TA SAN - Sentencia 680013333003-2018-00406-02 (06-03-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado 680013333003-2018-00406-02 Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante Esperanza Pinilla Pedraza fborja@hotmail.com Demandado Nación – Fiscalía General de la Nación jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co claudia.cely@fiscalia.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema Bonificación judicial Decreto 382 de 2013 / Confirma sentencia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia proferida el veintinueve (29) de junio del dos mil veinti trés (2023) por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. LA DEMANDA1

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., instaur ó demanda ante esta jurisdicción por conducto de apoderado debidamente constituido la señora Esperanza Pinilla Pedraza en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones.

1.1 Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio No. 31200-0688 de fecha 11 de diciembre de 2017 y la Resolución No. 2-1076 del 16 de abril de 2018 mediante los cuales, la entidad

1.1 Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio No. 31200-0688 de fecha 11 de diciembre de 2017 y la Resolución No. 2-1076 del 16 de abril de 2018 mediante los cuales, la entidad demandada negó la solicitud de inclusión como factor salarial para todos los efectos legales de la bonificación judicial creada en el Decreto 382 de 2013 y, la consecuente reliquidación de los emolumentos y prestaciones sociales.

1.2 A título de restablecimiento del Derecho, solicita se condene a la entidad demandada a reliquidar las prestaciones sociales percibidas por la demandante, con base en el salario devengado en su calidad de servidores públicos y beneficiario s del Decreto 382 de 2013 y sus

1 Samai primera instancia, índice 00035, archivo 001, pág. 68-80 y 105-117Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333003-2018-00406-02

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modificaciones; a partir del 01 de enero de 201 3 y hasta cuando que se causen.

1.3. Ordenar que, el cumplimiento de la condena que se imponga en esta sentencia, se de en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.

2. Hechos.

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante aduce los siguientes hechos relevantes:

2.1. La demandante ha estado vinculada a la Fiscalía General de la Nación, en diferentes periodos y a la fecha de presentación de la demanda se encontraba activa.

siguientes hechos relevantes:

2.1. La demandante ha estado vinculada a la Fiscalía General de la Nación, en diferentes periodos y a la fecha de presentación de la demanda se encontraba activa.

2.2. Mediante petición radicada el día 06 de diciembre de 2017 a través de apoderado, solicit ó a la entidad demandada la reliquidación de todas las prestaciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, ante lo cual, recibi ó respuesta negativa mediante los actos administrativos acusados.

3. Normas violadas y concepto de violación.

Se invocan como disposiciones violadas las siguientes: De orden Constitucional: artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53 y 209. De orden Legal: Ley 4 de 1992 artículos 2 y 14; Ley 270 de 1996 artículo 152.7; Ley 482 de 1998; Código Sustantivo del Trabajo artículos 4 y 127; Ley 270 de 1996 artículo 152 numeral 7°.

Expresa que en el caso concreto resulta procedente inaplicar por ser vulneratorios del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, los Decretos 382 de 2013 y los que se han expedido relacionados con la igualdad de oportunidades y remuneración para los trabajadores de la estructura de la Rama Judicial.

Considera que, frente a la bonificación judicial, el no reajustar y liquidar con incidencia en la asignación básica y ser parte del salario, vulnera los derechos laborales consagrados en el artículo 127 del C.S.T. y 42 del Decreto 1042 de

1978. Igualmen te, se atenta contra el bloque de constitucionalidad de

incidencia en la asignación básica y ser parte del salario, vulnera los derechos laborales consagrados en el artículo 127 del C.S.T. y 42 del Decreto 1042 de

1978. Igualmen te, se atenta contra el bloque de constitucionalidad de obligatorio cumplimiento, lo que permite inaplicar las restricciones legales impuestas al respecto.

II. LA SENTENCIA APELADA2

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga , mediante sentencia de fecha 29 de junio de 2023, resolvió:

2 Samai primera instancia, índice 00042Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333003-2018-00406-02

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“PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL, frente a las sumas adeudadas, causadas con anterioridad al 6 de diciembre de 2014.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 382 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021 y 471 de 2022 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del Oficio 31200 -0688 del 11 de

992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021 y 471 de 2022 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del Oficio 31200 -0688 del 11 de diciembre de 2017 proferido por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación.

CUARTO: Declarar la nulidad de la Resolución 20465 del 14 de febrero de 2018 proferido por la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental de la

Fiscalía General de la Nación.

QUINTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reliquidar y pagar a favor de ESPERANZA PINILLA PEDRAZA y RAMÓN JOSÉ MERIÑO JIMENEZ , todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 6 de diciembre de 2014 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

SEXTO: Negar las excepciones propuestas relacionadas con la constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, aplicación del

desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

SEXTO: Negar las excepciones propuestas relacionadas con la constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, aplicación del mandato oficial, legalidad, cumplimiento de un deber legal, cobro de lo no debido, buena fe y la genérica.

SÉPTIMO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO.

OCTAVO: Désele cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por el artículo 192 y 195 del CPACA.

(…)”.

Como fundamento de la decisión y, tras desarrollar el marco jurídico y jurisprudencial del concepto de salario, determinó que la bonificación judicial prevista en el Decreto 382 de 2013 restringe dicho concepto al aplicarlo para las cotizaciones que se hac en al Sistema General de Pensiones y Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero no, para el pago y liquidación de las demás prestaciones; por lo que la misma incurre en un vicio de ilegalidad y contraría los postulados constitucionales sobre derech os laborales, lo queTribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333003-2018-00406-02

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conduce a inaplicar la expresión allí contenida y reproducida en los decreto s que ajustaron año a año los valores a reconocer por bonificación judicial, “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” por resultar restrictiva y desfavorable.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN3

La apoderada judicial de la parte demandada formula recurso de apelación en

pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” por resultar restrictiva y desfavorable.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN3

La apoderada judicial de la parte demandada formula recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, solicitando se revoque en su integridad y en su lugar se denieguen las pretensiones del demandante.

Sostiene que con la expedición de la sentencia de primera instancia se vulneró el debido proceso al desconocer la obligación de argumentar la vulneración del Decreto 382 de 2013 respecto a las disposiciones constitucionales para aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Por su parte, la Fiscalía actuó en cumplimiento de un deb er legar, al aplicar estrictamente lo regulado por el Decreto en mención y demás normas concordantes.

Refiere que la Corte Constitucional a través de la sentencia C -279 de 1996 determinó la exequibilidad de los artículos 14 y 15 de la Ley 4° de 1992 - Ley marco que autorizó al ejecutivo a disponer sobre el tema del salario del trabajador judicial - haciendo grandes precisiones en torno a la legalidad de la consagración de primas técnicas o de servicios sin carácter salarial, lo que lleva a concluir que, contrario a lo expuesto por el Juez de primera instancia, la creación de la bonificación judicial es compatible con la Constitución Política.

Afirma entonces, que las disposiciones contenidas en el Decreto 0382 de 2013 y demás que reglamentan la materia, son producto de la facultad legal otorgada al Gobierno Nacional para la fijación del Régimen S alarial y Prestacional entre otros, de la Fiscalía General de la Nación, así como de las

y demás que reglamentan la materia, son producto de la facultad legal otorgada al Gobierno Nacional para la fijación del Régimen S alarial y Prestacional entre otros, de la Fiscalía General de la Nación, así como de las negociaciones con las asociaciones sindicales de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por lo que responde a un proceso de negociación laboral que desarrolla los convenios de la OIT, en el que se acordó su naturaleza de factor salarial únicamente para la base de la cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad en salud; razón por la cual dicha disposición goza de plena validez y eficacia jurídica y se encuentra amparada por el principio de legalidad, por lo que no es viable darle otro alcance o interpretación.

Señala que resulta improcedente aplicar la sanción moratoria por fata de consignación y/o pago de del auxilio de cesantía , pues ésta solo se presenta cuando hay falta de pago total de dicha prestación y no, cuando al realizarse una reliquidación de este rubro se denoten diferencias entre los pagado y lo que se reajuste con posterioridad.

3 Samai primera instancia, índice 00044Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333003-2018-00406-02

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IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El proceso es repartido al Despacho el 18 de octubre de 2023 formulándose impedimento para conocer del asunto; no obstante, fue declarado infundado en providencia del 12 de septiembre de 2024. Posteriormente, con auto del 28

El proceso es repartido al Despacho el 18 de octubre de 2023 formulándose impedimento para conocer del asunto; no obstante, fue declarado infundado en providencia del 12 de septiembre de 2024. Posteriormente, con auto del 28 de enero de 2025 se admitió el recurso de apelación. En la misma providencia se advirtió a los sujetos procesales que hasta su ejecutoria podrían pronunciarse en relación con el recurso de apelación admitido.

En esta etapa las partes demandante y demandada guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto de fondo.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

1. Aspecto procesal previo

Encontrándose el presente proceso para efectuar pronunciamiento de fondo, la H. Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez, integrante de la Sala de decisión, formula impedimento para conocer el fondo del asunto por la causal prevista en el numeral 1° del artículo 141 del C.G.P., aplicable por remisión expresa del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, por existir un interés indirecto en las resultas del proceso, en atención a que radicó demandada de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el número 680013333-004-2018-00412-00, en la que pretende el reconocimiento de la bonificación judicial y la p rima especial como factor salarial.

Así, atendiendo a las manifestaciones efectuadas por la H. Magistrada, considera la Sala que para el caso bajo estudio se configura la causal de impedimento aludida atendiendo a que, tiene una expectativa similar a la de la parte demandante pues su proceso se encuentra en trámite y la reclamación

considera la Sala que para el caso bajo estudio se configura la causal de impedimento aludida atendiendo a que, tiene una expectativa similar a la de la parte demandante pues su proceso se encuentra en trámite y la reclamación del derecho no ha sido definida por el juez de conocimiento; razón por la cual la Sala estima procedentes los motivos invocados por la doctora Claudia Ximena Ardila Pérez y en ese sentido, se aceptará el impedimento manifestado, al configurarse la causal prevista en el numeral primero del artículo 141 del CGP; resolviéndose, tal y como quedará consignado en la parte resolutiva, apartar a la H. Magistrada Ardila Pérez del conocim iento del presente medio de control, en aras de preservar la imparcialidad en la función judicial.

2. Competencia.

Corresponde a esta Corporación resolver los recursos interpuestos, dada la naturaleza de la providencia apelada, de conformidad con lo estable cido en los Arts. 243 y 247 de la Ley 1437 de 2011.

3. Consideraciones previasTribunal Administrativo de Santander

Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333003-2018-00406-02

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De la lectura integral de la demanda y el trámite dado a la misma se advierte que si bien en un principio la parte pasiva estaba integrada por los señores Esperanza Pinilla Pedraza y Ramón José Mariño Jiménez; también lo es que con providencia del 29 de enero de 20194 el Juez de Primera instancia decidió inadmitirla y ordenar su desacumulación para que se presentaran por separado, aclarando que se tramitaría la presentada a n ombre de la primera

con providencia del 29 de enero de 20194 el Juez de Primera instancia decidió inadmitirla y ordenar su desacumulación para que se presentaran por separado, aclarando que se tramitaría la presentada a n ombre de la primera demandante, esto es, de la señora Esperanza Pinilla Pedraza.

Una vez subsanada, fue admitida5 bajo el radicado de la referencia únicamente respecto de las pretensiones de la señora Esperanza Pinilla Pedraza.

En consecuencia, se advierte una incongruencia en la sentencia de primera instancia al referirse al señor Ramón José Mariño Jiménez y disponer órdenes a su favor, lo que se traduce en un pronunciamiento lesivo al ordenamiento jurídico por resultar abiertamente extra petita; aunado a que de la consulta del sistema de gestión judicial Samai, se advierte que ya se emitieron sentencias de primera y segunda instancia respecto de sus pretensiones 6, por lo que la sentencia que se revisa transgrede a su vez, el principio de cosa juzgada.

Así las cosas, de encontrarse fundamentos para confirmar la sentencia de primera instancia, se procederá a modificar lo pertinente, esto es, las órdenes dadas a favor del señor Ramón José Mariño Jiménez quien no es parte de este trámite.

4. Problema Jurídico.

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer si resulta procedente inaplicar por inconstitucionalidad la palabra “ únicamente” contenida en el artículo 1° del Decreto 382 de 2013 y en aquellos que ajustaron año a año los valores a reconocer por la bonificación judicial creada para los

procedente inaplicar por inconstitucionalidad la palabra “ únicamente” contenida en el artículo 1° del Decreto 382 de 2013 y en aquellos que ajustaron año a año los valores a reconocer por la bonificación judicial creada para los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación.

En caso afirmativo, se debe determinar, si la bonificación judicial creada mediante el Decreto 38 2 de 2013, constituye factor salarial para reliquidar todas las prestaciones sociales de la parte demandante desde que se acredite el vínculo con la entidad, hasta cuando se causen y, por tanto, hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

5. Control de constitucionalidad del Decreto 382 de 2013. De la naturaleza jurídica de la bonificación judicial.

La Constitución de 1991 dejó en manos del legislador la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos, correspondiéndole al Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria

4 Samai primera instancia, índice 00035, archivo 001, pág. 62-64 5 Samai primera instancia, índice 00035, archivo 001, pág. 143 6 https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680013333008201900035016800133Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333003-2018-00406-02

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prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Fundamental, desarrollar los parámetros fijados en Leyes Marco, como es el caso de la Ley 4ª de 19927,

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prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Fundamental, desarrollar los parámetros fijados en Leyes Marco, como es el caso de la Ley 4ª de 19927, que señala los lineamientos generales que debe seguir el Ejecutivo Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

Ahora bien, conviene destacar, que la Ley 4ª de 1992, en tre los objetivos centrales para el sector judicial, se dirige a lograr una nivelación adecuada y más comprensiva de los salarios, es así que en sus artículos 14 y 15, como lo ha considerado el Consejo de Estado 8, da “cuenta de la falta de proporcionalidad salarial en la pirámide salarial ya que los sueldos de los magistrados de las Cortes de cierre estaban muy distantes del segundo nivel salarial conformado por los magistrados de Tribunal y magistrados auxiliares de Altas Cortes) y, con may or razón, con un extendido tercer nivel salarial conformado por el resto de jueces unipersonales que atienden el grueso de la demanda judicial del país. Por ello, y con el fin de extender el beneficio salarial a todos los funcionarios y empleados de la Ram a Judicial, se incluyó un parágrafo en el artículo 14 de la referida Ley 4ª, del siguiente tenor literal: “PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

En todo caso, debe señalar la Sala, que en la expedición de normas de carácter salarial, se debe ser consecuente con el principio de progresividad,

de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

En todo caso, debe señalar la Sala, que en la expedición de normas de carácter salarial, se debe ser consecuente con el principio de progresividad, constitucionalmente plasmado en el artículo 53 de la Carta Política9, y la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, atendiendo la mínima y básica realidad salarial, so pena de violar los criterios y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 , en tanto que, como se indi có, lo pretendido tanto por el Constituyente como por el Legislador fue “nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial”.

De esta manera, el Gobierno Nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial dispuesto en la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 382 de 6 de marzo de 2013, el cual creó una bonificación judicial para los

7 “ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno

para los siguientes efectos: (…) e) Fijar el régimen s alarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública...”

8 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA. Bogotá, D. C,

seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022). Refere ncia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicación: 76001233300020180041401 (0470-2020) 9 El artículo 53 Constitucional, eleva a rango superior una gama de principios (que componen el marco axiológico, ideológico y filosófico de las normas laborales y que permiten por tanto una correcta interpretación de las normas sustantivas), entre los que se cuentan el de una remuneración vital y móvil; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpreta ción de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; así mismo, en los incisos cuarto (4º) y quinto (5º) del artículo 53 se precisa que los convenios internacionales d el trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna; y que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333003-2018-00406-02

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servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional dispuesto en el Decreto 053 de 1993, bien porque se hubieran vinculado a partir de su entrada en vigor o, porque se hubieran acogido a él; en todo caso, en garantía del principio de la igualdad,

el régimen salarial y prestacional dispuesto en el Decreto 053 de 1993, bien porque se hubieran vinculado a partir de su entrada en vigor o, porque se hubieran acogido a él; en todo caso, en garantía del principio de la igualdad, bajo el principio de “a trabajo igual, salario igual”, el artículo 2 del Decreto 382 de 2013 determinó, que aquellos funcionarios y empleados que “no optaron por el régimen establecido en el Decreto número 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto número 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el Decreto número 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio”.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 382 de 2013 , la bonificación judicial se reconoce de forma mensual y, constituye “únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ”, luego no es constitutiva de factor salarial para efectos de liquidar las prestaciones legales y sociales que perciben los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

En consecuencia, al limitarse el carácter salarial de la bonificación judicial sólo al ingreso base de cotización en pensiones y salud, el Gobierno Nacional se apartó del marco de la Ley 4 de 1992 al que estaba obligado, en tanto no se

En consecuencia, al limitarse el carácter salarial de la bonificación judicial sólo al ingreso base de cotización en pensiones y salud, el Gobierno Nacional se apartó del marco de la Ley 4 de 1992 al que estaba obligado, en tanto no se dirigió a lograr la nivelación salarial, que sólo puede ser comprendida como un mejoramiento de las condiciones salariales, lo que para la Sala debe conllevar un aumento de la remuneración o retribución económica por la prestación de servicios; frente a lo cual, debe recordarse, que el artículo 127 de Código Sustantivo de Trabajo con la modificación realizada por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990 , determina que “Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”.

De ahí que, comprender la bonificación judicial sin carácter salarial, equivale a despojar a los serviciares públicos destinatarios de la misma , de una buena parte de los beneficios salariales y prestacionales que el incremento de la remuneración representa, en la medida que al ser un factor salarial debe tenerse en cuenta para liquidar todos sus derechos económicos, como primas, vacaciones, cesantías, etc.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333003-2018-00406-02

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vacaciones, cesantías, etc.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de Segunda Instancia Exp. 680013333003-2018-00406-02

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En este sentido, el Consejo de Estado 10 indicó, que “al señalar el legislador que esa revisión se realizaría a través de la nivelación o reclasificación de los empleos de la Rama, debió el Gobierno Nacional sujetarse a ese cuadro fijado por el legislador: nivelación o reclasificación, lo que conlleva a incremento salarial y no sólo crear una Bonificación ajena, según el Decreto qu e la creó, al salario, por cuanto el mismo indica que dicha Bonificación “sólo constituye factor salarial para efectos de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud””.

Bajo estas premisas, es claro que el Decreto 38 2 de 2013 al incluir en su artículo 1 que la bonificación judicial “…constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud …”, no siguió los condicionamientos dispuestos en la Ley Marco 4 ª de 1992; de ahí que , con fundamento en la excepción de constitucionalidad (artículo 4 superior), dicho aparte debe ser inaplicado al caso concreto por ser contrario al ordenamiento jurídico y, si bien debe admitirse que los re glamentos que desarrollan leyes marco gozan de una mayor amplitud regulatoria en consideración a que la ley marco por su propia estructura normativa no puede contener más que parámetros, criterios y principios generales ; debe recordarse que esa mayor amplitud, en todo caso, no está exenta de la necesaria coincidencia

marco por su propia estructura normativa no puede contener más que parámetros, criterios y principios generales ; debe recordarse que esa mayor amplitud, en todo caso, no está exenta de la necesaria coincidencia axiológica que el reglamento debe guardar con la Ley que define los ámbitos generales que justifican precisamente la expedición del decret o que, para el caso que se analiza en esta sentencia, n o es otra la finalidad que lograr una nivelación salarial lo que implica un incremento salarial con sentido de equidad; luego, al ser la bonificación pagadera mensualmente, esto es, de un pago habitual y obligatorio, deviene claro que su finalidad es remuneratoria del servicio o, lo que es lo mismo, en retribución al trabajo, no ha debido sustraerse como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales , pues ello no responde al dispositivo contenido en el Parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 cuya objetivo, como se ha insistido, es la de nivelar la remuneración de los servidores públicos de la Rama Judicial.

Además de lo expuesto, debe indicar la Sala que, si bien el Decreto 382 de 2013 fue producto de una negociación realizada entre la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación con el Gobierno Nacional; no por ese hecho se le debe restringir el carácter de salario; pues no es posible justificar que, a través de un acuerdo entre las partes, se determine un salario apenas formal y n ominalmente (como lo sería para efectos de establecer el ingreso de cotización a la seguridad social integral) , pero se le niegue esa condición de manera real y material, al impedir que sirva de base o parámetro para la liquidación de las demás acreencias laborales que tienen como referente ese

cotización a la seguridad social integral) , pero se le niegue esa condición de manera real y material, al impedir que sirva de base o parámetro para la liquidación de las demás acreencias laborales que tienen como referente ese concepto; pues al margen que ello comportaría una trasgresión al principio de la lógica de la no contradicción, debe insistirse que si una determinada suma

10 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA.

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