TA SAN - Sentencia 680013333003-2021-00116-02 (12-06-2025)
Detalles
- Título
- TA SAN - Sentencia 680013333003-2021-00116-02 (12-06-2025)
- Autor
- Tribunal Administrativo de Santander
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander
SIGCMA-SGC
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Bucaramanga, doce (12) de junio del dos mil veinticinco (2025)
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
RADICADO: 680013333003-2021-00116-02
ENLACE DEL EXPEDIENTE: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_pro cesos.aspx?guid=6800133330032021001160268001
23
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HELGA JOHANNA RIOS DURAN
helgarios116@hotmail.com
DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@ deaj.ramajudicial.gov.co nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
MINISTERIO PÚBLICO: JESÚS EDUARDO RODRÍGUEZ OROZCO
procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Modifica sentencia que concedió pretensiones. La prima especial constituye un incremento del salario básico que, tiene carácter salarial solo para efectos pensionales. Además, la asignación básica mensual debe reconocerse en su totalidad y las prestaciones deben l iquidarse sobre el 100% del salario básico,
básico que, tiene carácter salarial solo para efectos pensionales. Además, la asignación básica mensual debe reconocerse en su totalidad y las prestaciones deben l iquidarse sobre el 100% del salario básico, incluyendo el 30% que se excluyó como prima especial, tal como se probó en el expediente y lo establece la Sentencia de Unificación SUJ -016-CES2-2019, como restablecimiento del derecho.
TEMA: Prima especial
SENTENCIA No. 073
MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de fecha 26 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Helga Johanna Rios Duran
Demandado: Nación – Rama Judicial
Radicado No. 680013333003-2021-00116-02
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Sala es competente para resolver el recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante1
Solicita declarar la nulidad de la Resolución DESAJ BUC 20 – 2392 del 17 de marzo de 2020 proferida por la Direc ción Ejecutiva de Administración Judicial , y del acto
A. Posición de la parte demandante1
Solicita declarar la nulidad de la Resolución DESAJ BUC 20 – 2392 del 17 de marzo de 2020 proferida por la Direc ción Ejecutiva de Administración Judicial , y del acto ficto o presunto por la omisión de resolver el recurso de apelación presentado el 1 de septiembre de 2020 que negó el reconocimiento, reliquidación y pago de los valores por concepto de prestaciones sociales de la demandante.
En consecuencia:
«PRIMERA: Inaplicar por Inconstitucionales, el artículo 6º del Decreto 618 de 2007, el artículo 6º del Decreto 658 de 2008, el artículo 8° de los Decretos 723 de 2009, Decreto 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y demás decre tos expedidos con posterioridad y que tengan incidencia en los efectos reclamados, pero sólo en el aparte que indica que “se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual (…) de los Jueces de la República”, condicionándolos a que se interpreten en el entendido de que la prima legalmente establecida, se tenga como una adición, incremento o plus a la asignación básica mensual legalmente establecida.
SEGUNDA: Declarar la nulidad los Actos Administrativos que a continuación se relacionan, emanados de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, mediante los cuales se negó a mi poderdante (i) la reliquidación de su remuneración mensual,
se relacionan, emanados de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, mediante los cuales se negó a mi poderdante (i) la reliquidación de su remuneración mensual, prestaciones sociales y demás acreencias laborales, (ii) el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre lo liquidado por la Administración Judicial con el 70% de su salario básico y la liquidación que resulte de tener en cuenta el 100% de su asignación básica legal, incluyendo el 30% de ésta, que la accionada ha tomado para darle el título de prima especial sin carácter salarial, y (iii) el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una suma adicional a la remuneración legalmente establecida.
A. La Resolución No. DESAJBUR20-2392 del 17 de marzo de 2020, suscrito por el director Seccional Ejecutivo de Administración Judicial de
Bucaramanga.
B. Declarar la ocurrencia y existencia del acto ficto o presunto negativo, fruto del silencio administrativo de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por no haber resuelto el recurso de apelación interpuesto el 01 de septiembre de 2020, en contra La Resolución No. DESAJBUR20-2392 del 17 de marzo de 2020.
1Expediente digital de OneDrive, 02Demanda.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Helga Johanna Rios Duran
Demandado: Nación – Rama Judicial
1Expediente digital de OneDrive, 02Demanda.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Helga Johanna Rios Duran
Demandado: Nación – Rama Judicial
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C. Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo, fruto del silencio administrativo de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMI NISTRACIÓN JUDICIAL, por no haber resuelto el recurso de apelación interpuesto el 01 de septiembre de 2020, contra La Resolución No. DESAJBUR20-2392 del 17 de marzo de 2020, por lo que se entiende confirmado este acto administrativo y negada consecuencialmente a mi mandante, la petición elevada.
TERCERA: Que a título de restablecimiento del derecho, se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reliquidar y pagar a mi poderdante Dra.
HELGA JOHANNA RIOS DURAN, desde el 07 de septiembre de 2015 (por los periodos que se ha desempeñado como juez), hasta la fecha y en adelante, mientras permanezca vinculada, todas sus prestaciones sociales, salariales y laborales, tales como, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, vacaciones, prima de navidad, cesantías, seguridad social en pensión y demás emolumentos laborales que se puedan ver incididos, teniendo como base para su liquidación 100% de su
de servicios, prima de vacaciones, vacaciones, prima de navidad, cesantías, seguridad social en pensión y demás emolumentos laborales que se puedan ver incididos, teniendo como base para su liquidación 100% de su remuneración mensual legalmente establecida por el Gobierno Nacional en los decretos anuales.
CUARTA: Igualmente, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a reconocer, liquidar y pagar a mi mandante Dra. HELGA JOHANNA RIOS DURAN, desde el 07 de septiembre de 2015
(por los periodos que se ha desempeñado como juez), hasta la fecha efectiva de pago, el valor de las diferencias salariales y prestacionales existentes, entre lo pagado hasta ahora por la entidad accionada con el 70% de su salario básico y el valor que resulte de reliquidar todas sus prestaciones sociales, salariales y laborales, con el 100% de su remuneración mensual legalmente establecida por el Gobierno Nacional en los decretos anuales.
SEXTA: Que igualmente a título de restablecimiento del derecho, se condene a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a continuar pagando a la accionante Dra.
HELGA JOHANNA RIOS DURAN, desde el 07 de septiembre de 2015 (p or los periodos que se ha desempeñado como juez), mientras permanezca vinculada, el 100% de la remuneración mensual legalmente establecida en los decretos anuales dictados por el Gobierno Nacional con los cuales fija el régimen salarial y prestacional de l os servidores de la Rama Judicial del Poder Público.».
vinculada, el 100% de la remuneración mensual legalmente establecida en los decretos anuales dictados por el Gobierno Nacional con los cuales fija el régimen salarial y prestacional de l os servidores de la Rama Judicial del Poder Público.».
Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:
La demandante es servidora de la Rama Judicial desde el 7 de septiembre de 2015, desempeñando el cargo de juez en diferentes despachos.
El 5 de marzo de 2020, radicó petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual, así como la reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos salariales.
En respuesta, la demandada emitió la resolución número DESAJBUR20-2392 del 17 de marzo de 2020, en la que negó las pretensiones.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Helga Johanna Rios Duran
Demandado: Nación – Rama Judicial
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Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el día 1 de septiembre de 2020.
Como fundamento de derecho invocó los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 48, 53, 58 y 209 de la Constitución Política, los artículos 2 y 14 de la Ley 4 de 1992, numeral 7
Como fundamento de derecho invocó los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 48, 53, 58 y 209 de la Constitución Política, los artículos 2 y 14 de la Ley 4 de 1992, numeral 7 del artículo 152, el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, el artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes.
B. Posición de la parte demandada
La Nación Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por considerar que los actos administrativos demandados se expidieron con sujeción al ordenamiento jurídico vigente al momento de la solicitud del reconocimiento de la prima especial, razón por la cual no existe irregularidad que justifique su nulidad.
Argumentó que, conforme a lo dispuesto en la Constitución Pol ítica y en la Ley 4ª de 1992, la facultad para fijar los estipendios salariales de los servidores públicos corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional. En tal sentido, la Rama Judicial no cuenta con competencia para modificar el régimen prestacional y salarial, y debe limitarse a aplicar las disposiciones expedidas por el Ejecutivo.
Indicó que acceder a lo pretendido por el demandante implicaría modificar el régimen legalmente establecido para los servidores judiciales, lo cual generaría una carga pre supuestal adicional para el Estado. Tal modificación requeriría de la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, situación que no se ha presentado hasta la fecha.
Propuso la excepción de ineptitud de la demanda, inexistencia del demandado, falta de legitimación en la causa por pasiva, la demanda no comprende a todos los
ha presentado hasta la fecha.
Propuso la excepción de ineptitud de la demanda, inexistencia del demandado, falta de legitimación en la causa por pasiva, la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios, caducidad, cobro de lo no debido y la prescripción trienal de los derechos reclamados.
C. Sentencia de primera instancia3
El juzgado de primera instancia, mediante sentencia de fecha 26 de septiembre de 2023, resolvió:
2 Expediente digital de OneDrive, 18ContestacionDdo.pdf 3Expediente digital de OneDrive, 39SetenciaPrimeraInstancia.docxNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander «PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL, frente a las sumas adeudadas, causadas con anterioridad al 5 de marzo de 2017, por las razones expuestas.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
-Resolución DESAJ BUC 20 – 2392 del 17 de marzo de 2020 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
-Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente al recurso de apelación interpuesto por el demandante el 1 de septiembre de 2020.
TERCERO: Como consecuencia de las an teriores declaraciones de
por el ente demandado frente al recurso de apelación interpuesto por el demandante el 1 de septiembre de 2020.
TERCERO: Como consecuencia de las an teriores declaraciones de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a favor de la parte demandante HELGA JOHANNA RÍOS DURÁN, las diferencias que por concepto de la prima especial resulten a su favor teniendo en cuenta la prima como una adición al salario, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente y teniendo en cuenta que solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación ; así mismo se ordena la reliquidación de las prestaciones sociales: la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad, bonificación por servicios prestados, las cesantías y los intereses a las cesantías, desde el 5 de marzo de 2017 y por los periodos desempeñados como Juez de la República, con base en la asignación básica mensual, incluido el 30% de la prima especial de servicios.
Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.
La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.
La actualización ordenada se hará la (sic) aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.
con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.
La actualización ordenada se hará la (sic) aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.
CUARTO: Negar las excepciones propuestas relacionadas con el cobro de lo no debido, inconstitucionalidad, caducidad y la falta de legitimación en la causa por las razones expuestas.
QUINTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO .»
(Negrilla fuera de texto)
Indicó que, mediante la Sentencia de Unificación del 2 de septiembre de 2019, se estableció que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no puede ser descontada del salario básico. En consecuencia, la asignación básica debe pagarse en su totalidad, es decir, el 100% de la misma, y sobre dicho monto deben liquidarse y pagarse las prestaciones sociales correspondientes.
Sostuvo que los beneficiarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 tienen derecho al reconocimiento de la prima especial como un componente adicional del salario. EnNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander tal virtud, ordenó, a título de restablecimiento del derecho, la reliquidación y el pago de todas las prestaciones salariales reconocidas a la parte demandante, por los períodos en que desempeñó funciones como juez.
tal virtud, ordenó, a título de restablecimiento del derecho, la reliquidación y el pago de todas las prestaciones salariales reconocidas a la parte demandante, por los períodos en que desempeñó funciones como juez.
Respecto de la prescripción trienal, señaló que la demandante presentó la reclamación administrativa el 5 de marzo de 2020; por tanto, existe prescripción de derechos para las sumas reclamadas con anterioridad al 5 de marzo de 2017.
D. Recurso de apelación
La Nación Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 4 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos relevantes:
- Señala que, l a parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos números 053 y 057 de 1993; 106 de 1994; 043 y 049 de 1995; 36 y 108 de 1996; 054 y 076 de 1997; 050 y 064 de 1998; 038 y 044 de 1999; 2740 y 2743 de 2000; 1480, 2720 y 2777 de 2001; 673 y 685 de 2002; 3569 de 2003; 4172, art. 7° de 2004; 969, art. 7° de 2005; 389, art. 7° de 2006; 618, art. 7° de 2007; 658, art. 7° de 2008 y 723, art. 7° de 2009; 1388 de 2010 ; 1039 de 2011; 0874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014, cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para
2011; 0874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014, cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada.
- Precisa que la inaplicación de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que estos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Además, la demanda mezcla solicitudes de inaplicabilidad con peticiones de nulidad, lo que genera confusión.
- Considera que la parte resolutiva del fallo de primera instancia incurrió en un exceso al afirmar que la prima especial tenía carácter salarial, contradiciendo lo dispuesto por la sentencia de unificación SUJ -016-CE-S2-2019 del Consejo de Estado, en la cual se indicó que solo constituye factor salarial para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, por lo que no puede extenderse a otros conceptos prestacionales.
4 Expediente digital de OneDrive, 018MemorialWebRecursoApelacion.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander iv. Recalca nuevamente las excepciones propuestas al contestar la demanda
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander iv. Recalca nuevamente las excepciones propuestas al contestar la demanda de «inexistencia del demandado », «ineptitud de la demanda » y «no comprender a todos los litisconsortes necesarios », y recalca que el juez de primera instancia ignoró que solo el Gobierno nacional puede fijar salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial.
- Precisa que únicamente deben reconocerse las sumas comprendidas entre el 5 de marzo de 2017, fecha desde la cual se declaró la prescripción conforme a la solicitud de la parte actora, y el 31 de diciembre de 2020, día anterior a la entrada en vigencia del Decr eto 272 del 11 de m arzo de 2021, el cual estableció de manera formal la prima especial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
E. Pronunciamiento en segunda instancia
Sin pronunciamiento en segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
F. Manifestación de impedimento
Registrado el proyecto para revisión de la Sala, a través de la plataforma Teams, el Magistrado Iván Fernando Prada Macias manifestó que se encuentra impedido para conocer del proceso como miembro de la Sala, en atención a que se configura la causal dispuesta en el artículo 141, numeral 1 del C.G.P, por cuanto le asiste un interés indirecto en el resultado del litigio, toda vez que actúa como demandante en el proceso identificado con el radicado número 680013333006 -2018-00076-02, en el cual se pretende la liquidación del 30% de la prima especial como componente
interés indirecto en el resultado del litigio, toda vez que actúa como demandante en el proceso identificado con el radicado número 680013333006 -2018-00076-02, en el cual se pretende la liquidación del 30% de la prima especial como componente adicional del salario bá sico por el período en el que ejerció funciones como Juez Administrativo, trámite que actualmente se encuentra en etapa de apelación contra la sentencia de primera instancia.
En efecto, el artículo citado por el Magistrado consagra la causal de impedime nto en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.Nulidad y Restablecimiento del derecho
Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Helga Johanna Rios Duran
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Radicado No. 680013333003-2021-00116-02
Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander (…)».
Por lo anterior, considera la Sala que se configura la causal alegada por el Magistrado y, en consecuencia, se declarará fundado el impedimento manifestado y se procederá a separarlo del conocimiento del presente asunto como miembro de la Sala de decisión.
G. Cuestión previa
En aplicación del artículo 328 del C.G. del P., la Sala se limitará a pronunciarse sobre los motivos de inconformidad planteados por la entidad accionada contra la
la Sala de decisión.
G. Cuestión previa
En aplicación del artículo 328 del C.G. del P., la Sala se limitará a pronunciarse sobre los motivos de inconformidad planteados por la entidad accionada contra la sentencia de primera instancia. Los reparos relacionados con la excepción de caducidad se resolverán en esta oportunidad , toda vez que el juez de primera instancia no la resolvió en la sentencia.
En relación con los reparos de la parte demandada frente a la s excepciones de «inexistencia del demandado», la «ineptitud de la demanda» y «no comprender a todos los litisconsortes necesarios», es preciso señalar que, mediante auto proferido el 28 de abril de 202 35, el juzgado de primera i nstancia las resolvió y declaró no probadas. En ese orden y dando aplicación al principio de preclusividad, no hay lugar a reabrir de nuevo el debate y en esa medida la Sala no emitirá pronunciamiento alguno sobre este aspecto.
H. Problemas jurídicos
Con el fin de establecer si procede confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación de la parte demandada:
P.J.1: Caducidad. ¿Caducó la oportunidad para cuestionar la legalidad de los decretos que regulan el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, incluyendo la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992?
P.J.2: Interpretación de la prima especial. ¿El juzgador de primera instancia se extralimitó en su decisión y desconoció la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2P.J.2: Interpretación de la prima especial. ¿El juzgador de primera instancia se extralimitó en su decisión y desconoció la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S22019 al reconocer el carácter salarial de la prima especial del 30% para efectos de la reliquidación de todas las prestaciones sociales?
5Expediente digital de OneDrive, 23AutoResuelveExcepcionesPrevias.docxNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander P.J.3: Excepción de inconstitucionalidad. ¿En el caso concreto procede inaplicar los decretos salariales por inconstitucionalidad al desmejorar ilega lmente los derechos laborales?
P.J.4: Cómputo del término de reconocimiento. ¿El reconocimiento de la prima especial, en caso de ser procedente, debe limitarse al periodo comprendido entre el 5 de marzo de 2017 y el 31 de diciembre de 2020, fecha anterior a la formalización de la prima especial mediante el Decreto 272 de 2021?
I. Tesis de la Sala
A los problemas jurídicos planteados, la Sala responde en los siguientes términos:
P.J.1: No, al tratarse de la reclamación de prestaciones de carácter periódico y de tracto sucesivo, la parte demandante podía acudir a la jurisdicción en cualquier
P.J.1: No, al tratarse de la reclamación de prestaciones de carácter periódico y de tracto sucesivo, la parte demandante podía acudir a la jurisdicción en cualquier tiempo sin que opere el fenómeno jurídico de la caducidad, sin perjuicio de la aplicación de la prescripción de las sumas adeudadas susceptibles de que se les aplique este fenómeno.
P.J.2: No, el juez de primera instancia, tanto en la parte motiva como en la resolutiva de la sentencia, precisó que las diferencias que por concepto de la prima especial resulten a favor de la demandante, teniendo en cuenta la prima como una adición al salario, solo constituyen factor salarial para aportes a pensión de jubilación.
Sin embargo, como la redacción de la orden contenida en el artículo TERCERO de la sentencia podría conducir a concluir que la reliquidación de las prestaciones sociales a favor de la demandante se realice sobre el 100% del salario básico más el 30% de la prima especial de servicios, la Sala la modificará para hacer la precisión.
P.J.3: Sí. Resulta plenamente procedente inaplicar por inconstitucionalidad los decretos salariales que, al liquidar la prima especial como una "sustracción" en lugar de una "adición" al salario, desmejoraron ilegalmente los derechos laborales de los func ionarios judiciales y vulneraron las garantías laborales mínimas de los beneficiarios de la prima especial, al reproducir el contenido de actos normativos previamente anulados o contrarios al marco constitucional.
Por lo tanto, y como en la sentencia de pr imera instancia el juez omitió disponer sobre este aspecto, se adicionará para ordenar la inaplicación del artículo 6 del
previamente anulados o contrarios al marco constitucional.
Por lo tanto, y como en la sentencia de pr imera instancia el juez omitió disponer sobre este aspecto, se adicionará para ordenar la inaplicación del artículo 6 del Decreto 658 de 2008, los artículos 8 de los Decretos 723 de 2009, 0874 de 2012,Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia
Demandante: Helga Johanna Rios Duran
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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 1.024 de 2013, 194 de 7 de febrero de 2014; así como los artículos 7° de los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y subsiguientes que se hayan expedido en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial.
P.J.4: No. La prima especial, al tener el carácter de factor salarial para efectos pensionales, se reconocerá a partir de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 y el decreto que la reglamentó primigeniamente (Decreto 57 de 1993, a partir del 7 de enero de 1993). Por lo tanto, y dado su carácter imprescriptible, dichos aportes deberán ser liquidados y pagados por la entidad demandada por la to talidad del período reclamado por la parte actora, correspondiente al tiempo en que ejerció funciones como Juez de la República y hasta su desvinculación.
deberán ser liquidados y pagados por la entidad demandada por la to talidad del período reclamado por la parte actora, correspondiente al tiempo en que ejerció funciones como Juez de la República y hasta su desvinculación.
Con relación a la reliquidación de las demás prestaciones sociales, se aclarará que la prima especial de servicios no constituye factor salarial y solo opera respecto de las prestaciones sometidas a dicho fenómeno, por lo que habrá de excluirse las cesantías. Sin embarg o, en cumplimiento de la s reglas 1 y 2 de la sentencia de unificación, se dispondrá que su liquidación corresponde al 100% del salario básico, incluyendo el 30% que se excluyó indebidamente. Se reconocerá a partir del 5 de marzo de 2017, porque al presentarse la reclamación en sede administrativa el 5 de marzo de 2020 , operó el fenómeno jurídico de la prescripción de los tres años anteriores.
Se precisa que la Sala no accederá a la petición de la accionada en su recurso de que el límite máximo para reconocer el derecho a la demandante lo sea la expedición del Decreto 272 de 2021, mediante el cual se formalizó el derecho a percibir la prima, porque no probó que, en efecto, a partir de esa fecha, cumplió con su obligación de efectuar la liquidación correcta de la prima.
En consecuencia, se modificará la sen
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