TA SAN - Sentencia 680013333003-2013-00142-03 (31-07-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680013333003-2013-00142-03

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES: ISABEL TARAZONA DE DELGADO Y OTROS

abogados@grupoj8.com; silviajjaimes@hotmail.com peinbra@hotmail.com

DEMANDADOS: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co catamuol@gmail.com

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA

DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGACDMB1

info@cdmb.gov.co guvimota@gmail.com cacevedo0430@gmail.com

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P.

gerencia@piedecuestanaesp.gov.co salomon1731@hotmail.com salomonvillamizar2@gmail.com salovilla2023@hotmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co SENTENCIA núm.: 201

TEMA: RESPONSABILIDAD ESTATAL POR DERRUMBE Y

DESTRUCCIÓN DE BIEN INMUEBLE – REVOCA

PARCIALMENTE - OTROS

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra

TEMA: RESPONSABILIDAD ESTATAL POR DERRUMBE Y

DESTRUCCIÓN DE BIEN INMUEBLE – REVOCA

PARCIALMENTE - OTROS

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia proferida el 12 de agosto de 2019 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1 En adelante, CDMB.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Isabel Tarazona de Delgado y Otros

Demandado: Municipio de Piedecuesta y Otros

Radicado: 2013-00142-03

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1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos2

En la demanda se planteó, en síntesis, lo siguiente:

Los señores José Heriberto Delgado Tarazona, Isabel Tarazona de Delgado y Carlos Delgado Tarazona adquirieron, el día 10 de diciembre de 1998, el inmueble ubicado en la calle 3B # 20-58, manzana A, lote 3, de la Urbanización San Cristóbal VII Etapa, del Municipio de Piedecuesta, cuya matrícula inmobiliaria es la núm. 31413.119.

Mediante escritura pública núm. 495 del 7 de mayo de 1990, los señores José Heriberto Delgado Tarazona y Carlos Delgado Tarazona, transf irieron a la señora Isabel Tarazona de Delgado el derecho de dominio y la posesión que compartían sobre el inmueble antes descrito. Según la demanda, la posesión también la

Heriberto Delgado Tarazona y Carlos Delgado Tarazona, transf irieron a la señora Isabel Tarazona de Delgado el derecho de dominio y la posesión que compartían sobre el inmueble antes descrito. Según la demanda, la posesión también la ejercían el esposo, hijos y nietos de la mencionada.

Desde el día 6 de junio de 1995 hasta el 6 de agosto de 2009, los habitantes de la Urbanización San Cristóbal informaron de manera reiterada al Municipio y a la CDMB, las anomalías que se presentaban en la zona y los riesgos en época de lluvias por: la intervención de maquinaria en la falda de la montaña colindante con dicho barrio; la falta de canalización de aguas lluvias ; el posible desprendimiento del cerro de la parte superior de la urbanización; la desestabilización del talud del mencionado bario; los problemas de erosión y de alcantarillado en el sector.

El 16 de diciembre de 2010, con ocasión de la ola invernal, se presentó un deslizamiento de tierra proveniente de l cerro ubicado al frente del barrio San Cristóbal, el cual afectó la vía principal y gran parte de las viviendas del sector , incluida la de la demandante. Asimismo, se empezaron a agrietar los pisos, muros, ventanas y caminos de los caminos de acceso de la etapa VII de la urbanización.

Ante la emergencia, el Municipio de Piedecuesta solo se en focó en las vías de acceso y no en las viviendas. De igual manera, pese a que se informó a la empresa Piedecuestana de Servicios E.S.P. sobre la necesidad de cambiar la tubería que

acceso y no en las viviendas. De igual manera, pese a que se informó a la empresa Piedecuestana de Servicios E.S.P. sobre la necesidad de cambiar la tubería que pasaba por el frente de la casa de la demandant e y de canalizar la cañada d e la

2 Folios 528-564.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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parte alta de la montaña, nada se hizo. Tal es circunstancias, según la demanda, agudizaron el problema de fisuras y grietas en las viviendas de la zona, por lo que algunas de ellas colapsaron.

El Municipio de Piedecuesta, sin haber resuelto previamente la problemática de las viviendas, inició la construcción de una carretera en la parte alta frente a las viviendas de la VII etapa del barrio San Cristóbal.

Esta obra generó un tránsito constante de volquetas y maquinaria pesada, lo que, sumado a las condiciones ya existentes, provocó graves daños en la infraestructura de las doce viviendas ubicadas en la calle 3B de la mencionada etapa en la urbanización. En abril de 2011, la situación empeoró ha sta que la destrucción fue total, culminando con el colapso completo y el derrumbe de las casas, incluida la de la demandante.

1.2. Las pretensiones3

Con la demanda se pretendió, en síntesis, lo siguiente:

1.2.1. Que se declare administrativamente responsable al Municipio de

la demandante.

1.2. Las pretensiones3

Con la demanda se pretendió, en síntesis, lo siguiente:

1.2.1. Que se declare administrativamente responsable al Municipio de Piedecuesta, a la CDMB y a la empresa Piedecuestana de Servicios E.S.P., por todos los daños y perjuicios ocasionados con la destrucción del bien inmueble de propiedad de la señora Isabel Tarazona de Delgado, ubicado en la calle 3B # 20-58 de la manzana O, lote núm. 3 de la Urbanización San Cristóbal del Municipio de Piedecuesta.

1.2.2. Que, como consecuencia de lo anterior, se les condene a pagar las siguientes sumas en favor de la señora Isabel Tarazona de Delgado : i) 206.320.050 por concepto de daño emergente consolidado; ii) el valor que se encuentre probado en razón del daño emergente futuro ; iii) 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales, y iv) 100 SMLMV por el daño a la vida de relación.

1.2.3. Que se condene al pago de los perjuicios a los demandantes , en los siguientes términos: i) 100 SMLMV por concepto de daño a la vida de relación en favor del señor Horacio Delgado Martínez; ii) 100 SMLMV para los hijos de la señora

3 Folios 529-532.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Demandado: Municipio de Piedecuesta y Otros

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Isabel Tarazona de Delgado por concepto de perjuicios morales, y iii) 50 SMLMLV

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Isabel Tarazona de Delgado por concepto de perjuicios morales, y iii) 50 SMLMLV para sus nietos por el mismo concepto.

1.2.3. Que se ordene el reajuste de la condena y el pago de intereses comerciales y legales. Asimismo, que se apliquen los artículos 192 y 195 del CPACA y que se condene en costas a las demandadas.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. La CDMB4, compareció a través de apoderado judicial, el cual se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Para ello, aseguró que las aspiraciones carecen de verdaderos fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios.

Por otra parte, argumentó que la afectación del inmueble urbano de la demandante se originó por un hecho imprevisible e irresistible de la naturaleza, con ocasión de las lluvias y la fuerte creciente de la Quebrada Seca ; por ende, esgrimió la configuración de una fuerza mayor o caso fortuito.

Asimismo, adujo que es el Municipio de Piedecuesta al que le correspondía efectuar todas las acciones tendientes a la construcción de muros de contención y para la reubicación de personas. Además, reiteró que la autoridad ambiental no podía realizar inversiones en predios privados.

1.3.2. El Municipio de Piedecuesta5, contestó la demanda y solicitó a través de su apoderado judicial que se denieguen las súplicas de la parte actora, con fundamento

realizar inversiones en predios privados.

1.3.2. El Municipio de Piedecuesta5, contestó la demanda y solicitó a través de su apoderado judicial que se denieguen las súplicas de la parte actora, con fundamento en la existencia de una causal exonerativa de responsabilidad. Al efecto, propuso la excepción de fuerza mayor, debido a que el hecho generador del daño consistió en un evento de la naturaleza (fenómeno de la niña).

Aunado a lo anterior, sugirió que la constructora de la urbanización también podría tener responsabilidad, debido a que tenía a su cargo la ejecución y funcionamiento de las redes internas. Por tanto, alegó el hecho de un tercero, debido a que el Departamento de Santander también fue el responsable de aprobar los planos y diseños.

4 Folios 579-588. 5 Folios 589-610.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Por último, insistió en que lo ocurrido se debió a un fenómeno meteorológico que rompió el nexo causal entre el daño y la conducta . Adicionalmente, se opuso a la cuantificación de los perjuicios reclamados y cuestionó que se equiparara el fallecimiento de un ser querido con la pérdida de un bien material para así reconocer el daño moral.

1.3.3. La empresa Piedecuestana de Servicios E.S.P. 6, concurrió por conducto de abogado, quien se opuso a todas y cada una de las pretensiones, en los mismos términos que el Municipio de Piedecuesta.

1.3.3. La empresa Piedecuestana de Servicios E.S.P. 6, concurrió por conducto de abogado, quien se opuso a todas y cada una de las pretensiones, en los mismos términos que el Municipio de Piedecuesta.

1.4. La sentencia apelada7

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, en la sentencia del 12 de agosto de 2012, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó solidariamente en costas a la parte demand ada en los siguientes términos:

«[…] PRIMERO: DECLARAR ADMINISTRATIVA, PATRIMONIAL y

SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB y a la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP , por los perjuicios causados a la parte actora de conformidad con lo establecido en la parte considerativa del presente proveído.

SEGUNDO: CONDENAR SOLIDARIAMENTE al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,

a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB y a la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP, a cancelar a los demandantes por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

• A la señora Isabel Tarazona de Delgado (víctima directa), Horacio Delgado Martínez (cónyuge de la víctima directa), Martha Isabel Delgado Tarazona (hija),

perjuicios morales las siguientes sumas:

• A la señora Isabel Tarazona de Delgado (víctima directa), Horacio Delgado Martínez (cónyuge de la víctima directa), Martha Isabel Delgado Tarazona (hija), Rosa Eddyzabeth Delgado Tarazona (hija), Hernando Delgado T arazona (hijo) y José Heriberto Delgado Tarazona (hijo), se reconocerá la suma equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES para cada uno de ellos.

• A Ruth Alejandra Ojeda Delgado (Nieta), Marthey Juliana Ojeda Delgado (Nieta), Diego Alexander Mujica Delgado (Nieto), Andrés Camilo Delgado Barrera (Nieto) y Yerson Leandro Peñaranda Delgado (Nieto); se reconocerá la suma equivalente a CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES para cada uno de ellos.

6 Folios 641-656. 7 Expediente de origen – 100Sentenciadeprimerainstancia.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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TERCERO: CONDENAR SOLIDARIAMENTE al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-CDMB y a la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP a cancelar a la señora ISABEL TARAZONA DE DELGADO, la suma de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS

DE BUCARAMANGA-CDMB y a la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP a cancelar a la señora ISABEL TARAZONA DE DELGADO, la suma de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($161.344.841), a título de perjuicios materiales por concepto de daño emergente consolidado.

CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: CONDENAR solidariamente en costas a la parte demandada y a favor de la parte demandante, las cuales se liquidaran (sic) posteriormente por parte de la Secretaría del Despacho […]».

Para fundamentar su decisión, se refirió al marco jurisprudencial relativo a los presupuestos de responsabilidad extracontractual del Estado , a los eximentes de responsabilidad de la fuerza mayor y caso fortuito, y a la normativa sobre la prevención y atención de desastres.

Bajo ese contexto, luego de analizar las pruebas obrantes en el proceso -sobre las cuales hizo un recuento -, advirtió que la existencia del daño antijurídico estaba demostrada con la pérdida del inmueble propiedad de la señora Isabel Tarazona Delgado, ubicado en la calle 3B # 20-58, manzana A, lote 3 de la Urbanización San Cristóbal etapa VII del municipio de Piedecuesta.

En cuanto a la imputación, consideró que las entidades demandadas omitieron sus deberes normativos de atribución , razón por la cual rechazó las argumentaciones tendientes a entablar conflictos de responsabilidad de las demandadas, pues estas debieron actuar de forma coordinada.

deberes normativos de atribución , razón por la cual rechazó las argumentaciones tendientes a entablar conflictos de responsabilidad de las demandadas, pues estas debieron actuar de forma coordinada.

Bajo es e contexto, juzgó que el Municipio de Piedecuesta debió afrontar sin dilaciones la grave situación y colaborar con las emergencias que se derivaran, de manera directa o a través de sus dependencias, en relación con las condiciones del terreno en cuestión.

En torno a los deberes de la CDMB, censuró que la entidad, en virtud de sus funciones de vigilancia y control del riesgo ambiental, no efectuara oportunamente los estudios pertinentes y ejecutara los necesarios proyectos para evitar su materialización.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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Seguidamente, cuestionó que la empresa Piedecuestana de Servicios E.S.P. no hiciera el man tenimiento y reparara las redes de acueducto y alcantarillado . Asimismo, echó de menos un archivo referente a la fecha de construcción de dichas redes, especificaciones técnicas, así como la información necesaria para su reposición.

Por demás, destacó que las pruebas obrantes en el plenario evidencia ron que las autoridades demandadas tenían conocimiento previo sobre las posibles afectaciones a la vivienda de propiedad de l a demandante; sin embargo, aseveró que no adoptaron ninguna medida para evitarlo.

Lo anterior, a pesar de las múltiples y reiteradas solicitudes elevadas por la víctima

afectaciones a la vivienda de propiedad de l a demandante; sin embargo, aseveró que no adoptaron ninguna medida para evitarlo.

Lo anterior, a pesar de las múltiples y reiteradas solicitudes elevadas por la víctima directa ante distintas entidades, para que, en el marco de sus competencias, desplegaran los medios a su alcance con el fin de evitar un desastre anunciado : el desalojo de la vivienda y su posterior destrucción al tornarse inhabitable.

A su turno, el a quo concluyó que sí existió un nexo causal entre la omisión atribuida a las entidades demandadas y el daño antijurídico causado. Además, descartó la configuración de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera eximirlas de responsabilidad, al considerar que el conocimiento previo de la situación eliminaba cualquier elemento de imprevisibilidad.

En su criterio, las demandadas no adoptaron las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental a la vivienda, por lo que no era posible atribuir el daño a causas de la naturaleza o al fenómeno invernal. Según indicó, la afectación patrimonial fue consecuencia del retardo injustificado de las entidades en actuar frente a la desestabilización del talud, pese a contar con información previa, y de su decisión de guardar silencio, eludiendo así su deber de protección.

Finalmente, hizo referencia a lo s peritajes vertidos en el proceso, los cuales reafirmaron la responsabilidad por omisión de las entidades, pues los expertos en sus dictámenes descartaron que este tipo de desastres sean imprevisibles y reafirmaron que, de haber sido intervenida la zona o portunamente, no hubiera acontecido el lamentable suceso con la casa de la demandante.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

reafirmaron que, de haber sido intervenida la zona o portunamente, no hubiera acontecido el lamentable suceso con la casa de la demandante.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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1.5. Fundamentos de la apelación8

1.5.1. La empresa Piedecuestana de Servicios E.S.P. 9, solicitó que la sentencia de primera instancia sea revocada y, en su lugar, se absuelva de responsabilidad a la entidad, debido a que el Municipio de Piedecuesta y la CDMB eran los encargados de asumir el manejo de la política de gestión del riesgo y desastres.

Por añadidura, destacó que hizo las reparaciones requeridas en el sistem a de alcantarillado y que colaboró en el manejo del riesgo, por lo cual pidió ser excluida del trámite ante su conducta incuestionable.

Por contera, estimó que no existían suficientes razones para imputarle participación en las conductas omisivas que dieron lugar a la producción del daño e indicó que el juez de primer grado no realizó una valoración de la responsabilidad individual de cada autoridad. Amén, insistió en que no existe en el plenario alguna prueba para acreditar el nexo causal en su contra.

1.5.2. La CDMB 10, pidió que se revoque el fallo de primera instancia en lo relacionado con la responsabilidad imputada a la entidad. Alegó que no es de su resorte hacer obras de ninguna clase y tampoco asumir el mantenimiento de las redes de alcantarillado.

relacionado con la responsabilidad imputada a la entidad. Alegó que no es de su resorte hacer obras de ninguna clase y tampoco asumir el mantenimiento de las redes de alcantarillado.

En ese mismo sentido, advirtió que desde el año 1995 entregó el informe técnico requerido al Municipio de Piedecuesta y que en el año 2000 remitió los levantamientos plani métricos, topográficos y altimétricos requeridos. De esta manera, aseguró que el ente territorial era el encargado de la ejecución de las obras de acuerdo con sus competencias, pero que este ni siquiera las incluyó en el plan de desarrollo, como consta en el proceso.

Para finalizar, recalcó que el problema no fue de asesoría sino de apropiación de recursos por parte del municipio demandado, quien era el responsable de hacer las obras respectivas , incluida la estabilización del talud de la z ona donde estaba ubicada la vivienda de la demandante.

8 Expediente de origen – 103Recursodeapelación. 9 Folios 1351-1358. 10 Folios 1362-1368.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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1.5.3. El Municipio de Piedecuesta11, solicitó que la sentencia de primera instancia sea revocada en su totalidad y que, en su lugar, se absuelva a la entidad territorial ante la ocurrencia de una fuerza mayor como causal exonerativa de responsabilidad.

Adujo que, a pesar de las lluvias de los últimos 15 años, nunca se presentó una

ante la ocurrencia de una fuerza mayor como causal exonerativa de responsabilidad.

Adujo que, a pesar de las lluvias de los últimos 15 años, nunca se presentó una situación que representara un riesgo o una emergencia de gran magnitud en el sector. Por ende, atribuyó lo ocurrido a la fuerza de la naturaleza, pues se trató de un acontecimiento imprevisible e irresistible, ajeno, externo y extraño a la actividad de la Administración.

Igualmente, se refirió a los dichos del perito Luis Alfredo Duarte Bayona y no los consideró suficientes para atribuir responsabilidad al ente municipal, debido a que sus afirmaciones no fueron contundentes. Lo mismo afirmó en lo tocante al dictamen del ingeniero José Vicente Castillo , quien, en su sentir, fundó sus conclusiones en especulaciones.

Por todo lo anterior, se afirmó en el recurso que lo ocurrido no era previsible para el Municipio de Piedecuesta, y que todo se debió al fenómeno de la niña que afectó el Departamento de Santander.

Como argumento de cierre, iteró la responsabilidad de la constructora de Urbanización San Cristóbal, debido a que fue quien hizo el estudio de suelos y no previó el bienestar de la comunidad que habitaría el barrio, de tal suerte que alegó el hecho de un tercero.

1.6. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto, el día 4 de febrero de 2020, al Despacho 03 de esta Corporación, el cual admitió el recurso de apelación mediante auto del 11 de febrero de 2020. A su turno, a través de proveído del 29 de abril de 2021,

03 de esta Corporación, el cual admitió el recurso de apelación mediante auto del 11 de febrero de 2020. A su turno, a través de proveído del 29 de abril de 2021, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público de rendir concepto. De este trámite se destaca:

11 Folios 1369-1378.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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1.6.1. La parte demandante, solicitó que se confirme la sentencia apelada y reiteró los argumentos ofrecidos en la demanda, acogidos en la providencia de primera instancia.

1.6.2. El Municipio de Piedecuesta, reprodujo los planteamientos contenidos en el recurso de apelación.

1.6.3. La CDMB, reiteró las competencias a su cargo y solicitó, con la misma argumentación de la alzada, que se revoque la sentencia en lo que respecta a su condena en particular.

1.6.4. Piedecuestana de Servicios E.S.P. no presentó alegaciones finales.

1.6.5. El Ministerio Público no rindió concepto.

Acto seguido, el proceso fue redistribuido al Despacho 08 de esta corporación, quien, en virtud del acuerdo PCSJA23 -12060 del 31 de mayo de 2023, ordenó remitir el proceso de la referencia al Despacho de la Magistrada Ponente; por tanto, se asumirá conocimiento del asunto en la etapa en que se encuentra y se procederá

remitir el proceso de la referencia al Despacho de la Magistrada Ponente; por tanto, se asumirá conocimiento del asunto en la etapa en que se encuentra y se procederá a proferir sentencia.

2. CONSIDERACIONES

2.1. De la competencia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación , la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, ceñirá su competencia a los argumentos expuestos p or las entidades demandadas en su s recursos deReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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apelación. Además , se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación12, el cual se circunscribe a determinar si:

¿Se configura la responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades demandadas por los perjuicios invocados por la parte actora, con ocasión de la demolición del inmueble de propiedad de la señora Isabel Tarazona Delgado,

¿Se configura la responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades demandadas por los perjuicios invocados por la parte actora, con ocasión de la demolición del inmueble de propiedad de la señora Isabel Tarazona Delgado, ubicado en la calle 3B # 20-58, manzana A, lote 3 de la Urbanización San Cristóbal VII Etapa del municipio de Piedecuesta, como consecuencia de una falla en el servicio atribuible a la Administración por no haber desplegado acciones tendientes a evitar un riesgo del cual tenía conocimiento previo?

2.4. Caso concreto

La sentencia apelada fundamentó la declaratoria de responsabilidad de todas las entidades demandadas en el conocimiento pr evio que estas tenían sobre las posibles afectaciones a la vivienda de propiedad de la parte demandante ; no obstante, pese a tal conocimiento, las autoridades no adoptaron ninguna medida tendiente a evitar la consumación del daño.

Esta omisión, según la providencia apelada, persistió a pesar de las múltiples y reiteradas solicitudes formuladas por la comunidad de la que hacía parte la víctima directa, orientadas a que, en ejercicio de sus competencias y en cumplimiento del deber de coordinación, desplegar an los medios a su alcance para prevenir la destrucción del inmueble. A juicio del a quo, el daño antijurídico se consumó por el retardo injustificado de las entidades demandadas, tal como lo corroboraron los expertos en sus respectivos dictámenes periciales.

Ahora bien , la empresa Piedecuestana de Servicios E.S.P. en su recurso de apelación consideró que las entidades llamadas a responder son la CDMB y el Municipio de Piedecuesta, debido a que eran las encargadas de asumir el manejo

Ahora bien , la empresa Piedecuestana de Servicios E.S.P. en su recurso de apelación consideró que las entidades llamadas a responder son la CDMB y el Municipio de Piedecuesta, debido a que eran las encargadas de asumir el manejo

12 Art. 328 del CGP.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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de la política de gestión del riesgo y desastres. Por ende, solicitó que se analice la responsabilidad de cada autoridad de forma individualizada e insistió en la inexistencia del nexo causal entre sus competencias y el daño antijurídico causado.

Por s u parte, la CDMB atribuyó responsabilidad al Municipio de Piedecuesta, comoquiera que sus obligaciones son las de brindar asesoría y acompañamiento en temas ambientales, pero no hacer obras de ninguna clase y tampoco asumir el mantenimiento de redes de alcantarillado. En consecuencia, afirmó que en el año 1995 y 2000 entregó los insumos necesarios al ente territorial para que ejecutara las obras requeridas para evitar el desastre, pero no fue posible ante la negativa de apropiación de recursos y ejecución de obras en cabeza de la entidad municipal.

El Municipio de Piedecuesta, en cambio, no atribuyó responsabilidad a ninguna de las restantes demandadas e insistió en la configuración de los eximentes de responsabilidad de fuerza mayor y hecho de un tercero , para lo cual desestimó los dichos de los peritos.

Frente a la primera causal de exoneración, argumentó que el fenómeno de la niña,

responsabilidad de fuerza mayor y hecho de un tercero , para lo cual desestimó los dichos de los peritos.

Frente a la primera causal de exoneración, argumentó que el fenómeno de la niña, como hecho de la naturaleza, se trató de un acontecimiento imprevisible e irresistible, ajeno, externo y extraño a la actividad de la Administración. Y en cuanto a la segunda, esgrimió que la constructora de la urbanización debía responder por la hechura del estudio de suelos que afectó a la comunidad.

Pues bien, en el proceso no existe discusión acerca de la titularidad del dominio del inmueble ubicado en la calle 3B # 20 -58, manzana A, lote 3 de la VII Etapa de la Urbanización San Cristóbal, en el municipio de Piedecuesta. Según el certificado de libertad y tradición que obra en el expediente, su número de matrícula es el 31413119 y es propiedad de la señora Isabel Tarazona de Delgado13.

Tampoco es objeto de debate el daño antijurídico, traducido en el estado de ruina de dicho inmueble, declarado por el Municipio de Piedecuesta mediante la Resolución núm. 021 -G del 20 de febrero de 2012 14, en l a que se ordenó su demolición por resultar inh abitable, producto de un proces o de destrucción progresiva que sufrió la casa por distintas circunstancias, incluida un deslizamiento de tierra.

13 Folios 61-62. 14 Folios 195-197.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

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14 Folios 195-197.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Isabel Tarazona de Delgado y Otros

Demandado: Municipio de Piedecuesta y Otros

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Pues bien, en orden a dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala encuentra que, en efecto, es necesario abordar la responsabilidad de las entidades recurrentes a la luz de sus cargas obligacionales en el tema de prevención, atención de desastres y gestión del riesgo.

2.4.1. Imputación e