TA SAN - Sentencia 680013333003-2022-00170-01 (13-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente: Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 680013333003-2022-00170-01

Medio de control: Reparación Directa.

Demandantes: Clara Inés Suárez Romero.

abogadolitiganteyesid@hotmail.com

Demandados: Nación – Fiscalía general.

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co clara.cediel@fiscalia.gov. Nación – Rama Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co Ministerio

Público: Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos

nmgonzalez@procuraduria.gov.co Tema: Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad / se confirma la sentencia que niega pretensiones. Estándar probatorio exigible para la imposición de la medida de aseguramiento. Al margen de la decisión de absolución penal, la detención preventiva resultó ajustada al ordenamiento jurídico.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y vinculada – Nación -Rama Judicial -, contra la sentencia de primera instancia proferida el 1 de diciembre de 202 3 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

I. LA DEMANDA1

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, acude ante esta jurisdicción la señora Clara Inés Suárez Romero mediante apoderado judicial en contra de la Fiscalía General de la Nación,

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, acude ante esta jurisdicción la señora Clara Inés Suárez Romero mediante apoderado judicial en contra de la Fiscalía General de la Nación, habiéndose vinculado posteriormente en calidad de litis consorcio necesario para integrar la parte pasiva a la Nación – Rama Judicial2; se formularon las siguientes:

1. Pretensiones:

Buscan los demandantes se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por el hecho dañoso consistente en la privación injusta de la libertad sufrida por la señora Clara Inés Suárez Romero

Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se condene a las entidades demandas, al reconocimiento y pago de los siguientes perjuicios materiales e inmateriales, correspondientes a los siguientes conceptos y montos:

• Por perjuicios morales a favor de la demandante en condición de víctima la suma equivalente a 200 SMLMV. • Por daño a la vida en relación a favor de la demandante la suma equivalente a 200 SMLMV.

1 Indice 003 SAMAI primera instancia, archivo 4 2 Indice 017 SAMAI primera instanciaTribunal Administrativo de Santander Sentencia de segunda instancia Expediente 680013333003-2022-00170-01

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• Por daño por la alteración a las condiciones de existencia a favor de la demandante la suma equivalente a 200 SMLMV. • Por lucro cesante consolidad a favor de la demandante las sumas que se llegaren a determinar

Solicita además, q ue las sumas reconocidas sean debidamente indexadas y se condene en costas a la parte demandada.

• Por lucro cesante consolidad a favor de la demandante las sumas que se llegaren a determinar

Solicita además, q ue las sumas reconocidas sean debidamente indexadas y se condene en costas a la parte demandada.

2. Hechos.

La parte demandante expone como sustento fáctico de sus pretensiones los hechos que a continuación se resumen:

2.1. El 12 de junio de 2013, la señora Clara Inés Suárez Romero, encontrándose en la ciudad de Cartagena fue capturada junto con otras 14 personas, por agentes de la Policía Nacional en cumplimiento a orden expedida por la Fiscalía Sexta de Estructura de Apoyo Se ccional Bucaramanga dentro del proceso radicado 680016008-777-201200012-00 de fecha 11 de junio de 2013, por la presunta comisión de delitos de estafa agravada como delito masa, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.

2.2. Que los días 13 y 15 de junio de 2023, se realizaron las audiencias preliminares de legalización de captura y de allanamiento registro e incautación, audiencia de formulación e imputación de cargos, adelantadas ante el Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías , dentro de las cuales la demandante no aceptó los cargos formulados y, se le impuso medida de aseguramiento de privación de la libertad en establecimiento carcelario - Cárcel Penitenciaria de Media na Seguridad para Mujeres de Bucaramanga, Chimitá.

2.3. La Fiscalía Sexta delegada ante el referido proceso presentó escrito de

de la libertad en establecimiento carcelario - Cárcel Penitenciaria de Media na Seguridad para Mujeres de Bucaramanga, Chimitá.

2.3. La Fiscalía Sexta delegada ante el referido proceso presentó escrito de acusación en contra de los procesados —incluyendo a la acá demandante.

2.4. En fecha 22 de abril de 2014, el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bucaramanga, profirió revocatoria de medida de aseguramiento intramural a favor de la señora Clara Inés Suárez Romero.

2.5. Que en fecha 06 de mayo de 2 014 la demandante fue trasladada a la ciudad de Barranquilla al Centro Carcelario para mujeres de esa ciudad, para que ese establecimiento vigilara su detención domiciliaria.

2.6. Que terminada la fase probatoria en fecha 20 de noviembre de 2019, el ente investigador demandado solicitó en sus alegatos de conclusión la absolución de todos los procesados, posición que fue replicada por el Representante del Ministerio Público.

2.7. El 06 de diciembre de 2019 el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga con funciones de conocimiento, dictó sentencia absolutoria en favor de la señora Clara Inés Suárez Romero y otras personas.Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de segunda instancia Expediente 680013333003-2022-00170-01

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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. Fiscalía General de la Nación3.

Se opone a lo manifestado por la demandante sobre la ilegalidad de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación . Propone como excepción la de falta de

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. Fiscalía General de la Nación3.

Se opone a lo manifestado por la demandante sobre la ilegalidad de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación . Propone como excepción la de falta de legitimación en la causa por pasiva prevista en la Ley 906 de 2004, aduciendo que la Fiscalía es quien tiene el papel acusador, mas no, quien determina las medidas restrictivas de la libertad de los imputados, y que quien impuso la medida fue el Juez Penal de Control de Garantías.

Afirma que el hecho de haber proferido sentencia absolutoria, no permite endilgar de manera automática responsabilidad estatal por la privación de la libertad, pues si bien es cierto se decidió en tal sentido, ello no si gnifica que haya sufrido una desproporcionada carga en la investigación que se surtió en su contra.

Considera que no existe daño antijurídico, pues para el momento procesal en que debía resolverse la solicitud de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, se reunían los requisitos establecidos en el Art. 308 del CPP vigentes para la época, dado que existían elementos materiales probatorios de los cuales se podía deducir e inferir de manera razonable que la señora Clara Inés Suárez Romero podría ser partícipe de la s conductas delictiva que se investigaban, las cuales, por su gravedad y análisis en conjunto del arsenal probatorio recaudado llevaban a considerarla un peligro para la sociedad, al tener en cuenta que posiblemente estaba concertada con la organización delincuencial de señora María Elvira Rodelo Zambrano contra quien se dictó sentencia condenatoria por aceptación de cargos, al igual que contra otras

la sociedad, al tener en cuenta que posiblemente estaba concertada con la organización delincuencial de señora María Elvira Rodelo Zambrano contra quien se dictó sentencia condenatoria por aceptación de cargos, al igual que contra otras dos personas relacionadas con dicho grupo.

Ello da cuenta de la existencia de la empresa criminal llamada “bendición” integrada por una comunidad de personas dedicadas a la obtención y recaudo de dineros, bajo la asignación promovida por el ardid de señora María Elvira Rodelo Zambrano, bajo la ilusión de un reembolso económico multiplicado según el capital aportado entre fieles de varias comunidades cristianas y en varios municipios, con la que la aquí demandante resultó vinculada a través de sendas comunicaciones telefónicas que sostuvo con la señora María Elvira.

Invoca la causal eximente de responsabilidad denominada culpa exclusiva de la víctima, señalando que el actuar desplegado por la accionante en el sentido de vincularse a la “bendición” realizando aportes económicos con la ilusión ambiciosa de obtener ganancias de manera cómoda sin desconfianza alguna, aunado a que es una persona con estudio (químico farmacéutico), se traduce en un comportamiento con el que lógicamente se estaba exponiendo, no sólo a ser víctima de la estafa, sino también a que se pudiera inferir que hacía parte de dicha empresa criminal, por lo que la conducta desplegada por la demandante fue determinante para que se le privara de la libertad.

También alega el eximente de responsabilidad de ausencia del nexo causal entre las actuaciones de la Fiscalía y el daño antijuridico reclamado en la demanda,

para que se le privara de la libertad.

También alega el eximente de responsabilidad de ausencia del nexo causal entre las actuaciones de la Fiscalía y el daño antijuridico reclamado en la demanda, señalando que no se encuentra demostrado que la Fiscalía General de la Nación,

3 Índice 00015 SAMAI primera instancia, archivo 25Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de segunda instancia Expediente 680013333003-2022-00170-01

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en el ejercicio de sus facultades de postulación, haya inducido en error al Juez Natural, en relación con la decisión de imposición de la medida de aseguramiento de la señora Clara Inés Suárez Romero resaltando así que ese ente investigador no tiene la facultad para decidir sobre la libertad de las personas y, así mismo, que la solicitud de imposición de la medida de aseguramiento no es vinculante para el Juez, toda vez, que éste decide de manera imparcial, autónoma e independiente, conforme a los principios de legalidad, ponderación, proporcionalidad y necesidad.

2. Nación – Rama Judicial4.

Se opone a las pretensiones por considerar que no se configuran los presupuestos para que se estructure la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, toda vez que las actuaciones y decisiones de los Jueces se emitieron en cumplimiento de la Constitución y la Ley, aunado a que se configuraron eximentes de responsabilidad.

Precisa que actualmente es uniforme la jurisprudencia de las altas Cortes, adoptada en la sentencia C -037 de 1996 y en las sentencias del Consejo de Estado y de Unificación de la Corte Constitucional, en el sentido de considerar, en primer lugar,

Precisa que actualmente es uniforme la jurisprudencia de las altas Cortes, adoptada en la sentencia C -037 de 1996 y en las sentencias del Consejo de Estado y de Unificación de la Corte Constitucional, en el sentido de considerar, en primer lugar, que en cualquier caso, la privación de la libertad únicamente puede ser considerada injusta y, en consecuencia, antijurídica, cuando es desconocedora de los presupuestos y procedimientos convencionales, constitucionales y legales; en segundo lugar, que siempre debe evaluarse si concurre la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima; y, en tercer lugar, que corresponde al juez de lo contencioso administrativo estudiar todo el proceso penal y determinar el régimen de responsabilidad aplicable de acuerdo a las particularidades del caso.

A este último respecto, al apelar a la lógica jurídica, fluye colegir con suficiente claridad que, considerando que el análisis de antijuridicidad del daño prácticamente parte de la valoración de una actuación ilegal, arbitraria, desproporcionada o arbitraria, esto es, un error judicial, el régimen de responsabilidad a aplicar bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad es el subjetivo o de falla del servicio.

Precisa que el daño no se torna antij urídico solo por la absolución de quien fue privado de la libertad con imposición de medida de aseguramiento, habida consideración de que el rol del juez de control de garantías es diametralmente distinto del que realiza el juez de conocimiento, pues es solo a éste último al que le compete realizar el juicio de responsabilidad penal del imputado; además, de considerarse que la actuación del juez de control de garantías es antijurídica por el

distinto del que realiza el juez de conocimiento, pues es solo a éste último al que le compete realizar el juicio de responsabilidad penal del imputado; además, de considerarse que la actuación del juez de control de garantías es antijurídica por el resultado que tuvo el proceso (absolución, preclusión o desvinculación por cualquier cusa del proceso penal), pareciera concluir que la garantía de la libertad personal no admite restricción diferente a la condena penal, lo cual haría nugatorio el ordenamiento jurídico constitucional y legal que autoriza las medidas de aseguramiento.

Alegó la culpa exclusiva de la víctima, señalando que la captura de la demandante y de las demás personas involucradas en los hechos materia de investigación, se produjo como consecuencia de su presunta participación de los delitos que le fueron imputados, puesto que resultó involucrada en la organización criminal creada por la señora María Elvira Rodelo Zambrano , por su interés de obtener beneficios

4 Índice 00022 SAMAI primera instancia, archivo 43Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de segunda instancia Expediente 680013333003-2022-00170-01

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económicos exorbitantes, como el mismo Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bu caramanga lo hace ver en la sentencia de fecha 06 de diciembre de 2019, sumado a que el ente investigador recopiló información de las interceptaciones telefónicas realizadas a varios integrantes de dicha banda delincuencial y también soportó el inicio del proceso penal y la imposición de la medida de aseguramiento en innumerables denuncias de las víctimas y demás

interceptaciones telefónicas realizadas a varios integrantes de dicha banda delincuencial y también soportó el inicio del proceso penal y la imposición de la medida de aseguramiento en innumerables denuncias de las víctimas y demás elementos materiales probatorios con los que se contaba en ese momento procesal, encontrándose así que la acá demandante, era una posible responsa ble en la comisión de unos delitos, motivo por el cual se rompe el nexo causal, el cual es requisito esencial para la configuración y procedencia de la reclamación administrativa por los presuntos perjuicios causados.

Igualmente invocó el hecho exclusivo y determinante de un tercero, en tanto que el hecho que dio origen a la investigación iniciada en contra de la demandante se debió a la denuncia formulada por el señor Robinson Rueda Vargas, por lo que la decisión de solicitar la imposición de medida de aseguramiento en su contra ante el juez de control de garantías, se sustentó en los elementos materiales probatorios obrantes en el expediente; por tanto, fue un tercero la causa, exclusiva y determinante del daño, es decir, es imputable a la actuación desp legada por la señora María Elvira Rodelo Zambrano, quien con su actuar dio lugar a la producción del hecho dañoso.

En ese orden, indica que las actuaciones judiciales se surtieron en respuesta a los hechos de los terceros que involucraron a la demandante en la conducta delictiva investigada, sin que pueda deprecarse un actuar desbordado o desproporcionado respecto del aparato de justicia. La referida causal como eximente de responsabilidad la invocó respecto del ente acusador demandado, argumentando que la imposición de la medida de aseguramiento, obedeció a que, para la fecha de

respecto del aparato de justicia. La referida causal como eximente de responsabilidad la invocó respecto del ente acusador demandado, argumentando que la imposición de la medida de aseguramiento, obedeció a que, para la fecha de la solicitud y orden de la privación cautelar, se encontraban acreditados los presupuestos que daban lugar a la misma, de manera que es única y exclusivamente la Fiscalía, quien c on su actuación investigativa en etapas posteriores configura o produce el daño, pues como quedó expuesto en la sentencia penal, puede advertirse una deficiencia investigativa y probatoria que es imputable exclusivamente a la Fiscalía, quien construyó una teoría del caso en contra de la actora principal, para luego de adelantar todo un proceso penal en su contra, terminar su actuación sin lograr aportar las pruebas necesarias para que fuera proferida una condena definitiva en contra de la acá demandante.

III. LA SENTENCIA APELADA5

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de B ucaramanga en providencia del 1° de diciembre de 2023 niega las pretensiones de la demanda por considerar que, en el caso concreto existía una inferencia de la comisión de un delito, que hizo que se pusiera a la señora Clara Inés Suárez Romero a disposición de la autoridad competente, y adicional a ello, se cumplieron los requisitos establecidos por el legislador para el decreto de la medida preventiva , esto es, los señalados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, y 3° del CPP, siendo esta además acorde a los fines constitucionales, esto es, al ser necesaria, adecuada y proporcional

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siendo esta además acorde a los fines constitucionales, esto es, al ser necesaria, adecuada y proporcional

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Así mismo, consideró el A-quo que el funcionamiento de la administración de justicia y del ente investigador, se ajustó a las normas vigentes, quienes actuaron conforme a sus deberes legales y constitucionales y consideraron que en el presente caso era necesario decretar la medida preventiva, concluyendo que no se privó injustamente de la libertad a la señora Clara Inés Suárez Romero.

En lo que respecta a la condena en costas en primera instancia, decidió no imponer condena alguna por no encontrar probada en el expediente su causación, aunado a que no se advirtió conducta temeraria o indebida de la parte demandante.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

1. Parte demandante6.

Solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia, argumentando que la señora Clara Inés Suárez Romero nunca fue condenada penalmente. En el Sistema Penal Acusatorio - SPOA existían registros de noticias criminales asociadas a su nombre, bajo los radicados 680016000000201300227 y 680016008777201200012, correspondientes a los delitos de concierto para delinquir, conforme al artículo 340 del Código Penal. Sin embargo, el A-quo, en sus consideraciones, únicamente analizó la legalidad del acto que ordenó la captura, es decir, la existencia de los

correspondientes a los delitos de concierto para delinquir, conforme al artículo 340 del Código Penal. Sin embargo, el A-quo, en sus consideraciones, únicamente analizó la legalidad del acto que ordenó la captura, es decir, la existencia de los requisitos de ley para que esta pudiera producirse. No obstante, se argumenta que, al hacerlo, se vulneró la dignidad humana de la señora Clara Inés Suárez Romero, uno de los principios rectores del Estado Social de Derecho, consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia. Este principio establece los fundamentos del modelo de Estado adoptado por el país.

En relación con el proceso penal, se señala que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial no presentaron pruebas suficientes para justificar la privación de la libertad de más de quince personas, entre ellas la señora Suárez Romero. Este hecho quedó evidenciado en la sentencia del 6 de diciembre de 2019, dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga Radicado No. 680016000000201300227. En este contexto, se invoca el principio "in dubio pro reo ", que establece que, en caso de duda, se debe fallar a favor del acusado, lo cual resulta pertinente en la resolución de este proceso.

Adicionalmente, se menciona que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que, cuando se absuelve a una persona que estuvo privada de la libertad, el Estado debe indemnizar los daños ocasionados por dic ha detención. Según lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados a los particulares como resultado de la acción u omisión de sus agentes.

Según lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados a los particulares como resultado de la acción u omisión de sus agentes.

En el caso de la señora Clara Inés Suárez Romero, se configura una responsabilidad objetiva del Estado, pues se causó un daño antijurídico al privarla injustamente de su libertad. La privación de la libertad no estuvo sustentada en pruebas suficientes ni en fundamentos legales claros, dado que la Fiscalía no logró demostrar la culpabilidad de la señora Suárez Romero en los hechos que se le

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imputaban. Además, la medida de aseguramiento fue adoptada sin que se cumplieran los requisitos mínimos probatorios que justificaran tal decisión.

Se sostiene, asimismo, que existió una evidente falla en el servicio por parte de los funcionarios responsables de la administración de justicia. El hecho de que se haya emitido una orden de captura y una medida de aseguramiento contra Clara Inés Suárez Romero, sin pruebas claras que la vincularan con el delito, constituye una violación a sus derechos fundamentales. La señora Suárez Romero sufrió tanto un daño moral como material debido a la privación de su libertad, lo que justifica la solicitud de revocatoria de la sentencia y el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios ocasionados.

2. Nación Rama Judicial7

Presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con el

solicitud de revocatoria de la sentencia y el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios ocasionados.

2. Nación Rama Judicial7

Presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con el objetivo de que se revoque parcialmente el numeral segundo de la parte resolutiva que negó la condena en costas a favor de la Nación – Rama Judicial. Desde el inicio del proceso, la Nación – Rama Judicial incurrió en costos y cargas procesales que no fueron reconocidos, a pesar de haber sido parte activa desde el 21 de marzo de 2023.

El recurso destaca que el Estado incurrió en gastos para la defensa técnica, pues se contrató a profesionales para representar al Estado en el proceso. Además, subraya que la condena en costas es una medida objetiva y que su omisión constituye una mala interpretación de la normativa aplicable, citando jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Santander que establece que, en caso de vencimiento de la parte demandante, es procedente imponer la condena en costas.

Por ende, solicita la revocatoria parcial de la providencia de primera instancia y que se condene al pago de agencias y costas procesales a la parte demandante, tanto en primera como en segunda instancia, de acuerdo con la normativa y jurisprudencia aplicable.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El proceso fue radicado ante este Tribunal el 21 de marzo de 2024 correspondiéndole por reparto al Despacho Ponente quien, con auto del 12 de abril de 2024 , admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante . Posteriormente, con providencia del 21 de mayo de 2024 se re puso el numeral

de 2024 , admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante . Posteriormente, con providencia del 21 de mayo de 2024 se re puso el numeral primero del auto previamente mencionado y en su lugar, se admitió la apelación adhesiva formulada Nación – Rama Judicial contra la sentencia de primera instancia.

En la oportunidad procesal pertinente, la parte demandada – Nación – Fiscalía Genera de la Nación 8 – se pronunció para solicitar se confirme la decisión de primera instancia.

Insiste en que la privación de la libertad de la demandante no puede considerarse como un daño antijurídico pues para el momento procesal en que debía resolverse

7 Índice 00065 SAMAI primera instancia 8 Índice 00015 SAMAITribunal Administrativo de Santander Sentencia de segunda instancia Expediente 680013333003-2022-00170-01

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la solicitud de imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva se reunían los requisitos establecidos en el artículo 308 del C.P.P. vigente para la época, por cuanto existían elementos materiales probatorios y evidencia física recaudada en forma legal de la cual se podía deducir razonablemente que la señora CLARA INES SUAREZ ROMER O podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban, las cuales, por su gravedad, y análisis en conjunto del arsenal probatorio recaudado podía considerarse a la prenombrada como un peligro para la sociedad, mientras se determinaba con ce rteza su autoría o participación en la comisión de las mismas.

Señala que, pese a que posteriormente la medida de aseguramiento fue revocada,

sociedad, mientras se determinaba con ce rteza su autoría o participación en la comisión de las mismas.

Señala que, pese a que posteriormente la medida de aseguramiento fue revocada, ello no evidencia una falla de la Fiscalía, máxime cuando la absolución del demandante se dio por duda, y no porque se hubiera probado que aquella no fue partícipe de la conducta delictiva investigada.

La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial9, por su parte, también se pronunció respecto al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, insistiendo en los argumentos expuestos desde la contestación de la demanda, añadiendo que, los perjuicios pretendidos no fueron debidamente probados al interior del presente proceso.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a de satar la presente controversia en segunda instancia.

2. Problema Jurídico.

De acuerdo con los antecedentes reseñados y especialmente con los argumentos expuestos en los recursos de apelación contra la decisión de primera instancia, el problema jurídico al cual se enfrenta la Sala, consistente en determinar, sí:

Pj1: ¿En el presente caso consiste en determinar, si les asiste responsabilidad administrativa y patrimonial a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, por la presunta privación injusta de la libertad a

Pj1: ¿En el presente caso consiste en determinar, si les asiste responsabilidad administrativa y patrimonial a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, por la presunta privación injusta de la libertad a la que fue sometida la señora la Clara Inés Suárez Romero, y si en consecuencia, deben responder por los perjuicios que se le hayan causado a la demandante por tal decisión.?

Para tal efecto, verificará la Sala sí, conforme al marco normativo y jurisprudencial aplicable al sub judice, la privación de la libertar a la que fue sometida la señora Clara Inés Suárez Romero por la presunta comisión de delitos de estafa agravada como delito masa, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado, puede calificarse como injusta, lo que determinará si el daño causado –

9 Índice 00016 SAMAITribunal Administrativo de Santander Sentencia de segunda instancia Expediente 680013333003-2022-00170-01

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privación de la libertad – es o no antijurídico, dando lugar ello a la reparación patrimonial que reclama.

En caso de que la respuesta al problema jurídico sea negativa , deberá la Sala determinar si:

Pj2: ¿Resulta procedente revocar la decisión de no condenar en costas dada por el juez de primera instancia?

3. Marco normativo y jurisprudencial:

3.1. Del daño consistente en la privación injusta de la libertad y la imputación de éste a la administración:

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece la cláusula general

3. Marco normativo y jurisprudencial:

3.1. Del daño consistente en la privación injusta de la libertad y la imputación de éste a la administración:

El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece la cláusula general de responsabilidad del Estado derivada de los daños antijurídico s que cause a los particulares, con motivo de la acción u omisión de los funcionarios que la representan y que le sean imputables.

Se denota de la norma superior que en ésta no se privilegia ningún régimen de responsabilidad en particular para determinar la responsabilidad del Estado frente a un caso específico, resultando relevante para tal efecto, la acreditación de un daño antijurídico y la atribución de éste por acción u omisión de las autoridades públicas a través del estudio de imputación, escenario en el cual bien puede dete