TA SAN - Sentencia 680013333003-2023-00013-01 (24-09-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA–

SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander

Bucaramanga, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Sentencia de segunda instancia

Medio de control Protección de derechos e intereses colectivos Radicado 680013333003-2023-00013-01 Actor popular Jaime Orlando Martínez García derechoshumanosycolectivos@gmail.com Accionado Municipio de Bucaramanga notificaciones@bucaramanga.gov.co jpbarajaso@bucaramanga.gov.co Vinculado Luis Esteban Maldonado Vargas estebanmaldonado12@gmail.com clramirezbga@gmail.com Ministerio público Jhon Carlos García Perea jcgarcia@procuraduria.gov.co Sentencia núm. 073 Tema La Sala encuentra procedente la condena en costas. Sin embargo, modifica la sentencia de primera instancia para que el numeral cuarto se limite a imponerla y remita la fijación de las agencias en derecho al auto separado, conforme al artículo 366 del CGP y a las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura. Magistrada ponente Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que impidan decidir fondo, la Sala 1 resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor Jaime Orlando Martínez García contra la sentencia del 28 de enero de 202 5, proferida por el Juzgado

Verificada la inexistencia de irregularidades que impidan decidir fondo, la Sala 1 resuelve el recurso de apelación interpuesto por el señor Jaime Orlando Martínez García contra la sentencia del 28 de enero de 202 5, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se declaró la vulneración de los derechos colectivos previstos en los literales d), e) y m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998. El recurso fue admitido por auto del 3 de abril de 202 5. Durante el trámite de ejecutoría, el actor presentó pronunciamiento de segunda instancia, mientras que el Ministerio Público guardó silencio.

1. Antecedentes

1 En atención a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer la apelación de las sentencias que en primera instancia dicten los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial.Actor popular: Jaime Orlando Martínez García

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1.1. Posición de la parte accionante

El señor Jaime Orlando Martínez García invocó la protección de los derechos e intereses colectivos 2 al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la libertad de locomoción, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, la seguridad y salubridad públicas y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la

y a que su prestación sea eficiente y oportuna, la seguridad y salubridad públicas y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Pidió, entre otras pretensiones, que se declare que el municipio y el propi etario del predio vulneraron los derechos colectivos enunciados al no construir el perfil vial ni respetar el paramento oficial, al haber ocupado el área de cesión obligatoria destinada a antejardín; además, que se les ordene demoler los cerramientos y endurecimientos indebidos y ejecutar todas las obras civiles y ambientales necesarias para restituir el perfil vial y garantizar a los peatones, en especial a las personas con discapacidad, adultos mayores y niños, condiciones de accesibilidad y tránsito digno y seguro.

1.1.1. Sustentó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:

El predio ubicado en la Calle 49 núm. 27A-74 de Bucaramanga, donde hoy funciona un parqueadero público, no se construyó el perfil vial ni el paramento oficial exigidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la licencia de construcción núm. 68001-2-18-0691 expedida el 1.° de octubre de 2019 por la Curaduría Urbana.

El propietario del inmueble cerró el área de cesión obligatoria, el antejardín, y extendió de manera unilateral el globo de terreno hacia el espacio público, lo que comporta una apropiación indebida de un bien de uso común y la consecuente vulneración de los derechos colectivos.

extendió de manera unilateral el globo de terreno hacia el espacio público, lo que comporta una apropiación indebida de un bien de uso común y la consecuente vulneración de los derechos colectivos.

Pese a las peticiones radicadas ante la Alcaldía de Bucaramanga, el ente territorial omitió ejercer sus funciones de vigilancia y control de obra, pues no selló la construcción ni exigió la restitución de las franjas de retiro en sus dos fachadas, en contravía de lo dispuesto por el POT, la Ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y demás normas concordantes que imponen la garantía de accesibilidad y la protección del espacio público. Esa omisión desconoce de manera directa el artículo 82 de la Constitución Política, según el cual el Estado tiene el deber de velar por la protección del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

2 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 002 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 3_ED_REPARTODEMANDAACCI(.pdf).Actor popular: Jaime Orlando Martínez García

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Además, la afectación incide de manera especial en personas con discapacidad motriz y visual, adultos mayores, niños y madres con coches, así como en peatones en general, quienes ven limitado su derecho a la libre locomoción y al uso digno y seguro del espacio público.

1.1.2. En sede de segunda instancia 3, el actor popular reiteró los mismos

en general, quienes ven limitado su derecho a la libre locomoción y al uso digno y seguro del espacio público.

1.1.2. En sede de segunda instancia 3, el actor popular reiteró los mismos argumentos expuestos en la apelación.

1.2. Posición de la parte accionada

1.2.1. El señor Luis Estaban Maldonado Vargas4 se opuso a las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que en el entorno del inmueble objeto de controversia se garantiza el acceso pleno y el uso adecuado del espacio público, toda vez que en el año 2022 se reemplazaron las losas del andén . El inmueble no desconoce la normativa aplicable, no existe ocupación indebida ni acrecentamiento del área privada sobre el espacio público y tampoco se configura el daño contingente alegado por el actor.

1.2.2. El Municipio de Bucaramanga guardó silencio, a pesar de encontrarse debidamente notificado5.

1.3. La sentencia recurrida

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga 6 declaró la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la realización de construcciones respetando las disposiciones jurídicas, previstos en los literales d), e) y m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, por parte del Municipio de Bucaramanga y del señor Luis Esteban Maldonado Vargas.

En consecuencia, ordenó a este último adecuar en un plazo de cuatro meses la franja peatonal del inmueble localizado en la Calle 49 n úm. 27A-74 del barrio

y del señor Luis Esteban Maldonado Vargas.

En consecuencia, ordenó a este último adecuar en un plazo de cuatro meses la franja peatonal del inmueble localizado en la Calle 49 n úm. 27A-74 del barrio Sotomayor, conforme con las exigencias del Plan de Ordenamiento Territorial y del Manual de Diseño y Construcción del Espacio Público de Bucaramanga, bajo la supervisión y asistencia técnica del municipio, el cual, en caso de incumplimient o, deberá ejecutar directamente las obras y repetir contra el particular los costos en que incurra.

3 Expediente digital, actuación 0011 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 6_MemorialWeb_Alegatos-0REAFIRMORECURSOD(.pdf). 4 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 0038 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 41_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf). 5 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 0011 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado Soporte notificación Auto admite demanda (.pdf). 6 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 0092 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 118SentenciadePr_2023013FalloPopularc(.pdf).Actor popular: Jaime Orlando Martínez García

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De igual modo, impuso condena en costas, en los siguientes términos:

CUARTO: CONDENAR en costas que incluirán las agencias en derecho, como parte integrante de las mismas, el equivalente a medio (0.5) salario mínimo legal

De igual modo, impuso condena en costas, en los siguientes términos:

CUARTO: CONDENAR en costas que incluirán las agencias en derecho, como parte integrante de las mismas, el equivalente a medio (0.5) salario mínimo legal mensual vigente en primera instancia, a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, las cuales estarán a cargo del señor LUIS ESTEBAN MALDONADO VARGAS y del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en proporción del 50% para cada uno.

Para arribar a esa decisión, tuvo en cuenta el Informe Técnico núm. 3860-2022 y la visita del 30 de julio de 2024, que evidenciaron que la franja de circulación peatonal conserva un ancho de 1,5 m frente al mínimo de 2 m exigido por la normativa, lo que restringe el tránsito seguro de los peatones. A partir de estos elementos concluyó que el propietario incumplió las obligaciones derivadas de la licen cia de construcción y que el municipio omitió ejercer sus competencias de control sobre el espacio público, lo cual configura la responsabilidad compartida en la vulneración acreditada. 1.4. La apelación

El actor popular, inconforme con la decisión de primera instancia, la apeló 7 con fundamento en los siguientes puntos: (i) la procedencia y alcance de las costas en la acción popular y (ii) la tasación de las agencias en derecho. (i) El régimen aplicable impone la condena en costas cuando la sentencia resulta favorable a las pretensiones relativas a la protección de los derechos e intereses colectivos. Así lo prevén los artículos 38 de la Ley 472

(i) El régimen aplicable impone la condena en costas cuando la sentencia resulta favorable a las pretensiones relativas a la protección de los derechos e intereses colectivos. Así lo prevén los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del Código General del Proceso, así como las reglas de unificación establecidas en la sentencia de 2019 del Consejo de Estado: las costas comprenden expensas y agencias en derecho; su reconocimiento es obligatorio a cargo de la parte vencida; y, frente al actor popular, solo operan las excepciones de temeridad o mala fe. Las agencias deben fijarse en au to separado y con sujeción a las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura, con motivación específica conforme a los criterios de naturaleza, calidad e intensidad de la gestión y duración del proceso.

(ii) La tasación en 0,5 SMLMV desconoce el piso tarifario. La acción popular encaja en la categoría “por la naturaleza del asunto”, asuntos sin cuantía ni pretensiones pecuniarias, para la cual el artículo 5 del Acuerdo PSAA1610554 de 2016 fija, en primera instancia, un rango entre 1 y 10 SMLMV (y entre 1 y 6 SMLMV en segunda). La cifra reconocida se ubica por debajo del mínimo y carece de motivación suficiente frente a los artículos 365 y

7 Expediente digital, gestión en otros despachos, actuación 0094 SAMAI, enlace en la plataforma, archivo denominado 119_MemorialWeb_Recurso-000RECURSOAPELACIO(.pdf).Actor popular: Jaime Orlando Martínez García

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archivo denominado 119_MemorialWeb_Recurso-000RECURSOAPELACIO(.pdf).Actor popular: Jaime Orlando Martínez García

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366 del CGP, pese a la actividad procesal acreditada en el expediente (peticiones, presentación de la demanda, audi encia de pacto, recursos y alegatos) que justifica, como mínimo, el umbral legal.

Conforme a lo expuesto , proceden las costas y su reliquidación, la cual debe realizarse en auto separado, no por debajo de 1 SMLMV. En consecuencia, solicitó la modificación de la condena en costas para ajustarla a la normativa aplicable.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

Según lo expuesto en el recurso de apelación, la Sala observa que no se controvierte la declaratoria de vulneración de los derechos colectivos ni las órdenes impartidas para la restitución del espacio público; la inconformidad se limita a la condena en costas de la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, el estudio se circunscribe a ese punto y el problema jurídico por resolver es el siguiente:

¿Procede la condena en costas conforme al criterio objetivo unificado, y, en consecuencia, la modificación del numeral cuarto de la sentencia de primera instancia para excluir las agencias en derecho del fallo y fijarlas en auto separado conforme al artículo 366 del Código General del Proceso?

2.2. Tesis

Sí. En el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, la Sala acoge el criterio objetivo -valorativo fijado por la sentencia de unificación del

2.2. Tesis

Sí. En el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, la Sala acoge el criterio objetivo -valorativo fijado por la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2019; por consiguiente, procede la condena en costas en primera instancia a favor del actor popular, toda vez que las pretensiones fueron acogidas. Ahora bien, el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, como régimen especial con remisión al ordenamiento procesal civil, impone al juez el deber de pronunciarse sobr e su reconocimiento de las costas en los estrictos términos señalados por el legislador.

A su vez, el artículo 366 del Código General del Proceso (CGP) asigna la fijación de las agencias al auto que aprueba la liquidación de costas y no a la parte resolutiva de la sentencia; en ese orden, si bien era procedente el reconocimiento de la condena en costas, la providencia apelada incurrió en un yerro al disponer en su parte resolutiva la fijación del monto de las agencias en derecho, pues con ello desconoció la regla procesal que reserva dicha actuación al auto que aprueba la liquidación de costas.Actor popular: Jaime Orlando Martínez García

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Así las cosas, la Sala modificará el numeral cuarto de la sentencia, para excluir la fijación del monto de las agencias en derecho en la parte resolutiva, de manera que su fijación y liquidación se surtan en auto separado, conforme a las tarifas previstas

Así las cosas, la Sala modificará el numeral cuarto de la sentencia, para excluir la fijación del monto de las agencias en derecho en la parte resolutiva, de manera que su fijación y liquidación se surtan en auto separado, conforme a las tarifas previstas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554.

2.3. Metodología de la decisión

Para la resolución de este asunto se estudiarán las costas procesales en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos . Finalmente, se abordará el caso concreto de acuerdo con lo acreditado en el expediente, a fin de realizar su análisis crítico.

2.3.1. Las costas procesales en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos

Las costas procesales son aquella erogación económica que debe asumir la parte que resulta vencida en un proceso judicial. Éstas se componen de las expensas y las agencias en derecho.

Las expensas corresponden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como el valor de publicaciones, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de testigos, entre otros. Por su parte, las agencias de dere cho obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de la parte favorecida con la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y esfuerzo dedicados a la causa8.

El legislador reguló las costas en este tipo de acción en el artículo 38 de la Ley 472

representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y esfuerzo dedicados a la causa8.

El legislador reguló las costas en este tipo de acción en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 38. COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.

Con fundamento en la anterior normativa, el Consejo de Estado, en se ntencia de unificación del 6 de agosto de 2019 , dejó claro que las disposiciones aplicables a las costas procesales son las previstas en el procedimiento civil, por lo que el juez está obligado a aplicarlas por expresa remisión normativa. Así mismo, el alto tribunal

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especiales de decisión, sentencia del 06 de agosto de 2019 C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 15001-33-33-007-201700036-01(AP)REV-SUActor popular: Jaime Orlando Martínez García

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00036-01(AP)REV-SUActor popular: Jaime Orlando Martínez García

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precisó que la norma condicionó la condena en costas a un elemento subjetivo exclusivamente en relación con el actor popular, por ello, solo es posible condenarlo a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe9.

A su turno, el artículo 365 del Código General del Proceso fijó los criterios a seguir para la condena en costas de la siguiente manera:

[…] 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. […]

Respecto de la norma en cita, esta Sala por regla general ha acogido el criterio objetivo para la condena en costas aplicado por el Consejo de Estado, según el cual se trata de un castigo que se impone contra la parte vencida en juicio, no por su actuar temerario o de mala fe, sino simplemente por el hecho objetivo de haber sido derrotado en el proceso 10. Bajo esta interpretación de la norma, siempre que haya una parte vencida en juicio, deberá condenársele, sin que sea relevante el comportamiento de las partes para la pr ocedencia de las mismas, salvo en los procesos en que se ventile un interés público en cuyo caso debe evaluarse la

haya una parte vencida en juicio, deberá condenársele, sin que sea relevante el comportamiento de las partes para la pr ocedencia de las mismas, salvo en los procesos en que se ventile un interés público en cuyo caso debe evaluarse la conducta del demandante si resulta vencido11. No obstante, aun cuando se verifique en forma objetiva su victoria procesal, la tasación de la suma a reconocer por la actividad procesal del actor popular, requiere la valoración del juez respecto de la naturaleza. calidad y duración de la gestión realizada, o de otras circunstancias especiales, a partir de la cual, debe fijar la suma que por razón de agencias en derecho se estimó razonable y acorde. Frente a esto, el artículo 366 del CGP ordena una actuación concentrada de liquidación después de la ejecutoria de la providencia final o del auto de obedecimiento. La Secretaría practica la liquidación; el juez la aprueba o la rehace.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contenc ioso Administrativo, Sala Veintisiete Especiales de decisión, sentencia del 06 de agosto de 2019 C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 15001-33-33-007-201700036-01(AP)REV-SU 10 “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpabl e de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de

costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. Corte Constitucional de Colombia.

Sentencia C-157 de 2013. 12 A esta premisa, debe agregarse la excepción a la e xcepción, prevista en el inciso segundo del artículo 188 del CPACA, adicionado por la Ley 2080, según la cual: “En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, sin embargo en esta providencia no se hace alusión a ella porque no tiene pertinencia alguna en la adopción de la decisión

11 Ibidem.Actor popular: Jaime Orlando Martínez García

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Esa liquidación incluye las expensas comprobadas, los honorarios de auxiliares de la justicia y las agencias en derecho que fija el juez. Por mandato expreso de la norma, la cifra de las agencias se fija en el auto que aprueba la liquidación de costas, no en la sentencia. El numeral 5 refuerza esa arquitectura: la liquidación de expensas y el monto de las agencias solo se controvierten mediante reposición y apelación contra ese auto; la apelación opera en efecto diferido, o en suspensivo si

no en la sentencia. El numeral 5 refuerza esa arquitectura: la liquidación de expensas y el monto de las agencias solo se controvierten mediante reposición y apelación contra ese auto; la apelación opera en efecto diferido, o en suspensivo si no existe actuación pendiente. La c onsecuencia jurídica resulta inequívoca: la sentencia no debe contener monto alguno por agencias, porque el legislador reservó su fijación al trámite de liquidación y canalizó su control exclusivamente frente al auto aprobatorio. Para esa fijación rigen las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura previstas en el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016. Cuando la tarifa establece solo mínimo, o mínimo y máximo, el juez atiende la naturaleza, calidad y duración de la gestión del apoderado o de la parte que litigó personalmente, la cuantía y las circunstancias especiales, sin superar el máximo.

3. Caso concreto

3.1. Hecho relevante probado

En la sentencia del 28 de enero de 2025, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Ora l del Circuito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acción popular de la referencia; se declaró la vulneración de derechos e intereses colectivos, se ordenó la restitución del espacio público y, en el numeral cuarto, se condenó en costas y se fijaron las agencias en derecho en 0,5 SMLMV dentro de la misma providencia. 3.2. Valoración crítica Valorado el hecho relevante acreditado en el expediente y conforme al marco normativo y jurisprudencial previamente expuesto, la Sala abordará el problema jurídico planteado: ¿procede la condena en costas conforme al criterio objetivo

Valorado el hecho relevante acreditado en el expediente y conforme al marco normativo y jurisprudencial previamente expuesto, la Sala abordará el problema jurídico planteado: ¿procede la condena en costas conforme al criterio objetivo unificado, y, en consecuencia, la modificación de l numeral cuarto de la sentencia de primera instancia para excluir las agencias en derecho del fallo y fijarlas en auto separado conforme al artículo 366 del Código General del Proceso?

Para lo que interesa al caso concreto, la condena en costas recae sob re la parte vencida en el proceso. Así lo impone el régimen especial de las acciones populares artículo 38 de la Ley 472 de 1998 , con remisión al ordenamiento procesal civil. Así lo precisó la Sala Plena del Consejo de Estado el 6 de agosto de 2019 al unificar elActor popular: Jaime Orlando Martínez García

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criterio objetivo -valorativo: la carga procede por el hecho objetivo de la derrota cuando la decisión ampara derechos e intereses colectivos.

Al expediente se allegó la sentencia del 28 de enero de 2025 proferida por el Juzgado Tercero Administra tivo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que acogió las pretensiones protectorias. Bajo ese marco, la Sala encuentra procedente la condena en costas y, por lo mismo, acierta el juez de primera instancia al imponerla al Municipio de Bucaramanga y al señor Luis Esteban Maldonado Vargas, en su condición de vencidos dentro del proceso.

la condena en costas y, por lo mismo, acierta el juez de primera instancia al imponerla al Municipio de Bucaramanga y al señor Luis Esteban Maldonado Vargas, en su condición de vencidos dentro del proceso.

En cuanto a su composición, el artículo 361 del Código General del Proceso integra las costas por expensas y agencias en derecho. Respecto de su trámite, el artículo 366 ibidem fija una secuencia estricta: liquidación concentrada ante el juez de la primera o única instancia una vez en firme la providencia que pone fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento; Secretaría a cargo de la liquidación; juez con potestad para aprobarla o rehacerla. El numeral 4 ordena sujetar las agencias en derecho a las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 , y, cuando la tarifa consagra mínimo o mínimo y máximo, exige valoración de la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión, de la cuantía y de las circunstancia s especiales, sin exceder el máximo. El numeral 5 cierra el circuito impugnatorio al circunscribir toda controversia sobre expensas y agencias a los recursos de reposición y apelación contra el auto que aprueba la liquidación de costas, con apelación en ef ecto diferido o, si no existe actuación pendiente, en suspensivo.

De ese marco se desprende una regla que no admite duda: la sentencia decide si hay condena en costas; la cuantía de las agencias en derecho se fija con posterioridad y en auto separado que aprueba la liquidación. La ley separa la declaración de la condena y su tasación, y ubica el control en el recurso y en la sede

hay condena en costas; la cuantía de las agencias en derecho se fija con posterioridad y en auto separado que aprueba la liquidación. La ley separa la declaración de la condena y su tasación, y ubica el control en el recurso y en la sede propia del auto aprobatorio.

Aplicada esa pauta al asunto objeto de estudio, la providencia apelada presenta un único yerro. El numeral cuarto no se limitó a imponer la condena en costas; incluyó en la misma sentencia la fijación de las agencias en derecho en 0,5 SMLMV. Esa inclusión no se aviene con el artículo 366 del CGP, que reserva la fijación del monto de las agencias a la l iquidación y asigna su eventual controversia a los recursos previstos exclusivamente contra el auto que la aprueba. La cifra sobre agencias no integra el contenido propio de la sentencia; su lugar corresponde al trámite posterior de liquidación bajo la tar ifa aplicable del Acuerdo PSAA16 -10554, que rige, entre otros, los procesos declarativos, categoría a la que pertenece la acción popular , como lo recordó el Consejo de Estado en la sentencia de unificación:Actor popular: Jaime Orlando Martínez García

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[…] [D]entro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas, se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y las demás circunstancias especiales directamente relacionadas c on la actividad adelantada, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que bajo

apoderado o por la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y las demás circunstancias especiales directamente relacionadas c on la actividad adelantada, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que bajo ninguna circunstancia dichos límites puedan ser desconocidos. 106. De igual manera, adoptó las tarifas respecto de cuatro clases genéricas de procesos: i) declarativos; ii) ejecutivos; iii) liquidación, y iv) jurisdicción voluntaria y asimilables