TA SAN - Sentencia 680013333003-2016-00283-02 (25-04-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veinticinco (25) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333003-2016-00283-02

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: Yolanda Eugenia Sarmiento Suarez

fajetoya57@hotmail.com DEMANDADO: Nación – Rama Judicial – Dirección ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PÚBLICO: mbuendia@procuraduria.gov.co TEMA: Prima especial 30% PROVIDENCIA: Sentencia de segunda instancia

SALA No. 06

CONJUEZ PONENTE: ÁNGELA CECILIA RODRIGUEZ RUEDA

Se DECIDEN los RECURSO DE APELACIÓN1 interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia2 proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 25 de mayo de 2022, previa la siguiente reseña:

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Las pretensiones deprecadas por la demandante, persiguen la nulidad de los actos administrativos contenidos en: I) la Resolución No. 5148 del 27 de octubre de 2015 proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial que negó el reconocimiento de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la

administrativos contenidos en: I) la Resolución No. 5148 del 27 de octubre de 2015 proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial que negó el reconocimiento de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un componente adicional al salario mensual, junto con la correspondiente reliquidación de prestaciones sociales teniendo en cuenta para el efecto la referida prima como factor salar ial; ii) el acto administrativo ficto presunto

1 SAMAI- Índice 03. Archivo zip 30. 2 SAMAI- Índice 03. Archivo zip 29.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333003-2016-00283-02

producto del silencio administrativo negativo derivado de la falta de respuesta al recurso interpuesto contra la Resolución No. 5148 del 27 de octubre de 2015.

A título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene a la Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un componente adicional al salario mensual, junto con la correspondiente reliquidación de prestaciones sociales teniendo en cuenta para el efecto la referida prima como factor salarial.

2. Hechos

La demandante Yolanda Eugenia Sarmiento Suarez, se encuentra vinculada a la Rama Judicial desde el 01 de noviembre de 1992 desempeñándose como Juez de la República.

El 15 de octubre de 2015 mediante derecho de petición solicitó al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga reconocer y pagar la prima

la República.

El 15 de octubre de 2015 mediante derecho de petición solicitó al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga reconocer y pagar la prima especial del 30% como componente adicional o plus del salario, que por derecho legal le corresponde como prestación periódica creada por el legislador a través del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

Dicha solicitud fue denegada mediante Resolución No. 5148 del 27 de octubre de

2015. Contra la misma, se interpuso recurso de apelación, el cual no fue resuelto, operando el silencio administrativo negativo.

3. Normas Violadas y Concepto de Violación

Constitución Política arts. 2, 13, 25, 29, 53, 150 numeral 19 literal e), y 215 inciso 9 Decreto 717 de 1998 art. 12, Ley 4 de 1992 arts. 2, y 10, Ley 270 de 1996 art. 152 numeral 7, Ley 482 de 1998, Código sustantivo del trabajo art. 14

La parte demandante señala que de manera reiterada el H. Consejo de Estado ha concluido que los Decretos p or medio de los cuales el Gobierno Nacional anualmente regula la prima especial del 30%, violan los contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y el principio de progresividad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, pues "resulta un contrasentido lógico, extraño al derecho, aceptar que las primas por más exentas que estén de su carácter salarial representen una merma al valor de la remuneración mensual de los servidores públicos.”

al derecho, aceptar que las primas por más exentas que estén de su carácter salarial representen una merma al valor de la remuneración mensual de los servidores públicos.”

A partir de lo anterior, sostiene que si bien es cierto el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 ordenó al Gobierno Nacional a establecer una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, el Ejecutivo ha venido desbordando su poder por cuanto bajo la apariencia de un a prima especial equivalente al 30% del sueldo básico, en realidad despojó de efectos salariales a dicho porcentaje, con lo que disminuyó el monto de las prestaciones sociales.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333003-2016-00283-02

4. Contestación a la Demanda

El apoderado de la Rama Judicial se opone a las pretensiones de la demanda, manifestando que ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, pues dichos de cretos, estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con la Ley 4 de 1992. Por lo tanto, afirma que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a derecho, gozan de plena validez y están revestidos por la presunción de legalidad propia de los actos administrativos en firme.

En ese orden de ideas sostiene que no es procedente acceder a las pretensiones solicitadas en el presente proceso, toda vez que a la Dirección Ejecutiva de

propia de los actos administrativos en firme.

En ese orden de ideas sostiene que no es procedente acceder a las pretensiones solicitadas en el presente proceso, toda vez que a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le corresponde ajustarse al ordenamiento jurídico vigente, esto es a la aplicación de cada uno de los decretos que en materia salarial son expedidos por el Gobierno Nacional.

Afirma, que la Seccional se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la prima salarial del 30%, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicaras, pues son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias tienen tal facultad.

Indicó que en caso de accederse a las pretensiones de la demanda, deben declararse prescritos los derechos laborales causados 3 años antes de la fecha de radicación de la petición de reliquidación , además expuso la excepción de litis consorcio necesario, inexistencia del demandado, ineptitud de la demanda, cobro de lo no debido, y prescripción.

Finalmente exp uso que los derechos que reclama la parte demandante se encuentran prescritos, pues la reclamación adminis trativa solo se hizo hasta el 11 de febrero de 2016.

5. Sentencia apelada3

El juzgado de primera instancia mediante sentencia de fecha 25 de mayo de 2022, indicó que atendiendo a los pronunciamientos del H. Consejo de Estado del 29 de abril de 2014 y de unificación del 2 de septiembre de 2019, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, debía corresponder al menos

abril de 2014 y de unificación del 2 de septiembre de 2019, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, debía corresponder al menos al 30% del salario básico, pero adicional al 100% de éste, atendiendo a los principios de progresividad y no regresión de los derechos laborales, y no como parte del 100% del mismo, que fue la interpretación errónea que se hizo por parte del Ejecutivo y la demandada.

Por lo anterior, consideró que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, equivalente al 30% de la remuneración mensual, como componente adicional a esta. En consecuencia, resolvió:

3 SAMAI- Índice 03. Archivo zip 29.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333003-2016-00283-02

“PRIMERO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONALES los Decretos 57 y 110 de 1993; 106 de 1994; 43 de 1995 y siguientes, Decreto de aumento salarial No. 1257 de 05 de junio de 2015 por medio de los cuales la Presidencia de la República consideró como prima especial sin carácter salarial el 30% del salario de los Magist rados y Jueces de la república, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución No. 5148 de 27 de octubre de 2015, y en el acto ficto configurado el 03 de mayo de 2016 , p roferidos por la Dirección Ejecutiva

la Resolución No. 5148 de 27 de octubre de 2015, y en el acto ficto configurado el 03 de mayo de 2016 , p roferidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y Directora Ejecutiva de Administración Judicial, respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: ORDENAR , a la NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA , a título de restablecimiento del derecho, si aún no lo ha hecho, a reconocer y reliquidar a favor de la señora YOLANDA EUGENIA SARMIENTO SUAREZ , C.C.N°63.309.622, desde el 15 de octubre de 2012, el 30% de prima especial del salario mensual como plus o componente adicional, con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 1993 y con carácter salarial, en los términos de la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR , a la NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA , a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

QUINTO: CONDENAR , a la NACION-RAMA JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA , a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BUCARAMANGA , a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SEXTO: DECLARAR que ha operado de la prescripción de las sumas adeudadas con anterioridad al 15 de octubre de 2012 , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: NO CONDENAR en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva”.

6. El recurso de la apelación4

La parte demandada manifiesta su inconformidad con la sentencia de primera instancia reiterando la legalidad de los actos acusados, al tiempo que sostiene que

4 SAMAI- Índice 03. Archivo zip 30.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333003-2016-00283-02

la actuación administrativa fue surtida conforme con la normatividad vigente a la fecha, la cual es constitucional y legal y que no ha sido objeto de suspensión, anulación o modificación alguna conocida, razón por la cual, en lo que respecta a la ejecución presupuestal afirma que no resulta posible reconocer carácter salarial a las prestaciones que legalmente no la tienen.

Por otra parte, aduce que en el presente caso ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales pretendidos por la parte actora, en razón a que la demandante radicó la petición ante la Seccional Bucaramanga el 15 de octubre de 2015; razón por la cual afirma que las sumas reclamadas con anterioridad al 15 de octubre de 2012, se encuentran prescritas.

demandante radicó la petición ante la Seccional Bucaramanga el 15 de octubre de 2015; razón por la cual afirma que las sumas reclamadas con anterioridad al 15 de octubre de 2012, se encuentran prescritas.

Finalmente, formula las excepciones de “caducidad”, “inexistencia del demandado”, “ineptitud de la demanda”, “cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, y “la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios”.

II. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Correspondió por reparto a la H. Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez el 17 de abril de 2023 en grado de apelación de sentencia 5. El 22 de agosto de 2023 la ponente manifestó su impedimento y el de los demás Magistrados que conforman la Sala, por lo que ordenó la remisión del asunto a la Sección Segunda del H. Consejo de Estado para que decidiera sobre el mismo.

Mediante auto de fecha 22 de agosto de 2023 el H. Consejo de Estado dispuso aceptar el impedimento manifestado por los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander ordenando realizar sorteo de conjueces.6

El 18 de septiembre de 2024 la presidenta de esta Corporación ordenó, fijar fecha y hora para la realización del respectivo sorteo 7; el 19 de septiembre de 2024 se llevó a cabo la diligencia de sorteo, correspondiéndole conocer a la Conjuez Dra. Ángela Cecilia Rodríguez Rueda8 quien mediante auto de fecha 21 de octubre de 2024 dispuso admitir el recurso de apelación9.

llevó a cabo la diligencia de sorteo, correspondiéndole conocer a la Conjuez Dra. Ángela Cecilia Rodríguez Rueda8 quien mediante auto de fecha 21 de octubre de 2024 dispuso admitir el recurso de apelación9.

1. Pronunciamiento en segunda instancia

1.1. Parte demandante10

Se opuso al pronunciamiento hecho por la parte demandada en segunda instancia, donde se alega la existencia de cosa juzgada con base en una sentencia previa del 16 de octubre de 2013, emitida por el Juzgado Único Ad -hoc del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga. Al respecto, expresó que es evidente que la parte demandada confunde reliqui dación prestacional con reliquidación salarial. Sin embargo, según su argumentación, la decisión apelada no ordenó la reliquidación y

5 SAMAI- índice 03. 6 SAMAI- Índice 05. 7 SAMAI - índice 13. 8 SAMAI - índice 14. 9 SAMAI - Índice 16. 10 SAMAI- Índice 21.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333003-2016-00283-02

pago de cesantías, sino la restitución del 30% del salario base que había sido disminuido indebidamente.

Finalmente, soli citó al Tribunal Administrativo de Santander que confirmara la sentencia de primera instancia, al considerar que la decisión del juez se encontraba ajustada a derecho y sustentada en precedentes jurisprudenciales. Afirmó que la parte demandada intentaba in ducir a error al juzgador de segunda instancia,

sentencia de primera instancia, al considerar que la decisión del juez se encontraba ajustada a derecho y sustentada en precedentes jurisprudenciales. Afirmó que la parte demandada intentaba in ducir a error al juzgador de segunda instancia, desvirtuando el verdadero objeto de la controversia. Así mismo, destacó que el fallo impugnado no decide una duplicidad de pretensiones previamente resueltas, sino que responde a un derecho legítimo de la demandante de obtener el reconocimiento y pago del componente salarial omitido en su remuneración.

1.2. Parte demandada11

Además de reiterar los argumentos expuestos en el recurso de apelación, señaló la existencia del proceso radicado 680012331000-200502876-00 del cual conoció en primera instancia el Juzgado Único ad -hoc Administrativo de Bucaramanga y, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Santander – Sala Conjueces, medio de control que se encuentra finalizado por sent encia de segunda instancia condenatoria ejecutoriada ; y respecto del cual afirma que se configura la cosa juzgada. Por lo anterior , sostuvo que de accederse a las pretensiones de la demanda se estaría ordenando un doble pago en contra de la entidad que afe cta directamente el Presupuesto General de la Nación, del que hace parte la Rama Judicial, lo cual esta proscrito por el ordenamiento jurídico, máxime cuando se trata de erogaciones a cargo del Tesoro Nacional.

1.3. Ministerio Público

El Agente del Ministerio Público guardó silencio y no emitió concepto de fondo.

III. CONTROL DE LEGALIDAD.

Revisado el expediente, se observa que de conformidad con lo previsto en el artículo

El Agente del Ministerio Público guardó silencio y no emitió concepto de fondo.

III. CONTROL DE LEGALIDAD.

Revisado el expediente, se observa que de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el desarrollo de las etapas procesales de primera instancia se ejerció el control de legalidad. Por ello, y como en esta instancia no se observan vicios procesales que acarreen la nulidad del proceso o impidan proferir decisión de fondo, se procede a resolver la alzada.

IV. CUESTIÓN PREVIA

Advierte la Sala que no emitirá pronunciamiento alguno en relación con la excepción de “la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios” planteada por la entidad demandada en el recurso de a pelación contra la sentencia de primera instancia, así con en le pronunciamiento de esta instancia; toda vez que la excepción de “litisconsortes necesarios” ya fue resuelta desfavorablemente por el A quo mediante auto de fecha 27 de septiembre de 20 18, con firmado mediante

11 SAMAI - Índice 20, archivo 13.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333003-2016-00283-02

providencia del 06 de ju nio de 20 19, quedando debidamente ejecutoriada la decisión.

En igual sentido, tampoco se emitirá pronunciamiento en relación con las excepciones de “inexistencia del demandado”, “ineptitud de la demanda”, “cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley

decisión.

En igual sentido, tampoco se emitirá pronunciamiento en relación con las excepciones de “inexistencia del demandado”, “ineptitud de la demanda”, “cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” , “caducidad”12 y “cosa juzgada”13, planteadas por la entidad demandada en el recurso de apelación y en el pronunciamiento en segunda instancia respectivamente , toda vez que como excepciones previas las mismas debieron ser formuladas con la contestación de la demanda para dar a la parte demandante la oportunidad de ejercer el de recho de defensa y contradicción sobre aquellas, así como para que el juez de conocimiento se pronunciara sobre estas durante el trámite de la instancia, sin embargo, se evidencia que dichos planteamientos solo son puestos de presente por la demandada con el recurso de apelación y con el pronunciamiento de segunda instancia, sin ser ese el momento procesal procedente para ello.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

1. Competencia

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 153 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala de Decisión determinar si:

P.J.1: ¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un incremento, componente

determinar si:

P.J.1: ¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un incremento, componente adicional o plus a la remuneración mensual o salarió básico?

P. J. 2: ¿Hay lugar a ordenar la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de la demandante teniendo en cuenta para tal efecto la prima especial de servicios equivalente al 30% de la remuneración mensual como factor adicional a esta?

12 Frente a esta excepción adicionalmente, tampoco se encuentran acreditados los presupuestos para declararla de oficio, toda vez que en el presente asunto se persigue la declaratoria de nulidad de un acto ficto, respecto del cual no se predica la caducidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del CPACA. 13 Frente a esta excepción adicionalmente, tampoco se encuentran acreditados los presupuestos para declararla de oficio, toda vez que revisado el proceso bajo radicado 680012331000-200502876-00 a través del sistema de gestión judicial SAMAI, se pudo constatar que las pretensiones de aquel perseguían la reliquidación de las prestaciones sociales de la demandante teniendo en cuenta para tal efecto el 30% que de su asignación salarial mensual había sido indebidamente sustraído para imputarlo a título de prima especial de servicios; mientras que en el proceso de la referencia se persigue el reconocimiento de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un componente adicional al salario, solicitando igualmente que se tenga ese componente adicional como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333003-2016-00283-02

componente adicional como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333003-2016-00283-02

En caso afirmativo a los anteriores interrogantes, deberá determinarse si en el presente caso se configuró el fenómeno prescriptivo de los derechos reclamados.

3. Marco Jurídico y Jurisprudencial

3.1 Prima especial de servicios

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

“ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

...e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso N acional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. (Sub rayas fuera de texto original)

Se vislumbra la fijación de ciertos parámetros en el contexto de los cuales el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad establecida por el numeral 11 delNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333003-2016-00283-02

Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad establecida por el numeral 11 delNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333003-2016-00283-02

artículo 189 constitucional, debe desarrollar la prima up supra aludida, la pena de incurrir en una omisión violatoria de la constitucionalidad y la legalidad.

En cumplimiento del enunciado deber se expidieron por el Gobierno Nacional los respectivos decretos anuales, mediante los cuales se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictaron otras disposiciones

La mentada normativa regulatoria, como bien es manifestado, fue objeto de la acción de Nulidad Simple de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00, en la cual la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de fecha 29 de abril de 2014, señaló:

“En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió los decretos demandados, reproduciendo año por año la previsión de que el 30% del salario devengado por los funcionarios enumerados en el artículo 14 de la mencionada ley, sería considerado como prima. Dichos decretos no ofrecieron la suficiente claridad y fueron interpretados er róneamente por las entidades encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. Aunque parece un juego de palabras, son dos cosas completamente diferentes, pues la primera interpre tación implica una reducción del salario básico al 70%, mientras que la segunda, que es la

prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. Aunque parece un juego de palabras, son dos cosas completamente diferentes, pues la primera interpre tación implica una reducción del salario básico al 70%, mientras que la segunda, que es la correcta de conformidad con la Ley y la Constitución Política, como se explicará más adelante, implica que se puede tomar el 30% del salario, pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico”

(…)

“De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislad or con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad”. Resaltado incluido en el texto original.

Así, a partir del enunciado fallo de nulidad se estableció que los decretos anuales mediante los cuales “se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la rama judicial, del Ministerio Público, de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”, venían generando el pago salarial y prestacional en contravía de lo dispuesto por la ley 4 de 1992 al entender que “ el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. ”, restando de tal forma del valor

dispuesto por la ley 4 de 1992 al entender que “ el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. ”, restando de tal forma del valor correspondiente al salario y de la base de liquidación prestacional el 30%, esto es, liquidando solo sobre el 70% de lo que en estricto rigor debía ser la base de liquidación.

Ahora bien, una cosa es el hipotético reajuste del 30 % en Salarios y prestaciones derivado del incorrecto pago efectuado a los servidores descritos en el artículo 14 de la ley 4 de 1992 y otra bien diferente es que la prima en si misma constituya factor salarial a efectos de la liquidación de las prestaciones sociales de aquellos.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333003-2016-00283-02

Efectivamente, como bien lo enuncia el texto ibídem la prima especial de servicios NO TIENE CARACTER SALARIAL, a efectos de la liquidación de prestaciones sociales, en cambio sí a efectos de cotizaciones al sistema de segur idad social integral en materia de pensión, conforme lo definieran las leyes 332 de 1996 y 476 de 1998.

Necesario se torna efectuar un análisis de acoplamiento de la legislación en cita a la Constitución. Toda ley, por ser fruto de la actividad democrática popular, expedida a través del representante legítimo del pueblo soberano, en ejercicio de su libertad de configuración, (legislador) goza de presunción de validez formal, sin embargo, imperioso se torna para el fallador observar en aplicación del artícu lo 4 superior la adecuación a la constitucionalidad de las reglas a aplicar, lo que le otorga a la ley un status de validez sustancial respecto a la Constitución.

imperioso se torna para el fallador observar en aplicación del artícu lo 4 superior la adecua