TA SAN - Sentencia 680013333003-2020-00228-03 (02-05-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680013333003-2020-00228-03

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ISABEL JENNIFER DIAZ CASTILLO

oscareabogadobucaramanga@gmail.com

DEMANDADO: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co yaribel.garcia@fiscalia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No. 094

TEMA: PRIMA ESPECIAL

MAGISTRADA PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada, respectivamente contra la sentencia de fecha primero (1) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

1.1.1 Hechos1

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que la demandante laboró como Fiscal 5 local de la URPA desde el 3 de noviembre de 2016 hasta la fecha de la presentación de la demanda.

1.1.1 Hechos1

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que la demandante laboró como Fiscal 5 local de la URPA desde el 3 de noviembre de 2016 hasta la fecha de la presentación de la demanda.

1 Expediente digital SAMAI, primera instancia, Índice 00009, PDF 02.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Precisó que el 13 de enero de 2020, la demandante solicitó ante la Fiscalía General de la Nación el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, así como la reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos salariales.

En ese sentido, señaló que m ediante la Oficio No. 31200-0071 del 3 de febrero de 2020, la entidad demandada negó la reliquidación de salarios y pago de la prima del 30 %. Así mismo, negó su reconocimiento.

Por lo anterior, el 12 de febrero de 2020 presentó recurso de reposición solicitando se revocara la decisión contenida en el Oficio No. 31200-0071 del 3 de febrero de 2020, solicitud que le fue negada mediante acto ficto que operó por el silencio administrativo.

1.1.2 Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió lo siguiente:

«DECLARATIVAS

PRIMERA: DECLARAR que el accionante ISABEL JENNIFER DIAZ CASTILLO, en su calidad de Fiscal de la Fiscalía General de la Nación, cuyo régimen salarial

Con la demanda se pretendió lo siguiente:

«DECLARATIVAS

PRIMERA: DECLARAR que el accionante ISABEL JENNIFER DIAZ CASTILLO, en su calidad de Fiscal de la Fiscalía General de la Nación, cuyo régimen salarial y prestacional que lo cobija durante su relación laboral es aquel consagrado en el Decreto 53 de 1993 y siguientes, tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima especial mensual de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una suma o valor adicional a la remuneración mensual legalmente establecida, que es compuesta por el salario básico y los gastos de representación, y en un equivalente al 30% de la asignación básica mensual decretada anualmente por el Gobierno

Nacional.

SEGUNDA: DECLARAR LA NULIDAD del Acto Administrativo contenido en el Oficio No. 31200-0071 con fecha de creación 3 de febrero de 2020 y notificado por medio electrónico el 7 de febrero de 2020 sobre el cual se ejercicio en debido tiempo el recurso de apelación en fecha 12 de febrero del 2020 bajo radicado SAN – SRAN No. 2020 -009-00-66722 ante e l cual la Fiscalía General de la Nación

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guardo silencio, y como consecuencia negó a mi poderdante (i) el reconocimiento y pago de la prima especial mensual, equivalente al 30% del salario básico prevista

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guardo silencio, y como consecuencia negó a mi poderdante (i) el reconocimiento y pago de la prima especial mensual, equivalente al 30% del salario básico prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como adición o agregado a la remuneración básica mensual legalmente establecida, (ii) la reliquidación de todas sus prestaciones sociales, salariales y laborales, teniendo como base de liquidación el 100% del sueldo básico mensual legal, y (iii) el pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo liquidado y lo que se le debe liquidar, incluyendo la prima como factor salarial.

DE CONDENA

TERCERA: Que a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a reconocer, liquidar y pagar a mi mandante ISABEL JENNIFER DIAZ CASTILLO, desde el 13 de enero de 2017 y en adelante, hasta tanto y por los periodos que desempeñe el cargo de fiscal, la prima especial mensual equivalente al 30% de la remuneració n legalmente establecida, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como agregado, adición o incremento a la asignación básica mensual que hasta ahora no se les ha reconocido ni pagado, teniendo en cuenta que el salario básico legal es aquel dispuesto anualmente por el Gobierno Nacional en los decretos anuales que expide para reglamentar el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía que se rigen por el Decreto 53 de 1993, que además, por dicho motivo es integrado por los gastos de representación y la asignación básica.

expide para reglamentar el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía que se rigen por el Decreto 53 de 1993, que además, por dicho motivo es integrado por los gastos de representación y la asignación básica.

CUARTA: Asimismo, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a reconocer, liquidar y pagar a mi procurada judicial ISABEL JENNIFER DIAZ CASTILLO, desde el 13 de enero de 2017 y en adelante, hasta tanto y por los periodos que desempeñe el cargo de fiscal, todas sus prestaciones sociales, salariales y laborales, primordialmente, la seguridad social en pensión y demás emolumentos y derechos laborales, que se puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación el 100% de su sueldo básico mensual legal, más la prima especial mensual, con carácter salarial, equivalente al 30% del salario básico mensual legalmente establecido, teniendo en cuenta que éste lo integra los gastos de representación y la asignación básica.

QUINTA: Que, a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENE a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a reconocer, liquidar y pagar a mi poderdante ISABEL JENNIFER DIAZ CASTILLO, desde el 13 de enero de 2017 y en adelante, hasta tanto y por los periodos que desempeñe el cargo de fiscal, elNulidad y Restablecimiento del Derecho

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valor de las diferencias salariales, laborales y prestacionales, primordialmente la seguridad social en pensi ón, existente entre la liquidación que hasta ahora ha hecho la administración y el valor que resulte de reliquidar todas su prestaciones y seguridad social incluyendo con carácter salarial, la prima especial mensual equivalente al 30% del salario básico pr evista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, teniendo en cuenta que éste -salario básico legallo conforman los gastos de representación y la asignación básica.

SEXTA: Hacer las declaraciones ultra y extra petita por los derechos ciertos e irrenunciables que resulten probados en el proceso.

SÉPTIMA: Que se condene en costas a la entidad accionada.

OCTAVA: Que se ordene a la demandada a reajustar los valores reclamados de acuerdo al I.P.C, con el reconocimiento de intereses, de conformidad con los artículos 187, 189 y 192 del CPACA».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Invocó como normas vulneradas las siguientes: artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 209 de la Constitución Política, artículos 2, 14 de la Ley 4 de 1992, artículo 152, numeral 7 de la Ley 270 de 1996, artículo 1 de la Ley 332 de 1996, artículo 1 de la Ley 446 de 1998.

Como concepto de violación, la parte actora hizo un recuento normativo y

de la Ley 270 de 1996, artículo 1 de la Ley 332 de 1996, artículo 1 de la Ley 446 de 1998.

Como concepto de violación, la parte actora hizo un recuento normativo y jurisprudencial sobre el tema.

1.2 Contestación de la demanda

1.2.1. La parte demandada, Nación – Fiscalía General de la Nación 3, se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que a la demandante no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios como factor salarial y prestacional, dado que la entidad ha venido liquidando los salarios en correcta aplicación de las normas. Finalmente, p ropuso como ex cepciones las que denominó, «incumplimiento del deber legal» y «prescripción».

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1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, accedió a las pretensiones de la demanda, cuya decisión fue la siguiente:

«PRIMERO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONALES los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994; 48 de 1995 y siguientes, Decreto de aumento salarial No. 1035 de 05 de junio de 2013, por medio de los cuales la Presidencia de la República consideró como prima especial sin carácter salarial el 30% del salario básico

05 de junio de 2013, por medio de los cuales la Presidencia de la República consideró como prima especial sin carácter salarial el 30% del salario básico mensual de los fiscales, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL, frente a las sumas adeudadas, causadas con anterioridad a l 13 de enero de 2017, por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

• Oficio 31200-0071 del 3 de febrero de 2020 proferido por la Subdirección de Apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la Nación.

-Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 12 de febrero de 2020.

CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar a favor de ISABEL JENNIFER DÍAZ CASTILLO, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, en cuantía equivalente al 30% de la asignación bá sica mensual (sueldo, gastos de representación y bonificación judicial), entendida como un agregado o valor adicional, desde el 13 de enero de 2017 por el tiempo efectivamente laborado y las que se sigan causando hasta la finalización de sus vínculos laborales.

Así mismo se ordena la reliquidación de las prestaciones sociales: la prima de

adicional, desde el 13 de enero de 2017 por el tiempo efectivamente laborado y las que se sigan causando hasta la finalización de sus vínculos laborales.

Así mismo se ordena la reliquidación de las prestaciones sociales: la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad, bonificación por servicios prestados, las cesantías y los intereses a las cesantías, desde el 13 de enero de

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2017 y por los periodos desempeñados como Fiscal Delegada ante los Jueces Penales Municipales, con base en la asignación básica mensual, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

Lo anterior sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente y teniendo en cuenta que solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: DENEGAR la excepción relacionada con el cumplimiento de un deber legal, por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS […]».

En cuanto al fundamento de la decisión, el juez de primera instancia explicó que de conformidad con los criterios de unificación de la Sentencia SUJ -023-CE-S2-2020, la Fiscalía General de la Nación menoscabó los derechos laborales de la parte demandante al no tener en cuenta el 100% del salario básico y/o asignación básica devengada por la demandante para la liquidación de sus prestaciones sociales.

Por lo anterior, concluyó que al desconocer la naturaleza de la prima especial creada mediante la Ley 4 de 1992, y no tenerla como un incremento de la asignación básica y/o salario básico, afectó la base para liquidar todas las prestaciones sociales y los demás factores salariales percibidos.

En consecuencia, al estar demostrado que la demandante ostentó la calidad de Fiscal, a título de restablecimiento del derecho ordenó el reconocimiento de la prima especial de servicios y la reliquidación de las prestaciones sociales de la parteNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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demandante desde el 13 de enero de 201 7 con base salarial del 100 % de la asignación básica mensual.

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demandante desde el 13 de enero de 201 7 con base salarial del 100 % de la asignación básica mensual.

Finalmente, el a quo declaró la prescripción de los derechos reclamados con anterioridad al 13 de enero de 2017, de conformidad con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1 La parte demandada, Nación – Fiscalía General de la Nación5, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:

Sostuvo que la sentencia de primera instancia va en contravía de lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020, puesto que, desde el año 2003 las prestaciones sociales de los Fiscales beneficiarios de la prima del 30 % es liquidada sobre el 100 % de su salario sin restarle ni sumarle el 30 % que corresponde a la prima especial . Por lo anterior, precisó que el reajuste de las prestaciones sociales no es procedente, pues se genera con ello una doble retribución con cargo al erario.

Finalmente, concluyo que la prima especial de servicios no constituye factor de liquidación de las prestaciones sociales.

1.4.2. La parte demandante, Isabel Jennifer Diaz Castillo6, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:

Sostuvo que el Juez de primera instancia soportó su decisión en un fundament o jurídico errado, ya que, dio respuesta al problema jurídico planteado con

sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:

Sostuvo que el Juez de primera instancia soportó su decisión en un fundament o jurídico errado, ya que, dio respuesta al problema jurídico planteado con fundamento en las Sentencias de Unificación de l 29 de abril de 2014 y del 02 de septiembre de 2019, en las cuales se abordó la problemática relacionada con el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios con respecto de los Jueces y Procuradores Judiciales, sin que su contenido guarde n relación con la situación de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, ya que, aunque se trate de

5 Expediente digital SAMAI, primera instancia, Índice 00039. 6 Expediente Digital SAMAI, primera instancia, índice 00040.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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la misma prestación, su origen y desarrollo son distintos. Por lo tanto, precisó que el fallador no analizó los fundamentos facticos expuestos.

Asimismo, indicó que no hay lugar al pago de diferencias prestacionales, puesto que no existió fraccionamiento del salario, pues siempre le fue pagado en un 100 %, y nunca en un 70 % debido a que, a los funcionarios de la Fiscalía desde el año 2003 no se les paga la prima especial de servicios.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha 31 de enero de 2025 se admitió el recurso de apelación, ordenándose la notificación personal del Ministerio Público y a las partes procesales.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha 31 de enero de 2025 se admitió el recurso de apelación, ordenándose la notificación personal del Ministerio Público y a las partes procesales.

1.5.1. La parte demandante, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.2. La parte demandada, Nación – Fiscalía General de la Nación, no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.3. Representante Ministerio Público, no emitió concepto en esta oportunidad procesal.

2. CONSIDERACIONES

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Cuestión previa – manifestación de impedimento de la Magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes

Registrado el proyecto para revisión por parte de la Sala, a través de la plataforma Teams, la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes manifestó impedimento para conocer del proceso de la referencia en calidad de miembro de la Sala.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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La Magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, adujo que actualmente adelanta proceso judicial en el que busca obtener idénticas pretensiones en relación con la

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La Magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, adujo que actualmente adelanta proceso judicial en el que busca obtener idénticas pretensiones en relación con la prima especial del 30 %, motivo por el cual invocó la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 141 del CGP.

Por lo anterior, considera la Sala que se configuran la causal alegada por la Magistrada. En tal sentido, se declarará fundado el impedimento por ella manifestado y se procederá a separarla del conocimiento del presente asunto como miembro de la Sala de decisión.

2.2. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.3. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia a los argumentos expuestos por las partes en los recursos de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.4. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación7, el cual consiste en establecer si:

P.J.01: ¿Procede la reliquidación de las prestaciones sociales de la señora Isabel Jennifer Diaz Castillo, conforme las reglas establecidas por la sentencia

de la apelación7, el cual consiste en establecer si:

P.J.01: ¿Procede la reliquidación de las prestaciones sociales de la señora Isabel Jennifer Diaz Castillo, conforme las reglas establecidas por la sentencia de unificación SUJ -023 del 15 de diciembre de 2020, emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado?

7 Art. 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y (ii) se analizarán las pruebas de cara al planteamiento aquí señalado.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. La prima especial de servicios y forma de liquidación

La ley 4 ª de 1992 facultó al Gobierno Nacional para crear una prima especial de servicios no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario básico. El artículo 14 de dicha disposición señaló los servidores públicos que recibirían la referida prima, así:

«Artículo 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los jueces de

superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Milit ar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1) de enero de 1993 […]».

En efecto, la norma previó que dicha prima no constituiría factor salarial, disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C – 279 de 1996, en la que se adujo:

«El Legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen o no salario; así como definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especial no constituyen factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado Colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido con la comunidad internacional».

El Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, estableció que el régimen salarial ordinario de los servidores públicosNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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sujetos al Decreto 57 de 1993 consistiría en una prima especial del 30 % de la remuneración mensual, la cual no tendría carácter salarial. En cuanto a los funcionarios mencionados en los artículos 5 y 7 de dicho decreto, la prima especial mensual sería equivalente al 30 % de la asignación básica y los gastos de representación, también sin carácter salarial.

La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante Sentencia del 29 de abril de 2014 8, declaró la nulidad parcial de los decretos dictados por el Gobierno Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante los cuales se había fijado en el 30 % la prima especial creada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por haberla incluido dentro del salario básico de los servidores beneficiarios de la misma, en lugar de incrementarlo en ese porcentaje.

El mencionado fallo consideró que los decretos expedidos anualmente, con el fin de reglamentar la previsión del 30 % del salario denominada prima, no fueron claros, lo que conllevó a una interpretación errada por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, toda vez que entendieron que dicho porcentaje hacía parte del salario, es decir, que el 100 % de este se discriminaría así: 30 % correspondía a la prima en mención y el 70 % restante al salario; y no de la manera correcta que obedece a reconocer como prima especial el 30 % del 100 % del salario . En otras palabras,

en mención y el 70 % restante al salario; y no de la manera correcta que obedece a reconocer como prima especial el 30 % del 100 % del salario . En otras palabras, como un adicional al salario básico o asignación básica.

Así las cosas, el Gobierno Nacional con la expedición de tales decretos contrari ó los criterios establecidos en la Ley 4 de 1992, la cual estipuló que de ninguna manera se podrían desmejorar los salarios y prestaciones sociales, toda vez que, con la aplicación de estos decretos, las entidades, disminuyeron los salarios , al liquidar el 30% como prima especial sin tenerla como un adicional al mismo.

Por lo anterior, la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, concluyó:

«Lo anterior, amerita reflexionar en torno a si asiste razón a la tesis que considera que el concepto de prima dentro de los componentes que integran la remuneración de los servidore s públicos puede válidamente tener significado contradictorio, es decir, negativo a lo analizado o por lo menos, ambiguo para representar al mismo

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 29 de abril de 2014, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz. Expediente No. 11001-03-25-000-2007-00087-00.

Actor: Pablo Cáceres CorralesNulidad y Restablecimiento del Derecho

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tiempo un agregado en la remuneración y contemporáneamente una merma de

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tiempo un agregado en la remuneración y contemporáneamente una merma de efecto adverso en el valor de la misma. Prima facie, es dable afirmar que una noción que representa al tiempo contenidos contradictorios, debe disolverse por la acción de la Justicia, es decir, es carga de la Judicatura entender los alcances del ordenamiento jurídico de forma consistente a la protección de los derechos de las personas-inciso 2° del artículo 53 de la Constitución Política -, todo ello dentro del contexto de un cometido que proporciona y justifica la existencia del Estado, de manera que, atendiendo esta mínima y básica realidad, no será posible asignar al concepto de prima usado por el Legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, una consecuencia diferente a la de representar un incremento remuneratorio. Este razonamiento, además, es consecuente con el principio de pr ogresividad, constitucionalmente plasmado en el artículo 53 de la Carta Política, ya citado, pues deriva la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; justamente, hay que reconocer que la funcionalidad de las primas en la remuneración de empleados y trabajadores, desarrolla y expresa esta característica conceptual con el alcance jurídico que precisamos dentro el sistema salarial vigente.

Como resulta un contrasentido lógico, extraño al derecho, aceptar que las prima s por más exentas que estén de su carácter salarial representen una merma al valor de la remuneración mensual de los servidores públicos, es consecuencia evidente

Como resulta un contrasentido lógico, extraño al derecho, aceptar que las prima s por más exentas que estén de su carácter salarial representen una merma al valor de la remuneración mensual de los servidores públicos, es consecuencia evidente de lo considerado, concluir que el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico.

El carácter negativo al valor del salario que justifica la anulación, se visualiza en el nexo que existe entre los conceptos salariales admitidos por el ordenamiento para esquematiz