio del cual se autoriza

medio de control dispuesto en el artículo 137 del CPACA; para lo cual solicitó, que se declare la Nulidad del Acuerdo Municipal No. 001 de fecha 12 de enero de 2021 expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga “por medio del cual se autoriza al alcalde de Bucaramanga para adquirir los predios que integran las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, y el Decreto Reglamentario 953 de 2013”.

Como normas violadas y concepto de la violación en que se sustenta la pretensión anulatoria , expuso el demandante, que el acto administrativo cuestionado, desconoce el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 que modificó el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, así como el Decreto 953 de 2013 ; para lo cual,

1 Ver documento “1_680013333002202100260001EXPEDIENTEDIGI20220608141459” registrado en el índice 00009 de SAMAI – Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 6800133330022021-00260-01 Página 2 de 31

argumentó, que la autorización para la adquisición de los predios de importancia estratégica para la conservación hídrica, no se s oportó en las “decisiones técnicas ambientales”. Frente a ello, afirmó, que de conformidad con el artículo 4 del Decreto 953 de 2013, para la “identificación, delimitación y priorización de las áreas de

estratégica para la conservación hídrica, no se s oportó en las “decisiones técnicas ambientales”. Frente a ello, afirmó, que de conformidad con el artículo 4 del Decreto 953 de 2013, para la “identificación, delimitación y priorización de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos”, las autoridades ambientales deben establecer los “lineamientos técnicos para la consecución”; aunado a lo anterior, precisó, que las autoridades ambientales deben acompañar “técnicamente” a las entidades territoriales. En tal sentido, señaló, que el Acuerdo No. 001 de 2021 adolece de los “anexos de orden técnico”, así como de los “soportes técnicos ambientales para el establecimiento y mantenimiento de áreas para la adquisición de predios para garantizar la conservación de recursos hídricos” realizados por la CDMB y, que los núcleos forestales identificados en el artículo 1 del Acuerdo No. 001 de 2021 no tienen soporte técnico en las áreas priorizadas por la CDMB.

2. Contestación de la demanda.

En defensa de la legalidad del Acuerdo No. 001 de fecha 12 de enero de 2021 expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga “por medio del cual se autoriza al alcalde de Bucaramanga para adquirir los predios que integran las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, y el Decreto Reglamentario 953 de 2013”; el a quo vinculó

establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, y el Decreto Reglamentario 953 de 2013”; el a quo vinculó al proceso al Municipio de Bucaramanga y al Concejo Municipal de Bucaramanga2.

2 Corporación Política que si bien no tiene capacidad para ser parte por ausencia de personalidad jurídica debiendo ser representada por el Municipio de Bucaramanga, conforme lo dispone el inciso final del artículo 159 del CPACA, al entender de la Sala si os tenta en estos procesos (del contencioso pleno de legalidad), una capacidad procesal que le permite intervenir en el juicio en pro de la defensa de legalidad del acto administrativo, en tanto fue la Corporación Pública que expidió el acto acusado; luego, s i bien no se puede tener como parte procesal, no puede ser un obstáculo para que puedan ejercer la defensa de sus intereses en vía jurisdiccional; más aún cuando se vinculó a la persona jurídica del cual hace parte, lo que no significa que se demandó a dos personas jurídicas, sino que la segunda es parte de la primera y se menciona para precisar la entidad donde ocurrieron los hechos. Al respecto, puede extrapolarse, mutatis mutandis, las consideraciones expuestas por la Subsección A de la Sección Segunda d el Consejo de Estado en sentencia de fecha 21 de marzo de 2019 radicación: 1800112331000200400500 01 (1976 -2013), en la que se consideró, respecto de las Contralorías Territoriales, que dado que cumplen una función pública tienen capacidad tanto para ser parte como para obrar en los procesos que se ventilen ante esta Jurisdicción: “Cabe reconocer que, de la posibilidad de realizar

Territoriales, que dado que cumplen una función pública tienen capacidad tanto para ser parte como para obrar en los procesos que se ventilen ante esta Jurisdicción: “Cabe reconocer que, de la posibilidad de realizar imputaciones jurídicas a la contraloría departamental en razón de su existencia legal, sus atributos y funciones, se sigue su ca pacidad procesal por el hecho de ejercer facultades y realizar y proferir actos imputables como entidad pública cuyas particularidades la hacen apta para ser parte en un juicio. En consecuencia, la contraloría territorial puede ser tenida como parte en juicio dada su capacidad para ser titular directa de relaciones jurídicas creadas a partir del ejercicio ordinario de sus poderes. En razón de su condición de organismo público de control con funciones atribuidas por la Constitución y la ley, también es sujet o con legitimación en la causa pasiva de acciones procesales en la medida en que es titular de la relación jurídica material concerniente a lo que se demanda de ella en este proceso, respecto de lo cual tiene la capacidad de responder frente a la pretensión del actor. En estas circunstancias, no cabe duda para la Sala respecto a que la contraloría departamental cuenta con la legitimación por pasiva para afrontar, como parte, la acción procesal mediante la cual se pretende la nulidad del acto administrativo que profirió, que fue demandado y que es el objeto del actual proceso, sobre lo cual deberá pronunciarse el juez de lo contencioso administrativo.” Igual consideración se puede realizar de los Concejos Municipales en la medida que, de conformidad con la Co nstitución Política, tienen a su cargo el ejercicio de la función administrativa.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 6800133330022021-00260-01 Página 3 de 31

2.1. Del Municipio de Bucaramanga3.

ejercicio de la función administrativa.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 6800133330022021-00260-01 Página 3 de 31

2.1. Del Municipio de Bucaramanga3.

Por intermedio de apoderado debidamente constituido, el Municipio de Bucaramanga dio contestación de la demanda. De esta manera, como razones de defensa de la legalidad del Acuerdo Municipal demandado indicó, que “contempla todas las precisiones técnicas requeridas, para que se invistiera al Burgomaestre de las facultades pro tempore de enajenación de bienes inmuebles con el fin de salvaguardar las fuentes hídricas que surten al Municipio de Bucaramanga”, en tanto se dio en el marco de la discusión ante el Concejo Municipal, se cumplió con el procedimiento del Decreto 953 de 2013, así mismo, la autorización dada en el Acuerdo “se soporta, en los estudios técnicos previos emitidos por parte de la autoridad ambiental CDMB, de identificación de los bienes relacionados en el acto administrativo, como estratégicamente objeto de reserva hídrica, teniendo en cuenta, las áreas de importancia delimitadas y priorizadas por la autoridad ambiental”. Por otra parte, se dispuso en el acto administrativo censurado, que “previo a la adquisición de un predio ya identificado dentro del área estratégica, es necesario contar el apoyo y estudio técnico o certificado emitido por parte de la autoridad ambiental (parágrafos 3 y 5 del artículo 1)”. De igual forma, la selección de los predios a adquirir se realizó con el apoyo del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Luego, en su sentir, existe una errónea y ambigua interpretación por

de los predios a adquirir se realizó con el apoyo del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Luego, en su sentir, existe una errónea y ambigua interpretación por parte del actor.

Adicionalmente, adujo, que los predios determinados no sólo obedecen a las zonas de estratégicas aprobadas por la CDMB a través de los POMCA (Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica), sino que también el Municipio de Bucaramanga ha venido realizando estudios y proyectos que fueron recogidos como la línea ambiental en el Acuerdo 013 de 2020, por el cual se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal de Bucaramanga para el período 2020-2023, el cual se encuentra “alineado y articulado con las líneas y directrices del Ministerio de Medio Ambiente y lo definido en el documento LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA DEFINICIÓN DE AREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR ÁFICAS del año 2015”; igualmente, las áreas de importancia estratégica, están identificadas en el artículo 8 del Acuerdo 011 de 2014 por el cual se establece el POT de Bucaramanga.

Así las cosas, aseveró, que “la determinación e identificación de los predios estratégicos no ha sido caprichosa como lo aduce la parte demandante, sino que corresponde a los estudios, sectoriz aciones realizadas por la autoridad ambiental, en la gestión conjunta de la regulación y protección de la Cuenca del Alto Lebrija, la cual nace en el Páramo de Santurb án y que además abastece de agua al Área

en la gestión conjunta de la regulación y protección de la Cuenca del Alto Lebrija, la cual nace en el Páramo de Santurb án y que además abastece de agua al Área metropolitana de Bucaramanga y de diez (10) Municipios más”.

3 Ver documento “ 13_6800133330022021002600013EXPEDIENTEDIGI20220608141500” registrado en el índice 00009 de SAMAI – Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 6800133330022021-00260-01 Página 4 de 31

2.2. Del Concejo Municipal de Bucaramanga4.

En defensa de la legalidad del Acuerdo No. 001 de 2021, manifestó, que fue expedido en virtud de las competencias atribuidas por “art. 313 No. 1, 3 y 9 de la Constitución Política, el art. 32 numeral 3 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, Decreto Ley 2811 de 1974, art. 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el art. 106 de la Ley 1151 de 2007, así como por el art. 210 de la Ley 1450 de 2011 y reglamentado por el Decreto Nacional 953 de 2013”; cumpliéndose con los debates y, así mismo, el acto administrativo se ajustó al “plan de desarrollo

2020-2023 "BUCARAMANGA, UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES", Línea

Estratégica 2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE, UNA REGIÓN CON FUTURO;

programa: GOBERNANZA DEL AGUA, NUESTRA AGUA, NUESTRA VIDA; Meta

Estratégica 2. BUCARAMANGA SOSTENIBLE, UNA REGIÓN CON FUTURO;

programa: GOBERNANZA DEL AGUA, NUESTRA AGUA, NUESTRA VIDA; Meta

de Bienestar: "AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE ABASTECIMIENTO HÍDRICO, COMO FACTORES DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE BIENESTAR SOCIAL"”. Señaló, además, que el acto administrativo cuenta con los estudios técnicos previos que “datan desde el año 2017, a partir del Acuerdo 036 que facultó al alcalde municipal en el mismo sentido y con posterioridad, para el año 2018 con el Acuerdo 046. Empero como el que se censura es el expedido el 12 de Enero de 2021, se destaca que fue objeto de debate para el 23 y 27 de diciembre de 2020 cumpliendo de esta manera cumple con las formalidades que se le exigen para su producción”

Por otra parte, afirmó, que en el acto administrativo demandado, se advirtió que las “facultades concedidas al señor alcalde municipal de Bucaramanga para la adquisición y mantenimiento de los predios en mención sería previa identificación, selección y determinación de la autoridad ambiental de conformidad con lo reglado en el artículo 4 del Decreto 953 de 2013, por lo que en consecuencia, la eventual compra de los predios que se requerían para la conservación de recurso hídrico que surtían agua al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga no resultaba caprichosa ni aleatoria sino precedidos por concepto que emitiera la autoridad ambiental según estudios técnicos”.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

surtían agua al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga no resultaba caprichosa ni aleatoria sino precedidos por concepto que emitiera la autoridad ambiental según estudios técnicos”.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, a través de sentencia de fecha quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023) resolvió negar la pretensión de nulidad del Acuerdo No. 001 de 20215. Al considerar que el acto administrativo demandado no adolece de ninguno de los cargos de nulidad presentados en su contra, a saber: infracción de las normas en que debería fundarse y de expedición irregular, por cuanto el acto administrativo “…cumplió con los requisitos esenciales para su producción, así como los elementos para predicar su existencia y validez. // 52. De igual forma, cumple con los elementos para predicar su eficacia, pues, la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad

4 Ver documento “ 11_6800133330022021002600011EXPEDIENTEDIGI20220608141500” registrado en el índice 00009 de SAMAI – Gestión en otros despachos. 5 Ver índice 00057 de SAMAI – Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 6800133330022021-00260-01 Página 5 de 31

que lo abriga, cumple con el requisito de publicidad establecido en el art. 65 de la Ley 1437 de 2011, y, además, goza de firmeza…”.6

III. DEL RECURSO DE APELACIÓN

que lo abriga, cumple con el requisito de publicidad establecido en el art. 65 de la Ley 1437 de 2011, y, además, goza de firmeza…”.6

III. DEL RECURSO DE APELACIÓN

Frente a la sentencia de fecha quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el señor Ramiro Vásquez Giraldo interpuso recurso de apelación7. Como fundamento de su desacuerdo con la posición del a quo, argumentó:

Que el a quo, sustentó “su decisión sin un previo análisis normativo y jurisprudencial prudente que realmente dé cuenta de un juicio de legalidad frente a los cargos endilgados en la demanda”, limitándose en su análisis a “defender la posición que expusieron los testigos llevados a declarar por las entidades demandadas” . Consideró, además, que la sentencia recurrida presenta “tres yerros”, a saber:

El “A quo no desarrollo (sic) un estudio pertinente sobre los actos administrativos demandados y si los mismos eran acordes con la norma, es decir si su contenido resultaba jurídicamente idóneo para revocarlo o si debía confírmalo” , frente al cual precisó, que no existe en la sentencia una argumentación sólida del porqué el acto administrativo no es contrario al ordenamiento jurídico en que debería fundarse. Así mismo, indicó, que de acuerdo con la exposición realizadas por los testigos y las consideraciones de la sentencia, se tiene que los predios “que se señalan en los núcleos forestales que se indican en el Acuerdo 001 de 2021, fueron escogidos directamente por las especificaciones y consideraciones técnicas del Acueducto

consideraciones de la sentencia, se tiene que los predios “que se señalan en los núcleos forestales que se indican en el Acuerdo 001 de 2021, fueron escogidos directamente por las especificaciones y consideraciones técnicas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga” , lo que demuestra q ue el Acuerdo presenta “falencias en cuanto a su componente legal” pues no tuvo en cuenta criterios dados por la CDMB que es autoridad ambiental, dando cumplimiento al Decreto 953 de 2013; luego, en su sentir, los predios fueron seleccionados irregularmente.

Por otra parte, como segundo punto de disentimiento frente al fallo de primera instancia, señaló, la “falta de motivación de la decisión para justificar la legalidad del acto acusado”, el cual fundamentó en que el Juez de instancia, se limitó a decir que el “acuerdo no contraviene ninguna disposición normativa, por tanto, no hay elementos axiales para declarar su nulidad, pero sorprende que no haya expuesto una mayor explicación jurídica que sustente la anterio r posición”, omitiendo, con ello, pronunciarse respecto de los cargos de nulidad expuestos en la demanda; así mismo, insistió el recurrente, que “la información que consigna el Acuerdo 001 de 2021 no corresponde con la información técnica que emite la CDMB como autoridad ambiental en cuanto a las áreas de importancia estratégica para el recurso hídrico que surten de agua al Área Metropolitana de Bucaramanga, ello quiere decir que alguno de los predios que están inciertos (sic) en el Artículo 1 del acuerdo municipal demandado, no están precisamente en estas áreas de importancias estratégicas

6 Nota aclaratoria: Como quiera que uno de los cargos o reproches formulados por el recurrente en contra de la

demandado, no están precisamente en estas áreas de importancias estratégicas

6 Nota aclaratoria: Como quiera que uno de los cargos o reproches formulados por el recurrente en contra de la decisión de primera instancia se circunscriben en cuestionar la motivación de la decisión, insistiendo que la decisión se realizó sin una argumentación sólida; las consideraciones en que se basó el a quo, se ilustrarán con mayor profundidad, en las consideraciones para decidir tal problema jurídico. 7 Ver índice 00059 de SAMAI – Gestión en otros despachos.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 6800133330022021-00260-01 Página 6 de 31

previamente delimitadas por la CDMB, por tanto, su adquisición no puede ser efectuada a la luz de lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto 953 de 2013”.

Finalmente, como tercera replica en contra del fallo de primera instancia, indicó, que se presenta un “vicio de intelección por interpretación errónea del cuerpo del acuerdo demandado”, como argumento del cargo afirmó, que se equivocó el a quo al considerar que “no era necesario aplicar los soportes de orden técnico que se exigen en el Decreto 953 de 2013, pues básicamente el acto demandado es una mera autorización para que el Alcalde municipal adquiera a título de compra predios que hagan parte de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surten de agua al acueducto metropolitano de Bucaramanga y que los criterios técnicos contenidos en el decreto 953 de 2013 se aplicaran de forma posterior cuando el Alcalde proceda a materializar las facultades otorgadas”;

recurso hídrico que surten de agua al acueducto metropolitano de Bucaramanga y que los criterios técnicos contenidos en el decreto 953 de 2013 se aplicaran de forma posterior cuando el Alcalde proceda a materializar las facultades otorgadas”; pues, en su sentir, dicho planteamiento tendría validez si la autorización conferida hubiera sido general sin especificación alguna, en tanto la autorización que se le otorgó fue expresa frente a los nú cleos forestales que fueron identificados ; en consecuencia, respecto de aquellos predios se debía tener el concepto técnico previo conforme al Decreto 953 de 2013.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por auto de fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) se admitió el recurso de apelación8, ordenándose la notificación personal del Ministerio Público, y en la misma providencia de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se corrió traslado para qu e las partes alegaran de conclusión y para que el Ministerio Público emitiera concepto de fondo. No obstante, en esta etapa procesal, no se presentaron actuaciones de las partes procesales, ni del Ministerio Público.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y hallándose estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para

presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

8 Ver índice 00014 de SAMAI.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 6800133330022021-00260-01 Página 7 de 31

2. Delimitación del problema jurídico.

De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política, “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único” , previsión constitucional a partir de la cual se desarrolló el principio de la non reformartio un pejus, el cual se ha establecido, junto con el principio de la congruencia (artículo 281 del C.G.P.), en el marco fundamental de competencia para el Juez de segunda instancia, al imponerle como límite de la decisión las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia; de manera clara, el artículo 328 del CGP prescribe, que el Juez de segunda instancia deberá pronunciarse “solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante”; de donde los demás aspectos se excluyen del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los aspectos que se puede analizar de oficio, como son los que tienen que ver con los presupuestos procesales

argumentos expuestos por el apelante”; de donde los demás aspectos se excluyen del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los aspectos que se puede analizar de oficio, como son los que tienen que ver con los presupuestos procesales de la acción (competencia, caducidad o legitimación de las partes) o, en aquellos eventos en los cuales se hace exigible del Juez superior evitar la c onsolidación de situaciones jurídicas en abierta contradicción del ordenamiento jurídico y de los derechos constitucionales fundamentales, exigencia que parte del principio pro homine9, de prevalencia del derecho sustancial y de las garantías judiciales que se derivan de la tutela judicial efectiva dispuesta en el artículo 8 de la CADH.

Así, en el presente asunto se advierte de los hechos controvertidos , que el a quo negó la pretensión anulatoria del Acuerdo Municipal No. 001 de fecha 12 de enero de 2021, al considerar, que el acto administrativo no sólo fue expedido de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 953 de 2013, sino que de igual manera, la autorización otorgada al Alcalde Municipal de Buc aramanga para la adquisición de los inmuebles, tuvo por fundamento estudios técnicos y las certificaciones expedidas por la CDMB, al margen que los criterios y procedimientos del Decreto 953 de 2013 deben ser observados sólo para materializar las facultades otorgados y no, como un elemento esencial para la validez del acto administrativo.

Frente a la anterior decisión, el señor Ramiro Vásquez Giraldo presentó recurso de apelación, cuestionando, a modo general, por una parte, la motivación realizada por el a quo, en tanto que, en su sentir, la sentencia no contiene un análisis normativo

Frente a la anterior decisión, el señor Ramiro Vásquez Giraldo presentó recurso de apelación, cuestionando, a modo general, por una parte, la motivación realizada por el a quo, en tanto que, en su sentir, la sentencia no contiene un análisis normativo y jurisprudencial respecto de los cargos de la demanda. A partir de lo anterior, censuró el recurrente que, contrario a lo concluido por el Juez de instancia, los núcleos forestales que menciona el Acuerdo No. 01 de 2021 no fueron seleccionados atendiendo a un concepto técnico de la CDMB como autoridad ambiental, sino que los mismos surgieron de las especificaciones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en consecuencia, no se cumplió con el Decreto 953 de 2013 . Así mismo, reprochó el impugnante, que algunos predios que se mencionan en el acto administrativo, no hacen parte de las áreas de importancia estratégica previamente delimitadas por la CDMB. Finalmente, el recurrente aseveró, que diferente a lo que

9 Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T 284 de 2006, advirtió que “El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre”.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia

permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre”.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 6800133330022021-00260-01 Página 8 de 31

concluyó el a quo, la autorización otorgada al Alcalde Municipal para la adquisición de los predios no fue genérica, sino que la misma se otorgó frente a los núcleos forestales identificados, luego los parámetros del Decreto 953 de 2013 exigían que se contara con un concepto técnico ambiental previo.

Pues bien, a partir de la interpretación integral de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala en primer lugar, deberá determinar si la sentencia de primera instancia incurrió en un defecto por insuficiencia y/o ausencia de debida motivación10.

Definido lo anterior, de una forma generalizada se advierte, que las censuras que plantea el recurrente en contra del acto administrativo y, por contera de la sentencia de primera instancia, se hacen consistir en la ausencia del concepto técnico ambiental frente a los predios identificados en los núcleos forestales discriminados en el artículo 1 del Acuerdo No. 001 de 2021; por lo tanto, necesariamente le corresponde a la Sala establecer, si resultaba ser un requisito indispensable para la expedición del Acuerdo Municipal enjuiciado , en los términos del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 (modificada por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011) y el Decreto Reglamentario 953 de 2013, la realización previa de un concepto ambiental por la CDMB para otorgar

(modificada por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011) y el Decreto Reglamentario 953 de 2013, la realización previa de un concepto ambiental por la CDMB para otorgar la autorización de adquirir los predios que integran las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surt en de agua al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. En caso de que la respuesta que se brinde al planteamiento sea positiva, se analizará si dicha exigencia se cumplió en el caso concreto y, si debía realizarse frente a la totalidad de los predios que integran el núcleo forestal; en tanto que, por economía del razonamiento, en el evento que la respuesta sea negativa al primer planteamiento, la Sala se abstendrá de analizar las demás réplicas del recurso de apelación.

Finalmente, en caso de que se configure alguna causal para declarar la nulidad del Acuerdo Municipal demandando, la Sala tendrá que analizar los efectos de la decisión anulatoria.

3. Del Acto administrativo demandado.

La pretensión anulatoria se dirige contra la totalidad del Acuerdo Municipal No. 001 de fecha 12 de enero de 2021 expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga11; cuyo texto, en lo que interesa a la decisión que le corresponde a esta Corporación tomar, es el siguiente:

“…ACUERDO N° 001

10 La Corte Constitucional en la sentencia SU 635 de 2015 recordó, que la motivación de la sentencia implica el deber de dar cu