TA SAN - Sentencia 680013333003-2015-00292-02 (21-08-2025)

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SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Bucaramanga, veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Medio de control Controversias contractuales Demandante Servicios Postales Nacionales S.A., identificada con NIT. 900.062.917-9, representada legalmente por Juan Alberto García Estrada, identificado con C.C. No. 9.173.482 oscar.arrieta@472.com.co oscar.arrieta@4-72.com.co notificaciones.judiciales@4-72.com.co Demandado Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S A - Fiduagraria S.A distiraempresarialsas@gmail.com laura_canaval@hotmail.com Vinculado Nación-Ministerio Salud y Protección Social notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co ministeriodesaludballesteros@gmail.com Ministerio público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co Radicado y enlace del expediente 680013333003-2015-00292-02 Tema Incumplimiento contractual. No se probó el aparente incumplimiento por el no pago de dos facturas . No se demostró de manera suficiente la efectiva prestación del servicio ni el cumplimiento de l procedimiento acordado para que s urgiera la obligación de pago. La entidad demandante no puede desconocer

incumplimiento por el no pago de dos facturas . No se demostró de manera suficiente la efectiva prestación del servicio ni el cumplimiento de l procedimiento acordado para que s urgiera la obligación de pago. La entidad demandante no puede desconocer lo pactado en el contrato y pretender, por vía judicial, reclamar el pago de los supuestos servicios prestados que en su momento no se pagaron debido a su propio incumplimiento. Principios de buena fe y autonomía de la voluntad de las partes.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 31 de julio de 2019 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante1

Servicios Postales Nacionales S.A. formula las siguientes pretensiones: PRIMERA: Que se declare que entre EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN SECCIONAL SANTANDER (Hoy representado por la Fiduagraria S.A como vocera y administradora del patrimonio aut ónomo de remanentes del ISS en liquidación) y SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A existi ó un contrato Interadministrativo de Prestaci ón de Servicios Numero 4900011218 suscrito el 28 de diciembre de 2012.

SEGUNDA: Que se declare el incumplimiento del contrato Numero 4900011218 suscrito el 28 de diciembre de 2012 por parte del EL INSTITUTO DE SEGUROS

SOCIALES EN LIQUIDACI ÓN SECCIONAL SANTANDER (Hoy representado por la

suscrito el 28 de diciembre de 2012 por parte del EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACI ÓN SECCIONAL SANTANDER (Hoy representado por la Fiduagraria S.A como vocera y administradora del patrimonio autónomo de remanentes del ISS en liquidaci ón); incumplimiento generado en el no pago de los servicios prestados en los meses de Julio y agosto de 2013, seg ún alcance del contrato interadministrativo mencionado.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior pretensi ón se condene al EL

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN SECCIONAL SANTANDER

(Hoy representado por la Fiduagraria S.A como vocera y administradora del patrimonio autónomo de remanentes del ISS en liquidación) al reconocimiento y pago de la suma de SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS (6.143.100) M/CTE, correspondiente a las facturas Nos 06 -3962 y 06-4295, correspondiente a los servicios prestados en los meses de Julio y Agosto de 2013 y de acuerdo al objeto del contrato No. 4900011218 suscrito el 28 de Diciembre de 2012.

1 Expediente Físico. Folios 1-10Radicado: 680013333003-2015-00292-02

Medio de control: Controversias contractuales Demandante: Servicios Postales Nacionales S.A Demandado: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario SA - Fiduagraria S.A y otro.

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Afirma que el 28 de diciembre de 2012 celebró con el Instituto de Seguro Social Seccional Santander el contrato interadministrativo de servicios No. 4900011218, cuyo objeto consistía en la prestación del servicio de correspondencia a nivel local y nacional.

Señala que el contrato en mención fue pactado por un valor de quince millones de pesos ($15.000.000) M/CTE, y que su plazo de ejecución se extendía desde la fecha de legalización hasta el 30 de junio de 2013, conforme a lo estipulado en su cláusula quinta.

Sostiene que el 23 de mayo de 2013 se suscribió el Otrosí No. 001 al contrato interadministrativo de servicios No. 4900011218, mediante el cual se adicionó el valor de $7.500.000, lo que elevó el monto total del contrato a $22.500.000.

Manifiesta que el día 18 de junio de 2013 se suscribió el Otrosí No. 002 al contrato interadministrativo, mediante el cual se prorrogó el plazo del contrato hasta el 27 de septiembre de 2013. Asimismo, el día 9 de agosto de 2013 se suscribió el Otrosí No. 003, mediante el cual se modificó la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del contrato.

Expone que, durante el término establecido en el contrato, prestó los servicios de correo al Instituto de Seguro Social en Liquidación, Seccional Santander, y que, a la fecha, se le adeuda la suma de $6.143.100, correspondiente a las facturas Nos.

Expone que, durante el término establecido en el contrato, prestó los servicios de correo al Instituto de Seguro Social en Liquidación, Seccional Santander, y que, a la fecha, se le adeuda la suma de $6.143.100, correspondiente a las facturas Nos. 06-3962 y 06-4295, por concepto de los servicios prestados durante los meses de julio y agosto de 2013. Esto, en su criterio, configura un incumplimiento contractual que vulnera el principio de reciprocidad y afecta el equilibrio económico del contrato.

Señala que, de acuerdo con el valor del contrato, correspondiente a $22.500.000, la diferencia entre dicho valor y lo ejecutado y pagado, que asciende a $14.317.275, así como lo ejecutado, pero no pagado, que equivale a $6.143.100, arroja un saldo pendiente por ejecutar de $2.039.625.

Sostiene que el contrato interadministrativo No. 4900011218 fue debidamente perfeccionado el 28 de diciembre de 2012, en virtud de su suscripción por parte de los representantes legales de ambas entidades intervinientes y la expedición del correspondiente registro presupuestal por parte del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, Seccional Santander. Agrega que, en consecuencia, el negocio jurídico celebrado cumple con los requisitos de existencia y validez exigidos por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, lo que lo hace plenamente ejecutable y generador de obligaciones recíprocas entre las partes contratantes.

Invoca el artículo 77 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el Estatuto General de Contratación Pública, para señalar que las entidades estatales pueden celebrar contratos entre sí, siempre que las obligaciones pactadas guarden relación directa

Invoca el artículo 77 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el Estatuto General de Contratación Pública, para señalar que las entidades estatales pueden celebrar contratos entre sí, siempre que las obligaciones pactadas guarden relación directa con el objeto misional de la entidad ejecutora. Advierte que, en este caso, el objeto del contrato - la prestación del servicio de correo - se enmarca dentro de los fines constitucionales del Estado Social de Derecho, orientados al bienestar general y al funcionamiento eficiente de la administración pública.

Igualmente, a firma que la ejecución del contrato no fue interrumpida, pues la entidad demandada permitió la continuidad del servicio con el fin de no paralizar sus funciones administrativas, especialmente en lo relacionado con la gestión y entrega de la correspondencia. Añade que esta conducta, además de confirmar la ejecución efectiva del objeto contractual, refuerza la existencia de una relación obligacional vigente.

Sustenta su pretensión en el principio de confianza legítima consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, que impone a las autoridades públicas el deber de actuar conforme a la buena fe. Asevera que obró en todo momento con sujeción a dicho principio y con confianza en que la entidad contratante cumpliría con sus obligaciones. Concluye que l a omisión en el pago de los servicios prestados constituye una vulneración directa de este postulado constitucional.Radicado: 680013333003-2015-00292-02

Medio de control: Controversias contractuales Demandante: Servicios Postales Nacionales S.A Demandado: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario SA - Fiduagraria S.A y otro.

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Medio de control: Controversias contractuales Demandante: Servicios Postales Nacionales S.A Demandado: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario SA - Fiduagraria S.A y otro.

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B. Posición de la parte demandada La Sociedad Fiduciaria De Desarrollo Agropecuario S.A - Fiduagraria S. A2 se opone a las pretensiones. Sostiene que, de acuerdo con el extracto de pagos y el estado financiero del contrato, el presupuesto asignado fue de $22.500.000; el valor pagado al contratista ascendió a $14.062.900, sin que exista saldo pendiente a su favor, y el presupuesto no ejecutado corresponde a $8.437.100.

Afirma que, conforme al trámite del proceso liquidatorio y su normativa legal, se procedió a liberar el saldo presupuestal no ejecutado del contrato , únicamente después de verificar las bases de datos de las reclamaciones oportunas, extemporáneas y del pasivo cierto no reclamado —PACINORE—, sin que se evidenciara que la demandante hubiera presentado alguna acreencia dentro del proceso liquidatorio relacionada con dicho contrato.

Indica que se verificaron los registros descritos en el extracto de pagos al proveedor expedido por la unidad financiera del PARISS respecto del contrato en mención y tampoco se evidenció que haya quedado reflejado algún rubro pendiente de pago por concepto de la ejecución de dicha relación contractual. Agrega que lo anterior quedó plasmado en el Informe Final de Liberación de Saldos

mención y tampoco se evidenció que haya quedado reflejado algún rubro pendiente de pago por concepto de la ejecución de dicha relación contractual. Agrega que lo anterior quedó plasmado en el Informe Final de Liberación de Saldos del Contrato No. 4900011218 del 28 de diciembre de 2012 suscrito entre el Instituto de Seguros Sociales en liquidación y la e mpresa Servicios Postales Nacionales S.A.

La Nación - Ministerio de Salud y de la Protección Social 3 se opone a la prosperidad de las pretensiones. Expresa que , conforme a lo dispuesto en el artículo 301 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – E.O.S.Fy en el artículo 2495 del Código Civil, no es posible pagar las obligaciones preexistentes a la orden de liquidación de la Entidad, sin que se haya cumplido con las exigencias legales y reglamentarías que regulan el proceso liquidatario del Instituto de los Seguros Sociales en liquidación. Con base en lo anterior, considera que no existe duda de que la parte demandante ha debido someterse al proceso liquidatario para que el Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS, administrado por Fiduagraria S.A., realizara la correspondiente graduación del crédito , pues esta omisión provocó la liberación de los dineros que estaban destinados para el cubrimiento del contrato.

Advierte que, conforme a lo expresado en la demanda, las facturas que se aportan son las originales, lo que lleva a concluir que estas no fueron radicadas en su oportunidad para su pag o y, por ende, no puede alegarse ningún tipo de incumplimiento contractual pues primero se debía registrar ante la contratante.

Aduce que bajo ninguna circunstancia puede responder por las obligaciones que

oportunidad para su pag o y, por ende, no puede alegarse ningún tipo de incumplimiento contractual pues primero se debía registrar ante la contratante.

Aduce que bajo ninguna circunstancia puede responder por las obligaciones que no le corresponden y que fueron contraídas por el extinto ISS. Manifiesta que, conforme con las normas que rigen el proceso concursal y universal de liquidación de entidades públicas, toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que considere tener a su favor una acreencia de cualquier índole debe comparecer al proceso de liquidación y presentar su reclamación con el soporte correspondiente dentro de la oportunidad respectiva, lo que en el presente caso no se evidencia.

C. La sentencia recurrida4

Mediante sentencia del 31 de julio de 2019, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones de la demanda.

Sostiene que el contrato interadministrativo de servicios N o 4900011218, en su cláusula sexta, estableció la forma en que el ISS en liquidación pagaría los servicios prestados por la entidad demandante, la que se realizaría mensualmente, previa constancia expedida por el supervisor del contrato sobre el recibo a

2 Expediente Físico. Folios 119-135 3 Expediente Físico. Folios 215 - 234 4 Expediente Físico. Folios 185 – 193.Radicado: 680013333003-2015-00292-02

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Demandado: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario SA - Fiduagraria S.A y otro.

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander satisfacción, mediante abono a cuenta corriente o de ahorros a nombre del contratista, para lo cual este debía aportar determinados documentos. Indica que no se cumplió de manera íntegra con lo previsto en la citada cláusula respecto de los documentos soporte exigidos para que la entidad contratante efectuara el pago de los servicios prestados.

Explica que, tras una revisión minuciosa de la totalidad de los documentos allegados con la demanda, no obra copia de actas, constancias o certificados de recibo a satisfacción expedidos por las personas encargadas de supervisar el cumplimiento y ejecución del contrato.

Afirma que la manifestación de la parte actora sobre la prestación cabal del servicio no resulta suficiente para acreditar este hecho , pues no existe certeza plena de ello conforme a las pruebas aportadas.

Manifiesta que, aunque las facturas aportadas al plenario contengan la firma correspondiente al recibido, no es posible presumir de esta sola circunstancia la prestación del servicio contratado por el ISS en liquidación a cabalidad o a plena satisfacción, máxime si se desconoce a quién pertenece dicha firma. Precisa que la carga de la prueba en estos casos recae en quien alega el incumplimiento contractual y que corresponde a este demostrar que cumplió con sus obligaciones para poder exigir a la contraparte el cumplimiento de las suyas.

Concluye que no resulta procedente declarar el incumplimiento contractual del

contractual y que corresponde a este demostrar que cumplió con sus obligaciones para poder exigir a la contraparte el cumplimiento de las suyas.

Concluye que no resulta procedente declarar el incumplimiento contractual del extinto ISS ni reconocer los valores reclamados en la demanda, en la medida en que, aunque el clausulado contractual que define las obligaciones y requisitos para el pago fue sus crito con plena autonomía y consenso por las partes, no obra prueba de la efectiva prestación del servicio en los meses de julio y agosto, ni del cumplimiento del procedimiento que las partes acordaron para el pago de los servicios.

D. La apelación5

La parte demandante solicita que se revoque la sentencia y, en consecuencia, se acceda a las pretensiones de la demanda. Advierte que , dentro del proceso, no se discutió la existencia del contrato interadministrativo de servicios número 4900011218, suscrito el 28 de diciembre de 2012, ni la efectiva prestación del servicio de correo, por lo que se entiende como cierta. Agrega que tampoco se discutió si se debió interponer la reclamación dentro del proceso liquidatorio del ISS, ya que las obligaciones objeto de controversia se causaron con posterioridad a dicho proceso, es decir, con ocasión y para los fines de la liquidación, y no antes de esta. Precisa que, por lo tanto, no existía obligación alguna de realizar reclamación como acreedores del extinto ISS.

Sostiene que la elaboración y posterior suscripción del acta de liquidación del contrato interadministrativo le correspondía a la entidad pública contratante y, por esto, no fue posible aportarla dentro del material probatorio. Añade que la entidad demandada no cumplió con esta obligación, lo que restringió la posibilidad de

contrato interadministrativo le correspondía a la entidad pública contratante y, por esto, no fue posible aportarla dentro del material probatorio. Añade que la entidad demandada no cumplió con esta obligación, lo que restringió la posibilidad de verificar en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del contrato interadministrativo.

Alega que no fue posible dar cumplimiento a la cláusula sexta, respecto a la constancia que debía expedir el supervisor del contrato, del recibo a satisfacción de los servicios, como requisito para acceder al pago de estos, ya que la facultad de supervisión establecida en la cláusula séptima del contrato interadministrativo fue modificada por el otrosí No 3, en el que se eliminó de la facultad de supervisión, así como la expedición mensual del recibo a satisfacción del cumplimiento, sin que la misma hubiese sido reasignada a otra persona de la entidad contratante. Precisa que, sin embargo, aun si hubiese existido dicha certificación, la facultad de expedirla recaía exclusivamente en el extinto ISS en liquidación y, por ende, ante

5 Expediente Físico. Folios 193 – 196.Radicado: 680013333003-2015-00292-02

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander la omisión en dicha expedición, la imposibilitaba para presentar cualquier tipo de cobro por el servicio prestado.

Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander la omisión en dicha expedición, la imposibilitaba para presentar cualquier tipo de cobro por el servicio prestado.

Manifiesta que se radicaron las facturas Nos 06-3962 y 06 -4295, en las que se evidencia su recib ido por parte de la demandada , por concepto de los servicios prestados durante los meses de julio y agosto de 2013. Argumenta que, en su momento, la entidad demandada debió proceder con los pagos respectivos, sin que se haya presentado prueba alguna que pudiera establecer las razones por las cuales no se tramitaron dichas facturas.

Finalmente, refiere que, en parte considerativa de la sentencia objeto de impugnación, el a quo señaló que era posible liberar el saldo correspondiente al presupuesto no ejecutado, pues no se presentó una reclamación oportuna respecto de alguna acreencia surgida en relación con ese contrato. Al respecto, subraya que, para la fecha de expedición del informe final de liberación de saldos, el 14 de diciembre de 2015, ya se había presentado la presente acción de controversias contractuales, la cual fue admitida por el despacho de conocimiento mediante auto de fecha 12 de noviembre de 2015. Por tanto, resultaba improcedente realizar cualquier tipo de reclamación frente al informe final de saldos.

E. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia

En auto del 30 de septiembre de 20196 se admite el recurso de apelación y se corre traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto de fondo. La parte demandante y la demandada presentaron sus

En auto del 30 de septiembre de 20196 se admite el recurso de apelación y se corre traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto de fondo. La parte demandante y la demandada presentaron sus alegatos, respectivamente, el 3 y 6 de diciembre de 2021.7

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias proferidas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución Con fundamento en la reseña anterior, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Cumplió Servicios Postales Nacionales S.A. con el procedimiento acordado en la cláusula sexta del contrato interadministrativo de servicios N o. 4900011218 para el pago de los servicios prestados?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: La Sala concluye que Servicios Postales Nacionales S.A. no acreditó la prestación efectiva de los servicios correspondientes a los meses de julio y agosto de 2013, ni demostró el cumplimiento de l procedimiento acordado para el pago de los servicios prestados . No presentó la constancia de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, documento exigido como requisito para que se efectuara el pago conforme a la cláusula sexta del contrato.

Tampoco obran pruebas que evidencien reclamación o requerimiento oportuno frente a una supuesta omisión en la entrega de dicha constancia, lo que reafirma que no se cumplió con el procedimiento contractual establecido. Este hecho no constituye una negación indefinida ni un hecho notorio que no requieren prueba.

frente a una supuesta omisión en la entrega de dicha constancia, lo que reafirma que no se cumplió con el procedimiento contractual establecido. Este hecho no constituye una negación indefinida ni un hecho notorio que no requieren prueba. Por el contrario, es un supuesto de hecho que debe acreditarse conforme al art. 167 del CGP. En consecuencia, no es procedente presumir la prestación efectiva de los servicios, ni el cumplimiento del procedimiento para su pago, en contravía de lo pactado.

6 Expediente digital en SAMAI. Índice 00009. 7 Expediente digital en SAMAI. Índice 00016 y 00017.Radicado: 680013333003-2015-00292-02

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C. Marco jurídico

1. El incumplimiento contractual El incumplimiento contractual se configura cuando una de las partes no ejecuta -o lo hace de forma tardía o defectuosalas obligaciones asumidas o pactadas en el contrato o en los documentos que lo conforman, como los pliegos de condiciones, las matrices de riesgos y los acuerdos adoptados en la etapa precontractual8.

Su análisis debe efectuarse conforme al principio de buena fe 9 y al deber de planeación10, que obligan a las partes a prever, organizar y cumplir lo acordado. Cuando este incumplimiento comporta el desconocimiento de las obligaciones legalmente asumidas, da lugar a responsabilidad contractual, siempre que se

planeación10, que obligan a las partes a prever, organizar y cumplir lo acordado. Cuando este incumplimiento comporta el desconocimiento de las obligaciones legalmente asumidas, da lugar a responsabilidad contractual, siempre que se demuestre la existencia de un perjuicio imputable a la conducta del deudor11.

Conforme a la jurisprudencia 12, el incumplimiento por sí solo no genera automáticamente el derecho a una indemnización . Esta solo procede cuando se demuestra el perjuicio cuya compensación se pretende13.

2. La buena fe y la autonomía de la voluntad

El principio de buena fe, consagrado en los artículos 871 del Código de Comercio14 y 1603 del Código Civil 15, exige que las partes actúen con lealtad, corrección y diligencia en la realización y ejecución del contrato, y aún con posterioridad a su terminación, sin anteponer su interés en detrimento del otro contratante16.

Este deber comprende la observancia de lo pactado, el cumplimiento íntegro de las obligaciones asumidas, la comunicación oportuna de la información relevante, y la adopción de conductas que favorezcan la satisfacción del interés legítimo de la otra parte . Como principio rector de las relaciones contractuales, busca preservar la confianza entre los contratantes, impedir que sean sorprendidos en su buena fe y evitar que actúen en contra de sus propios actos (venire contra factum proprium non valet) 17.

El principio de buena fe cumple un doble papel en la valoración del incumplimiento contractual cuando las partes dejan vacíos en el contenido del contrato. De una parte, sirve como criterio de integración, para llenar las «lagunas» o aspectos no previstos expresamente por los contratantes, incorporando obligaciones que,

contractual cuando las partes dejan vacíos en el contenido del contrato. De una parte, sirve como criterio de integración, para llenar las «lagunas» o aspectos no previstos expresamente por los contratantes, incorporando obligaciones que, aunque no pactadas, son necesarias para el cumplimiento leal del acuerdo. Por otro lado, ejerce un rol correctivo, que le permite al juez suprimir cláusulas que

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2017, CP. Ramiro Pazos Guerrero, rad. 13001 -23-31000-2005-01380-01 (37500); Subsección C, CP. Guillermo Sánchez Luque, rad. 25000 -23-26-000-2002-02440-01 (39845). 9 Sobre el particular consultar sentencia proferida por Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de a gosto de 2013, CP. Mauricio Fajardo Gómez, rad. 68001-23-15-000-1998-01122-01 (22947) 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2021, CP. Martín Bermúdez Muñoz, rad. 7300 123-31-000-2011-00785-02 (57537); Subsección A, sentencia del 25 de julio de 2019, CP. Marta Nubia Velásquez Rico, rad. 88001 -23-31000-2012-00017-01 (51772). La jurisprudencia ha señado que la falta de planeación no puede atribuirse exclusivamente al contratante si el contratista adoptó una postura complaciente frente a dicha situación . Esto incluye los efectos que ello pueda generar en la

000-2012-00017-01 (51772). La jurisprudencia ha señado que la falta de planeación no puede atribuirse exclusivamente al contratante si el contratista adoptó una postura complaciente frente a dicha situación . Esto incluye los efectos que ello pueda generar en la ejecución del contrato. En estos casos, el juez debe analizar las particularidades del vínculo contractual y así determinar desde qué perspectiva se debe abordar el incumplimiento. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de octubre de 2021, CP. Nicolás Yepes Corrales, rad. 52001 -2333-000-2016-00340-01 (63490) que a su vez cita: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de septiembre de 2011. rad. 15476; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 21 de febrero de 2012, rad. 11001 -31-03-040-2006-00537-01. 12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de abril de 2024, CP. Martín Bermúdez Muñoz, rad. 25000 -23-36000-2016-01908-02 (68440); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, CP. Jaime Enrique Rodríguez Navas, rad. 15001 -23-31-000-2012-00068-01 (64057). En uno de los casos analizados en dichas providencias, la Sala concluyo que, si bien la UT contratista enfrentó dificultades como condiciones climáticas adversas y mal estado de las vías de acceso, no se acreditó una paralización total del contrato ni el stand by de maquinaria. Por el contrario, los informes y comunicaciones evidenciaron continuidad

que, si bien la UT contratista enfrentó dificultades como condiciones climáticas adversas y mal estado de las vías de acceso, no se acreditó una paralización total del contrato ni el stand by de maquinaria. Por el contrario, los informes y comunicaciones evidenciaron continuidad en la ejecución del proyecto, a través de esfuerzos conjuntos, ajustes en la programación y prórrogas. En ese contexto, no se probó la inactividad absoluta de la maquinaria durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006 y 2007, motivo por el cual no prosperaron las reclamaciones económicas formuladas por ese concepto. 13 Ospina Fernández, Guillermo; Ospina Acosta, Eduardo; Teoría General del contrato y del negocio jurídico, Temis, 7ª Ed., Bogot á, 2005, p.539 14 ARTÍCULO 871. <PRINCIPIO DE BUENA FE>. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligará n no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la co stumbre o la equidad natural. 15 ARTÍCULO 1603. <EJECUCION DE BUENA FE>. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se