TA SAN - Sentencia 680013333003-2016-00204-01 (24-04-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE

CONTROL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARACTER SANCIONATORIO.

DEMANDANTE REMBERTO PIÑERES REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.492.071 leonardogomezhernandez@hotmail.com

DEMANDADO

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN

(ACR) buzondenotificacionesjudiciales@acr.gov.co procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE 680013333003-2016-00204-01

TEMA PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS RECIBIDOS. El demandante fue debidamente notificado del acto administrativo del 16 de febrero de 2015. El proceso sancionatorio se adelantó en estricta observancia de los principios de legalidad y tipicidad Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunament e por la parte demandante contra la sentencia proferida el 16 de febrero de 20 18 por el Juzgado Tercero

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunament e por la parte demandante contra la sentencia proferida el 16 de febrero de 20 18 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga , mediante la cual se negaron las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones El demandante solicita que se declare la nulidad del acto administrativo expedido el 16 de febrero de 2015, mediante el cual la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) declaró la p érdida de los beneficios socioeconómicos que le habían sido reconocidos dentro de su proceso de reintegración.

A título de restablecimiento del derecho, pide que se restablezcan dichos beneficios, en su calidad de persona reinsertada, y que, como consecuencia de ello, se remita el acto administrativo de reconocimiento al Juzgado Tercero Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, para lo de su competencia. Asimismo, solicita que se ordene el pago de las sumas correspondientes a los beneficios socioeconómicos dejados de percibir desde junio de 2012 hasta la fecha en que se produzca el restablecimiento efectivo del derecho. Finalmente, solicita que se impongan las costas del proceso a la parte demandada.

2. Hechos El demandante manifiesta que se desmovilizó de manera colectiva, conforme a lo acreditado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3360 de 2003. Refiere que, e n consecuencia, se dispuso su ingreso al proceso de reintegración desde el 31 de enero de 2006.

establecido en el Decreto 3360 de 2003. Refiere que, e n consecuencia, se dispuso su ingreso al proceso de reintegración desde el 31 de enero de 2006.

1 Expediente Físico. Cuaderno Principal. Folios 89 - 932

RADICADO: 680013333003-2016-00204-01

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Sostiene que, en el marco del proceso administrativo sancionatorio adelantado por la entidad accionada, se expidió el acto administrativo del 16 de febrero de 2015, mediante el cual se declaró la pérdida de los beneficios socioeconómicos recibidos. Afirma que dicha decisión se fundamentó en un supuesto incumplimiento de los deberes y obligaciones que le correspondían como reinsertado, específicamente en relación con su inasistencia a las actividades del proceso de reintegración, sin justificación alguna. Agrega que la entidad consideró este incumplimiento como una falta gravísima, dado que, conforme al Sistema de Información para la Reintegración (SIR), su última asistencia fue registrada el 10 de junio de 2012. Señala que la forma de comunicación entre la entidad accionada y él , consistía en llamadas telefónicas a los números de celular de su cónyuge y el suyo. Adicionalmente,

(SIR), su última asistencia fue registrada el 10 de junio de 2012. Señala que la forma de comunicación entre la entidad accionada y él , consistía en llamadas telefónicas a los números de celular de su cónyuge y el suyo. Adicionalmente, refiere que los escritos le eran remitidos a la dirección de ella, calle 12 B N° 24 -47 del barrio Rio Prado de Girón , así como a la dirección en donde residía junto a su otra pareja, calle 12 B N° 24-19 del barrio Rio Prado de Girón . Expone que, conforme al artículo 8 del decreto 2601 del 19 de Julio de 2011 , recibió como beneficio, la suspensión de la medida de seguridad impuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga , quien lo condenó a 2 años, 9 meses y 12 días. Relata que la entidad demandada levantó la suspensión de dicha medida de seguridad como resultado del proceso sancionatorio, lo que derivó en su captura por parte de las autoridades judiciales. Aduce que el 25 de noviembre de 2013, la ACR intentó notificarlo del acto administrativo mediante el cual se le formularon cargos dentro del proceso sancionatorio. Advierte que, aunque dicha notificación se intentó realizar en la última dirección reportada en el registro SIR, es decir, en la calle 12 B N° 24 - 19 en Girón, Santander, la empresa 4 -72 informó que «no residía» en dicha dirección. En consecuencia, menciona que la entidad accionada lo notificó por aviso en sus y en su página web, por un término de cinco días hábiles, del 13 al 19 de febrero de 2014.

informó que «no residía» en dicha dirección. En consecuencia, menciona que la entidad accionada lo notificó por aviso en sus y en su página web, por un término de cinco días hábiles, del 13 al 19 de febrero de 2014. Asevera que de lo anterior se derivan dos errores que viciarían la nulidad de este acto administrativo. En primer lugar, la dirección a la que se intentó notificar corresponde efectivamente al lugar de residencia, por lo que no es posible que la empresa de envíos haya determinado que en ella «no reside». En segundo lugar, señala que la constancia de fijación establece de manera intrínseca que, al haber publicado el aviso el 13 de febrero de 2014, este debió mantenerse hasta el 20 de febrero y no hasta el 19 , como ocurrió. Así, el término debía contarse a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se fijó el aviso. Manifiesta que el 17 de abril de 2015, la ACR intentó nuevamente notificarlo del acto administrativo sancionatorio del 16 de febrero de ese mismo año , mediante el oficio OFI 15-006845, el cual fue enviado a través de la empresa de correo 4 -72. Al intentar localizar la dirección, la empresa certificó que «No Existe Número», a pesar de haberse enviado el aviso a la misma dirección en la que se intentó notificarlo en la primera ocasión. Afirma que esto es incongruente con lo indicado por la empresa de correos en el primer intento de notificación, donde señaló que no residía en dicha dirección. Relata que su residencia, hasta el día de su captura, fue siempre la ubicada en la calle 12 B

el primer intento de notificación, donde señaló que no residía en dicha dirección. Relata que su residencia, hasta el día de su captura, fue siempre la ubicada en la calle 12 B N° 24 - 19 en Girón, Santander. Asimismo, indica que la ACR fijó el aviso de notificación del 27 al 31 de julio de 2015, lo cual considera un error, pues debió mantenerse hasta el 4 de agosto de esa anualidad.3

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Relata que, debido al retiro de los beneficios otorgados por la ley 1223 de 2010, fue capturado el 12 de octubre de 2015 y, en consecuencia, privado de su libertad desde el día siguiente a su captura hasta la fecha. Finalmente, menciona que el 22 de octubre de 2015 solicitó ante la ACR copia auténtica de los actos administrativos y que el 15 de noviembre del mismo año presentó una petición para agotar la vía gubernativa, sin recibir respuesta de la entidad accionada.

3. Normas violadas y concepto de violación El demandante sostiene que con la expedición del acto demandado se vulneraron el artículo 29 de la Constitución Política, los artículos 66 y 137 del Código de Procedimiento

3. Normas violadas y concepto de violación El demandante sostiene que con la expedición del acto demandado se vulneraron el artículo 29 de la Constitución Política, los artículos 66 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1424 de 2010 y el Decreto 2601 de 2011.

Expone que, de acuerdo con los principios de legalidad y tipicidad, no existía una norma que estipulara que un reinsertado que abandone el proceso de reintegración por un término de seis meses sea sancionado con la pérdida de los beneficios. Alega que hubo una indebida notificación, pues no aparece constancia de la notificación personal realizada por la empresa de correos o de forma personal del fallo sancionatorio. Señala que no se entiende cómo, en el primer intento de notificación del acto administrativo que le formuló cargos, la empresa de envío realizó la constancia con la frase «NO RESIDE», mientras que en la segunda oportunidad de notificación del fallo sancionatorio se certificó que la dirección «NO EXISTE ». Además, indica que no se allega constancia alguna que demuestre que se haya enviado o entregado la notificación, ni que se haya intentado una comunicación telefónica a los números de celular que la entidad demandada conocía. Advierte que los actos administrativos son nulos por violar el debido proceso y el legítimo derecho de defensa y contradicción, debido a la falta de coherencia en el envío de las notificaciones sobre la apertura del proceso y la posterior pérdida de los beneficios socioeconómicos del proceso de reintegración, actos proferidos por el Subdirector de Gestión Legal, Acceso y Permanencia de la Agencia Colombiana para la Reintegración

notificaciones sobre la apertura del proceso y la posterior pérdida de los beneficios socioeconómicos del proceso de reintegración, actos proferidos por el Subdirector de Gestión Legal, Acceso y Permanencia de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. Asimismo, argumenta que, como consecuencia de estas irregularidades, se violentó su derecho a la libertad de locomoción, pues se encuentra en detención intramural por el delito de concierto para delinquir, con una pena de 33 meses y 12 días.

B. Contestación de la demanda 2

La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR) se opone a las pretensiones formuladas en la demanda. Sostiene que los actos administrativos acusados gozan de presunción de legalidad, fueron expedidos en ejercicio legítimo de sus competencias y se ajustan al marco jurídico previsto en la Ley 1421 de 2010, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones concordantes. Afirma que, tras agotarse la investigación preliminar y con base en el reporte de inasistencia a las actividades p rogramadas dentro del proceso de reintegración, se profirió el acto administrativo de 5 de noviembre de 2013, mediante el cual se formularon cargos en contra del señor Remberto Riñeres Reyes por encontrarse presuntamente incurso en la infracción gravísima contenida en el numeral 6 del artículo 38 de la Resolución 163 de 2011. Expone que dicho acto administrativo de formulación

2 Expediente Físico. Cuaderno Principal. Folios 121 – 127.4

RADICADO: 680013333003-2016-00204-01

38 de la Resolución 163 de 2011. Expone que dicho acto administrativo de formulación

2 Expediente Físico. Cuaderno Principal. Folios 121 – 127.4

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de cargos incluyó todos los elementos requeridos por la norma, como se evidencia en el documento. Precisa que, para efectos de la notificación personal, tanto el acto administrativo que formuló cargos como el acto administrativo que declara la pérdida de los beneficios del accionante, se remiti ó una citación a la dirección suministrada por e ste, la cual fue devuelta por la empresa de correos. Menciona que, ante esta situación, se procedió a notificar mediante aviso, conforme a lo dispuesto en los artículos 67 y 69 del CPACA. Señala que dicha disposición normativa establece que, si no se logra la notificación personal y se desconoce la información sobre el destinatario, la notificación puede realizarse mediante aviso, esto es, a través de una publicación del acto administrativo en la página electrónica y en un lugar de acceso público de la entidad que lo expide, por un término de cinco días, considerándose surtida la notificación al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Expresa que, dado que las citaciones enviadas para realizar las notificaciones fueron

la página electrónica y en un lugar de acceso público de la entidad que lo expide, por un término de cinco días, considerándose surtida la notificación al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Expresa que, dado que las citaciones enviadas para realizar las notificaciones fueron devueltas por la empresa de correos 4 -72 con la certificación de «no reside», y al desconocerse información adicional que permitiera ubicar al destinatario, se procedió a notificar mediante aviso, el cual fue publicado en un lugar visible al público en el Grupo Territorial ACR-Santander y en su página web, durante el término de cinco días hábiles para ambos actos administrativos. Refiere que, conforme a lo expuesto, es evidente que la entidad desplegó todos los mecanismos necesarios para permitir el ejercicio de los derechos de audiencia y defensa por parte del señor Remberto Riñeres Reyes. Sin embargo, la falta de aprovechamiento de los mismos no puede ser imputada a la entidad. Advierte que la Ley 1424 de 2010 establece una serie de medidas especiales respecto a la libertad durante la etapa de investigación, juicio y ejecución de la pena, tales como la abstención de proferir orden de captura, la suspensión de las órdenes de captura y la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Estos beneficios pueden otorgarse a personas desmovilizadas de grupos alzados en armas. Precisa que la competencia para la aplicación y concesión de dichos beneficios, en el caso de la suspensión c ondicional de la pena, corresponde al juez penal que conoce del caso o vigila la pena. En el caso de la abstención de medida de aseguramiento, corresponde al fiscal que instruye la causa. Asegura que no tiene competencia para ordenar, decretar o revocar dichos beneficios,

de la abstención de medida de aseguramiento, corresponde al fiscal que instruye la causa. Asegura que no tiene competencia para ordenar, decretar o revocar dichos beneficios, los cuales están condicionados al cumplimiento de ciertos requisitos, como estar vinculado al proceso de reintegración, cumplir con la ruta de reintegración o haber culminado satisfactoriamente el proceso. Añade que los beneficios no son derechos adquiridos, sino que dependen del cumplimiento y verificación de dichos requisitos establecidos en la referida ley y su decreto reglamentario. Con base en lo expuesto, concluye que el acto administrativo objeto de control fue expedido y notificado con plena observancia del procedimiento legalmente establecido.

C. La sentencia apelada3

Mediante sentencia del 16 de febrero de 2018, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones de la demanda. El a quo señala que, cuando la dirección proporcionada por el interesado no permite realizar la

3 Expediente Físico. Cuaderno Principal. Folios 256 – 264.5

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notificación personal, ya sea porque el inmueble está cerrado, la dirección no existe o está incompleta, o la empresa de correos devuelve el aviso e indica que el destinatario

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notificación personal, ya sea porque el inmueble está cerrado, la dirección no existe o está incompleta, o la empresa de correos devuelve el aviso e indica que el destinatario ya no reside en el lugar, esto evidencia que no se puede lograr con éxito la not ificación, ya que la información sobre el destinatario es desconocida. Expone que, en estos casos, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del CPACA, se debe proceder con la notificación por aviso. La entidad debe publicar el acto administrativo tanto en la página web de la entidad como en un lugar de acceso público durante un término de cinco días. Precisa que, aunque el legislador no puede prever todas las situaciones que pueden impedir la notificación personal, la frase «cuando se desconozca la información sobre el destinatario» es suficiente para abarcar todos los casos en los cuales la administra ción no logra realizar la notificación debido a la falta de datos completos o por circunstancias ajenas a la administración. Afirma que, en este caso, la administración acudió al mecanismo de notificación por aviso conforme a lo que establece la ley, al no poder efectuar la notificación personal. Destaca que la publicación del aviso en la página electrónica y en un lugar público de la entidad cumplió con los requisitos legales y permitió que el interesado tuviera conocimiento del acto administrativo. Concluye que, una vez agotados los procedimientos para realizar la notificación personal, la ACR actuó conforme a lo previsto por la ley y respetó los derechos al debido proceso y a la defensa del señor Remberto Riñeres Reyes.

D. La apelación4

El demandante solicita que se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se

proceso y a la defensa del señor Remberto Riñeres Reyes.

D. La apelación4

El demandante solicita que se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones. Como sustentación de su recurso, transcribe el escrito de la demanda. Expone que, según los principios de legalidad y tipicidad, no existía una norma que estableciera que un reinsertado que abandone el proceso de reintegración por un período de seis meses deba ser sancionado con la pérdida de los beneficios. Alega que hubo una notificación indebida, pues no consta la notificación personal realizada por la empresa de correos ni la entrega directa del fallo sancionatorio. Considera incomprensible que, en el primer intento de notificación del acto administrativo que le formuló cargos, la empresa de correos certificó con la frase «NO RESIDE», mientras que, en la segunda oportunidad, se informó que la dirección «NO EXISTE». Indica además que no se presentó constancia alguna que demuestre que se haya enviado o entregado la notificación, ni que se haya intentado contactar telefónicamente a los números de celular que la entidad demandada conocía. Asimismo, sostiene que los 5 días que legalmente la entidad demandada debía mantener publicado el aviso fueron computados de manera errónea. Advierte que los actos administrativos son nulos por vulnerar el debido proceso y el derecho legítimo de defensa y contradicción, debido a la falta de coherencia en el envío de las notificaciones relacionadas con la apertura del proceso y la posterior pérdida de los beneficios socioeconómicos del proceso de reintegración, actos proferidos por el Subdirector de Gestión Legal, Acceso y Permanencia de la Agencia Colombiana para la

de las notificaciones relacionadas con la apertura del proceso y la posterior pérdida de los beneficios socioeconómicos del proceso de reintegración, actos proferidos por el Subdirector de Gestión Legal, Acceso y Permanencia de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.

4 Expediente Físico. Cuaderno Principal. Folios 266 – 273.6

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Argumenta que, como consecuencia de estas irregularidades, su libertad de locomoción se ve afectada, ya que se encuentra en detención intramural por el delito de concierto para delinquir, con una pena de 33 meses y 12 días.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 2 de octubre de 20185 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y se ordenó notificar al Ministerio Público y a las partes para su conocimiento . De esta etapa procesal, se destaca la siguiente intervención: La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR)6 sostiene que , tal como lo reconoció la primera instancia, sus actuaciones administrativas cumplieron con la normativa aplicable y se garantizó el debido proceso, sin violentar de ninguna manera los derechos del señor Remberto Riñeres Reyes. Expone que se agotaron todos los

reconoció la primera instancia, sus actuaciones administrativas cumplieron con la normativa aplicable y se garantizó el debido proceso, sin violentar de ninguna manera los derechos del señor Remberto Riñeres Reyes. Expone que se agotaron todos los procedimientos establecidos en los artículos 67 y 68 del CPACA para realizar la notificación personal y, en su defecto, se procedió conforme a la le y con la notificación por aviso. Indica que el recurso de apelación presentado por el demandante se basa en la supuesta incongruencia de las constancias de devolución de los oficios OFI13 -020477 y OFI15-006845, en los cuales se mencionaron las causas de no entrega, como «NO RESIDE» y «NO EXISTE NÚMERO». Alega que tales causas fueron certificadas por la empresa de correos 4-72, lo que, a su juicio, está fuera de su alcance para controvertir, dado que se trata de una empresa vinculada al Ministerio de Comunicaciones. Afirma que, con base en la interpretación del artículo 69 del CPACA, la publicación de los avisos se realizó correctamente. Recalca que el apoderado demandante incurrió en imprecisiones al interpretar de manera errónea los plazos, los cuales, según el artículo citado, inician desde la fecha de fijación. Precisa que, al seguir el procedimiento establecido, se cumplió con los requisitos legales para asegurar la debida notificación de los actos administrativos, sin que existieran vicios que invalidaran las actuaciones realizadas. Subraya que la notificación por aviso es un mecanismo excepcional y subsidiario, utilizado correctamente en este caso dada la imposibilidad de realizar la notificación personal. Finalmente, concluye que, dado que las actuaciones administrativas fueron realizadas

por aviso es un mecanismo excepcional y subsidiario, utilizado correctamente en este caso dada la imposibilidad de realizar la notificación personal. Finalmente, concluye que, dado que las actuaciones administrativas fueron realizadas conforme a la ley y no se vulneraron los derechos del demandante, solicita que se confirme el fallo de primera instancia y se desestime las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. Los problemas jurídicos y sus tesis Teniendo en cuenta los antecedentes, en especial, la sentencia de primera instancia y los argumentos del recurso de apelación, la Sala plantea y resuelve los siguientes

problemas jurídicos:

5 Expediente Físico. Cuaderno Principal. Folio 278 6 Expediente Físico. Cuaderno Principal. Folios 288 – 290.7

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Pj1. ¿El acto administrativo demandado está viciado de nulidad debido al desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, como resultado de una indebida notificación al demandante?

Tesis: No

Pj1. ¿El acto administrativo demandado está viciado de nulidad debido al desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, como resultado de una indebida notificación al demandante?

Tesis: No Fundamento: El acto administrativo no está viciado de nulidad por desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. Ante la imposibilidad de lograr la notificación personal del demandante debido a la dirección incorrecta proporcionada por este, la ACR procedió a realizar la notificación por aviso, conforme a lo permitido por el artículo 69 del CPACA, el cual establece este meca nismo como subsidiario cuando no se puede efectuar la notificación personal. El aviso fue publicado debidamente en un lugar visible y en la página web de la ACR durante los cinco días establecidos por la normativa, lo que garantizó el conocimiento del acto administrativo por parte del demandante, sin que se haya vulnerado su derecho a la defensa.

Pj2. ¿La entidad demandada cumplió con lo establecido en el artículo 69 del CPACA al publicar el aviso durante el término de cinco días, asegurando así que el accionante quedara debidamente notificado del acto administrativo demandado?

Tesis: Sí Fundamento: La entidad demandada cumplió correctamente con lo establecido en el artículo 69 del CPACA al publicar el aviso durante el término de cinco días. El primer día de publicación se contabilizó desde las 8:00 a.m. del día en que se fijó el aviso, y el cómputo d e los cinco días se hizo de forma adecuada. No existe fundamento para sostener que el cómputo fue incorrecto, dado que el primer día debe contarse a partir de la fecha en que la entidad fijó el aviso a primera hora. La notificación por aviso cumplió

sostener que el cómputo fue incorrecto, dado que el primer día debe contarse a partir de la fecha en que la entidad fijó el aviso a primera hora. La notificación por aviso cumplió con los requisitos legales establecidos, por lo que se garantizó que el demandante fuera debidamente notificado. Pj3. ¿El acto administrativo que declaró la pérdida de los beneficios socioeconómicos del proceso de reintegración al demandante se fundamentó en una conducta y sanción previamente contempladas en la normatividad vigente?

Tesis: Sí Fundamento: La conducta que motivó la sanción está claramente contemplada en el marco normativo aplicable, específicamente en la Ley 1424 de 2010 y el Decreto 2601 de 2011, que establece que la revocatoria de los beneficios del proceso de reintegración procede cuando el desmovilizado no cumple con los requisitos establecidos, entre ellos la no participación en la ruta de reintegración, la cual es gest ionada por la ACR. Esta conducta está catalogada como una infracción gravísima en el artículo 37 de la Resolución 754 de 2013, y la sanción correspondiente, co nforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la misma resolución, es la pérdida de los beneficios del proceso de reintegración. Por lo tanto, la decisión tomada por la ACR se encuentra debidamente fundamentada en la normativa vigente, sin que se pueda consid erar que haya existido una falta de motivación en el acto administrativo.

Para sustentar la tesis planteada, la Sala procederá a analizar: (i) las diferentes formas de notificación de los actos administrativos de carácter particular, así como los requisitos y condiciones necesarios para que surtan efectos , y (ii) el proceso de reintegración de

Para sustentar la tesis planteada, la Sala procederá a analizar: (i) las diferentes formas de notificación de los actos administrativos de carácter particular, así como los requisitos y condiciones necesarios para que surtan efectos , y (ii) el proceso de reintegración de los excombatientes de la AUC y el régimen sancionatorio de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).8

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C. Marco jurídico

1. De la notificación de los actos administrativos de carácter particular y los requisitos necesarios para que produzca efectos

La notificación de las decisiones oficiales constituye un aspecto fundamental del derecho al debido proceso, ya que permite que los administrados tengan conocimiento de las decisiones y ejerzan su derecho de defensa. Mientras los actos no sean debidamente notificados, no surten efectos ni pueden ser oponibles a los destinatarios. La manera en que se realice la notificación debe estar orientada a garantizar que el ad