TA SAN - Sentencia 680013333003-2017-00416-03 (28-08-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 3 de abril de 2025 , proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1. La demanda:1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de repetición, consagrado en el artículo 142 del CPACA, Colombia Telecomunicaciones S.A E .S.P BIC antes Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga , Telebucaramanga, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable al señor Francisco Edgar Lizcano

1 Expediente digital, índice SAMAI, actuación 03 , gestión en otras corporaciones, índice SAMAI, actuación 65

MEDIO DE CONTROL Repetición RADICADO 680013333003-2017-00416-03

DEMANDANTE Colombia Telecomunicaciones S.A E .S.P BIC antes Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga , Telebucaramanga

MEDIO DE CONTROL Repetición RADICADO 680013333003-2017-00416-03

DEMANDANTE Colombia Telecomunicaciones S.A E .S.P BIC antes Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga , Telebucaramanga notificacionesjudiciales@telefonica.com

DEMANDADO

Francisco Edgar Lizcano Páez edgardoj71@hotmail.com carlosruedavillamizar@hotmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Repetición de condena culpa grave « omisión del contratista en adoptar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de las personas que pudieran verse afectadas»Repetición Sentencia de segunda instancia

Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

Demandado: Francisco Edgar Lizcano Páez Radicado: 680013333003-2017-00416-03

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Páez, en su calidad de contratista, por haber incurrido en una conducta gravemente culposa que dio lugar a la condena impuesta a la entidad mediante sentencia del 28 de noviembre de 2014, emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bucaramanga, dentro del medio de control de reparación directa radicado 2011-00094-00, y modificada por el Tribunal Administrativo de Santander mediante de sentencia del 26 de noviembre de 2015 , que dfio lugar al pago de los perjuicios ocasionados a la

del medio de control de reparación directa radicado 2011-00094-00, y modificada por el Tribunal Administrativo de Santander mediante de sentencia del 26 de noviembre de 2015 , que dfio lugar al pago de los perjuicios ocasionados a la señora Martha Mendoza Suárez.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA.- Que se declare que el señor FRANCISCO EDGAR LIZCANO PAEZ es responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la accionada como consecuencia del pago que debió hacer la demandante como indemnización a favor de la señora MARTHA MENDOZA SUÁREZ, en cuant ía de $18.577.874,6 en cumplimiento de lo ordenado en proceso de Reparación Directa radicado al No. 2011-0094 en primera instancia, mediante fallo de fecha 28 de noviembre de 2014 proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bucaramanga, y por el Tribunal Administrativo de Santander en segunda instancia en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2015, sentencias que quedaron debidamente ejecutoriadas el 15 de enero de 2016.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al señor FRANCISCO EDGAR LIZCANO PAEZ, a pagar la suma de $18.577.874,6 debidamente indexada y actualizada conforme al IPC y sobre ellas se paguen intereses comerciales de mora a partir de la fecha de ejecutoria de fallo.

TERCERA: Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a lo consagrado en el Art. 192 del CPACA.

CUARTA: Que se condene en costas incluidas agencias en derecho a favor de la demandante y en contra del demandado» (Sic en todo el texto).

en el Art. 192 del CPACA.

CUARTA: Que se condene en costas incluidas agencias en derecho a favor de la demandante y en contra del demandado» (Sic en todo el texto).

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 15 de octubre de 2008, l a Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga, Telebucaramanga y el señor Francisco Edgar Lizcano Páez suscribieron el contrato de obra 200800038, cuyo objeto consistió en «el levantamiento de obra civil y red telefónica externa de la central».

1. El 24 de octubre de 2008 se suscribió acta de inicio del contrato, y el 29 de abril de 2010 el acta de liquidación.

1. El 4 de junio de 2009, la señora Martha Mendoza Suárez sufrió un

accidente cuando se desplazaba por la carrera 14 con calle 34 esquina, frente al edificio de la DIAN de Bucaramanga , al caer en una alcantarilla metálica perteneciente a Telebucaramanga, la cual se encontraba en intervención en desarrollo del contrato en mención.

1. La caída ocasionó graves lesiones a la víctima, quien fue incapacitada y sometida a tratamiento médico para su recuperación . La Junta Regional deRepetición Sentencia de segunda instancia

Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

Demandado: Francisco Edgar Lizcano Páez Radicado: 680013333003-2017-00416-03

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Demandado: Francisco Edgar Lizcano Páez Radicado: 680013333003-2017-00416-03

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Calificación de Invalidez determinó una disminución de su capacidad laboral en un 4.25%.

1. El accidente ocurrió como consecuencia de la conducta omisiva del ingeniero Lizcano Páez, al no adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las personas que transitaban por el lugar.

1. La señora Mendoza Suárez presentó demanda de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, bajo el radicado 2011-00094, en la que la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Bucaramanga, declaró responsable a la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. E.S.P. Telebucaramanga y al ingeniero contratista Francisco Edgar Lizcano Páez por las lesiones sufridas, condenándolos solidariamente al pago de los perjuicios correspondientes. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 26 de noviembre de 2015, modificó la decisión de primera instancia y condenó, igualmente, a la aseguradora Liberty Seguros S.A. al pago de los perjuicios materiales.

1. Como consecuencia de lo anterior, l a Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga, Telebucaramanga pagó la condena impuesta a favor de la señora Martha Mendoza Suarez, en cuantía de $30.651.375,60; de dicha suma,

1. Como consecuencia de lo anterior, l a Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga, Telebucaramanga pagó la condena impuesta a favor de la señora Martha Mendoza Suarez, en cuantía de $30.651.375,60; de dicha suma, la aseguradora reconoció $12.073.501 correspondiente a los daños materiales, luego la entidad asumió el pago de $18.577.874,6.

1. En el presente caso, el demandado omitió adoptar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de las personas que pudieran verse afectadas, lo que conllevó al accidente sufrido por la señora Martha Mendoza Suárez y a las lesiones ocasionadas. De ello se deduce que el señor Francisco Edgar Lizcano Páez no administró los negocios ajenos como propios, r azón por la cual incurrió en culpa grave, la cual, en materia civil, equivale al dolo. Por esta razón, fue declarado responsable en el pr oceso de reparación directa que dio origen a la presente demanda.

1.1.3. Contestación de la demanda2

1.1.3.1. Francisco Edgar Lizcano Páez

El curador ad litem del demandado allegó memorial de contestación, en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones nominadas: «f alta de legitimación por activa »; «f alta de legitimación por pasiva », «falta de jurisdicción», «falta de competencia » e «ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales» Excepciones innominadas «ausencia de responsabilidad», «Inexistencia de la obligación », «Cobro de lo no debido », «Indebida aplicación de las normas que la accionante invoca en apoyo de sus pretensiones y falta de

requisitos formales» Excepciones innominadas «ausencia de responsabilidad», «Inexistencia de la obligación », «Cobro de lo no debido », «Indebida aplicación de las normas que la accionante invoca en apoyo de sus pretensiones y falta de aplicación de las que corresponden». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

2 Expediente digital, índice SAMAI, actuación 03 , gestión en otras corporaciones, índice SAMAI, actuación 66Repetición Sentencia de segunda instancia

Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

Demandado: Francisco Edgar Lizcano Páez Radicado: 680013333003-2017-00416-03

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Los argumentos para solicitar la denegatoria de las pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

1. Sin aceptar responsabilidad con relación a los hechos y las pretensiones, se atiene a lo que se acredite en el proceso.

1. No existen fundamentos de hecho ni de derecho sobre los cuales se pueda fundamentar lo pretendido en la demanda.

1.2. La sentencia apelada3

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 3 de abril de 2025, resolvió:

«PRIMERO: DENIEGÁNSE las pretensiones del medio de control de

REPETICIÓN interpuesto por la COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP

BIC antes EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.

«PRIMERO: DENIEGÁNSE las pretensiones del medio de control de

REPETICIÓN interpuesto por la COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP

BIC antes EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.

E.S.P. TELEBUCARAMANGA contra el señor FRANCISCO EDGAR LIZCANO PAEZ, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa del presente proveído.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en esta instancia, conforme a lo señalado en la parte considerativa de esta providencia» (Sic en todo el texto)

En lo correspondiente al fondo del asunto, la decisión se sustentó en los siguientes argumentos:

1. En virtud de lo dispuesto en la ley y conforme a la jurisprudencia , para declarar la responsabilidad del señor Francisco Edgar Lizcano Páez , es necesario verificar si se acreditaron los siguientes requisitos: 1) la existencia de condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impusiera a la entidad demandante el pago de una suma de dinero ; 2) el pago de la indemnización o condena por parte de la entidad demandante; 3) la calidad de agentes del Estado de los demandados; y 4) que el daño antijurídico que dio lugar a la condena haya sido consecuencia directa de una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible al demandante en el ejercicio de sus funciones.

1. Frente a los primeros tres presupuestos , se encuentran a creditados con el material probatorio que reposa en el expediente , toda vez que para la época de los hechos el señor Lizcano Pérez era contratista de la entidad; se emitió sentencia condenatoria en contra de Telebucaramanga y se probó el pago de

el material probatorio que reposa en el expediente , toda vez que para la época de los hechos el señor Lizcano Pérez era contratista de la entidad; se emitió sentencia condenatoria en contra de Telebucaramanga y se probó el pago de $30.651.375,60, de los cuales $18.577.874,6 fueron asumidos por ella.

1. En relación con el último de los presupuestos, esto es, que el daño antijurídico que dio lugar a la condena fue consecuencia directa de una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible al demandado en el ejercicio de su actividad, condición indispensable para la procedencia de la repetición conforme al artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 142 del CPACA y la Ley 678 de 2001, no se acreditó.

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 99, índice SAMAI.Repetición Sentencia de segunda instancia

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1. Del análisis de las pruebas que reposan en el medio de control de reparación directa, no permite concluir que Lizcano Páez hubiera actuado con intención de causar daño o con una omisión inexcusable , toda vez que aunque se alegó falta de señalización en la obra, el juzgado indicó que quienes ejecutaban la labor eran los obreros, y que no había evidencia que demostrara que la omisión fuera atribuible de manera directa y con culpa grave al contratista demandado.

se alegó falta de señalización en la obra, el juzgado indicó que quienes ejecutaban la labor eran los obreros, y que no había evidencia que demostrara que la omisión fuera atribuible de manera directa y con culpa grave al contratista demandado.

1. La existencia de una condena solidaria en el proceso de reparación directa no implica, por sí sola, la configuración del dolo o la culpa grave exigidos para repetir.

1.3. El recurso de apelación4

1.3.1. Parte demandante

El apoderado de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El a quo incurrió en yerro al concluir que no se configuró la culpa grave o dolo en la conducta del contratista , toda vez que la omisión de medidas de señalización en la obra constituye un incumplimiento evidente , reprochable y contrario al deber objetivo de cuidado.

1. En el presente asunto se encuentra demostrada la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, específicamente las normas Icontec NTC 4695 (1999 -11-24) y NTC 1461 (1987 -04-01), que imponen la señalización obligatoria en obras públicas. Dichas normas son de obligatorio cumplimiento para los contratistas, sin que sea necesario que se consignen de manera expresa en el contrato, razón por la cual se configura la culpa grave del demandado.

1. Aun cuando tales normas técnicas no se hubiesen incorporado expresamente en los pliegos contractuales, forman parte del ordenamiento jurídico aplicable, por cuanto desarrollan deberes de seguridad y prevención de

demandado.

1. Aun cuando tales normas técnicas no se hubiesen incorporado expresamente en los pliegos contractuales, forman parte del ordenamiento jurídico aplicable, por cuanto desarrollan deberes de seguridad y prevención de riesgos. Su inobservancia equivale a una infracción normativa que a ctiva la presunción de culpa grave prevista en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001.

1. El accidente sufrido por la señora Martha Mendoza Suárez se produjo como consecuencia directa de la conducta omisiva del ingeniero Francisco Edgar Lizcano Páez, al no adoptar medidas idóneas que salvaguardaran la integridad de las personas que transitaban por el área intervenida en desarrollo del Contrato de Obra Civil 200800038.

1. El testimonio rendido por la señora Cecilia Mendoza Suárez resulta concluyente al corroborar que en el lugar de los hechos no existía aviso,

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 101, índice SAMAI.Repetición Sentencia de segunda instancia

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demarcación ni dispositivo preventivo que advirtiera a los transeúntes del riesgo, lo cual evidencia la gravedad de la omisión atribuible al contratista.

1. De conformidad con lo sostenido por la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, la ausencia de señalización preventiva en obras públicas no

lo cual evidencia la gravedad de la omisión atribuible al contratista.

1. De conformidad con lo sostenido por la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, la ausencia de señalización preventiva en obras públicas no constituye un incumplimiento menor, sino un factor determinante para la imputación de responsabilidad. En efecto, la obligación de señalizar se entiende inherente al contrato, aun cuando no se pacte expresamente, razón por la cual corresponde al contratista garantizar la seguridad de los transeúntes mediante la instalación de dispositivos adecuados de advertencia , mientras que a la entidad estatal contratante, por conducto de la interventoría, le incumbe la vigilancia de dicho cumplimiento.

1.4. Trámite de segunda instancia.

Por auto del 8 de julio de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.5. Alegatos de conclusión

1.5.1. Parte demandante

No se presentaron.

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Concepto del agente del Ministerio Público:

No emitió concepto

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida , y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia

2.1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente

estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia

2.1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

5 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI.Repetición Sentencia de segunda instancia

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De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si en el presente caso, se encuentra configurado el elemento subjetivo del dolo o de la culpa grave para declarar la re sponsabilidad del señor Francisco Edgar Lizcano Páez , en su calidad de contratista para la época de los hechos , quien era el obligado de adoptar medidas idóneas que salvaguardaran la integridad de las personas que transitaban por el área intervenida en des arrollo del Contrato de Obra Civil 200800038.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Naturaleza de la acción de repetición y normatividad aplicable.

El artículo 90 de la Constitución Política establece la posibilidad de que la entidad

200800038.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Naturaleza de la acción de repetición y normatividad aplicable.

El artículo 90 de la Constitución Política establece la posibilidad de que la entidad pública condenada acuda por vía judicial a repetir contra el funcionario que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiere dado lugar a la condena. Esta disposición constitucional fue desarrollada mediante la Ley 678 de 2001, la cual, en su artículo 2, consagró la acción de repetición como el mecanismo judicial de carácter patrimonial que debe promoverse contra el servidor o exservidor público que, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa , haya dado lugar al pago de una indemnización por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La finalidad de esta acción, según el artículo 3 ibidem, es garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo que le son inherentes.

Para la procedencia del medio de control de repetición, e l consejo de Estado 6 ha señalado que se deben cumplir los siguientes requisitos: i) la calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena; ii) la existencia de una condena judicial, conciliación, transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado y iii) el pago efectivo realizado por el Estado, el cual se acredita mediante el acto administrativo que reconoce y ordena el pago en favor del beneficiario y/o su apoderado , así como por el comprobante de pago,

a cargo del Estado y iii) el pago efectivo realizado por el Estado, el cual se acredita mediante el acto administrativo que reconoce y ordena el pago en favor del beneficiario y/o su apoderado , así como por el comprobante de pago, consignación y/o paz y salvo debidamente suscrito por el beneficiario. .

Los anteriores tres elementos son de carácter objetivo y deben acreditarse conforme a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda.

Ahora bien, p ara que prospere esta acción, no basta con acreditar el elemento objetivo; también es necesario demostrar un cuarto elemento, de carácter subjetivo, consistente en que el servidor demandado actuó con dolo o culpa grave.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, consejero ponente Enrique Gil Botero, sentencia del 9 de septiembre de 2013, radicación. 11001-03-26-000-2003-00037-01(25361)Repetición Sentencia de segunda instancia

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La definición y el contenido normativo de estos conceptos fueron establecidos de manera expresa en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 y señalan lo siguiente

«Artículo. 5. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se

siguiente

«Artículo. 5. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.

Artículo. 6. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a

determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal […]»

Las anteriores disposiciones normativas fueron modificadas por los artículos 39 y 40 de la Ley 2195 de 2022, que en su tenor señalan:

«ARTÍCULO 5º. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Que el acto administrativo haya sido declarado nulo por desviación de poder, indebida motivación, o falta de motivación, y por falsa motivación.

2. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

3. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia contrario a derecho en un proceso judicial.

4. Obrar con desviación de poder.

ARTÍCULO 6º. Culpa grave. Se presumirá que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones»Repetición Sentencia de segunda instancia

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Demandado: Francisco Edgar Lizcano Páez Radicado: 680013333003-2017-00416-03

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Como se desprende de las normas citadas, los conceptos de dolo y culpa grave fueron desarrollados directamente por el Legislador, fijándose una serie de hipótesis que dan lugar a su presunción. De incurrirse en alguno de estos supuestos, la carga de la pru eba se invierte, razón por la cual corresponde al demandado desvirtuar la presunción que se estructura en su contra.

Según la Corte Constitucional 7, estas presunciones de dolo y culpa no son contrarias a los principios de buena fe y presunción de inocencia , y se encuentran justificadas desde el punto de vista constitucional debido a que por la naturaleza de los elementos subjetivos su comprobación resulta difícil. Por ello, se permite inferirlos a partir de hechos objetivos susceptibles de prueba en condiciones ordinarias, con el fin de hacer efectiva la acción de repetición consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, así como de proteger el patrimonio público, garantizar la moralidad administrativa y favorecer el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

Cabe agregar que, en todo caso, cualquier error de conducta que se endilgue como causa del daño, debe ser ostensible y significativo8, puesto que, tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado,9 ni siquiera el desconocimiento de normas jurídicas es suficiente, por sí solo, para acreditar un actuar doloso o gravemente

como causa del daño, debe ser ostensible y significativo8, puesto que, tal y como lo ha señalado el Consejo de Estado,9 ni siquiera el desconocimiento de normas jurídicas es suficiente, por sí solo, para acreditar un actuar doloso o gravemente culposo, en tanto que la función pública constituye esencialmente el ejercicio de una labor humana, lo cual implica, por naturaleza, la posibilidad de errores en el desempeño de las funciones.

Al respecto, esa Corporación señaló lo siguiente:

«Es claro que el sólo desconocimiento de la norma por el operador jurídico encargado de aplicarla a través de actos administrativos o el alejamiento de la realidad al adoptar una decisión en los mismos no implica de plano una responsabilidad a título de imp utación de culpa grave o dolo, puesto que, en estos casos, existe un margen de error admisible en condiciones normales y más aún extraordinarias cuando se trata de la interpretación y ejecución de las normas jurídicas o de la percepción de la realidad atendiendo las circunstancias específicas del caso, toda vez que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de la

7 Corte Constitucional, sentencia C-778 de 2003. 8 «La determinación de una responsabilidad subjetiva, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, p ermite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. […] no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya establecido expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex

puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya establecido expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los serv