TA SAN - Sentencia 680013333003-2019-00001-01 (09-10-2025)

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Bucaramanga, nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Sentencia de segunda instancia Radicado: 680013333003-2019-00001-01 Enlace del expediente: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_pro cesos.aspx?guid=6800133330032019000010168001 23

Medio de control: Reparación Directa Parte demandante: Martha Yolanda Bueno González (compañera supérstite de la víctima directa)

Paula Camila Pinzón Bueno (hija) bolivarbaronabogados@gmail.com abogadosasociadosb2@hotmail.com

Parte demandada: E.S.E. San Antonio de Rionegro

notificacionesjudiciales@esesanantonio.com E.S.E. Hospital Universitario de Santander juridica@hus.gov.co defensajudicialgmconsultores@gmail.com agonzales@gonzalezmebarakconsultoresjuridicos.co m Llamados en garantía La Previsora S.A. Compañía de Seguros, llamada en garantía por la E.S.E. Hospital Universitario de Santander notificacionesjudiciales@previsora.gov.co dianablanco@dlblanco.com Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado, Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co Tema: Se confirma la sentencia de primera instancia, que concedió parcialmente las pretensiones, al haberse demostrado la responsabilidad del Estado bajo el título de imputación de falla médica.

xmora@procuraduria.gov.co Tema: Se confirma la sentencia de primera instancia, que concedió parcialmente las pretensiones, al haberse demostrado la responsabilidad del Estado bajo el título de imputación de falla médica.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 22 de enero de 2020 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga , que concedió parcialmente las pretensiones, una vez verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la competencia1.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte demandante2

Los demandantes pretenden que se declare a la E.S.E. San Antonio de Rionegro y a la E.S.E. Hospital Universitario de Santander responsables por los perjuicios

1 Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial. 2 Archivo Digital OneDrive, documento 0.1. 2019-001 Cdnoprincipal.pdf Folio 1-31Radicado: 680013333003-2019-00001-01

Medio de control: Reparación Directa Parte demandante: Paula Camila Pinzón Bueno y otros Parte demandada: E.S.E. San Antonio de Rionegro y otros

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materiales e inmateriales ocasionados como consecuencia de una falla en el servicio médico-asistencial atribuible a estas entidades. Sostienen que debían brindar una atención oportuna, integral, eficiente y de calidad conforme a la lex artis.

materiales e inmateriales ocasionados como consecuencia de una falla en el servicio médico-asistencial atribuible a estas entidades. Sostienen que debían brindar una atención oportuna, integral, eficiente y de calidad conforme a la lex artis. Alegan que la no observación del paciente en el primer ingreso, así como la falta de fármacos inotrópicos al momento de la remisión, impidieron una intervención médica eficaz que habría podido evitar el desenlace fatal del señor Julio César Pinzón Chaparro.

En consecuencia, a favor de Paula Camila Pinzón Bueno solicitan que se condene a las entidades demandadas al reconocimiento y pago de: (i) 100 smlmv por concepto de perjuicios morales, (ii) 100 smlmv por daño a la vida en relación , (iii) 91,62 smlmv por lucro cesante debido o consolidado , (iv) 237,77 smlmv por lucro cesante futuro, y (v) 100 smlmv por pérdida de oportunidad.

A favor de Martha Yolanda Bueno González , en calidad de damnificada «ex compañera permanente», piden: (i) 15 smlmv por perjuicios morales, (ii) 15 smlmv por daño a la vida en relación, y (iii) 15 smlmv por pérdida de oportunidad.

Finalmente, solicitan que el valor de las condenas sea actualizado a la fecha de ejecutoria de la sentencia con base en la variación porcentual del IPC para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de conformidad con los arts. 192, 298 y 299 del CPACA.

Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expone que el 10 de

de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de conformidad con los arts. 192, 298 y 299 del CPACA.

Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expone que el 10 de noviembre de 2016, a las 7:16 p.m., el señor Julio César Pinzón Chaparro ingresó a urgencias de la E.S.E. San Antonio de Rionegro por dolor precordial opresivo con diaforesis. Señalan que , a pesar de que el electrocardiograma resultó aparentemente normal y se evidenció dolor a la digitopresión costal, se diagnosticó costocondritis, se prescribieron analgésicos y se ordenó el egreso del paciente sin ningún período de observación.

Indican que, posteriormente, el 11 de noviembre de 2016, a las 09:30 a.m., reingresó en un estado de shock, con palidez, cianosis y dolor torácico intenso . Afirman que la institución no contaba con inotrópicos requeridos y se dispuso remisión al Hospital Universitario de Santander, donde, a las 12:40 p. m., se declaró su fallecimiento tras un paro cardiorrespiratorio durante instalación de catéter central. A partir de estos hechos, consideran que se configuró una falla del servicio que frustró la oportunidad de sobrevivir de su familiar.

1.2. Posición de la parte demandada 1.2.1. La E.S.E. San Antonio de Rionegro 3 se opone a las pretensiones y afirma que no existe prueba que permita atribuirle responsabilidad. A su juicio, la atención y el tratamiento brindados al señor Julio César Pinzón Chaparro fueron adecuados, con procedimientos idóneos y pertinentes según su cuadro clínico.

que no existe prueba que permita atribuirle responsabilidad. A su juicio, la atención y el tratamiento brindados al señor Julio César Pinzón Chaparro fueron adecuados, con procedimientos idóneos y pertinentes según su cuadro clínico.

3 Archivo Digital OneDrive, documento 0.1. 2019-001 Cdnoprincipal.pdf Folio 189-195Radicado: 680013333003-2019-00001-01

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Asegura que, desde el ingreso, el personal asistencial aplicó los protocolos, realizó monitorización, estabilizó al paciente y ordenó remisión prioritaria a una institución de mayor complejidad con signos vitales registrados. Finalmente, s ostiene que la actividad médica corresponde a una obligación de medios y no de resultado s; por ello, niega la existencia de la falla del servicio que se le endilga y el nexo causal con el daño. Indica que su postura cuenta con respaldo documental en la historia clínica y su transcripción, así como en los testimonios de los profesionales tratantes. 1.2.2. La E.S.E. Hospital Universitario de Santander 4 también se opone a las pretensiones, por considerar que el daño alegado no le resulta imputable. Afirma que el señor Julio César Pinzón Chaparro ingresó remitido desde la E.S.E. San Antonio de Rionegro en estado crítico y recibió atención inmediata por su personal capacitado. Añade que se cumplieron los protocolos, se hizo una monitorización

Antonio de Rionegro en estado crítico y recibió atención inmediata por su personal capacitado. Añade que se cumplieron los protocolos, se hizo una monitorización continua, se dio soporte vasoactivo y antibióticos de amplio espectro, cuando fue necesario se adoptaron medidas avanzadas de reanimación, valoración por UCI y trámite urgente de traslado a cuidados intensivos, en estricto apego a la lex artis. Formula las siguientes excepciones: i) inexistencia de nexo causal , ii) ausencia de culpa, iii) límite obligacional y cumplimiento de las obligaciones hospitalarias conforme a la lex artis , iv) hechos y obligaciones de terceros en la remisión, referencia y regulación de urgencias, y v) la excepción genérica. 1.3. Del llamado en garantía 1.3.1. La Previsora S.A. Compañía de Seguros5, llamada en garantía por la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, también se opone a las pretensiones. Asegura que la atención fue conforme a la lex artis y que se desplegaron integralmente los recursos humanos, técnicos y científicos disponibles, conforme a los protocolos médicos vigentes.

Con respecto a las pretensiones del llamamiento en garantía, formula las siguientes excepciones: (i) inexistencia de obligación indemnizatoria por ausencia de responsabilidad de la asegurada, (ii) inexistencia de cobertura con cargo a la póliza No. 1009702 , (iii) limitación de la responsabilidad del asegurador por deducible pactado del 10% , (iv) límite de cobertura para perjuicios extrapatrimoniales, y (v) excepción genérica. 1.4. La sentencia recurrida6

pactado del 10% , (iv) límite de cobertura para perjuicios extrapatrimoniales, y (v) excepción genérica. 1.4. La sentencia recurrida6 Mediante sentencia del 22 de enero de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga resuelve:

PRIMERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO por los perjuicios ocasionados a la joven PAULA CAMILA PINZÓN BUENO, como consecuencia de la muerte de su padre JULIO CESAR PINZÓN CHAPARRO (q.e.p.d.), en hechos ocurridos en los días 10 y 11 de

4 Archivo Digital OneDrive, documento 0.1. 2019-001 Cdnoprincipal.pdf Folio 228-235 5 Archivo Digital OneDrive, documento 0.1. 2019-001 Cdnoprincipal.pdf Folio 339-345 6 Archivo Digital OneDrive, documento: 0.2. FALLO RD-concedeRadicado: 680013333003-2019-00001-01

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noviembre de 2016 en el Municipio de Rionegro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, a pagar a favor de la joven PAULA CAMILA PINZÓN BUENO los perjuicios sufridos en la modalidad

de LUCRO CESANTE CONSOLIDADO, la suma de CUARENTA Y OCHO

SEGUNDO: CONDENAR a la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, a pagar a favor de la joven PAULA CAMILA PINZÓN BUENO los perjuicios sufridos en la modalidad

de LUCRO CESANTE CONSOLIDADO, la suma de CUARENTA Y OCHO

MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y

OCHO PESOS M/CTE ($ 48.431.268).

TERCERO: CONDENAR a la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, a pagar a favor de la joven PAULA CAMILA PINZÓN BUENO los perjuicios sufridos en la modalidad de LUCRO CESANTE FUTURO, la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

M/CTE ($39.639.697).

CUARTO: CONDENAR a la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO a pagar a título de indemnización por PERJUICIOS MORALES, la suma equivalente a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES a favor de la joven

PAULA CAMILA PINZÓN BUENO.

QUINTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Como fundamento de su decisión, el juzgado sostiene que, con base en la historia clínica, el dictamen de Clínica Forense y el informe de necropsia, la atención prestada al señor Julio César Pinzón Chaparro el 10 de noviembre de 2016 en la E.S.E. Hospital San Antonio de Rionegro no se ajustó a la lex artis. Estima que el

prestada al señor Julio César Pinzón Chaparro el 10 de noviembre de 2016 en la E.S.E. Hospital San Antonio de Rionegro no se ajustó a la lex artis. Estima que el paciente fue dado de alta con diagnóstico de costocondritis tras un ecocardiograma inicial interpretado como normal, sin observación, monitorización ni pruebas seriadas, a pesar de presenta r dolor torácico opresivo con diaforesis y factores de riesgo cardiovascular. Advierte que, según el peritaje de Medicina Legal, ante un dolor torácico se exige un protocolo mínimo de seis horas de observación, toma de enzimas cardíacas, monitorización continua y electrocardiograma de doce derivaciones con controles. Según sus conclusiones, la omisión de estas medidas impidió un diagnóstico oportuno y una remisión temprana, lo que constituyó el nexo causal entre la falla del servicio y el resultado lesivo. 1.4. La apelación 1.4.1. La E.S.E. San Antonio de Rionegro 7 solicita que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones. Alega que la conclusión pericial según la cual «la atención no se adecuó a la lex artis» es equivocada. Refiere que la médica tratante aplicó criterios técnicos y éticos acordes con el nivel de complejidad del servicio. Señala que el paciente ingresó por sus propios medios y egresó dos horas después tras presentar una mejoría relativa, con indicaciones de consulta prioritaria y realización de exámenes complementarios.

7 Archivo Digital OneDrive, documento: 06.RecursoDeApelaciónRadicado: 680013333003-2019-00001-01

Medio de control: Reparación Directa

con indicaciones de consulta prioritaria y realización de exámenes complementarios.

7 Archivo Digital OneDrive, documento: 06.RecursoDeApelaciónRadicado: 680013333003-2019-00001-01

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Afirma que se trató de un caso de «difícil diagnóstico» y que no existe certeza sobre la hora en que se produjo la recaída, por lo que no puede imputarse una omisión determinante del resultado. Sostiene que, conforme a la doctrina y la jurisprudencia, el nexo causal es un elemento indispensable de la responsabilidad y su demostración corresponde al actor; sin ese enlace causa-efecto resulta improcedente declarar la responsabilidad por falla médica. 1.5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 8 de abril de 20218 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Durante su ejecutoria, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico y su tesis ¿La muerte del señor Julio César Pinzón Chaparro fue consecuencia de una falla en el servicio por parte de la E.S.E. San Antonio de Rionegro el 10 de noviembre de

2016?

Tesis: Si Fundamento: La responsabilidad por falla médica se configura cuando se demuestra que los profesionales de la salud actuaron con negligencia, ya sea por omisión en la valoración adecuada del paciente o por inobservancia de los protocolos

2016?

Tesis: Si Fundamento: La responsabilidad por falla médica se configura cuando se demuestra que los profesionales de la salud actuaron con negligencia, ya sea por omisión en la valoración adecuada del paciente o por inobservancia de los protocolos médicos vigentes para la época de los hechos. No basta con acreditar la falla médica, sino que es necesario demostrar que esta fue determinante, directa, eficiente y relevante en la producción del resultado, según las circunstancias concretas del caso.

En el asunto que analiza la Sala se acreditó que la muerte del señor Julio César Pinzón Chaparro obedeció a una conducta negligente por parte de la E.S.E. San Antonio de Rionegro, dado que la entidad omitió dejar al paciente en observación mínima de 6 horas , realizar una monitorización continua y practicar electrocardiogramas consecutivos, conforme al manejo previsto para dolores intensos en el tórax de 12 horas de evolución, que es un síntoma típico del síndrome coronario agudo y que no puede ser descartado con un a única toma de un electrocardiograma. Tampoco se analizó su antecedente de hipotiroidismo . Estas omisiones llevaron al perito a considerar que la atención brindada por la ESE demandada se apartó de la lex artis. La omisión de estas medidas redujo de manera sustancial la posibilidad de intervención eficaz y sobrevida del paciente, pues si este hubiese sido dejado en observación y practicado los electrocardiogramas continuos que ordena la guía para el manejo de urgencias toma 1 del Ministerio de Protección Social de 2009, el infarto agudo de miocardio hubiese sido diagnosticado y tratado a tiempo.

observación y practicado los electrocardiogramas continuos que ordena la guía para el manejo de urgencias toma 1 del Ministerio de Protección Social de 2009, el infarto agudo de miocardio hubiese sido diagnosticado y tratado a tiempo.

8 Archivo Digital OneDrive, documento: 0.8.AutoConcedeRecursoRadicado: 680013333003-2019-00001-01

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2.2. Marco jurídico Por regla general, el título de imputación aplicable para analizar la responsabilidad del Estado por la actividad médica es el de falla del servicio9. Bajo este régimen, el demandante debe probar el daño, que puede consistir tanto en la muerte o lesión del paciente 10 como en la pérdida de la oportunidad de recuperación o supervivencia 11. Además, debe acreditar la existencia de una falla médica, ya sea negligencia o impericia en el acto médico u hospitalario, y el nexo causal con el daño, esto es, que la conducta reprochada sea la causa directa y adecuada del hecho dañoso12. El Consejo de Estado13 ha indicado que la falla médica nace del acto médico en sus diferentes momentos: diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, intervención quirúrgica si se requiere y todas las actuaciones previas, concomitantes y posteriores a dicha intervención por parte del profesional, desde el momento que presta el servicio. La falla nace de la omisión en utilizar medios diagnósticos o terapéuticos

quirúrgica si se requiere y todas las actuaciones previas, concomitantes y posteriores a dicha intervención por parte del profesional, desde el momento que presta el servicio. La falla nace de la omisión en utilizar medios diagnósticos o terapéuticos aconsejables por los protocolos médicos; o por no prever siendo previsible, los efectos secundarios de un tratamiento; o por no hacer el seguimiento correspondiente a la evolución de la enfermedad para modificar el diagnóstico o el tratamiento. En el presente caso se argumenta que la muerte de un paciente tuvo como causa una demora injustificada en el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. Así, entonces, la parte demandante debe acreditar el daño, la atención tardía y, además, el nexo causal, es decir, que, de haberse realizado oportunamente el diagnóstico y la remisión, se hubiese impedido la agravación de los síntomas y el deceso14. En torno a la forma de probar la falla médica y el nexo causal con el daño, la jurisprudencia ha dicho que en estos casos la historia clínica constituye el medio de prueba idóneo para establecer si el personal médico y asistencial obró conforme a los protocolos médicos15. En este documento debe constar la descripción del estado de salud; también los aspectos científicos, técnicos y administrativos que se

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de mayo de 2011, C.P . Hernán Andrade Rincón, Rad. 19001-23-31000-1997-01042-01 (19.835). 10 Consejo de Estado, st. cit. rad. int. 19.835. 11 Este supuesto se presenta cuando se causa un «daño autónomo derivado del cercenamiento de una ocasión aleatoria que

000-1997-01042-01 (19.835). 10 Consejo de Estado, st. cit. rad. int. 19.835. 11 Este supuesto se presenta cuando se causa un «daño autónomo derivado del cercenamiento de una ocasión aleatoria que tenía una persona de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo, posibilidad benéfica que, sin perjuicio de que no es posible avizorar co n toda certeza y sin margen de duda que se hubiese materializado en la situación favorable que se esperaba, no se puede desconocer que existía y que poseía una probabilidad considerable de haberse configurado en ésta. Consejo de Estado, Sección Tercera, se ntencia de 11 de agosto de 2010, M.P . Mauricio Fajardo Gómez, rad. 18.593. La jurisprudencia ha precisado, «como elementos esenciales para su configuración que haya i) certeza acerca de la existencia de una oportunidad legítima, que sea seria, verídica, real y actual; ii) imposibilidad concluyente de obtener el provecho o evitar el detrimento y iii) que la víctima se encontrara en una situación fáctica y jurídicamente idónea para obtener el resultado esperado». También pueden analizarse: sentencia del 25 de agosto de 2011, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 19.718 y sentencia del 4 de septiembre de 2023, C.P . Adriana Marín, Rad. 66001-23-31-002-2004-00914-01 (56977) 12 Sección Tercera, sentencia de 11 de mayo de 2006, C.P . Ramiro Saavedra Becerra, exp. 14400, 13 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. M.P . Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia del 27 de abril de

13 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. M.P . Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia del 27 de abril de

2011. Radicado: 1996-08017-01(20502) 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de diciembre de 2022, C.P. Guillermo Sánchez Luque, Rad. 1700123-31-000-2012-00080-01(58618). 15 Consejo de Estado, st. cit., rad. 32955; Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2011, exp. 18793, CP. Mauricio Fajardo Gómez; Sobre la naturaleza, contenido e importancia de la historia clínica en la responsabilidad médica, puede analizarse: LAÍN, Entralgo “La historia clínica”, Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1961, pág. 725 y s.s. y la sentencia del 30 de mayo de 2019, C.P . Marta Nubia Velásquez Rico, Rad. 81001 -23-31-000-2011-0005101(48890) en la cual se cita la referida doctrina. También puede analizarse la sentencia del 5 de marzo de 2015, C.P. STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO, Rad. 19001-23-31-000-2001-01372-01(30531)Radicado: 680013333003-2019-00001-01

Medio de control: Reparación Directa Parte demandante: Paula Camila Pinzón Bueno y otros Parte demandada: E.S.E. San Antonio de Rionegro y otros

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suscitaron en las diferentes fases de atención 16; en particular, debe obrar la secuencia de los procedimientos realizados por los médicos, enfermeras y

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suscitaron en las diferentes fases de atención 16; en particular, debe obrar la secuencia de los procedimientos realizados por los médicos, enfermeras y auxiliares. La entidad de salud, por su parte, puede exonerar su responsabilidad si acredita la diligencia y cuidado en el servicio, es decir, que su conducta se ajustó a la lex artis, para lo cual adquiere especial importancia el dictamen pericial en cuanto es el medio idóneo para acreditar la experticia del personal médico de la entidad. Con respecto al error en el diagnóstico, este se presenta cuando el médico no hace uso de todos los medios recomendados por la ciencia médica para esclarecer el diagnóstico del paciente y, tal yerro, conduce a un inadecuado manejo terapéutico, con los cons ecuentes resultados fallidos 17. El Consejo de Estado considera que el error en el diagnóstico se configura, entre otros eventos, cuando: i) se omite una valoración física completa y seria del paciente o no se hace un seguimiento adecuado a la evolución de los síntomas y signos que lo aquejaban18; ii) se ignora o interpreta equivocadamente la sintomatología que presenta el paciente19; y iii) no se utilizan oportunamente todos los recursos técnicos recomendados por la ciencia médica para confirmar o descartar un diagnóstico que debía ser objeto de sospecha20 o para despejar la impresión diagnóstica hecha por un médico anterior21. Corroborada la falla médica, se debe analizar su nexo de causalidad con el daño. Debe existir una relación clara, concreta y comprobable entre la conducta atribuida a la administración y el resultado lesivo. Esta relación debe basarse en una

anterior21. Corroborada la falla médica, se debe analizar su nexo de causalidad con el daño. Debe existir una relación clara, concreta y comprobable entre la conducta atribuida a la administración y el resultado lesivo. Esta relación debe basarse en una reconstrucción de los hechos a partir de pruebas, y no de conjeturas o suposiciones

16 Artículos 3 y 6 de la Resolución 1995 de 1999. Según el artículo 3 de la resolución citada, la historia clínica debe tener las siguientes características básicas: i) Integralidad: la historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspe ctos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria; ii) Secuencialidad: los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud brindados al usuario; iii) Racionalidad científica: para los efectos de la presente resolución, es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo; iv) Disponibilidad: es la posibilidad de utilizar la historia

usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo; iv) Disponibilidad: es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las limitaciones que impone la Ley; y iv) Oportunidad: es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio” 17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de Julio de 2012, C.P . Mauricio Fajardo Gómez, exp. 31722; sentencia del 16 de diciembre de 2022, C.P. Guillermo Sánchez Luque, Rad. 17001 -23-31-000-2012-00080-01(58618); sentencia del 29 de abril de 201 9, C.P . Jaime Enrique Rodríguez Navas, Rad. 19-001-23-31-000-2003-00091-01(44108); sentencia del 10 de febrero de 2000 Exp.11878; sentencia del 18 de mayo se 2017, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. 76-001-23-31-000-2003-03842-01 (35613). El diagnóstico es entendido por la jurisprudencia como el elemento determinante del acto médico, dado que es a partir de este que se elabora toda la actividad terapéutica posterior. Explica el alto tribunal que el diagnóstico se encuentra conformado por dos etapas: i) La exploración del paciente, esto es, el examen o reconocimiento, que va desde la realización del interrogatorio tanto del paciente como de quienes lo acompañan hasta el

alto tribunal que el diagnóstico se encuentra conformado por dos etapas: i) La exploración del paciente, esto es, el examen o reconocimiento, que va desde la realización del interrogatorio tanto del paciente como de quienes lo acompañan hasta el desarrollo de pruebas diagnósticas y paraclínicas, tales como la palpitación, auscultación, tomografías, radiografías, etc. y ii) el análisis y juicio, etapa en la cual, una vez recolectados todos los datos, el médico analiza e interpreta los exámenes practicados y emite su juicio. 18 En sentencia de 10 de febrero de 2000, el Consejo de Estado imputó responsabilidad a la Universidad Industrial de Santander por la muerte de un joven universitario, como consecuencia de un shock séptico causado por apendicitis aguda, tras encontrar demostrado que el paciente ingresó al servicio médico de la entidad, con un diagnóstico presuntivo de esta enfermedad que constaba en la historia clínica. El médico de turno, no solo omitió ordenar los exámenes necesarios para confirmarlo o descartarlo, sino que realizó una impresión diagnóstica distinta, sin siquiera haber examinado físicamente al paciente. St. cit. C.P. Alier Eduardo Hernández, Exp. 11.878. 19 Sección Tercera, sentencia del 31 de mayo de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Exp. 31724 20 En sentencia del 27 de abril de 2011, el Consejo de Estado imputó responsabilidad al ISS por el daño a la salud de un menor de edad, afectado por un shock séptico en la vesícula, en el hígado y en el peritoneo, luego de constatar que éste ingresó a la unidad programática de la entidad con un fuerte dolor abdominal, y que los médicos le formularon un tratamiento

menor de edad, afectado por un shock séptico en la vesícula, en el hígado y en el peritoneo, luego de constatar que éste ingresó a la unidad programática de la entidad con un fuerte dolor abdominal, y que los médicos le formularon un tratamiento desinflamatorio y analgésico, sin practicarle otros exámenes o pruebas adicionales que confirmaran que la enfermedad que lo aquejaba en realidad no era de gravedad y que podía controlarse con tales medicamentos. St. cit. exp. 19.846, C.P . Ruth Stella Correa Palacio. 21 Sección Tercera, sentencia del 10 de febrero de 2000, C.P . Alier Eduardo Hernández Enríquez, Exp. 11878Radicado: 680013333003-2019-00001-01

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desvinculadas de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que desencadenaron el daño.22 2.3. Los hechos probados Con base en las pruebas que reposan en el expediente, la Sala hace el siguiente análisis: 2.3.1. El daño Para las partes no hay discusión sobre la existencia del daño, consistente en la muerte del señor Julio C ésar Pinzón Chaparro el 11 de noviembre de 2016, como consta en el registro civil de defunción23 y en la inspección técnica del cadáver FPJ10.24

2.3.2. El juicio de imputación A continuación, el Tribunal analizará la atención médica brinda