TA SAN - Sentencia 680013333003-2024-00073-01 (07-07-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, siete (07) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680013333003-2024-00073-01

MEDIO DE CONTROL: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS

DEMANDANTE: LUIS EMILIOS COBOS MANTILLA

luisecobosm@yahoo.com.co

DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA

defensajudicial@barrancabermeja.gov.co abogadooaj27@gmail.com

VINCULADO: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.

contactenos@aguasdebarrancabermeja.gov.co notificaciones@aguasdebarrancabermeja.gov.co correspondencia@aguasdebarrancabermeja.gov.co m.guzmanc@hotmail.com

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co SENTENCIA núm.: 037

TEMA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE

SANEAMIENTO BÁSICO Y PLANTA DE TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES - MODIFICA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Especial de Barrancabermeja contra la sentencia de primera instancia, proferida el 31 de marzo de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Especial de Barrancabermeja contra la sentencia de primera instancia, proferida el 31 de marzo de 2025 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barrancabermeja, que accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos1

En la demanda se refirió, en síntesis, que desde hace más de treinta años se construyó el poblado rural denominado La Fortuna, ubicado aproximadamente a una hora de la vía que, de Barrancabermeja conduce a dicho corregimiento.

1 Proceso de Origen - Actuación núm. 02 de SAMAI.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla

Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja

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Según la demanda, La Fortuna no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR 2 , razón por la cual , líquidos contaminantes son vertid os directamente en las fuentes hídricas del lugar ; circunstancia que afecta al ecosistema y el equilibrio natural.

Finalmente, se anotó que, además de la reducción de los niveles de oxígeno por las aguas negras, cuando el nivel de degradación es muy alto, el agua emana olor a azufre, lo cual afecta a la población de La Fortuna. Por lo demás, se atribuyó todo lo expuesto a la omisión de los alcaldes de Barrancabermeja, Santander.

azufre, lo cual afecta a la población de La Fortuna. Por lo demás, se atribuyó todo lo expuesto a la omisión de los alcaldes de Barrancabermeja, Santander.

1.2. Las pretensiones3

Con la demanda se pretendió, en síntesis, lo siguiente:

1.2.1. Que se ordene al Distrito Especial de Barrancabermeja garantizar los derechos e intereses colectivos al «goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración o sustitución; la seguridad y salubridad pública y el accesos a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de m anera ordenada y dando prevalencia a l beneficio de la calidad de vida de los habitantes, contenidos en los numerales A. C. G. J. y

M del ARTICULO 4 DE LA LEY 472 DE 1.998».

1.2.2. Como consecuencia de lo anterior, que se ordene a la entidad demandada la construcción de «una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, con todos los requisitos profesionales y técnicos para evitar que las aguas negras y sucias que producen los habitantes del municipio no afecten los derechos e interés colectivos aquí demandados» en el poblado rural La Fortuna.

1.2.3. Que se ordene el cumplimiento de las órdenes que se impartan en un término perentorio y que se condene en costas a la parte demandada.

2 En adelante, PTAR.

1.2.3. Que se ordene el cumplimiento de las órdenes que se impartan en un término perentorio y que se condene en costas a la parte demandada.

2 En adelante, PTAR. 3 Proceso de Origen - Actuación núm. 02 de SAMAI.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Luis Emilio Cobos Mantilla

Demandado: Distrito Especial de Barrancabermeja

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1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Distrito Especial de Barrancabermeja 4 , compareció a través de apoderada judicial, quien se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Al efecto, indicó que el sistema de alcantarillado de La Fortuna fue afectado por las obras de construcción de la Ruta del Cacao y que la entidad adelantó , en el año 2024 , una consultoría para diseñar la red de alcantarillado del corregimiento, así como la construcción de dos PTAR en el sector: una aerobia y otra anaerobia.

Consideró q ue la consultoría realizada, cuyos entregables datan del año 2023, demuestra «la diligencia en el actuar de la administración Distrital, frente a la necesidad de la construcción de una planta que permita el manejo de aguas residuales de este corregimiento».

A su vez, adujo la falta de causa eficiente respecto de las pretensiones , al desconocerse con su formulación las acciones de la entidad, las cuales, antes que vulnerar derechos colectivos, constituyen el desarrollo de las políticas que

corregimiento».

A su vez, adujo la falta de causa eficiente respecto de las pretensiones , al desconocerse con su formulación las acciones de la entidad, las cuales, antes que vulnerar derechos colectivos, constituyen el desarrollo de las políticas que benefician a la población y al medio ambiente.

Por último, propuso las excepciones denominadas: «falta de prueba que demuestre la vulneración del derecho colectivo por el Distrito de Barrancabermeja»; «actuar diligente y oportuno desplegado por la entidad accionada» y «genérica».

1.3.2. Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.5, concurrió por medio de apoderado judicial, quien solicitó desestimar las súplicas de la demanda y que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que el área operacional de la empresa es eminentemente urbana; por ende, sostuvo que es el ente territorial demandado quien debe responder por la vulneración de los derechos colectivos acaecida en el sector rural, donde está ubicada La Fortuna.

1.4. La sentencia apelada6

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, en

4 Proceso de Origen - Actuación núm. 09 de SAMAI. 5 Proceso de Origen - Actuación núm. 15 de SAMAI. 6 Proceso de Origen - Actuación núm. 68 de SAMAI.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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la sentencia del 31 de marzo de 2025 , accedió a las pretensiones de la demanda , en los siguientes términos:

«Primero: Declarar que el DISTRITO DE BARRANCABERMEJA vulnera los derechos colectivos del a) goce al ambiente sano, c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, g) La seguridad y salubridad pública, j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las d isposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes contenidas en el artículo 4 de la ley 472 de 1998; de los habitantes del Centro Poblado la Fortuna, según lo expuesto en la parte motiva del presente asunto.

Segundo: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Ordenar al DISTRITO DE BARRANCABERMEJA que, dentro de la presente vigencia fiscal, realice todos los trámites correspondientes (ajustes presupuestales, trámites contractuales y ejecución de la obra) para la construcción de la plata de aguas residuales PTAR que beneficie el centro poblado denominado La Fortuna, junto con las obras necesarias de alcantarillado que materialicen el tratamiento de las aguas servidas.

Cuarto: Conformar el COMITÉ DE VERIFICACIÓN por la parte accionante, el DISTRITO DE B ARRANCABERMEJA y la PERSONERIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, el cual deberá rendir un informe pormenorizado a este Despacho cada dos (02) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, informando las acciones tendientes a lograr el ef ectivo cumplimiento de la presente sentencia. (sic) DISTRITO DE BARRANCABERMEJA deberá remitir a este Despacho prueba del cumplimiento de la orden impartida, en los términos previamente concedidos, so pena de incurrir en desacato de una orden judicial con las sanciones que ella (sic) acarrea.

Quinto: Condenar en costas al DISTRITO DE BARRANCABERMEJA a favor del actor popular el señor LUIS EMILIO COBOS MANTILLA identificado con cédula de ciudadanía Núm. 91.206.521 de Bucaramanga, de conformidad con el

del actor popular el señor LUIS EMILIO COBOS MANTILLA identificado con cédula de ciudadanía Núm. 91.206.521 de Bucaramanga, de conformidad con el artículo 365 del CGP, las cuales será liquidadas por la Secretaría del Despacho tal y como lo dispone el artículo 366 ibidem […]».

Para apuntalar su decisión , se refirió brevemente al marco normativo de la procedencia de la acción popular , a los derechos colectivos bajo escrutinio y a la regulación normativa de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Adicionalmente, consignó las pruebas obrantes en el informativo.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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Sobre esa base, destacó que, pese a los contratos de consultoría adelantados en el año 2023 por parte del Distrito Especial de Barrancabermeja, la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda persiste. Lo anterior, porque las aguas residuales de La Fortuna «se encuen tran siendo (sic) vertidas sobre 2 caños innominados y la quebrada la Lizama», debido a la inexistencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales y ante la ausencia de un sistema de alcantarillado pluvial y sanitario.

Destacó que la red de alcantarillado construida hace más de veinticinco años en el sector, se encuentra en mal estado y no funciona, conforme se observa en las fotografías que plasmó en la decisión, las cuales hacen parte de un informe

Destacó que la red de alcantarillado construida hace más de veinticinco años en el sector, se encuentra en mal estado y no funciona, conforme se observa en las fotografías que plasmó en la decisión, las cuales hacen parte de un informe presentado por la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS7.

De igual manera, el a quo destacó que la CAS en ese mismo documento puso de presente que doscientas veintidós familias habitan el centro poblado La Fortuna y que estas generan cada segundo un aproximado de 1.5 litros de «aguas servidas», las cuales son vertidas en los cuerpos hídricos de la zona. Subrayó que la autoridad ambiental en comento dejó constancia de los malos olores derivados de las aguas residuales al realizar la inspección ocu lar y de la inexistencia de mecanismos para su manejo.

Así las cosas, consideró que al Distri to Especial de Barrancabermeja le correspondía, por ser la entidad encargada de administrar los servicios públicos domiciliarios, solventar las necesidades básicas insatisfechas de saneamiento ambiental y promover, financiar o cofinanciar proyectos de inte rés para garantizar los servicios públicos y una infraestructura adecuada para su prestación en La Fortuna.

En ese contexto, el juez de primera instancia encontró que el ente territorial demandado incumplió sus obligaciones frente a los temas descritos. Por lo tanto, lo declaró responsable de la vulneración de los derechos colectivos y del medio ambiente objeto de la demanda, por cuanto «a la fecha no ha adoptado las medidas definitivas que permitan la prestación del servicio de alcantarillado, el tratamiento de aguas residuales y pluviales en la zona objeto de controversia».

ambiente objeto de la demanda, por cuanto «a la fecha no ha adoptado las medidas definitivas que permitan la prestación del servicio de alcantarillado, el tratamiento de aguas residuales y pluviales en la zona objeto de controversia».

7 En adelante, CAS.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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Por contera, estimó que la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. no estaba llamada a responder, a causa de que «su jurisdicción y competencia es la zona urbana del M unicipio de Barrancabermeja» , sin que sea dable extender sus obligaciones al Corregimiento La Fortuna. En ese orden, declaró su falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.5. Fundamentos de la apelación8

El Distrito Especial de Barrancabermeja, inconforme con la sentencia de primera instancia, solicitó que esta sea revocada y, en su lugar, que se nieguen las pretensiones de la demanda. Para apuntalar la alzada, planteó tres argumentos, a saber:

El primer de ellos, fincado en el desconocimiento de las gestiones administrativas que actualmente adelanta el distrito . Alegó que en el proceso se interpretaron de forma restrictiva los contratos de consultoría núm. 3034 de 2023 y núm. 3434 de 2023, así como los diseños estructurados obra ntes en el expediente para la construcción de los sistemas que darán solución a la problemática objeto de discusión.

2023, así como los diseños estructurados obra ntes en el expediente para la construcción de los sistemas que darán solución a la problemática objeto de discusión.

De este modo, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 472 de 1998, afirmó que la administración distrital no ha omitido el cumplimiento de sus deberes y antes bien, consideró que las pruebas enunciadas permiten tener por demostrada «una planeación real y el compromiso institucional por garantizar los derechos e intereses colectivos de los habitantes de la Fortuna».

En segunda medida, consideró que el tercer resolutivo de la sentencia desconoció los principios de autonomía administrativa, planeación, rea lidad administrativa y ejecución, al imponer el juez de primera instancia a la entidad distrital la ejecución de la orden judicial dentro de la misma vigencia fiscal en la que fue emitida la decisión.

Por último, esgrimió que la providencia impugnada «adolece de falta de motivación especifica (sic) y suficiente respecto de la mayoría de los derechos e intereses colectivos que declaró como vulnerados, en particular los literales C), G), J) y M), según lo contemplado en el artículo 4 de la ley 472 de 1998, limitándose únicamente a enunciarlos

8 Proceso de Origen - Actuación núm. 50 de SAMAI.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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sin exponer con precisión el fundamento jurídico y probatorio que permitiera establecer su

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sin exponer con precisión el fundamento jurídico y probatorio que permitiera establecer su vulneración por parte del Distrito de Barrancabermeja». En su criterio, debió efectuarse un análisis concreto e individualizado de cada derecho que se predicó vulnerado.

1.6. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto el día 21 de mayo de 2025. A su turno, a través de auto del 6 de junio de 2025, se admitió el recurso de apelación, sin que las partes ni el Ministerio Público se hubieran pronunciado.

2. CONSIDERACIONES 2.1. De la competencia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación , la Sala , en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, ceñirá su competencia a los argumentos expuestos p or el Distrito Especial de Barrancabermeja en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación9, el cual se circunscribe a determinar si:

relación con los reproches formulados.

2.3. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación9, el cual se circunscribe a determinar si:

¿El Distrito Especial de Barrancabermeja vulnera los derechos colectivos y del medio ambiente invocados como transgredidos en la demanda, al no adelantar las gestiones administrativas y contractuales necesarias, tendientes a garantizar que el

9 Art. 328 del CGP.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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Corregimiento La Fortuna cuente con sistemas de saneami ento básico y de tratamiento de aguas residuales con la inclusión de una PTAR?

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos

El artículo 88 superior dispone que las acciones populares son un mecanismo de protección «[…] de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]».

En desarrollo del canon constitucional, fue expedida la Ley 472 de 1998, que definió las acciones populares como «[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]» que se ejercen para «[…] evitar el daño contingente,

En desarrollo del canon constitucional, fue expedida la Ley 472 de 1998, que definió las acciones populares como «[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]» que se ejercen para «[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]».

De esta manera, es claro que este medio de control tiene por objeto que «toda persona natural o jurídica» pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

Conforme lo anterior, el H. Consejo de Estado ha sintetizado los supuestos sustanciales para la procedencia de la acción popular: «i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses»10.

Adicionalmente, conviene señalar que el órgano de cierre de esta jurisdicción ha reiterado el carácter principal del medio de control aludido, por lo que es, en consecuencia, autónomo. Ello implica que no depende de la inexistencia de otras acciones para solicitar la protección del derecho o interés invocado. Muy diferente, por ejemplo, de la acción de tutela, que es eminentemente residual11.

10 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 28 de noviembre de 2024. C.P. Hernando Sánchez

acciones para solicitar la protección del derecho o interés invocado. Muy diferente, por ejemplo, de la acción de tutela, que es eminentemente residual11.

10 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 28 de noviembre de 2024. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Rad. 250002341000201900455-01. 11 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de Unificación del 13 de febrero de 2018. C.P. William Hernández Gómez. Rad. 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU).Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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Dicho de otro modo, e l hecho de que la actividad de la Administración también pueda ser objeto de enjuiciamiento a través de otras acciones, no implica que deba acudirse necesariamente al ejercicio de estas, pues estando de por medio un interés o derecho colectivo, también es viable el ejercicio de la acción popular12.

Así las cosas, el juez popular tiene amplias facultades para conjurar el daño contingente, peligro, amenaza o vulneración de los derechos colectivos y del medio ambiente, contando para ello con un amplio margen de decisión en procura del amparo de los derechos de tal estirpe.

No obstante, el H. Consejo de Estado, vía jurisprudencial ha limitado sus alcances en los siguientes temas: en lo que respecta a las decisiones judiciales de constitucionalidad 13 , en lo tocante a la entrada en vigor de tratados

No obstante, el H. Consejo de Estado, vía jurisprudencial ha limitado sus alcances en los siguientes temas: en lo que respecta a las decisiones judiciales de constitucionalidad 13 , en lo tocante a la entrada en vigor de tratados internacionales 14, en torno a decisiones judiciales 15 y sobre la declaratoria de nulidad de los actos administrativos16.

Sobre este último aspecto, se pueden adoptar las medidas necesarias para la garantizar la efectividad y goce de los derechos e intereses colectivos, sin que ello implique forzosamente la declaración de nulidad del acto (V. gr. la suspensión de sus efectos mientras se supera la amenaza o vulneración cuya protección se invoca, su inaplicación parcial o total con efectos inter partes y la interpretación condicionada del mismo)17.

Finalmente, el legislador ratificaría esta prohibición en el inciso segundo del artículo 144 del CPACA y, adicionalmente, en su libertad de configuración, también vetaría al juez popular para declarar la nulidad del contrato estatal.

12 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 9 de febrero de 2006. C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Rad. 2002-3876 (AP). 13 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 25 de mayo de 2006. C.P. Ruth Stella Correo Palacio.

Rad: AP-25000-23-27-000-2003-00345-02. 14 Consejo de Estado. Sección Tercera. Providencia del 6 de julio de 2006. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad: 25000-23-27-000-2005-01725 01(AP).

14 Consejo de Estado. Sección Tercera. Providencia del 6 de julio de 2006. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad: 25000-23-27-000-2005-01725 01(AP). 15 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 7 de julio de 2005. Ra d: 25000-23-25-000-2002-0266101(AP). 16 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de noviembre de 2005. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Rad. 25000-23-25-000-2003-01278-01(AP). 17 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de Unificación del 13 de febrero de 2018. C.P. William Hernández Gómez. Rad. 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU).Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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4. Caso concreto

En el caso bajo análisis, el demandante pretendió que se amparen los siguientes derechos colectivos: al goce de un ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración o sustitución; a la seguridad y salubridad pública y el accesos a los servic ios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de

a la seguridad y salubridad pública y el accesos a los servic ios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de lo s habitantes.

Lo anterior, con fundamento en que el Corregimiento La Fortuna, ubicado en la zona rural del Distrito Especial de Barrancabermeja, no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR18. Por tal razón, las «aguas servidas» se vierten directamente en las fuentes hídricas del lugar, lo cual afecta el ecosistema, el equilibrio natural y genera malos olores. La parte actora atribuyó todo lo expuesto a la omisión a todos los burgomaestres que no han cumplido con sus obligaciones.

En la sentencia impugnada, el a quo concluyó, con base en las pruebas aportadas al proceso, que el ente territorial demandado conculcó todos los derechos colectivos y del medio ambiente invocados como violados en la demanda, por que no ha materializado las m edidas necesarias para superar los hechos generadores de la afectación, ya que a la fecha «existe ausencia de la prestación del servicio de alcantarillado pluvial y sanitario al igual que una planta de tratamiento de aguas residuales».

En consecuencia, el juez de primer grado ordenó al Distrito Especial de Barrancabermeja que, dentro de la vigencia fiscal del año 2025, realizara «todos los trámites correspondientes (ajustes presupuestales, trámites contractuales y ejecución de la obra) para la construcci ón de la plata de aguas residuales PTAR que beneficie el centro

trámites correspondientes (ajustes presupuestales, trámites contractuales y ejecución de la obra) para la construcci ón de la plata de aguas residuales PTAR que beneficie el centro poblado denominado La Fortuna, junto con las obras necesarias de alcantarillado que materialicen el tratamiento de las aguas servidas».

El Distrito de Barrancabermeja , inconforme con la decis ión adoptada, interpuso recurso de apelación, en el cual cuestionó: i) la valoración probatoria que desconoció las actuaciones adelantadas por la entidad para solucionar la

18 En adelante, PTAR.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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problemática objeto de escrutinio; ii) que se le impusiera en la presente vigencia el agotamiento de los trámites pertinentes para dar cumplimiento a la orden judicial, debido a que esto vulnera una serie de principios como la autonomía administrativa, entre otros y, iii) que no se efectuara un análisis concreto e individualizado de cada derecho que se predicó vulnerado , por manera que alegó una falta de motivación en la providencia apelada.

4.1. Primer argumento del recurso: indebida valoración probatoria

Al respecto, la Sala observa que el Distrito de Barrancabermeja, en su primer reparo, no controvirtió la valoración probatoria desde una perspectiva que desconozca o niegue la ocurrencia de los hechos que motivaron la interposición del medio de control.

reparo, no controvirtió la valoración probatoria desde una perspectiva que desconozca o niegue la ocurrencia de los hechos que motivaron la interposición del medio de control.

Por el contrario, sus argumentos se dirig ieron a cuestionar las conclusi ones a las que arribó el a quo en relación con las pruebas aportadas por la entidad territorial, las cuales , según su dicho, estaban orientadas a demostrar las acciones emprendidas para mitigar las diversas afectaciones que padecen los habitantes del corregimiento de La Fortuna.

Sobre el particular, las pruebas que afloraron en el expediente , en especial el concepto técnico núm. SAA.2170-2024-12-12-2024 04:35 del 12 de diciembre de 202419, practicado por la CAS en virtud de una orden judicial y que se emitió después de realizar una inspección ocular al Corregimiento La Fortuna, permitieron concluir lo siguiente:

«En el centro poblado La Fortuna habitan aproximadamente 1.000 personas, que conforman alrededor de 222 familias, las cuales aparecen en el registro de usuarios del servicio de acueducto, de acuerdo con la información entregada por ACUAFORTUNA; conf