TA SAN - Sentencia 680013333003-2018-00328-02 (12-06-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, junio doce (12) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 680013333003-2018-00328-02

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga, el día 31 de marzo de 2023, que negó las súplicas de la demanda, previo los siguientes antecedentes.

De la Demanda

Pretensiones:

Los demandantes, señores ALIX MARIA VERGEL DE ORTEGA , LUIS ALIRIO

CAÑIZARES MONCADA , JOHAM RAFAEL RUIZ AVELLANEDA , MARIA

ALEJANDRA RUIZ CÁCERES , AGRIPINA ORTEGA VERGEL , ROBERTO

ORTEGA VERGEL , ALBERTO BARBOSA VERGEL , LEOPOLDO BARBOSA

VERGEL, YURANY VARGAS ORTEGA, PEDRO GIOVANNY VARGAS ORTEGA,

ALIX VARGAS ORTEGA , WILSON ANDRÉS PUENTES VARGAS , VALERIA

PUENTES VARGAS, YULIETH VARGAS ORTEGA, LUIS ALEJANDRO VARGAS

HERNÁNDEZ, DAVID ALEJANDRO VARGAS VARGAS, KELLY DAYANA RUIZ

GÉLVEZ, ERWIN SEBASTIAN VERGEL RODRIGUEZ , ERIKA PATRICIA

VERGEL RODRIGUEZ , DISNEY CAROL VERGEL RODRIGUEZ , MAYERLY

GÉLVEZ, ERWIN SEBASTIAN VERGEL RODRIGUEZ , ERIKA PATRICIA

VERGEL RODRIGUEZ , DISNEY CAROL VERGEL RODRIGUEZ , MAYERLY

CAROLINA VERGEL RODRIGUEZ , JUAN CARLOS BARBOSA RODRIGUEZ ,

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA

DEMANDANTE: ALIX MARIA VERGEL DE ORTEGA Y OTROS

mariofernandomantilla@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA

NACIONAL

notijudiciales@dibie.gov.co dibie.asjud@policia.gov.co

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN-UNP

notificacionesjudiciales@unp.gov.co

MINISTERIO PUBLICO: JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.coSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300320180032802

2 MARLON FABIAN BARBOSA RODRIGUEZ , SEBASTIAN CAICEDO RUIZ y JUDITH GÉLVEZ OTÁLORA , –todos en nombre propio - y MARIA DORIS AVELLANEDA SANABRIA –en nombre propio y en representación de AARA-, ALIX MARCELA RUIZ CÁCERES –en nombre propio y en representación de sus hijos JARR y MRR -, RAFAEL RUIZ GELVEZ –en nombre propio y en representación de su hijo RERG -, SANDRA LILIANA VARGAS ORTEGA –en

ALIX MARCELA RUIZ CÁCERES –en nombre propio y en representación de sus hijos JARR y MRR -, RAFAEL RUIZ GELVEZ –en nombre propio y en representación de su hijo RERG -, SANDRA LILIANA VARGAS ORTEGA –en nombre propio y en representación de JCVV - YURGELY KARIN AGUDELO RUIZ –en nombre propio y en representación de SFVA y MPVA -, solicitan se declare administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por los perjuicios causados por la muerte violenta de GERARDO RUIZ VERGEL, ocurrida el 26 de mayo de 2016, al no habérsele b rindado las medidas de protección necesarias pese a múltiples solicitudes y antecedentes de amenazas.

Como consecuencia de esta declaración, se solicita:

1. La condena al pago de perjuicios morales a favor de los familiares del fallecido (madre, padrastro, compañera permanente, hijos, nietos, hermanos y sobrinos), calculados en diferentes cuantías de salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), de acuerdo con el vínculo con la víctima.

2. La indemnización por perjuicios materiales, en dos rubros: o Daño emergente, correspondiente a gastos funerarios. o Lucro cesante futuro, estimado en función de los ingresos mensuales que percibía la víctima como parte del programa de testigos protegidos, proyectados hasta el final de su expectativa de vida.

3. La actualización de las condenas conforme al IPC, desde la fecha de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia, e inclusión de intereses moratorios.

4. La condena en costas procesales a las entidades demandadas.

3. La actualización de las condenas conforme al IPC, desde la fecha de los hechos hasta la ejecutoria de la sentencia, e inclusión de intereses moratorios.

4. La condena en costas procesales a las entidades demandadas.

Hechos.

GERARDO RUIZ VERGEL (q.e.p.d.), víctima directa del presente proceso, fue una persona con fuertes vínculos familiares, reconocido por su cercanía con su madre, padrastro, compañera permanente, hijos, nietos, hermanos y sobrinos. El 8 de marzo de 1999 fue secuestrado por miembros del grupo armado EPL en la finca El Porvenir, Vereda Palmichal, en el municipio de La Esperanza (Norte de Santander). Su madre pagó una suma considerable para lograr su liberación, situación certificada por la Fiscalía Tercera Especializada Delegada ante el Gaula de Cúcuta. Años después, el 5 de febrero de 2009, sufrió un atentado con arma de fuego por parte de desconocidos, lo cual fue corroborado por el Instituto de Medicina Legal. Posteriormente, el 18 de abril de 2012, presentó denuncia penal ante la Fiscalía enSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300320180032802

3 la que relató detalladamente el secuestro, identificando a los autores como guerrilleros del EPL y describiendo su retención, traslado y liberación.

Mediante resolución de 2014, fue incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV) como víctima de secuestro y tortura. En 2015, durante diligencia ante la Fiscalía en San Alberto (Cesar), relató los hechos anteriores y denunció que había sido blanco

como víctima de secuestro y tortura. En 2015, durante diligencia ante la Fiscalía en San Alberto (Cesar), relató los hechos anteriores y denunció que había sido blanco de múltiples atentados por parte de LUCIANO ROJAS SERRANO, integrante del grupo criminal “Los Urabeños”, quien se encontraba privado de la libertad en ese momento. También manifestó haber adquirido legalmente un arma de fuego para protegerse.

El 4 de agosto de 2015, mientras se desplazaba por zona rural en compañía de otras personas, fue víctima de un nuevo atentado. Relató cómo un hombre armado intentó asesinarlo mientras se movilizaba en un camión, logrando repeler la agresión con su arma. En el cruce de disparos, uno de los atacantes resultó herido. A raíz de este evento, se instauró una investigación penal por el delito de disparo de arma de fuego.

En febrero de 2016, pese a múltiples denuncias y amenazas recibidas, la Fiscalía General de la Nación resolvió no vincularlo al Programa de Protección a Víctimas y Testigos, argumentando que no se logró establecer un nexo causal claro entre su situación de riesgo y los procesos penales en los que participaba. No obstante, se solicitó a la Policía Nacional adoptar medidas de autoprotección, y esta institución levantó un acta al respecto.

El 26 de mayo de 2016, GERARDO RUIZ VERGEL fue asesinado, sin que se hubieran adoptado medidas eficaces para garantizar su vida e integridad. Para los demandantes, esta omisión en el deber de protección por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional constituyó la causa del daño antijurídico, pues era un riesgo

hubieran adoptado medidas eficaces para garantizar su vida e integridad. Para los demandantes, esta omisión en el deber de protección por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional constituyó la causa del daño antijurídico, pues era un riesgo conocido, advertido y evitable si las autoridades hubieran cumplido con sus deberes constitucionales y legales.

Contestación a la Demanda

La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional-, a través de su apoderado judicial, se opone a todas las pretensiones de la demanda por considerar que no existe nexo causal entre las actuaciones de la institución y la muerte de GERARDO RUIZ VERGEL. Argumenta que no hay prueba suficiente que acredite una omisión en el deber de protección y sostiene que la institución actuó con diligencia y cuidado en cumplimiento de las medidas solicitadas por la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300320180032802

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En cuanto a los hechos alegados por los demandantes, la Policía niega responsabilidad en el secuestro ocurrido en 1999 y en el atentado de 2009, señalando que estos fueron cometidos por terceros sin vinculación con la institución. Reitera que, una vez recibida la solicitud de protección en 2016, se realizaron las gestiones necesarias: se contactó a la víctima, se levantó acta de autoprotección, se le entregaron números de contacto de CAIs, y se ofrecieron recomendaciones específicas de seguridad.

Respecto al homicidio del 26 de mayo de 2016, la Policía resalta que el hecho ocurrió fuera de la jurisdicción donde residía la víctima y sin que esta hubiera

específicas de seguridad.

Respecto al homicidio del 26 de mayo de 2016, la Policía resalta que el hecho ocurrió fuera de la jurisdicción donde residía la víctima y sin que esta hubiera informado del desplazamiento, lo que imposibilitó tomar medidas adicionales. Además, informa que el presunto agresor fue capturado y se adelanta investigación penal en la Fiscalía Segunda Especializada de Bucaramanga.

Como razones de defensa, plantea:

1. Que cumplió cabalmente con las medidas de protección dentro del marco de sus competencias.

2. Que el hecho fue causado por un tercero, lo que constituye causal eximente de responsabilidad, pues la muerte no guarda relación directa ni era previsible o imputable a la institución.

3. Que no se acreditan debidamente los perjuicios morales ni materiales reclamados por los demandantes.

Finalmente, propone las excepciones de hecho de un tercero y excepción genérica (innominada), solicitando al despacho que desestime la demanda por ausencia de responsabilidad administrativa atribuible a la Policía Nacional.

La Nación - Fiscalía General de la Nación - niega toda responsabilidad por la muerte de GERARDO RUIZ VERGEL y se opone a la prosperidad de las pretensiones indemnizatorias solicitadas en la demanda. Aduce que las actuaciones desplegadas se ajustaron a la legalidad, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, y que no existe prueba de una falla del servicio atribuible a esa entidad.

Como argumentos principales de defensa plantea:

1. Falta de legitimación en la causa por pasiva: Señala que no le corresponde a la Fiscalía garantizar la protección directa de las personas, ya que esta

a esa entidad.

Como argumentos principales de defensa plantea:

1. Falta de legitimación en la causa por pasiva: Señala que no le corresponde a la Fiscalía garantizar la protección directa de las personas, ya que esta función recae sobre la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección.

En consecuencia, solicita que se declare que no es parte legítima pasiva en el proceso.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300320180032802

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2. Cumplimiento del deber legal: La Fiscalía actuó conforme al artículo 250 de la Constitución, limitándose a adelantar investigaciones penales. Sostiene que, incluso, fue la propia entidad la que solicitó en 2015 medidas de protección policiva a favor del señor Ruiz Vergel, cumpliendo así con sus obligaciones legales.

3. Inexistencia de funcionamiento defectuoso de la administración de justicia: Alega que su actuación no puede calificarse como omisiva o negligente. La Fiscalía tramitó los procedimientos pertinentes y solicitó protección ante las autoridades competentes. Por lo tanto, no se le puede imputar la responsabilidad por el daño alegado.

4. Ausencia de nexo causal: Argumenta que no se ha probado que exista una relación de causalidad directa entre su actuación y la muerte de la víctima.

El homicidio fue cometido por un tercero en circunstancias ajenas a su control, sin que se haya demostrado que dicha situación se derivara de sus decisiones u omisiones.

5. Causal eximente: hecho de un tercero: Invoca la intervención de terceros — Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección— como causa exclusiva del daño, lo cual rompe el nexo causal requerido para imputarle responsabilidad.

5. Causal eximente: hecho de un tercero: Invoca la intervención de terceros — Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección— como causa exclusiva del daño, lo cual rompe el nexo causal requerido para imputarle responsabilidad.

6. Inexistencia del hecho dañoso atribuible a la Fiscalía: La entidad afirma que el homicidio no ocurrió como consecuencia de sus funciones ni en el marco de su gestión, y que no hay prueba de que haya contribuido al daño.

7. Sobre los perjuicios reclamados: Sostiene que no fueron acreditados, que están sobrevalorados y que no procede su reconocimiento sin prueba directa o indirecta que los respalde. En particular, objeta las pretensiones de familiares indirectos (sobrinas, padrastro, etc.) por falta de sustento probatorio.

La UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP se opone a todas las pretensiones de la demanda, negando su responsabilidad en la muerte de GERARDO RUIZ VERGEL. Afirma que no incurrió en omisión alguna, ya que el señor Ruiz Vergel no era beneficiario del Programa de Protección de la UNP ni realizó el procedimiento exigido para ser incluido.

Como argumentos principales de defensa expone:

1. Falta de legitimación en la causa por pasiva: La UNP sostiene que no estaba legalmente obligada a brindar protección al señor Ruiz Vergel porque no había sido vinculado formalmente al programa. Además, las competencias sobre su protección eran de la Fiscalía General de la Nación ySentencia de Segunda Instancia

Expediente No. 68001333300320180032802

6 la Policía Nacional, quienes conocieron y actuaron frente a su situación de riesgo.

competencias sobre su protección eran de la Fiscalía General de la Nación ySentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300320180032802

6 la Policía Nacional, quienes conocieron y actuaron frente a su situación de riesgo.

2. Inexistencia de nexo causal: La entidad alega que no existe vínculo jurídico entre su actuación y el daño sufrido, pues no tenía a su cargo el deber de proteger al señor Ruiz Vergel, lo que impide atribuirle responsabilidad. Invoca la teoría de la causalidad adecuada, señalando que el hecho dañino no fue consecuencia directa de su conducta.

3. Hecho de un tercero: Argumenta que el homicidio fue perpetrado por un tercero ajeno al proceso, lo que rompe cualquier nexo de causalidad entre el daño y las entidades demandadas.

Excepciones propuestas: • Falta de legitimación material en la causa por pasiva. • Imposibilidad de imputar el hecho dañoso por inexistencia de nexo causal. • Hecho exclusivo de un tercero.

Sentencia de Primera Instancia

Como se enunció, fue proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga, el día 31 de marzo de 2023 , a través de la cual denegó las pretensiones de la demanda por considerar que no se acreditó la responsabilidad administrativa de las entidades demandadas en la muerte de la víctima, ocurrida el 26 de mayo de 2016.

El Juzgado de primera instancia concluyó que no se probó una conducta omisiva o negligente por parte de las entidades demandadas que permitiera configurar una falla del servicio. En particular indicó: o La Fiscalía General no incurrió en irregularidad al negar la inclusión

El Juzgado de primera instancia concluyó que no se probó una conducta omisiva o negligente por parte de las entidades demandadas que permitiera configurar una falla del servicio. En particular indicó: o La Fiscalía General no incurrió en irregularidad al negar la inclusión de la víctima en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, pues se actuó dentro del marco normativo aplicable, y se dieron instrucciones a la Policía Nacional para adoptar medidas de autoprotección. o La Policía Nacional cumplió con lo ordenado, haciendo entrega de recomendaciones y canales de contacto para la atención del riesgo. No se acreditó que hubiese desatendido sus deberes. o La UNP no era responsable de prestar protección, ya que GERARDO RUIZ VERGEL no había solicitado formalmente su inclusión en el programa, y no era beneficiario del mismo.

El Juzgado consideró además que no se demostró un vínculo de causalidad entre las actuaciones de las entidades demandadas y el homicidio. No quedó probadoSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300320180032802

7 que el fallecimiento haya ocurrido como consecuencia de una omisión específica atribuible a alguna de ellas.

La decisión destacó que el daño fue producido directamente por un tercero no identificado, lo que rompe el nexo causal y excluye la responsabilidad de las entidades estatales.

Como pruebas valoradas se destacaron las siguientes:

• Denuncias presentadas por la víctima ante la Fiscalía, en las que informó sobre amenazas, atentados y antecedentes delictivos. • Actas de riesgo y comunicaciones internas entre la Fiscalía y la Policía Nacional en relación con la situación del señor Ruiz Vergel.

sobre amenazas, atentados y antecedentes delictivos. • Actas de riesgo y comunicaciones internas entre la Fiscalía y la Policía Nacional en relación con la situación del señor Ruiz Vergel. • Negación formal de la inclusión en el programa de protección, con base en los criterios de evaluación establecidos por la normativa vigente. • Informe de la UNP, que certificó que no existía solicitud ni inclusión del señor Ruiz Vergel en su programa de protección. • Informe de la Policía Nacional sobre medidas de autoprotección adoptadas.

El Juzgado Tercero Administrativo concluyó que las entidades actuaron conforme a la normativa aplicable, sin que se pudiera establecer un comportamiento omisivo o negligente imputable que originara el daño. En consecuencia, negó todas las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas.

Recurso de Apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga que negó las pretensiones de la demanda por la muerte de GERARDO RUIZ VERGEL. En su escrito, solicita que se revoque íntegramente el fallo de primera instancia y, en su lugar, se acceda a todas las pretensiones planteadas en la demanda.

Argumentos principales de la apelación:

1. Errónea valoración probatoria: El apelante sostiene que el juez de primera instancia no valoró correctamente las pruebas allegadas al proceso, en especial aquellas que demuestran el riesgo cierto y concreto al que estaba expuesto GERARDO RUIZ VERGEL, y las múltiples solicitudes de protección formuladas ante distintas entidades.

instancia no valoró correctamente las pruebas allegadas al proceso, en especial aquellas que demuestran el riesgo cierto y concreto al que estaba expuesto GERARDO RUIZ VERGEL, y las múltiples solicitudes de protección formuladas ante distintas entidades.

2. Desconocimiento del deber de protección estatal: Se alega que el Estado tenía pleno conocimiento del peligro que enfrentaba la víctima, y que, pese aSentencia de Segunda Instancia

Expediente No. 68001333300320180032802

8 ello, no se tomaron medidas efectivas para salvaguardar su vida, incurriendo en una omisión constitutiva de falla del servicio. Se argumenta que hubo una actuación deficiente, fragmentada y burocrática entre Fiscalía, Policía y UNP.

3. Nexo causal entre la omisión y el daño: El recurso insiste en que sí existía un nexo causal entre la omisión de brindar protección y el homicidio ocurrido, en tanto el daño era previsible y evitable si las autoridades hubieran actuado con diligencia y coordinación.

4. Violación del derecho fundamental a la vida: Se refuerza que el fallecimiento de GERARDO RUIZ VERGEL constituye una vulneración grave del derecho a la vida, en un contexto de amenazas persistentes, con conocimiento previo del Estado.

El recurrente solicita que se revoque la sentencia apelada, declare la responsabilidad administrativa de la Nación – Fiscalía General, Policía Nacional y UNP, y acceda al pago de indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a los familiares del fallecido.

Trámite de Segunda Instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se dispuso

UNP, y acceda al pago de indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a los familiares del fallecido.

Trámite de Segunda Instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se dispuso su admisión. En curso de esta etapa solo se contó con la intervención de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, entidad que se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora exponiendo que, frente a los hechos, no se configura una falla del servicio. Argumenta que se realizaron actuaciones concretas para evaluar y gestionar el riesgo del señor Ruiz Vergel, entre ellas visitas domiciliarias en las que no fue posible el contacto con la víctima, y la implementación de medidas preventivas por parte del Comando de Policía. También se señala que la Unidad Nacional de Protección ordenó medidas transitorias de seguridad, y que existe constancia firmada por el señor Ruiz Vergel de la recepción de recomendaciones de seguridad.

El Ministerio Público no emitió concepto de fondo.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte actora.

Problema JurídicoSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300320180032802

9 ¿Se encuentra demostrado que las entidades demandadas —Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección— incurrieron en una omisión consistente en no adoptar medidas eficaces de protección frente a una situación de riesgo previamente conocida y advertida, y, en tal caso, les asiste

la Nación, Policía Nacional y Unidad Nacional de Protección— incurrieron en una omisión consistente en no adoptar medidas eficaces de protección frente a una situación de riesgo previamente conocida y advertida, y, en tal caso, les asiste responsabilidad administrativa por el homicidio del señor Gerardo Ruiz Vergel ocurrido el 26 de mayo de 2016?

Tesis: No.

Estudio de fondo

Del Régimen de Responsabilidad:

El artículo 90 Superior, establece una cláusula general de responsabilidad del Estado1 cuando determina que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, de lo cual se desprende que para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos dos presupuestos:

(i) la existencia de un daño antijurídico y, (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad -la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional-.

Frente al daño antijurídico, ha manifestado el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo que para efectos de que el daño sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, de ahí que se torna imprescindible la acreditación de los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama2:

“i) [el daño] debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material

reclama2:

“i) [el daño] debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura–, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar el interés que se debate en el proceso, bien a través de un derecho que le es propio o uno que le deviene por la vía hereditaria.”

1 Sentencia del 23 de enero de 2003 Consejero Ponente, Alier Eduardo Hernández Enríquez 2 Sentencia del 25 de abril de 2012 Consejero Ponente, Enrique Gil Botero. “/…/ sólo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga. /…/”.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300320180032802

10 Del Régimen de Responsabilidad. En sentencia de 19 de abril 20123, la Sala Plena de la Sección Tercera, unificó su posición en lo que se refiere al derecho de daños, al afirmar que el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún

En sentencia de 19 de abril 20123, la Sala Plena de la Sección Tercera, unificó su posición en lo que se refiere al derecho de daños, al afirmar que el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar.

En consecuencia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha utilizado diversos títulos de imputación para la solución de los casos sometidos a su consideración, sin que tal circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación.

Ello significa que, en aplicación del principio iura novit curia, la Sala puede analizar el caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado que corresponda a los hechos probados en el proceso, sin que ello implique modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso, o que se establezca un curso causal hipotético de manera arbitraria4.

• De la falta de protección a persona protegida:

El texto analiza la responsabilidad del Estado colombiano frente a daños ocasionados por actos violentos de terceros, enfatizando que, aunque dichos actos no impliquen participación directa de agentes estatales, ello no excluye automáticamente la posibilidad de imputación jurídica. Por el contrario, la responsabilidad del Estado puede configurarse cuando, teniendo el deber y la

no impliquen participación directa de agentes estatales, ello no excluye automáticamente la posibilidad de imputación jurídica. Por el contrario, la responsabilidad del Estado puede configurarse cuando, teniendo el deber y la capacidad de actuar, omite adoptar medidas de protección, o cuando, mediante una actuación lícita, genera un riesgo anormal o excesivo para los ciudadanos.

Desde esta perspectiva, la imputación no se basa exclusivamente en la relación causal entre el Estado y el daño, sino en el incumplimiento de obligaciones jurídicas específicas. Se trata de contrastar las normas que, en abstracto, definen deberes de protección con el comportamiento real de la entidad estatal en el caso concreto. Así, el Estado puede ser responsable no porque haya causado el daño, sino porque, pudiendo y debiendo evitarlo, no lo hizo. Esta responsabilidad se sustenta en la garantía de estándares normativos internos e internacionales cuyo desconocimiento

3 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, expediente 21.515. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de mayo de 2015, expediente 17.037.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 68001333300320180032802

11 da lugar a la obligación de reparar, ya sea por falla del servicio o, en algunos casos, por creación de un riesgo excepcional.

En los eventos en que el daño es causado por terceros, la jurisprudencia ha delimitado los supuestos que permiten imputar responsabilidad al Estado a título de falla del servicio5. Entre ellos se encuentran la existencia de complicidad, directa o

En los eventos en que el daño es causado por terceros, la jurisprudencia ha delimitado los supuestos que permiten imputar responsabilidad al Estado a título de falla del servicio5. Entre ellos se encuentran la existencia de complicidad, directa o indirecta, por parte de agentes estatales; la omisión en la adopción de medidas de protección previamente solicitadas por las víctimas, aun cuando la autoridad tenía competencia y capacidad para actuar; la inacción frente a ataques previsibles, aunque no mediara solicitud de protección; y la omisión de medidas frente a riesgos creados por el propio Estado.

También se reconoce que, incluso si la víctima no solicitó expresamente medidas, el deber de protección subsiste cuando la persona pertenece a grupos especialmente expuestos, como defensores de derechos humanos, líderes sociales, autoridades locales o actores políticos, sobre quienes recae una carga especial de protección en razón de la naturaleza de sus funciones o del contexto en el que operan. En estos casos, el Estado debe actuar para mitigar el riesgo, aunque no haya sido formalmente requerido.

En general, el Estado responde por actos violentos de terceros cuando participó directa o indirectamente en el hecho, o cuando, sin haber intervenido, el daño le era previsible y resistible, y no adoptó medidas razonables y eficaces para evitarlo. En este último aspecto, cobra especial relevancia el contexto como criterio para valorar si las autoridades pudieron anticipar el riesgo. El análisis contextual no debe limitarse a una visión abstracta del conflicto armado que afecta a Colombia, sino que debe centrarse en las condiciones concretas del territorio donde ocurrieron los hechos, identificando si existía una amenaza real y elevada que demandara una actuación específica del Estado.

que debe centrarse en las condiciones concretas del territorio donde ocurrieron los hechos, identificando si existía una amenaza real y elevada que demandara una actuación específica del Estado.

El contexto, entonces, permite valorar el nivel