TA SAN - Sentencia 680013333003-2016-00042-01 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Sentencia de segunda instancia Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) Medio de control Reparación directa Demandante Alejandro Morales Pérez, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.525.941. Gerencia@rodriguezcorreaabogados.com Dependencia@rodriguezcorreaabogados.com Demandada Superintendencia de Sociedades notificacionesjudiciales@supersociedades.gov.co gustavob@supersociedades.gov.co Nelsonq@supersociedades.gov.co Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos Xmora@procuraduria.gov.co; Radicado y link del expediente 680013333003-2016-00042-01 Tema

No se configura la responsabilidad del Estado por la intervención de la Superintendencia de Sociedades ante un hecho objetivo y notorio. La actuación de la entidad fue legal y las medidas adoptadas no generaron un daño antijurídico. La vinculación del demandante a la investigación obedeció a un hecho objetivo y notorio regulado en el art. 6 del Decreto 4334 de 2008. Cualquier persona que hubiese actuado de forma similar habría enfrentado la misma carga. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación 1, la Sala

el art. 6 del Decreto 4334 de 2008. Cualquier persona que hubiese actuado de forma similar habría enfrentado la misma carga. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación 1, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por el demandante, contra la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2019 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga , que negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones El demandante solicita que se declare a la Superintendencia de Sociedades responsable por el daño que le fue causado como consecuencia del proceso de toma de posesión de bienes, haberes, negocios y patrimonio, dispuesto mediante Auto No. 420-006720 del 7 de mayo de 2014.

Como consecuencia de la anterior declaración, pretende que se condene a la entidad demandada a pagar las siguientes sumas: (i) $29.000.000 por concepto de daño emergente, correspondientes a los gastos jurídicos asumidos durante el proceso de intervención; (ii) $22.800.000 por lucro cesante, que corresponde a la suma que dejó de percibir mientras estuvo vigente la medida de toma de posesión; y (iii) 1900 salarios mínimos legales mensuales vigentes por perjuicio moral y daño al buen nombre y a su vida de relación.

1 Mediante auto del 10 de julio de 2020 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia . 2 Expediente físico. Folios: 1 a 59RADICADO: 680013333003-2016-00042-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

2 Expediente físico. Folios: 1 a 59RADICADO: 680013333003-2016-00042-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ALEJANDRO MORALES PÉREZ

DEMANDADA: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

2 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Asimismo, pide que se ordene el pago indexado de las sumas reconocidas y la condena en costas a la demandada.

2. Hechos El demandante afirma que mediante Auto No. 420-006720 del 7 de mayo de 2014 la Superintendencia de Sociedades ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la firma EMGOLDEX Colombia, y dispuso la suspensión inmediata de sus actividades al considerar que dicha sociedad captaba dinero bajo una estructura piramidal ilegal.

Señala que fue vinculado al proceso de intervención debido a que la Superintendencia extendió la medida a varias personas naturales presuntamente relacionadas con el esquema de la sociedad. Refiere que esta actuación se adoptó sin la apertura de una investigación administrativa ni la posibilidad de que pudiera ejercer su derecho de defensa. Manifiesta que, como consecuenci a de lo anterior, se ordenó la inscripción de medidas cautelares sobre varios inmuebles de su propiedad ubicados en Bucaramanga y la anotación de la intervención en el registro mercantil de una sociedad en la que figuraba como socio. Afirma que la Superintendencia divulgó públicamente su nombre e identificación como presunto promotor del esquema de captación ilegal mediante comunicados

Bucaramanga y la anotación de la intervención en el registro mercantil de una sociedad en la que figuraba como socio. Afirma que la Superintendencia divulgó públicamente su nombre e identificación como presunto promotor del esquema de captación ilegal mediante comunicados y oficios dirigidos a distintas entidades estatales, información fue replicada por medios de comunicación nacionales e internacionales. Argumenta que las publicaciones incidieron de manera negativa en su actividad profesional y económica, dado que al momento de los hechos se desempeñaba como consultor empresarial, coach de vida y docente universitario . Añade que estas labores se vieron interrumpidas como consecuencia del daño reputacional generado. Señala que mediante Auto No. 400 -011343 del 11 de agosto de 2014 la Superintendencia concluyó el proceso sin imponer sanciones en su contra y, en consecuencia, ordenó el levantamiento de las medidas adoptadas. Sostiene que la actuación de la Superintendencia le ocasionó afectaciones en su salud emocional, pérdida de oportunidades laborales y desprestigio social.

B. Contestación La Superintendencia de Sociedades 3 se opone a la s pretensiones de la demanda. Manifiesta que los hechos señalados no cumplen con los presupuestos necesarios para establecer la responsabilidad estatal.

Sostiene que actuó en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos 4333 y 4334 de 2008, expedidos para enfrentar la captación ilegal de dinero durante el estado de emergencia social . Precisa que dichas normas le permiten intervenir, investigar y sancionar a quienes desarrollen actividades financieras no autorizadas, lo que incluye la toma de posesión de bienes, haberes y negocios de

estado de emergencia social . Precisa que dichas normas le permiten intervenir, investigar y sancionar a quienes desarrollen actividades financieras no autorizadas, lo que incluye la toma de posesión de bienes, haberes y negocios de los involucrados con el fin de salvaguardar el interés público. Agrega que la vinculación del demandante al proceso se fundamentó en la verificación de un video publicado en la plataforma de YouTube, en el que el señor Alejandro Morales promocionaba el esquema EMGOLDEX. Añade que dicho material era prueba suficiente de su participación en la actividad investigada.

3 Expediente físico. Folios: 255-268RADICADO: 680013333003-2016-00042-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ALEJANDRO MORALES PÉREZ

DEMANDADA: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

3 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

C. La sentencia recurrida4

Mediante sentencia del 11 de diciembre de 20 19 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga n iega las pretensiones de la demanda y condena en costas al demandante. El a quo señala que el régimen aplicable al caso es la falla en el servicio, debido a que el asunto se relaciona con la actuación de una entidad pública en ejercicio de sus competencias legales. Considera que la toma de posesión decretada en el proceso de intervención se ajustó a lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008. Refiere que las actuaciones de

de sus competencias legales. Considera que la toma de posesión decretada en el proceso de intervención se ajustó a lo dispuesto en el Decreto 4334 de 2008. Refiere que las actuaciones de inspección, vigilancia y control fueron legítimas y resultaron soportables para el demandante, dado que su finalidad era la protección del interés general frente a la captación ilegal de recursos del público. En respaldo de su decisión, cita la Sentencia C -145 de 2009 de la Corte Constitucional, la cual reconoce la procedencia de la intervención inmediata frente a hechos notorios de captación ilegal, sin requerir pruebas preconstituidas ni autorización judicial previa, siempre que la medida esté debidamente motivada y se garantice el pleno respeto del debido proceso. Concluye que la prueba videográfica aportada al proceso acredita que el demandante participó de forma activa en la promoción del esquema de EMGOLDEX. Finalmente, añade que el actuar del demandante contribuyó de manera determinante a la generación del perjuicio alegado.

D. La apelación5

El demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se concedan las pretensiones. Señala que el video valorado como prueba principal por el juez de primera instancia no contiene elementos que incentiven la inversión en EMGOLDEX, sino que se trata de un video informativo en el que no se evidencia relación directa con dicha empresa. Argumenta que su labor como coach empresarial consiste en informar sobre las alternativas disponibles en el mercado, sin que esto signifique una promoción de inversiones específicas. Sostiene que, antes de elaborar el video, elevó peticiones a la Superintendencia Financiera para constatar la legalidad y operación de

alternativas disponibles en el mercado, sin que esto signifique una promoción de inversiones específicas. Sostiene que, antes de elaborar el video, elevó peticiones a la Superintendencia Financiera para constatar la legalidad y operación de EMGOLDEX, sin que hubiese recibido advertencias ni reportes que lo alertaran sobre irregularidades. Reitera que la Superintendencia de Sociedades actuó con falta de diligencia al difundir en los medios de comunicación información que lo señalaba como artífice de una captadora ilegal de dinero, sin contar previamente con material probatorio suficiente que respaldara dicha imputación. Resalta que, aunque el proceso de intervención concluyó sin proferir sanciones en su contra, dicho pronunciamiento no fue publicado por la entidad en su página web ni tampoco en medios de comunicación, lo que impidió limpiar su reputación públicamente. Finalmente, afirma que, como consecuencia de los hechos, debió enfrentar un proceso penal en 2018, así como soportar pérdidas económicas, su

4 Expediente físico. Folios: 324-335 5 Expediente físico. Folios: 338-342RADICADO: 680013333003-2016-00042-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ALEJANDRO MORALES PÉREZ

DEMANDADA: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

4 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

desvinculación laboral, la cancelación de contratos de consultoría y afectaciones a su mínimo vital.

E. Pronunciamiento de las partes en segunda instancia

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

desvinculación laboral, la cancelación de contratos de consultoría y afectaciones a su mínimo vital.

E. Pronunciamiento de las partes en segunda instancia

1. La parte demandante 6 reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en relación con la ausencia de fundamento probatorio de la medida de intervención y al perjuicio antijurídico derivado de su difusión pública.

2. La Superintendencia de Sociedades 7 reitera que la vinculación del actor se basó en un hecho notorio derivado del video de YouTube, no se acreditó la existencia de un daño antijurídico imputable a la Administración y que su actuación se enmarcó en las facultades conferidas por el Decreto 4334 de 2008.

II. Consideraciones

A. Acerca de la competencia Según lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA, l a Sala es competente para resolver los recursos de apelación que se interpon gan contra las s entencias proferidas en primera instancia por los jueces administrativos de su distrito judicial.

B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plant ea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿La vinculación del señor Alejandro Morales al proceso de intervención de EMGOLDEX y la difusión pública de este hecho generó un daño antijurídico imputable a la Superintendencia de Sociedades?

Tesis: No.

Fundamento: No se demostró una falla en el servicio ni un daño especial. La actuación de la Superintendencia de Sociedades se ajustó al Decreto 4334 de 2008, que le otorga la facultad de adoptar medidas inmediatas frente a quienes

Fundamento: No se demostró una falla en el servicio ni un daño especial. La actuación de la Superintendencia de Sociedades se ajustó al Decreto 4334 de 2008, que le otorga la facultad de adoptar medidas inmediatas frente a quienes promuevan esquemas de captación no autorizada de recursos del público, incluso sin necesidad de un procedimiento sancionatorio previo. Estas medidas tienen un fin preventivo y están orientadas a proteger a la ciudadanía de prácticas que amenazan el orden económico.

Ni la vinculación del demandante a la investigación ni su difusión pública fueron arbitrarias. En este tipo de escenarios, la Superintendencia debe actuar con urgencia para lograr los fines preventivos buscados por la norma . Por eso, en el ejercicio de sus funciones , debe hacer pública la información para alertar a la ciudadanía y evitar nuevas inversiones, so pena de que cause daños imputables por omisión. Por otra parte, las afectaciones alegadas no configuran un daño anormal y grave que vulnere el principio de igualdad frente a las cargas públicas. El propio demandante promovió públicamente el esquema no autorizado, incurriendo en hechos objetivos y notori os que justificaron su vinculación al proceso. En consecuencia, aunque la medida culminó sin sanciones en su contra, los efectos derivados de su conducta debía soportarlos durante la investigación, como cualquier ciudadano que hubiera actuado en condiciones similares.

C. Marco jurídico

6 Expediente digital SAMAI. Índice 00016. Documento 08MemorialAlegatos 12-01-22 7 Expediente digital SAMAI. Índice 00016. Documento 10MemorialAlegatos 03-02-22RADICADO: 680013333003-2016-00042-01

7 Expediente digital SAMAI. Índice 00016. Documento 10MemorialAlegatos 03-02-22RADICADO: 680013333003-2016-00042-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ALEJANDRO MORALES PÉREZ

DEMANDADA: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

5 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

1. Generalidades sobre la responsabilidad del Estado De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política 8, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. De esta norma se derivan dos elementos esenciales de la responsabilidad estatal: el daño antijurídico y la imputación9.

El primero consiste en el menoscabo de un interés legítimo, personal, cierto y actual10, que la víctima no está jurídicamente obligada a soportar 11. Para que sea indemnizable, debe estar cabalmente estructurado. La jurisprudencia 12 ha identificado los siguientes elementos del daño antijurídico: (i) Certeza, esto es, que la lesión «se pueda apreciar material y jurídicamente», de manera que no se trate de una «mera conjetura, hipótesis o eventualidad»13; (ii) Subjetividad, es decir, que el daño recaiga sobre un derecho o interés subjetivo de quien lo alega, en tanto hace parte de su patrimonio material o inmaterial, por vía directa o hereditaria;

hipótesis o eventualidad»13; (ii) Subjetividad, es decir, que el daño recaiga sobre un derecho o interés subjetivo de quien lo alega, en tanto hace parte de su patrimonio material o inmaterial, por vía directa o hereditaria; (iii) Licitud, dado que se lesiona un bien jurídicamente protegido, o, en términos negativos, que no recaiga sobre un bien o cosa no amparada por el ordenamiento jurídico; y (iv) Persistencia, en cuanto no ha sido previamente reparado por otras vías (v.gr. el seguro de daños)14. El segundo elemento de la responsabilidad estatal, la imputación, hace referencia a la atribución fáctica y jurídica del daño a la entidad demandada, con fundamento en alguno de los títulos de imputación previstos en la citada norma constitucional, como lo son la falla en el servicio, el riesgo excepcional o el daño especial15. En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial del Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás requisit os estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces del artículo 90 constitucional16.

2. La falla del servicio La falla del servicio es el título de imputación subjetiva a partir del cual se atribuye responsabilidad al Estado 17 por los daños antijurídicos derivados de una

8 Constitución Política de Colombia. Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,

responsabilidad al Estado 17 por los daños antijurídicos derivados de una

8 Constitución Política de Colombia. Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la c onducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste 9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, C.P Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. 50001 -23-31-0002001-10478-01 (37498) 10 MORAND-DEVILLER, Jacqueline, Curso de Derecho Administrativo, traducción de Zoraida Rincón Ardila y Juan Carlos Peláez Gutiérrez, Universidad Externado de Colombia, Décima Edición, Bogotá, 2010, Págs. 861 a 863. 11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2000, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Exp. 11.945. 8 de 2013. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación: 70 001 23 31 000 2000 00252 01 (26111). También: CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN A. Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN. Sentencia

del nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 13001 -23-31-000-2012-00342-01 (51485) 12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicación número: 25000232600020050037 0 01 (37304). 13 Original de la cita: “Lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnización que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de su indemniz ación…’ CHAPUS, René ‘Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial’, LDGJ, 2ª edición, Paris, 1957, pág. 403”. 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2021, C.P. María Adriana Marín, rad. 44001-23-33-000-2012-0004201(50146) 15Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932 ; Sentencia del 12 de julio de 1993; Exp. 7622 16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2002, Rad. 12.625: Como lo ha señalado la Sala en ocasion es anteriores, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es la existencia del daño, puesto que, si no e s posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos . 17 La responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación -desde el

establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos . 17 La responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación -desde el ámbito fáctico y jurídico-.RADICADO: 680013333003-2016-00042-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ALEJANDRO MORALES PÉREZ

DEMANDADA: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

6 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

inadecuada prestación de la función o el servicio público. Para la imputación de responsabilidad18 bajo este régimen, es esencial definir el contenido y alcance de las obligaciones que se dicen incumplidas o cumplidas de manera deficiente, a fin de establecer si la conducta de la autoridad efectivamente fue inadecuada y, por tanto, constitutiva de una falla de donde surge la antijuridicidad del daño19. Determinar el contenido obligacional a cargo del Estado exige que se identifiquen las leyes o reglamentos que gobiernan la actividad pública que se alega como causa del daño. La falla del servicio surge, entonces, a partir de la comparación entre los deber es del Estado frente a una función determinada: «marco normativo» y la conducta omisiva asumida por la Administración20. Determinada la falla del servicio debe probarse su nexo causal con el daño, para que este le sea imputable al Estado21.

3. El daño especial En este régimen de responsabilidad objetivo se parte del supuesto de que la

Determinada la falla del servicio debe probarse su nexo causal con el daño, para que este le sea imputable al Estado21.

3. El daño especial En este régimen de responsabilidad objetivo se parte del supuesto de que la actividad generadora del daño es una actividad lícita, es decir, una «actividad completamente legítima desde el punto de vista sustancial como del procedimiento»22. Por tanto, las valoraciones de orden subjetivo en relación con la actuación de la autoridad judicial no son útiles para estudiar el carácter antijurídico del daño.

En el contexto del daño especial, la antijuridicidad o injusticia del daño deviene de la ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas 23, para el caso, manifestada en la desproporción que para el demandado representó la vinculación a un proceso de intervención y particularmente la difusión de la misma24. De acuerdo con el Consejo de Estado 25, el daño especial se configura cuando concurren los siguientes requisitos: a) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración; b) La actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho de una persona; c) El menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del principio de la igualdad frente a las cargas públicas; d) El rompimiento de esa igualdad debe causar un daño anormal, grave y especial, en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los administrados;

18 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. El otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De

conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado cuando exista título jurídico de atribu ción, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. CP. Miriam Guerrero De Escobar. Sentencia del 18 d e junio de 2008. Radicado: 152.63 (R-0736). En términos del Consejo de Estado, «Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incum plimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una falla en el servicio» 20 Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección C, C.P GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE, Sentencia del 13 de abril de 2023. Rad. 1300123-31-000-2011-00541-01(54158) 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sentencia del 30 de enero de 2013. Radicado: 73001-23-31-000-2000-00870-01 (24879) 22 Rodríguez, Libardo, Derecho Administrativo General y colombiano, Tomo II, Vigésima primera edición, Temis, Bogotá, 2021, pág. 364. 23 Zapata García, Pedro, Fundamentos y Límites de la Responsabilidad del Estado, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019 , pág. 212.

23 Zapata García, Pedro, Fundamentos y Límites de la Responsabilidad del Estado, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019 , pág. 212. 24 En términos generales, la ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas consiste en una restricción desproporcionada e irrazonable de un derecho, es decir, «que se limite desproporcionadamente e irrazonablemente el ejercicio de un derecho, el d isfrute o la disposición del mismo que implique una degradación, desmejora o restricción en sus elementos esenciales, lo que implica la afectación del principio de solidaridad, entendido en el sentido de afirmar que las cargas públicas asumibles por todo administrado (…) y qu e excedidos, o desproporcionadamente exigidos, llevan a producir un daño antijuridico que es imputable por haber sido excedida la carga imponible ante el beneficio colectivo que se entiende favorecer». Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Compendio de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, primera edición, Bogotá, 2017, pág. 775. 25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 1991, Exp. 6.453.RADICADO: 680013333003-2016-00042-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ALEJANDRO MORALES PÉREZ

DEMANDADA: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

7 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

e) Debe existir un nexo causal entre la actividad legítima de la administración y el daño causado; y

Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

e) Debe existir un nexo causal entre la actividad legítima de la administración y el daño causado; y f) El caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de otro de los regímenes de responsabilidad de la administración. Por una parte, la Subsección B de la Sección Tercera ha sido enfática en que la ausencia de falla del servicio no excluye a priori la responsabilidad del Estado, porque, descartada esta, el juez de la responsabilidad debe analizar, bajo el título de daño e special, si la persona afectada ha soportado una carga desproporcionada frente al resto de la comunidad, en virtud de una actuación del Estado que le haya generado un perjuicio directo e individualizado26. En resumen, el daño antijurídico no se configura por el mero hecho de la vinculación a un proceso de intervención. Es necesario que existan circunstancias adicionales que evidencien un daño anormal, grave y excepcional para la persona investigada que no pueda ser justificado dentro del marco de la actuación administrativa.

4. Facultades de la Superintendencia de Sociedades en casos de captación ilegal de dinero La intervención estatal se encuentra respaldada por los artículos 33327 y 33428 de la Constitución Política, los cuales facultan al Estado para intervenir en la economía con el fin de racionalizarla , garantizar su funcionamiento adecuado y proteger el interés general, especialmente en situaciones excepcionales como la captación ilegal de dinero.

El Decreto 4334 de 2008 29, expedido en el contexto de la emergencia social, confiere facultades excepcionales a la Superintendencia de Sociedades para

proteger el interés general, especialmente en situaciones excepcionales como la captación ilegal de dinero. El Decreto 4334 de 2008 29, expedido en el contexto de la emergencia social, confiere facultades excepcionales a la Superintendencia de Sociedades para intervenir de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera30, a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de captación o recaudo ilegal de dinero del público. Las medidas que se pueden adoptar incluyen la suspensión inmediata de operaciones, la toma de posesión de bienes, y la designación de agentes interventores encargados de administrar los recursos intervenidos31. la Corte Constitucional en Sentencia C -145 de 2009 32, validó este decreto al considerar que la asignación de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia se ajusta al artículo 116 de la Constitución, el cual establece la facultad del legislador para crear tribunales administrativos o de control para garantizar la seguridad jurídica y la protección del patrimonio colectivo. El alcance de la intervención no solo se extiende a las personas o entidades que directamente realizan actividades ilegales de captación de recursos, sino también a aquellas que participan de manera indirecta como promotores, patrocinadores e

26 Tal posición puede analizarse, por ejemplo, en las sentencias del 1º de julio de 2022 Rad. 52303, M.P. Alberto Montaña Plata; del 3 de

junio de 2022, Rad. 61219, del 25 de marzo de 2022, M.P. Freddy Ibarra, Rad. 58479, sentencia del 25 de mayo de 2022, Rad. 61098 C.P. Nicolás Yepes, sentencia del 11 de noviembre de 2022, M.P. Martín Bermúdez Muñoz, Rad. 52189. 27 ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. (…) El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambient