TA SAN - Sentencia 680013333003-2018-00200-02 (18-09-2025)

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Tribunal Administrativo de Santander

Ponente: Claudia Patricia Peñuela Arce

Bucaramanga, dieciocho (18) de septiembre de 2025

Sentencia de segunda instancia

RADICADO 680013333003-2018-00200-02

LINK EXPEDIENTE

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MEDIO DE CONTROL Nulidad y Restablecimiento del Derecho DEMANDANTE Myriam Yolanda Vargas

DEMANDADO

Municipio de Piedecuesta notijudicial@alcaldiadepiedecuesta.gov.co andreadelgador25@gmail.com

COADYUVANTE

Danny Alexander Ramírez Rojas piedecuestaballesteros@gmail.com MINISTERIO PÚBLICO Jhon Carlos García Pérea jcgarcia@procuraduria.gov.co TEMA Se revoca la decisión de primera instancia que negó las pretensiones. En consecuencia , se declara la nulidad del acto administrativo que ordenó reestructuración de la planta del municipio, por falta de competencia del secretario general del municipio para llevarla a cabo

SENTENCIA No 123

MAGISTRADA PONENTE Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, se profiere ponencia de mayoría en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que fue derrotado el proyecto de sentencia rotado por el magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandanteNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

derrotado el proyecto de sentencia rotado por el magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandanteNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Myriam Yolanda Várgas Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333003-2018-00200-02

1. Con la demanda se solicita inaplicar por inconstitucional el Decreto Municipal No. 110 del 2 de noviembre de 2017 , por el cual se modifica y define la estructura administrativa del Municipio de Piedecuesta y el Decreto Municipal No. 111 del 3 de noviembre de 2017, por el cual se establece la planta de personal del Municipio de Piedecuesta.

2. También solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos que se relacionan a continuación: «Decreto Municipal No. 112 del 7 de noviembre de 2017 –por el cual se crean empleos transitorios en la planta de personal del Municipio de Piedecuesta-.

Resolución No. 228 del 7 de noviembre de 2017 –por el cual se realiza la redistribución de empleos en la planta de personal del Municipio de Piedecuesta-.

Resolución No. 237 del 7 de noviembre de 2017 –por el cual se realizan incorporaciones a la planta de personal del Municipio de Piedecuesta-.

Comunicación de supresión de empleo con consecutivo 1499 del 08 de noviembre de 2017, por el cual se comunica la supresión de cargo.»

3. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se pretende: «Reintegro de la demandante al cargo que ocupaba o en otro de igual o superior

noviembre de 2017, por el cual se comunica la supresión de cargo.»

3. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se pretende: «Reintegro de la demandante al cargo que ocupaba o en otro de igual o superior categoría. Pagar los salarios, prestaciones sociales, cesantías, vacaciones y en general todos los demás haberes laborales dejados de percibir, aportes a seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales dejados de aportar al sistema de seguridad social integral, y los intereses por mora en el pago de los mismos.

Se reconozca que para todos los efectos legales se considera que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio, desde la supresión del cargo, traslado a la planta transitoria y hasta cuando sea reintegrado al cargo de igual o superior categoría al que venía ocupando. Se ordene el reconocimiento y pago de los perjuicios morales causados. Se ordene el cumplimiento de la sentencia conforme lo establecido en el Art. 192 del CPACA. Si no se realiza el pago en forma oportuna, liquidar intereses comerciales y moratorios. Actualizar la suma de conformidad al Art. 192 del CPACA. Se condene en costas y agencias en derecho a la accionada.»

4. Como fundamentos fácticos la demandante señaló que mediante la Resolución No. 225 -P del 27 de octubre de 201 4 fue nombrada en provisionalidad para desempeñar el cargo de profesional universitario código 219 grado 03, adscrita a la Oficina Asesora Jurídica.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

Demandante: Myriam Yolanda Várgas Demandado: municipio de Piedecuesta

la Oficina Asesora Jurídica.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Myriam Yolanda Várgas Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333003-2018-00200-02

5. Señala que entre las vigencias 2012 a 2015 el Municipio adelantó un proceso de modernización de su estructura administrativa, cuya característica principal fue la profesionalización de la planta de personal.

6. Median te Acuerdo No. 017 del 5 de diciembre de 2016, el Concejo Municipal facultó al alcalde para que de manera pro tempore, ejerciera la función de determinar la estructura de la administración municipal. En desarrollo de dicha facultad, se expidió el Decreto No. 070 del 11 de julio de 2017, mediante el cual se aprobó el acta final que recogía los acuerdos y desacuerdos alcanzados en el proceso de reestructuración. Sin embargo, la demandante aduce que el Municipio incumplió los compromisos y obligaciones adquiridas en dicho marco.

7. El 1 de noviembre de 2017, a través de la Resolución No. 299 -G, se concedió comisión de servicios al alcalde municipal para el día siguiente, y mediante la Resolución No. 226 de la misma fecha, se delegó la función de alcalde al señor Fredy Alberto Almeida Sierra, quien se desempeñaba como secretario general .

Dicho funcionario expidió el Decreto No. 110 del 2 de noviembre de 2017, mediante el cual modificó y definió la estructura administrativa y funcional del municipio, lo cual excedía las funciones delegadas.

8. Una vez reintegrado el alcalde titular, expidió los Decretos 111 del 3 de

mediante el cual modificó y definió la estructura administrativa y funcional del municipio, lo cual excedía las funciones delegadas.

8. Una vez reintegrado el alcalde titular, expidió los Decretos 111 del 3 de noviembre de 2017 y 112 del 7 de noviembre de 2017, mediante los cuales se estableció la nueva planta de empleos de la administración central, y se crearon empleos de carácter transitorio, respectivamente. Ambos actos administrativos se fundamentaron en el Decreto 110 de 2017.

9. El 7 de noviembre de 2017, se publicó la Resolución No. 237, por medio de la cual fue incorporada a la planta de cargos transitoria, mientras quedaba ejecutoriada la sentencia que ordenó el levantamiento del fuero sindical.

10. Citó como normas violadas los artículos 29, 39, 53, 55, 121, 122, 196, 209, 211, 305, 313, 314 y 315 de la Constitución Política. Los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 489 de 1998, los artículos 18, 32.4, 84, 92, 98, 99 y 106 de la Ley 136 de 1994, el artículo 3.1 y 3.8 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 92 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto 1083 de 2015, el artículo 154 del Decreto 2504 de 1998, el artículo 228 del Decreto 19 de 2012, los artículos 2.2.5.5.21,

2012, el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto 1083 de 2015, el artículo 154 del Decreto 2504 de 1998, el artículo 228 del Decreto 19 de 2012, los artículos 2.2.5.5.21, 2.2.5.5.22, 2.2.5.5.25, 2.2.5.2.1 y 2.2.5.2.2 del Decreto 648 de 2017, el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 48 de la Ley 734 de 2004.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Myriam Yolanda Várgas Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333003-2018-00200-02

11. Como concepto de violación sostuvo que el Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017, mediante el cual se modificó la estructura administrativa y funcional del municipio, es nulo por falta de competencia, al haber sido expedido por el secretario general , quien se arrogó indebidamente la condición de alcalde encargado, pese a que el alcalde titular se encontraba en funciones para la fecha.

A juicio de la actora, esta irregularidad implica una expedición ilegal del acto administrativo y su consecuente inaplicación por inconstitucionalidad.

12. Sostuvo que la facultad de modificar la estructura administrativa del municipio es una competencia del Concejo Municipal, y aunque esta fue delegada pro tempore al alcalde mediante el Acuerdo 017 de 2016, no podía ser a su vez delegada al secretario general , dado que las facultades extraordinarias o temporales son indelegables por su naturaleza. En ese sentido, se argumenta que el Decreto 110 se expidió sin habilitación jurídica válida.

delegada al secretario general , dado que las facultades extraordinarias o temporales son indelegables por su naturaleza. En ese sentido, se argumenta que el Decreto 110 se expidió sin habilitación jurídica válida.

13. En segundo lugar, alegó la falta de motivación sustancial en los actos administrativos expedidos durante el proceso de reestructuración, específicamente en los Decretos 110 y 111 de 2017. Indica que estos carecen de fundamentos específicos, se limitan a mencionar principios generales sobre la función administrativa, el plan de desarrollo y objetivos institucionales, sin detallar ni anexar los estudios técnicos que los sustenten, lo que vulnera los principios de legalidad, transparencia y debido proceso administrativo.

14. En tercer lugar, la demandante alegó la expedición irregular y violación del principio de legalidad presupuestal, dado que los Decretos 111, 112 y 120 de 2017, por medio de los cuales se suprimieron y crearon empleos, fueron proferidos sin contar con la viabilidad ni la disponibilidad presupuestal, requiriéndose más de $130 millones adicionales, lo que compromete su legalidad.

15. Finalmente, alegó la desviación de poder, al evidenciar que el estudio técnico en el que se basó la supresión de cargos carece de objetividad, se enfoca exclusivamente en los empleos ocupados por funcionarios en provisionalidad, y no presenta una justificación técnica real, sino simples opiniones del elaborador.

B. Posición de la parte demandadaNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Myriam Yolanda Várgas Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333003-2018-00200-02

B. Posición de la parte demandadaNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Myriam Yolanda Várgas Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333003-2018-00200-02

16. La entidad demandada se opuso a todas las pretensiones de la demanda, al sostener que las decisiones contenidas en los actos administrativos demandados fueron expedidas conforme al ordenamiento constitucional, legal y reglamentario vigente, expedidos en debida forma.

17. De manera puntual frente a la falta de competencia, sostuvo que el alcalde le delegó todas las funciones al secretario general y las excepciones se dejaron expresamente consagradas, por lo que se satisfizo lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998.

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C. Sentencia apelada

18. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda al considerar que los actos administrativos impugnados fueron expedidos con fundamento en normas legales y constitucionales, debidamente motivados, y que no se acreditaron las irregularidades alegadas por la parte actora.

19. Desestimó la falsa motivación al considerar que actos demandados, estaban fundamentados en el estudio técnico contratado mediante el contrato de consultoría No. 832 de 2017, el cual tenía como objeto la modernización de la estructura administrativa del municipio. Este estudio se sustentó en el artículo 228 del Decreto Ley 19 de 2012, y señalaba la necesidad de fortalecer y profesionalizar la planta de personal. Por tanto, el cargo fue despachado desfavorablemente, al comprobarse que los actos tenían un sustento técnico y

del Decreto Ley 19 de 2012, y señalaba la necesidad de fortalecer y profesionalizar la planta de personal. Por tanto, el cargo fue despachado desfavorablemente, al comprobarse que los actos tenían un sustento técnico y normativo.

20. Negó la falta de competencia del secretario general para expedir los Decretos 110 y 111 , por cuanto dicho encargo por parte del titular, comprendió la facultad pro tempore que el concejo le otorgó. También desestimó el vicio de e xpedición irregular por ausencia de disponibilidad presupuestal, al considerar que lo exigible era la viabilidad presupuestal y no la disponibilidad inmediata de los recursos.

21. Por último, negó el cargo de nulidad por desviación de poder , al considerar que el rediseño institucional tuvo una finalidad legítima y objetiva ; la modernización del aparato administrativo, y que no existían elementos probatorios que indicaran motivaciones ocultas, personales o discriminatorias. Además, laNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Myriam Yolanda Várgas Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333003-2018-00200-02 existencia de nuevos contratos no implicaba per se desviación de poder sin prueba de intención perversa. Por tanto, también se desestimó este cargo.

D. Recurso de apelación

22. La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia al considerar que la decisión incurrió en errores de hecho y de derecho, al convalidar actos administrativos que fueron proferidos con violación del ordenamiento jurídico. Alega que el fallo omitió una adecuada valoración de las pruebas allegadas al expediente y desconoció principios constitucionales y legales

convalidar actos administrativos que fueron proferidos con violación del ordenamiento jurídico. Alega que el fallo omitió una adecuada valoración de las pruebas allegadas al expediente y desconoció principios constitucionales y legales que rigen la función pública.

23. Insiste en que el Decreto 110 de 2017 , fue expedido por el secretario general del Municipio de Piedecuesta sin competencia para ello, pues no existía una delegación válida que lo habilitara como alcalde encargado. En criterio de la apelante, el alcalde titular no se encontraba ausente en los términos exigidos por la Constitución o la ley para activar la figura del encargo, y, adicionalmente, la facultad de modificar la estructura administrativa había sido conferida pro tempore exclusivamente al alcalde mediante el Acuerdo 017 de 2016, sin posibilidad de delegación, por no tratarse de una función propia del cargo, sino de una habilitación extraordinaria e indelegable.

24. Insiste en que los Decretos 110 y 111 de 2017 adolecen de una motivación real y suficiente, toda vez que se fundamentan en consideraciones genéricas que no hacen alusión concreta a estudios técnicos detallados ni incorporan diagnósticos institucionales serios que justifiquen las decisiones adoptadas, especialmente las relacionadas con la supresión e incorporación de cargos.

Reprocha, además, que durante la expedición de tales actos no se garantizó el derecho de audiencia de los servidores potencialmente afectados ni se promovió la participación de las organizaciones sindicales, a pesar de los compromisos adquiridos en el marco de la negociación colectiva, formalizados en el acta validada mediante Decreto 070 de 2017.

la participación de las organizaciones sindicales, a pesar de los compromisos adquiridos en el marco de la negociación colectiva, formalizados en el acta validada mediante Decreto 070 de 2017.

25. También alegó la desviación de poder, afirmando que el proceso de reestructuración estuvo orientado exclusivamente a suprimir cargos ocupados por personal en provisionalidad, sin una justificación técnica real ni objetiva. DenunciaNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Myriam Yolanda Várgas Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333003-2018-00200-02 que el estudio técnico se limitó a expresar opiniones subjetivas sin soportes empíricos, y que , tras su desvinculación, se contrataron terceros mediante prestación de servicios para cumplir funciones similares a las que desempeñaba, lo cual revela la intención desviada que inspiró la decisión administrativa.

26. En conclusión, solicitó que se revoque íntegramente la sentencia apelada, y, en consecuencia, se ordene su reincorporación al cargo, con el pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación.

E. Pronunciamiento en segunda instancia

27. La parte demandada solicitó que se confirme la sentencia apelada, aduciendo que los argumentos expuestos en la impugnación no logran desvirtuar las consideraciones jurídicas de la sentencia de primera instancia.

II. Consideraciones

F. Cuestión previa

28. Se niega por extemporánea la solicitud de intervención como tercero interviniente, presentada por el señor Danny Alexander Ramírez Rojas, por

II. Consideraciones

F. Cuestión previa

28. Se niega por extemporánea la solicitud de intervención como tercero interviniente, presentada por el señor Danny Alexander Ramírez Rojas, por intermedio de apoderado 1. Lo anterior, porque en los términos del artículo 224 de la Ley 1437 de 2011 dicha intervención se puede realizar hasta antes de que se fije fecha para realizar la audiencia inicial.

G. Problema jurídico

29. Atendiendo los motivos de impugnación, la Sala resolverá el siguiente

planteamiento:

PJ.1. ¿Hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, porque los actos administrativos fueron expedidos:

a. Sin competencia, por parte del secretario general del Municipio de Piedecuesta, al no ser posible que el alcalde le delegara la función de definición y reestructuración de la planta de personal que le fue autorizada por el Concejo Municipal en condiciones pro tempore.

1https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330032018002 0002/ECB53F6FFB026D9CD77A1EAE88767D314875D7FB06BBF987DD1218068B3FA388/2Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Myriam Yolanda Várgas Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333003-2018-00200-02 b. No se motivaron de manera suficiente y adecuada, al no haberse sustentado la desvinculación en los principios de eficacia, celeridad y el mejoramiento del servicio. c. Por utilizarse la reestructuración para fines diversos a los del buen servicio.

sustentado la desvinculación en los principios de eficacia, celeridad y el mejoramiento del servicio. c. Por utilizarse la reestructuración para fines diversos a los del buen servicio.

H. Tesis

30. La Sala revocará la sentencia impugnada al concluir que el secretario general del municipio de Piedecuesta no era competente para definir la estructura de la planta de personal, en la medida en que el alcalde solo puede delegar las funciones de las cuales es titular. Los demás cargos se niegan por no encontrarse acreditados

I. Metodología

31. La Sala estudiará los siguientes temas para resolver los problemas jurídicos: i) reestructuración de las plantas de personal y ii) causal de nulidad por falta competencia. Por último, se analizará el caso concreto : hechos relevantes probados y su análisis crítico.

32. De la reestructuración de la planta de personal

33. De acuerdo con lo establecido en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos lo establece el gobierno de conformidad con la ley. Para el efecto, le corresponde al Congreso dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para regular el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.

34. En las entidades estatales existen plantas de carácter global y flexible que permiten el movimiento de personal para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y mejorar la prestación del servicio.

35. En este tipo de plantas de personal se confiere un mayor grado de

34. En las entidades estatales existen plantas de carácter global y flexible que permiten el movimiento de personal para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y mejorar la prestación del servicio.

35. En este tipo de plantas de personal se confiere un mayor grado de discrecionalidad para ordenar las reubicaciones territoriales de los trabajadores, cuando así lo demande la necesidad del servicio, lo cual, en principio, no vulnera preceptos constitucionales. Por tal razón, la Corte Constitucional ha establecido que estas tienen como finalidad garantizar a la Administración “mayor capacidadNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Myriam Yolanda Várgas Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333003-2018-00200-02 de manejo de su planta de funcionarios, con el objeto de atender las cambiantes necesidades del servicio y de cumplir de manera más eficiente con las funciones que le corresponden2”.

36. Causal de nulidad por falta de competencia.

37. El cargo de nulidad consagrado en el inciso segundo del artículo 137 del CPACA, referente a la falta de competencia, tiene como finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad, asegurando así el principio de legalidad, dado que las atribuciones que le son conferidas solamente se pueden ejercer en los términos que la Constitución o la ley establezcan. Lo anterior, por cuanto la falta de competencia se materializa cuando el autor profiere un acto pese a que no tenía el poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar facultado legalmente para ello.

38. Así las cosas, la mencionada irregularidad se configura, entre otros supuestos,

tenía el poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma sin estar facultado legalmente para ello.

38. Así las cosas, la mencionada irregularidad se configura, entre otros supuestos, cuando la autoridad que emitió la decisión (i) carecía absolutamente de competencia para conocer y definir el asunto, esto es, desconoce su competencia,

(ii) asume una competencia que no le corresponde y (iii) adelanta alguna actuación o emite un pronunciamiento por fuera de los términos dispuestos jurídicamente para que se surta cierta actuación.

39. En este sentido, el H. Consejo de Estado3 ha señalado:

«Es claro que la falta de competencia radica en que una autoridad adopta una decisión sin estar legalmente facultado para ello y se configura dicha causal de nulidad cuando se desconocen cualesquiera de los elementos que la componen, como por ejemplo, cuando no se tiene atribución sustancial para la expedición de un acto jurídico (competencia material) o cuando éste no puede dictarse sino dentro de determinada jurisdicción (competencia territorial) o cuando solo se cuenta con un tiempo determinado para su expedición (competencia temporal)» (Negrilla fuera de texto).

J. Hechos relevantes probados

40. Mediante la Resolución No . 0205-P del 23 de junio de 2015, la demandante fue nombrada en provisionalidad en el empleo de auxiliar administrativo Código 407 Grado 04 del nivel asistencial en el municipio de Piedecuesta . Dicho

2 Corte Constitucional, Sentencia T-715 de 1996 3 Sentencia del 01 de marzo de 2007. CP. Alberto Arango Mantilla.Exp. 4807-04Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia

2 Corte Constitucional, Sentencia T-715 de 1996 3 Sentencia del 01 de marzo de 2007. CP. Alberto Arango Mantilla.Exp. 4807-04Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Myriam Yolanda Várgas Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333003-2018-00200-02 nombramiento se prorrogó por medio de la Resolución No . 473-9 del 23 de diciembre de 2015.

41. El Concejo municipal de Piedecuesta profirió el Acuerdo 017 del 5 de diciembre de 2016, por el cual autorizó al alcalde para ejercer pro tempore las funciones del concejo, para determinar la estructura de la administración municipal.

42. Mediante Resolución No. 0226 de noviembre 1 de 2017, el alcalde Municipal delegó las funciones de «alcalde» al secretario general de la Administración Municipal el día 2 de noviembre de 2017, con excepción de las delegadas mediante acto administrativo a otros secretarios de despacho y aquellas que por disposición son indelegables y las necesarias para el cumplimiento de la Comisión de Servicios.

43. Mediante el Decreto 110 del 2 de noviembre de 2017, se modificó y definió la estructura administrativa y funcional del Municipio de Piedecuesta.

44. Mediante el Decreto 111 del 3 de noviembre de 2017, se estableció la planta de empleos de la administración central del municipio de Piedecuesta.

45. Mediante los Decretos 112 y 120 del 07 de noviembre de 2017 se crean unos empleos de carácter transitorio en la Alcaldía de Piedecuesta.

de empleos de la administración central del municipio de Piedecuesta.

45. Mediante los Decretos 112 y 120 del 07 de noviembre de 2017 se crean unos empleos de carácter transitorio en la Alcaldía de Piedecuesta.

46. Mediante la Resolución No. 237 del 7 de noviembre de 2017 , se incorporan unos servidores a la planta de empleos de la alcaldía municipal de Piedecuesta.

47. Mediante Resolución No. 227 del 7 de noviembre de 2017 se establece el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales para los empleados de la planta de empleos de la administración central del municipio de

Piedecuesta.

48. Mediante Resolución No. 228 del 7 de noviembre de 2017 se distribuye la planta de empleos.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Myriam Yolanda Várgas Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333003-2018-00200-02

49. A través del oficio 1499 del 8 de noviembre de 2017, se le comunicó a la demandante la supresión de su empleo y la permanencia en la planta de empleo transitoria.

K. Análisis crítico.

50. Como respuesta anticipada a los reparos formulados por la parte demandante, la Sala manifiesta que desestimará los cargos presentados por falta de motivación y desviación de poder.

51. La Sala disiente de lo considerado por el demandante frente a la falsa motivación, esgrimiendo que en el acto acusado no se hizo mención expresa al estudio realizado para la reestructuración de la planta de cargos del municipio,

51. La Sala disiente de lo considerado por el demandante frente a la falsa motivación, esgrimiendo que en el acto acusado no se hizo mención expresa al estudio realizado para la reestructuración de la planta de cargos del municipio, porque la fundamentación del acto administrativo, en este caso, no se restringe a la indicación taxativa del contenido del estudio técnico, sino que debe entenderse que éste hace parte fundante de la decisión.

52. En ese orden, se entiende que el estudio técnico es parte integral del acto administrativo por medio del cual se suprimió el empleo, porque así fue expresado en el acto y porque se basó en un análisis juicioso y detallado de la necesidad de modificar la planta de personal del Municipio.

53. En esa medida, el acto por medio del cual se suprime el empleo o se modifica su estructura se entiende debidamente motivado en la medida en que está precedido del respectivo estudio técnico, financiero y jurídico que así lo determina y de lo cual se evidencia que el móvil o fundamento que motivó ejercer dicha supresión fue la necesidad de profesionalizar los empleos y la planta de personal.

54. Con relación a la desviación de poder, se considera que en el proceso no se probó que la reestructuración tuviera fines ocultos o diferentes a los establecidos en los estudios técnicos.

55. No obstante, frente al cargo de nulidad de falta de competencia la Sala no comparte el planteamiento de primera instancia y considera que las resoluciones que materializaron la desvinculación de la demandante solamente podían ser expedidas por el alcalde del Municipio de Piedecuesta, teniendo en cuenta que esa función le fue otorgada expresamente por parte del Concejo Municipal, con

que materializaron la desvinculación de la demandante solamente podían ser expedidas por el alcalde del Municipio de Piedecuesta, teniendo en cuenta que esa función le fue otorgada expresamente por parte del Concejo Municipal, con efectos pro tempore.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda instancia Demandante: Myriam Yolanda Várgas Demandado: municipio de Piedecuesta Rad. 680013333003-2018-00200-02

56. La anterior afirmación se realiza con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 489 de 1998 y bajo el entendido que, la delegación de funciones es viable siempre que se realice por el titular de la función. Así lo ha

entendido la jurisprudencia constitucional4:

«(…) esta Corte, en acuerdo con la doctrina sobre la materia, ha señalado que son elementos constitutivos de la delegación los siguientes: (i) la transferencia de funciones de un órgano a otro; (ii) que la transferencia de funciones se realice por el órgano titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con una previa autorización legal; (iv) y que el órgano que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier momento reasumir la competencia».

57. Por lo tanto, por no ser la reestructuración de la planta de personal una facultad propia del ejercicio del cargo de alcalde municipal, sino que le fue trasladada por el Concejo, no era posible que, a su vez, se entendiera trasladada al secretario general, quien fue delegado de manera general para que ejerciera las competencias del alcalde.

58. En otras palabras, en lo atinente a la modificación de la planta de personal, el alcalde actúa en ejercicio de funciones que le cede el órgano político y

competencias del alcalde.

58. En otras palabras, en lo atinente