TA SAN - Sentencia 680013333003-2016-00192-01 (30-10-2025)

Tribunal Administrativo de Santander

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Título
TA SAN - Sentencia 680013333003-2016-00192-01 (30-10-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Santander
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Tribunal Administrativo de Santander

Mag. Ponente: Claudia Patricia Peñuela Arce

Bucaramanga, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia de segunda instancia

Expediente 680013333003-2016-00192-01

Enlace expediente https: //samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_pr ocesos.aspx?guid=68001333300320160019201680

0123 Medio de control Reparación Directa Demandante Carlos Enrique Forero Pineda Siervo Arturo Forero Cortez Mario Pineda Apoderado demandante Edgar Morales Miranda Demandado Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC Litisconsorte facultativo Unión Temporal Macsol 2013 Notificaciones electrónicas Parte demandante carlosforerop13@yahoo.com edgarmorales68m@hotmail.com higuerabogados@hotmail.com endirmadera98@outlook.com Parte demandada notificaciones@inpec.gov.co demandas.oriente@inpec.gov.co Ministerio público jcgarcia@procuraduria.gov.co Sentencia nro. 159 Tema Lesiones a persona privada de la libertad . Las lesiones sufridas por el interno se produjeron como consecuencia de omisiones atribuibles al INPEC y a la Unión Temporal MACSOL 2013 En el expediente se acreditó la falta de supervisión y de condiciones adecuadas en las labores de manipulación de alimentos, así como la deficiente atención médica y custodia de la historia clínica, lo que configura una falla del servicio. Magistrada ponente Claudia Patricia Peñuela Arce

adecuadas en las labores de manipulación de alimentos, así como la deficiente atención médica y custodia de la historia clínica, lo que configura una falla del servicio. Magistrada ponente Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el treinta y uno (31) de octubre de 2024 por el Juzgado TerceroReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Forero Pineda y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333003-2016-00192-01

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga que negó las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.

1. Antecedentes

1.1. Posición de la parte demandante1

La parte actora presentó demanda dentro del medio de control de reparación directa, para obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa del INPEC con ocasión de la falla en el servicio por los perjuicios materiales y morales que le fueron causados el 5 de julio de 2014, mientras estaba bajo custodia del INPEC en el EPMSC Modelo de Bucaramanga.

Como consecuencia, solicita se condene al pago de perjuicios morales, perjuicio fisiológico y perjuicios materiales a título de daño emergente y lucro cesante.

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

Carlos Enrique Forero Pineda ingresó a la Cárcel Modelo de Bucaramanga el 18 de

fisiológico y perjuicios materiales a título de daño emergente y lucro cesante.

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

Carlos Enrique Forero Pineda ingresó a la Cárcel Modelo de Bucaramanga el 18 de agosto de 2012, condenado a 56 meses de prisión por violencia intrafamiliar. Al momento de su ingreso, a sus 36 años, gozaba de perfecto estado de salud.

Desde mayo de 2014, el demandante prestó sus servicios en la cocina de la cárcel denominada «rancho», con el fin de redimir pena.

En el rancho no se suministraban elementos de seguridad industrial que permitieran realizar la actividad de manera segura, ni se realizaba inspección de los utensilios para verificar su estado óptimo. El traslado de líquidos en total ebullición se hacía de manera rudimentaria.

El 5 de julio de 2014, aproximadamente a las 5:00 a.m., se le ordenó al señor Forero Pineda trasladar una olla de gran dimensión que contenía sopa hirviendo.

1 Expediente digital de OneDrive, 3_EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDACONANEXOSP.pdfReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Forero Pineda y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333003-2016-00192-01

Debido a la falta de medios de transporte adecuados, el demandante y un compañero utilizaron un madero que incrustaron bajo las asas para cargar la olla al hombro.

Durante el traslado, un asa de la olla, que estaba próxima a la espalda del señor

compañero utilizaron un madero que incrustaron bajo las asas para cargar la olla al hombro.

Durante el traslado, un asa de la olla, que estaba próxima a la espalda del señor Forero Pineda, cedió y se desprendió. La sopa hirviendo cayó sobre él, causándole quemaduras en el 30% del dorso inferior derecho.

Pese a la gravedad de las lesiones, el demandante solo recibió «raspados» en las heridas por parte de enfermeras de la cárcel durante un mes, y después de eso, no recibió más atención médica.

El INPEC omitió remitir al interno a un centro asistencial para ser atendido por un médico especialista, lo que era necesario para evitar que las secuelas fueran de tal magnitud.

El demandante radicó derechos de petición ante el INPEC solicitando atención médica para tratar sus fuertes dolores de espalda y las secuelas del accidente, los cuales no fueron atendidos.

En la actualidad, el demandante padece fuertes dolores de espalda, una deformidad física considerada un daño irreversible y un deterioro en su calidad de vida, que le ha generado depresión y perjuicio psicológico y social.

Como fundamento de derecho invocó los artículos 2, 4, 42 y 90 de la Constitución Política, artículo 140 del CPACA y jurisprudencia del Consejo de Estado.

Indicó que el INPEC incumplió su deber de garante frente a Carlos Enrique Forero Pineda debido a la relación especial de sujeción que existe entre el Estado y la persona privada de la libertad.

Señaló que no se entregaron los elementos de seguridad industrial necesarios ni se

Pineda debido a la relación especial de sujeción que existe entre el Estado y la persona privada de la libertad.

Señaló que no se entregaron los elementos de seguridad industrial necesarios ni se revisaron bien los utensilios, de modo que no se advirtió que la olla estaba defectuosa. Ante esa falla, el interno tuvo que transportar líquidos hirviendo con un madero sobre el hombro, lo que le ocasionó quemaduras graves.Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Forero Pineda y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333003-2016-00192-01

También refirió que no lo remitieron a un centro capaz de atender quemaduras con un especialista, perdiéndose así la oportunidad de evitar secuelas como dolores de espalda, deformación física y depresión, todo lo cual acabó deteriorando la calidad de vida.

1.2. Posición de la parte demandada

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC2 se opuso a las pretensiones de la demanda al afirmar que no tenía responsabilidad administrativa ni extracontractual por las lesiones del interno Carlos Enrique Forero Pineda.

Sostuvo que el accidente ocurrió en el marco de actividades de resocialización y redención de penas, sin relación directa con fallas de vigilancia o previsión, por lo que no existía nexo causal con el servicio penitenciario.

Como eximente, invocó el caso fortuito, bajo el argumento de que el interno incumplió normas de autocuidado y que, de haber actuado con diligencia, habría podido evitar el accidente. Añadió que, una vez ocurrido el hecho, el centro actuó

incumplió normas de autocuidado y que, de haber actuado con diligencia, habría podido evitar el accidente. Añadió que, una vez ocurrido el hecho, el centro actuó de manera inmediata y diligente, dado que se trasladó al afectado al área de sanidad.

También propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, la Unión Temporal MACSOL 2013 estaba a cargo de la seguridad laboral y dotación en el rancho, por lo que era la responsable directa de la contratación de los internos y debía proveer los equipos de protección.

Además, las lesiones no se originaron en fallas de custodia ni en omisiones de su parte, sino en un hecho ajeno o extraño a sus funciones.

La Unión Temporal Macsol 2013 3 se opuso a las pretensiones de la demanda. Refirió que cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, suministro de elementos de protección y uso de carros diseñados para trasladar alimentos, por lo cual descartó que el accidente obedeciera a condiciones rudimentarias.

2 Expediente digital de SAMAI, gestión en otros despachos, documento 11, https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330032016001 9200/6E65AB858240BD3E949A48EF15AB774A219D90798FFFE4B9549B75273CF03273/2 3 Expediente digital de SAMAI, gestión en otros despachos, documento 21, https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330032016001

3 Expediente digital de SAMAI, gestión en otros despachos, documento 21, https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330032016001 9200/F13AB250BE1411428C393111D4A52782AAD0B2649239194A2D3F46FFFA404F53/2Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Forero Pineda y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333003-2016-00192-01

Frente a la supuesta falla de la olla, explicó que había sido reforzada con nuevas asas, lo que hacía improbable su ruptura, e indicó que fue responsabilidad del interno por una «descoordinación momentánea» o «imprudencia profesional».

También cuestionó la gravedad de la lesión, dado que, según la evaluación médica, la quemadura fue de segundo grado en el 3 % del dorso inferior derecho y no del 30 %. Sostuvo que el interno recibió atención inmediata, una incapacidad de diez días y que luego retomó sus labores sin nuevas quejas ni tratamientos especializados.

1.3. La sentencia apelada4

El juez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda al considerar que, aunque el INPEC tiene un deber de garantía frente a las Personas Privadas de la Libertad, no se demostró de manera clara la existencia de una Falla del Servicio ni el nexo causal entre una omisión estatal y las lesiones sufridas por el interno.

Indicó que la quemadura ocurrió de forma accidental mientras Carlos Enrique Forero Pineda realizaba labores de cocina para redimir pena, lo que impedía atribuir el daño al Estado.

Indicó que la quemadura ocurrió de forma accidental mientras Carlos Enrique Forero Pineda realizaba labores de cocina para redimir pena, lo que impedía atribuir el daño al Estado.

Además, con base en las pruebas aportadas, el despacho concluyó que la contratista Unión Temporal Macsol 2013 sí había implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y entregado dotación de seguridad como peto, pantalón, camisa y botas. En ese orden, no se acreditó que estos elementos fueran ineficaces o insuficientes.

Precisó que la quemadura correspondía a una lesión de segundo grado en un 3% del dorso y no del 30%; y que la incapacidad fue de solo diez días, tras los cuales el interno se reincorporó sin mayores complicaciones.

Frente a la atención médica, el despacho señaló que las solicitudes presentadas por el demandante eran únicamente para obtener copias de su historia clínica y

4 Expediente digital de OneDrive, 133SentenciadePr_2016192FalloRDLesion.pdfReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Forero Pineda y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333003-2016-00192-01

examen de ingreso, sin que hubiera petición alguna de tratamiento especializado. Por eso, no podía afirmarse que le negaron asistencia médica.

En ese orden, refirió que la especial sujeción de los reclusos al Estado no implica una responsabilidad automática, y que el demandante tiene la carga de probar de manera concreta la falla en el servicio, lo que en este caso no ocurrió.

1.4. Objeto del recurso5

una responsabilidad automática, y que el demandante tiene la carga de probar de manera concreta la falla en el servicio, lo que en este caso no ocurrió.

1.4. Objeto del recurso5

La parte demandante pidió que se revocara la decisión de primera instancia porque, en su criterio, el juez se equivocó al no reconocer que el daño antijurídico estaba demostrado y que debía atribuirse al Estado bajo un régimen de responsabilidad objetiva, en atención a la relación especial de sujeción que une a las personas privadas de la libertad con la administración penitenciaria.

Según el apelante, el juzgado pasó por alto las pruebas que acreditaban tanto la falla del servicio estructural como la omisión del INPEC y de la contratista. Explicó que el accidente ocurrió porque el INPEC incumplió su deber de cuidado y vigilancia, al permitir que se transportara agua hirviendo de forma improvisada, cargándola sobre un madero al homb ro, en lugar de usar carros y utensilios adecuados y seguros.

Insistió en que el INPEC no solo tiene el deber de custodiar a las personas privadas de la libertad, sino también de garantizar su seguridad y bienestar, lo que incluye vigilar que los contratistas suministren los elementos de trabajo apropiados. Sostuvo que este deber fue desatendido de manera evidente en el caso concreto.

Asimismo, resaltó la deficiente atención en salud que recibió el interno. Señaló que, a pesar de las quemaduras sufridas, no fue remitido a un especialista ni se le brindó el tratamiento adecuado, sino que únicamente se le practicaron procedimientos básicos de enfermería. Esto, según el apelante, agravó las secuelas físicas y

el tratamiento adecuado, sino que únicamente se le practicaron procedimientos básicos de enfermería. Esto, según el apelante, agravó las secuelas físicas y emocionales, que incluyeron una deformidad, depresión y dolores crónicos de espalda. A esto se sumó la imposibilidad de acceder a una historia clínica legible, lo que impidió que Medic ina Legal pudiera emitir un dictamen sobre la calidad del tratamiento recibido. Esta situación, para el demandante, revela una grave falla

5 Expediente digital de OneDrive, 136_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION.pdfReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Forero Pineda y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333003-2016-00192-01

administrativa y una omisión del deber de garantizar el derecho a la salud del recluso.

En consecuencia, el apelante sostuvo que sí estaban acreditadas las circunstancias del daño y el nexo causal con la actuación estatal, sin que el INPEC ni la contratista hubieran probado una causal eximente de responsabilidad. Agregó que los riesgos derivados de labores con implementos defectuosos son inherentes y previsibles en el ámbito penitenciario, por lo que deben ser asumidos por el Estado como garante.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico y tesis

¿Corresponde revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la responsabilidad administrativa del INPEC y de la Unión Temporal MACSOL 2013

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico y tesis

¿Corresponde revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la responsabilidad administrativa del INPEC y de la Unión Temporal MACSOL 2013 por las lesiones sufridas por Carlos Enrique Forero Pineda durante la manipulación y preparación de alimentos mientras permanecía privado de la libertad en el EPMSC Modelo de Bucaramanga?

Tesis: Sí, porque en el expediente se acreditó la falla del servicio por i) falta de seguridad industrial y supervisión en el traslado de líquidos hir viendo con utensilio averiados, ii) atención en salud deficiente (sin remisión a especialista) y iii) historia clínica ilegible /no transcrita pe se a reiterados requer imientos judiciales, lo que obstaculizó el dictamen pericial.

2.2. Metodología de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: 2.2.1. Del daño antijurídico; 2.2.2. La imputación ; 2.2.3. Aplicación del régimen de responsabilidad subjetiva frente a daños ocasionados a las personas privadas de la libertad; y 2.2.4. Obligaciones del Estado en relación con las personas privadas de la libertadReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Forero Pineda y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333003-2016-00192-01

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.

2.2.1. Del daño antijurídico.

Radicado: 680013333003-2016-00192-01

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.

2.2.1. Del daño antijurídico.

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece la cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que cause a los particulares, con motivo de la acción u omisión de los funcionarios que la representan y que le sean imputables.

La anterior consagración constitucional comprende no solamente un régimen objetivo bajo la noción del daño antijurídico, sino que reitera como régimen de responsabilidad común la tradicional falla en el servicio originada en la omisión, tardanza o deficien cia en la prestación de los servicios públicos a su cargo. Dos supuestos consagran la disposición en comento:

  • El daño antijurídico
  • La imputación

Por daño antijurídico ha de entenderse aquel que la persona no estaba en obligación de soportar, y que puede provenir tanto de una causa lícita como de una causa ilícita, configurándose una responsabilidad objetiva o subjetiva según el caso. Pero no basta la antijuridicidad de la conducta para estimar la responsabilidad predicada, sino que se requiere que el daño sea imputable al Estado, imputación considerada como la obligación que deviene para la autoridad pública con fundamento en cualquier título, de responder por las acciones u omisiones generadoras del perjuicio, siempre que la conducta le sea atribuible fácticamente.

2.2.2. La imputación

Establecido el daño objeto de la eventual reparación, se procede a realizar el estudio

generadoras del perjuicio, siempre que la conducta le sea atribuible fácticamente.

2.2.2. La imputación

Establecido el daño objeto de la eventual reparación, se procede a realizar el estudio de la imputación, dentro del cual se deben analizar dos esferas: i) el ámbito fáctico que obedece a la relación de causalidad entre el hecho dañino y el daño, y ii) la imputación jurídica, en la que habrá de determinarse la atribución conforme a un deber jurídico que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidadosReparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Forero Pineda y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333003-2016-00192-01

en el precedente del Consejo de Estado: falla o falta en la prestación del servicio, daño especial, riesgo excepcional, resaltando que estos títulos no son taxativos.

Sin duda, en la actualidad, todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual la indemnización del daño antijurídico, cabe cargarlo al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en el estudio de la primera esfera de la imputación, esto es, de la relación de causalidad entre el hecho dañino y el daño pueden hallarse probados eventos que rompen el nexo de causalidad y que implican que la administración deberá ser absuelta.

2.2.3. Aplicación del régimen de responsabilidad subjetiva frente a daños ocasionados a las personas privadas de la libertad.

que la administración deberá ser absuelta.

2.2.3. Aplicación del régimen de responsabilidad subjetiva frente a daños ocasionados a las personas privadas de la libertad.

La jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha afirmado que la imputación por los daños causados a los reclusos suele ajustarse en mejor medida a los presupuestos de un régimen objetivo, que ha encontrado un campo de aplicación privilegiado en los eventos de afectaciones a la vida y la integridad psicofísica de los detenidos6.

Sin embargo, la misma jurisprudencia ha precisado que cuando se demuestre que la lesión o el deceso del recluso fue consecuencia de una acción u omisión atribuible a las autoridades, configurándose una falla en el servicio, el análisis deberá hacerse bajo un régimen subjetivo de responsabilidad , en la medida en que, ante la presencia de dicha falla, este título de imputación prevalece frente a los de carácter objetivo7.

Por lo anterior, de encontrarse acreditado que el servicio se prestó anormalmente, que hubo negligencia o incluso tratos inhumanos o degradantes hacia la persona, es viable aplicar el régimen subjetivo guiado por la falla en el servicio.

6 Ver, entre otros: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C Sentencia del 29 de marzo de 2019. Radicación No. 76001 -23-31-000-2004-02167-01 (43683); (u) Consejo

de Estado, Sala de lo Contencioso Administra tivo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de mayo de 2017. Radicación No. 68001 -23-31-000-2003-00450-01 (37497); (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 18 de noviembre de 202 1. Radicación No. 13001-23-31-000-2004-00508-01(47406). 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P. María Adriana Marín, 8 de junio de 2022, Rad. 68001-23-31-000-2011-00845-01Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Forero Pineda y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333003-2016-00192-01

2.2.4. Obligaciones del Estado en relación con las personas privadas de la libertad

La Ley 65 de 1993 establece una serie de obligaciones del Estado en relación con las personas privadas de la libertad, que son fundamentales para asegurar su bienestar y dignidad. Entre los principales deberes se incluyen: (i) Garantía de alimentación; (ii ) acceso a servicios de salud; (iii) Prevención y tratamiento de patologías; y (iv) Unidades de atención en salud. En efecto, el artículo 104 de dicha normativa señala que “en cada establecimiento se organizará un servicio de sanidad para velar por la salud de los internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso al centro de reclusión y cuando se decrete su libertad; además, adelantará campañas de prevención e higiene, supervisará la alimentación suministrada y las condiciones

para velar por la salud de los internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso al centro de reclusión y cuando se decrete su libertad; además, adelantará campañas de prevención e higiene, supervisará la alimentación suministrada y las condiciones de higiene laboral y ambien tal. Los servicios de sanidad y salud podrán prestarse directamente a través del personal de planta o mediante contratos que se celebren con entidades públicas o privadas”.

Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado 8 han destacado la importancia de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. En su jurisprudencia, han subrayado que derechos como la vida, la dignidad humana, la igualdad, la integridad personal y la salud son especialment e relevantes en este contexto.

Es por ello que la Corte Constitucional de Colombia9 estableció que el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad implica tres ámbitos de protección fundamentales: i) el deber del Estado de brindar atención integral y oportuna a las necesidades médicas del interno, ii) el deber del Estado de garantizar la integridad física del recluso al interior del establecimiento carcelario y iii) el deber del Estado de garantizar unas adecuadas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y alimentación, al interior del establecimiento carcelario.

3. Caso concreto.

3.1. Hechos relevantes probados.

8 Corte Constitucional. Sentencia C-328 de 2016 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 13 de agosto de 2014, Rad.: 2003-00344-01, Sentencia de 19 de noviembre de 2015, Rad.: 2001-00218-01.

Sentencia de 13 de agosto de 2014, Rad.: 2003-00344-01, Sentencia de 19 de noviembre de 2015, Rad.: 2001-00218-01. 9 Corte Constitucional, Sentencia T-825 de 2010Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Forero Pineda y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333003-2016-00192-01

3.1.1. Según los registros civiles aportados, el señor Carlos Enrique Forero Pineda es hijo de Siervo Arturo Forero Cortez 10 y hermano de Mario Pineda11.

3.1.2. De acuerdo con el examen de ingreso consignado en la historia clínica del 20 de febrero de 2012, el señor Carlos Enrique Forero Pineda fue registrado en buen estado de salud12.

3.1.3. El 9 de octubre de 2013, la USPEC y la Unión Temporal MACSOL celebraron contrato de suministro No. 173 de 2013, con el objeto de «prestar servicio de alimentación por el sistema de ración, para la atención de los internos de los centros de reclusión del orden nacional de Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC«13, en el cual se dispuso dentro de las obligaciones del contratista lo siguiente:

«h) Vincular al personal de internos mínimo exigido en el pliego de condiciones para la ejecución del contrato, dependiendo del grupo o grupos adjudicados, quienes participarán en la preparación y manipulación de los menús, en intensidad horaria máxima de o cho (8) horas diarias o de cuarenta y ocho (48) horas a la semana, en el marco de control que le asiste

adjudicados, quienes participarán en la preparación y manipulación de los menús, en intensidad horaria máxima de o cho (8) horas diarias o de cuarenta y ocho (48) horas a la semana, en el marco de control que le asiste al INPEC de conformidad con la regulación contenida en la ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, el acuerdo N° 0011 de 1995, Reglamento General para Establecimientos de Reclusión, Penitenciarios y Carcelarios, y por el Reglamento Interno. I) Suministrar la dotación para todo el personal que labore en la preparación y manipulación de alimentos con la periodicidad señalada en el pliego de condiciones, es decir, tres (3) durante la ejecución del contrato. La primera entrega se efectuará al iniciar el contrato (2 dotaciones) y la restante, dado el plazo de ejecución de este contrato, a los 6 meses de ejecución del mismo. j) El contratista pagará l as bonificaciones que recibirán los Internos que se vinculen al servicio de alimentación, como cocineros y auxiliares, dentro de los quince (15) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio mientras permanezcan en la labor, de conformidad con el procedimiento que para tal fin se establezca por la SPC y que le será entregado al contratista a la firma del acta de iniciación del contrato. La bonificación de los Internos equivaldrá a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para aquellos que se ocupen en la jornada establecida máximo 8 horas diarias o 48 horas a la semana. En caso de requerirse el servicio de algunos Internos para actividades específicas en el área del servicio de alimentos, tales como los repartidores, se pagará proporcionalmente por hora efectiva de servicio prestado. Todo lo anterior

requerirse el servicio de algunos Internos para actividades específicas en el área del servicio de alimentos, tales como los repartidores, se pagará proporcionalmente por hora efectiva de servicio prestado. Todo lo anterior de conformidad con el Acuerdo 11 de 1995 y demás normas que lo modifiquen, complementen o adicionen.

(…)»

10 Expediente digital de OneDrive, pág. 16-17, 3_EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDACONANEXOSP.pdf 11 Expediente digital de OneDrive, pág. 18, 3_EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDACONANEXOSP.pdf 12 Expediente digital de OneDrive, pág. 18, 62_EXPEDIENTEDIGITAL_62MEMORIAL20210421P.pdf 13 Expediente digital de SAMAI, gestión en otros despachos, pág. 23-35, documento 11, https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800133/6800133330032016001 9200/6E65AB858240BD3E949A48EF15AB774A219D90798FFFE4B9549B75273CF03273/2Reparación Directa Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Carlos Enrique Forero Pineda y otros

Demandado: INPEC Radicado: 680013333003-2016-00192-01

3.1.4. El 14 de mayo de 2014, mediante la orden de trabajo No. 3345769, el señor Carlos Enrique Forero Pineda fue asignado a labores de manipulación y preparación de alimentos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Bucaramanga14.

3.1.5. El 5 de julio de 2014, se consignó en historia clínica que Carlos Enrique Forero

de alimentos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Bucaramanga14.

3.1.5. El 5 de julio de 2014, se consignó en historia clínica que Carlos Enrique Forero Pineda sufrió quemadura II en 3% en dorso inferior derecho así15:

«Paciente interno procedente del rancho que sufrió quemadura II en 3% en dorso inferior derecho, al caérsele olla a repartir en patios . Se propone (ilegible). Incapacidad 3 días a partir de hoy».

3.1.6. El 5 de julio de 2014 se expidió incapacidad médica por 3 días16.

3.1.7. El 8 de julio de 2014, se prorrogó la incapacidad por 7 días adicionales17.

3.1.8. Entre el 16 de mayo de 2014 y el 5 de noviembre de 2015, la Unión Temporal MACSOL 2013 llevó el control de las horas de labor y reemplazo del interno Carlos Enrique Forero Pineda, conforme al formato implementado para el personal auxiliar de servicio. Además, dentro del registro se evidencia la incapacidad desde el 5 de julio del 2014 hasta el 14 de julio de 2014, así18:

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14 Expediente digital de OneDrive, pág. 90, 21_EXPEDIENTEDIGITAL_20ESCRITOCONTESTACIO.pdf 15 Expediente digital de OneDrive, pág. 31, 3_EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDACONANEXOSP.pdf 16 Expediente digital de OneDrive, pág. 100, 21_EXPEDIENTEDIGITAL_20ESCRITOCONTESTACIO.pdf

15 Expediente digital de OneDrive, pág

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