TA SAN - Sentencia 680013333004-2015-00225-01 (06-03-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE

CONTROL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

DEMANDANTE OSCAR ADRIAN BELTRAN CADENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.180.808 bolivarbaronabogados@gmail.com

DEMANDADOS

- NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA

NACIONAL

desan.asjud@policia.gov.co;

-NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSASECRETARÍA GENERAL - TRIBUNAL MÉDICO

LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA

aura.suarez@mindefensa.gov.co; notificaciones.bucaramanga@mindefensa.gov.co;

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co RADICADO 680013333004-2015-00225-01 (expediente físico) TEMA Se modifica la sentencia recurrida / Se confirma la nulidad de los actos administrativos demandados por falsa motivación y se ordena el reintegro del demandante.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por las partes

por falsa motivación y se ordena el reintegro del demandante.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por las partes contra la sentencia proferida el 18 de febrero de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que concedió parcialmente las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones

El demandante pretende que se declare la nulidad del Acta No. TML14-0489 del 11 de febrero de 2015, emitida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, que lo declaró no apto para la actividad policial y negó su reubicación laboral, así como de la Resolución No. 01736 del 27 de abril de 2015, expedida por la Dirección General de la Policía Nacional, mediante la cual se ordenó su retiro del servicio activo por disminución de su capacidad psicofísica.

A título de restablecimiento del derecho, solicita su reintegro al cargo que ocupaba al momento del retiro o a otro de igual o superior categoría en labores administrativas, junto con el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación. Igualmente, pide su ascenso al grado inmediatamente superior en consideración de su antigüedad en la institución, así como la indexación de las sumas adeudadas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

1 Expediente Físico. Cuaderno 1. Folios 145RADICADO: 680013333004-2015-00225-01

como la indexación de las sumas adeudadas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

1 Expediente Físico. Cuaderno 1. Folios 145RADICADO: 680013333004-2015-00225-01

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Por último, solicita de manera subsidiaria que se inste a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander a emitir un dictamen sobre su pérdida de capacidad laboral, de manera que, si esta supera el 50% y no se ordena su reintegro, se reconozca y pague la pensión de invalidez . Asimismo, pide que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

2. Hechos

El demandante afirma que ingresó a la Policía Nacional el 18 de septiembre de 1995 como alumno de la Escuela de Formación y, posteriormente, fue nombrado patrullero del Cuerpo Institucional del Nivel Ejecutivo mediante la Resolución No. 2808 del 28 de mayo de 1996. Indica que a lo largo de su carrera ascendió hasta obtener el grado de Intendente, desempeñándose en el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Sostiene que, en cumplimiento de sus funciones, sufrió diversas afectaciones en su

obtener el grado de Intendente, desempeñándose en el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Sostiene que, en cumplimiento de sus funciones, sufrió diversas afectaciones en su salud, razón por la cual fue valorado por la Junta Médico Laboral de Policía. Relata que mediante el Acta No. 134 del 13 de marzo de 2013, dicha instancia determinó que presentaba una incapacidad relativa y permanente con una disminución de la capacidad laboral del 13.50%.

Menciona que, aunque en esa evaluación se concluyó que no era apto para la actividad policial, se recomendó su reubicación en labores administrativas, con base en lo cual la Dirección de Sanidad Santander dispuso su traslado a la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, donde, según afirma, cumplió sus funciones de manera satisfactoria conforme a las evaluaciones de desempeño. Aduce que el acta expedida por la Junta Médico Laboral no tuvo en cuenta otras afectaciones que padecía, como discopatía lumbar y una hernia discal. Manifiesta que ante esta omisión, solicitó la revisión del dictamen ante el Tribunal Médico Laboral de Policía, el cual, mediante el Acta No. TML14-0489, confirmó gran parte del acta emitida por la Junta. Explica que en este nuevo dictamen sí se incluyeron las hernias discales que presentaba, con diagnóstico de lumbalgia crónica, y se modificó su calificación de incapacidad relativa a permanente, decisión que conllevó la negativa de reubicación laboral. Expone que como consecuencia de esta nueva recomendación, el 30 de abril de 2015 le fue notificada la Resolución No. 01736, proferida por la Dirección General

la negativa de reubicación laboral. Expone que como consecuencia de esta nueva recomendación, el 30 de abril de 2015 le fue notificada la Resolución No. 01736, proferida por la Dirección General de la Policía Nacional, mediante la cual se ordenó su retiro del servicio activo por disminución de su capacidad psicofísica. Añade que en dicha resolución no se dispuso el reconocimiento de asignación de retiro ni de pensión de invalidez, lo que considera una afectación a sus derechos laborales y prestacionales.

3. Normas Violadas y Concepto de Violación

Se citan como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Política; 137 de la Ley 1437 de 2011 y los Decretos 1796 y 1791 del 2000.

Afirma que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional desconoció los principios constitucionales consagrados en los artículos 1 y 2 de la Constitución, al no garantizar la justicia social ni proteger su estabilidad laboral reforzada. Sostiene que a pesar de su condición de disminución física, la entidad demandada no aplicó el amparo constitucional previsto para quienes se encuentran en circunstancias similares, ni le ofreció alternativas para su permanencia en laRADICADO: 680013333004-2015-00225-01

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institución. Indica que esta situación lo dejó sin empleo y sin el reconocimiento de una pensión, lo que vulneró su derecho a la seguridad social.

Manifiesta que los actos administrativos cuya nulidad solicita desconocieron el artículo 13 de la Constitución, que consagra el derecho a la igualdad. Argumenta que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este principio se quebranta cuando el Estado otorga privilegios o establece discriminaciones sin razones objetivas, razonables y justas. Considera que la entidad demandada transgredió esta garantía al no aplicar un criterio equitativo en su caso, en comparación con otros miembros de la institución en condiciones similares.

Finalmente, refiere que la decisión adoptada por la administración vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso y al mínimo vital, en tanto su retiro del servicio activo se produjo sin un reconocimiento de garantías que aseguraran su sustento y estabilidad económica.

B. Contestaciones

1. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional2 se opone a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que carecen de fundamento legal y probatorio. Afirma que el retiro del demandante se ajustó a la normativa vigente, la cual establece que la Policía Nacional debe contar con personal idóneo y plenamente capacitado para asumir las responsabilidades del servicio.

Indica que, si bien algunos funcionarios declarados no aptos pueden ser reubicados

cual establece que la Policía Nacional debe contar con personal idóneo y plenamente capacitado para asumir las responsabilidades del servicio.

Indica que, si bien algunos funcionarios declarados no aptos pueden ser reubicados en labores administrativas, esta posibilidad solo es viable cuando la Autoridad Médico Laboral lo determina expresamente, circunstancia que no se configuró en el caso del demandante. Sostiene que en atención a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 55 del Decreto 1791 del 2000, la única alternativa legalmente procedente era disponer su retiro del servicio activo.

Manifiesta que la solicitud de valoración de la capacidad laboral del demandante por parte de la Junta Regional de Invalidez de Santander desconoce la competencia exclusiva de los organismos y autoridades médico -laborales militares y de policía, conforme a lo señalado en el artículo 1° del Decreto 1352 de 2013.

Plantea la existencia de una falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la decisión que motivó el retiro del actor fue adoptada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, organismo que no hace parte de la estructura orgánica de la Policía Nacional. Explica que dicho tribunal es una autoridad médicolaboral autónoma e independiente, adscrita a la Subsecretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, conforme a lo dispuesto en el Decreto 4222 de 2006.

Refiere, además, que el demandante no quedó desamparado tras su retiro, ya que la normativa vigente establece que los funcionarios retirados por disminución de la capacidad laboral, con al menos 20 años de servicio, tienen derecho al reconocimiento de una asignación mensu al de retiro. Menciona que, en el caso

la normativa vigente establece que los funcionarios retirados por disminución de la capacidad laboral, con al menos 20 años de servicio, tienen derecho al reconocimiento de una asignación mensu al de retiro. Menciona que, en el caso concreto, mediante la Resolución No. 5457 del 27 de julio de 2015, se reconoció y ordenó el pago de dicha prestación, equivalente al 75% del sueldo básico, porcentaje que posteriormente se incrementó al 77% mediante la Resolución No. 4376 del 27 de junio de 2015.

2 Expediente Físico. Cuaderno 2. Folios 264 - 284RADICADO: 680013333004-2015-00225-01

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Concluye que su desvinculación no constituyó una sanción, sino el cumplimiento de un deber legal derivado del concepto emitido por la Autoridad Médico Laboral competente.

2. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional3 alega la caducidad del medio de control respecto de la decisión adoptada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía . Afirma que el Acta No. 14 -0489, notificada el 11 de febrero de 2015, constituye un acto definitivo, por lo que el demandante debía ejercer la acción correspondiente dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación. Sostiene

2015, constituye un acto definitivo, por lo que el demandante debía ejercer la acción correspondiente dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación. Sostiene que, dado que la demanda fue presentada el 15 de julio de 2015, esta se interpuso fuera del término legal.

Manifiesta que existe una falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la pretensión principal se orienta a obtener la nulidad del acto administrativo de retiro, es decir, la Resolución No. 01736 del 27 de abril de 2015, expedida por la Dirección General de la Policía Nacional, entidad que, según afirma, no guarda relación con la Dirección General de Sanidad Militar . Considera que, por esta razón, n o le corresponde responder en el presente proceso.

Finalmente, menciona que las actas expedidas por la Junta y el Tribunal Médico Militar se encuentran en firme y fueron suscritas en cumplimiento de los preceptos legales, por lo que el retiro del servicio del demandante obedeció a las necesidades de la institución y se ajustó a las normas que regulan la carrera en la Policía Nacional.

C. La sentencia recurrida4

Mediante sentencia del 18 de febrero de 2019, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga declara la nulidad de los actos administrativos demandados y niega las demás pretensiones. En primer lugar, rechaza la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que tanto el acta del Tribunal Médico Militar como la resolución de retiro son actos administrativos expedidos por las entidades demandadas. Asimismo, dese stima la excepción de caducidad alegada por el Ministerio de Defensa Nacional, al considerar que la acción sigue vigente, pues también se

de retiro son actos administrativos expedidos por las entidades demandadas. Asimismo, dese stima la excepción de caducidad alegada por el Ministerio de Defensa Nacional, al considerar que la acción sigue vigente, pues también se impugna la resolución de retiro notificada el 30 de abril de 2015. Respecto del Acta No. TML 14-0489 MDNSG-TML – 14.1 del 11 de febrero de 2015, advierte que se basó en conceptos médicos desactualizados de 2012 y 2013. Con fundamento en el artículo 7 del Decreto 1796 de 2000, que establece una vigencia de dos meses para estos dictámenes, estima que las valoraciones fueron ineficaces, lo que justifica su nulidad. Además, sostiene que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía debía evaluar las habilidades del demandante en relación con sus restricciones físicas para garantizar su estabilidad laboral reforzada. Resalta que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las decisiones médicas deben ser coherentes con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pues si este es inferior al 50%, no puede considerarse que el trabajador carezca de aptitud para toda labor. En consecuencia, det ermina que la orden de retiro desconoció esta garantía y constituyó otra causal de nulidad.

3 Expediente Físico. Cuaderno 2. Folios 323 - 327 4 Expediente Físico. Cuaderno 2. Folios 440 - 457RADICADO: 680013333004-2015-00225-01

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En cuanto a la Resolución No. 1736 del 27 de abril de 2015, señala que, aunque fue expedida dentro del plazo de tres meses siguientes al concepto del Tribunal Médico Laboral, su validez dependía del acto que le sirvió de fundamento. Menciona que al tratars e de un acto de ejecución debía seguir la suerte del principal, por lo que su nulidad resulta procedente. Sobre la solicitud de reintegro, considera que es improcedente, dado que el demandante tiene la calidad de pensionado, reconocida mediante la Resolución No. 5457 del 27 de julio de 2015, con efectos desde el 30 del mismo mes. Explica que el artículo 128 de la Constitución prohíbe a los servidores públicos ejercer más de un empleo o percibir doble asignación del tesoro público. Añade que la asignación de retiro implicaba la terminación del vínculo laboral, por lo que el reintegro resultaba incompatible con esta prestación, que mantiene su presunción de legalidad y debe ejecutarse en sus términos. Con base en ello, niega el recono cimiento de salarios y prestaciones sociales, al considerar extinguida cualquier obligación a su pago. Refiere, ademas, que esta prestación garantiza el mínimo vital del demandante.

el recono cimiento de salarios y prestaciones sociales, al considerar extinguida cualquier obligación a su pago. Refiere, ademas, que esta prestación garantiza el mínimo vital del demandante. Finalmente, reitera que, al no proceder el reintegro ni existir vínculo laboral vigente, no hay lugar a ordenar el ascenso.

D. Las apelaciones

El demandante 5 sostiene que las decisiones adoptadas por el juez de primera instancia carecen de fundamento jurídico, dado que, al haberse declarado la nulidad de los actos administrativos demandados, adquiere firmeza el Acta de la Junta Médico Laboral de la Policía No. 134 del 13 de marzo de 2013, en la que se dispuso su reubicación laboral, por lo que considera que su derecho al reintegro debe restablecerse automáticamente.

Argumenta que el razonamiento del a quo, según el cual el reconocimiento de la asignación de retiro supondría un eventual llamado a calificar servicios, es equivocado, pues si los actos administrativos demandados no hubieran sido expedidos, dicha prestación no habría sido reconocida.

En cuanto a la negativa de reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales desde la fecha del retiro hasta el reintegro, indica que, en casos similares, el Consejo de Estado ha dispuesto que, al ordenarse el reintegro del actor, los valores percibidos por concepto de asignación de retiro deben ser descontados por la Policía Nacional y girados a CASUR.

Por último, solicita que se valoren los argumentos expuestos y se revoquen los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia, de manera que se acceda en su integridad a las pretensiones de la demanda , incluida la condena

Por último, solicita que se valoren los argumentos expuestos y se revoquen los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia, de manera que se acceda en su integridad a las pretensiones de la demanda , incluida la condena en costas y agencias en derecho en primera y segunda instancia a los demandados por ser la parte vencida, conforme al numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso.

La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional6 señala que el a quo omitió aspectos determinantes en su decisión, al no valorar adecuadamente que el Tribunal Médico Laboral fue convocado voluntariamente por el demandante más de un año después de la notificación del Acta expedida por la Junta Médico

5 Expediente Físico. Cuaderno 2. Folios 459 - 485 6 Expediente Físico. Cuaderno 2. Folios 485 - 499RADICADO: 680013333004-2015-00225-01

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Laboral. Indica que su propósito era modificar las secuelas allí establecidas, con base en la afirmación de que su estado de salud había desmejorado.

Explica que, en atención a esta solicitud, el Tribunal Médico Laboral revaluó su estado de salud y antecedentes clínicos, revisó su historia médica y concluyó que

base en la afirmación de que su estado de salud había desmejorado.

Explica que, en atención a esta solicitud, el Tribunal Médico Laboral revaluó su estado de salud y antecedentes clínicos, revisó su historia médica y concluyó que presentaba lumbalgia crónica. Precisa que a partir de estos hallazgos su calificación cambió de incapacidad relativa a permanente, motivo por el cual se descartó la reubicación. Afirma que las afecciones diagnosticadas representaban un impedimento general para el ejercicio de funciones tanto operativas como administrativas dentro de la institución.

Asegura que la decisión de primera instancia desconoció la competencia exclusiva de las autoridades médico-laborales de la Fuerza Pública al otorgar mayor valor al dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander. Advierte que dicho documento no tiene efectos vinculantes frente a las determinaciones de la autoridad competente en materia de capacidad psicofísica de los miembros de la Policía Nacional, por lo que no podía prevalecer sobre el Acta del Tribunal Médico Laboral.

Manifiesta que la reubicación solicitada por el demandante es jurídicamente inviable, pues resulta incompatible con la asignación de retiro reconocida mediante la Resolución No. 5457 del 27 de julio de 2015. Expone que dicha prestación solo se concede a lo s uniformados retirados del servicio activo por disminución de su capacidad psicofísica, lo que implica que ya no pueden desempeñar funciones dentro de la institución. Resalta que la coexistencia de la reubicación y la asignación de retiro contraría el marco normativo y que el a quo omitió abordar este análisis.

Alega, además, que el demandante no acreditó la formación ni la experiencia

dentro de la institución. Resalta que la coexistencia de la reubicación y la asignación de retiro contraría el marco normativo y que el a quo omitió abordar este análisis.

Alega, además, que el demandante no acreditó la formación ni la experiencia necesarias para desempeñar labores administrativas, de docencia o instrucción. Precisa que no presentó diplomas, certificaciones o constancias que respaldaran su idoneidad para ocupar dichos cargos, por lo que no era posible concluir que cumplía con el perfil requerido para su reubicación.

Menciona que el propio demandante ha admitido en sus intervenciones que sus secuelas han generado un deterioro progresivo, lo que, a su parecer, confirma que aun cuando desempeñó funciones administrativas, su estado de salud siguió agravándose. Argumenta que, en este sentido, el Tribunal Médico Laboral no podía adoptar una decisión distinta a la de descartar su reubicación.

E. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 22 de mayo de 20197, se admitieron los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia y se corrió traslado para alegar de conclusión y rendir concepto de fondo al Ministerio Público . De esta etapa procesal, se destacan las siguientes intervenciones:

1. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional8 reitera íntegramente lo expuesto en su escrito de apelación.

2. El demandante 9 insiste que el Consejo de Estado, en casos similares, ha adoptado una postura contraria a la del a quo. Por ello, solicita el restablecimiento

7 Expediente Físico. Cuaderno 2. Folio 510

2. El demandante 9 insiste que el Consejo de Estado, en casos similares, ha adoptado una postura contraria a la del a quo. Por ello, solicita el restablecimiento

7 Expediente Físico. Cuaderno 2. Folio 510 8 Expediente Físico. Cuaderno 2. Folios 522 - 531 9 Expediente Físico. Cuaderno 2. Folios 532 - 560RADICADO: 680013333004-2015-00225-01

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de sus derechos y que se acceda a las demás pretensiones de la demanda, conforme a los argumentos expuestos en su recurso de apelación.

3. El Ministerio de Defensa 10 sostiene que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander no puede ser considerado como prueba, con base en el testimonio del Dr. Sergio Eduardo Ayala, quien participó en su expedición como médico calificador. Afirma que, según su declaración, en la evaluación no se tuvieron en cuenta aspectos determinantes, como la idoneidad y experiencia del demandante, ni se analizó si la reubicación podría afectar o agravar su estado de salud. Además, argumenta que las conclusiones de la Junta se fundamentaron en presunciones, al asumir que las labores administrativas no requ erían mayor esfuerzo, sin valorar las condiciones reales del demandante.

salud. Además, argumenta que las conclusiones de la Junta se fundamentaron en presunciones, al asumir que las labores administrativas no requ erían mayor esfuerzo, sin valorar las condiciones reales del demandante. Indica que, pese a haber sido reubicado en labores administrativas, el propio demandante solicitó voluntariamente la convocatoria del Tribunal Médico de Revisión Militar, argumentando que sus afecciones dificultaban su desempeño diario. Considera que este hecho constituye prueba suficiente para demostrar que su interés en el litigio es meramente económico y dirigido a obtener un reconocimiento pecuniario por los salarios dejados de percibir. Finalmente, manifiesta que la valoración efectuada por el Tribunal Médico Laboral tuvo en cuenta la realidad médica del demandante, los estudios clínicos disponibles, sus propias manifestaciones y las habilidades con las que contaba para desempeñar otro cargo. Refiere, a partir de este análisis, que la decisión adoptada en el Acta Médico Laboral se encuentra debidamente fundamentada.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. Los problemas jurídicos y su resolución

Con base en la reseña que antecede, la Sala pla ntea y resuelve los siguientes problemas jurídicos: Pj1. ¿Los actos administrativos demandados están viciados de nulidad por falsa motivación?

Tesis: Sí Fundamento jurídico: La falsa motivación, como causal de nulidad de los actos administrativos, se configura cuando la administración fundamenta su decisión en

falsa motivación?

Tesis: Sí Fundamento jurídico: La falsa motivación, como causal de nulidad de los actos administrativos, se configura cuando la administración fundamenta su decisión en razones engañosas, fingidas, simuladas o carentes de sustento legal, fáctico o probatorio, lo que impide justificar su validez.

En este caso, los actos administrativos en controversia se emitieron con base en argumentos erróneos y contrarios a la realidad, lo que vulnera la estabilidad laboral reforzada del demandante en razón a su condición de salud. El material probatorio demuestra que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía omitió circunstancias determinantes, como el hecho de que el demandante había sido reubicado en abril de 2013 en tareas administrativas, donde desempeñó sus funciones de manera destacada, según lo acreditan los formularios de seguimiento y evaluación aportados.

10 Expediente Físico. Cuaderno 2. Folios 562 - 566RADICADO: 680013333004-2015-00225-01

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Además, resulta incongruente que el Tribunal Médico Laboral haya ratificado el porcentaje de pérdida de capacidad laboral en 13.50%, establecido inicialmente por la Junta Médico Laboral, pero al mismo tiempo haya desconocido la recomendación

Además, resulta incongruente que el Tribunal Médico Laboral haya ratificado el porcentaje de pérdida de capacidad laboral en 13.50%, establecido inicialmente por la Junta Médico Laboral, pero al mismo tiempo haya desconocido la recomendación de reubicación . Argumentó una supuesta falta de experiencia en labores administrativas sin considerar la trayectoria previa del demandante en dichas funciones. Asimismo, el Tribunal interpretó de manera errónea la finalidad de la solicitud de revisión del acta expedida por la Junta Médico Laboral. Aunque su propósito era modificar la valoración de las secuelas e incorporar lesiones en la columna que no fueron consideradas en el acta inicial, ello no significaba acreditar una imposibilidad para continuar laborando en la institución, sino garantizar un análisis médico integral que reflejara con precisión la totalidad de sus afecciones y permitiera una evaluación justa de su estado de salud y su impacto real en el desempeño laboral. Pj2. ¿El reconocimiento del retroactivo de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir como consecuencia del restablecimiento del derecho impediría el reintegro del demandante, considerando que actualmente percibe una asignación de retiro?

Tesis: no Fundamento jurídico: El artículo 128 de la Constitución Política prohíbe la doble asignación con cargo al tesoro público, pero esta restricción aplica únicamente a pagos simultáneos por conceptos incompatibles, sin impedir el reconocimiento de salarios y prestaciones a un funcionario retirado injustamente. La jurisprudencia ha establecido que, cuando se anula un acto de retiro y se ordena el reintegro, la asignación de retiro pierde su causa jurídica, pues se demuestra que la desvinculación fue ilegal.

establecido que, cuando se anula un acto de retiro y se ordena el reintegro, la asignación de retiro pierde su causa jurídica, pues se demuestra que la desvinculación fue