TA SAN - Sentencia 680013333004-2015-00443-01 (19-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES MARIELA MALDONADO RAMÍREZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 20389740 de Arbeláez, Cundinamarca. (víctima directa)

SANDRA LILIANA ARCHILA MALDONADO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 63502721 de Bucaramanga, Santander. (Curadora principal e hija de la víctima directa)

EDWIN SILVINO ARCHILA MALDONADO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 13872997 de Bucaramanga, Santander. (Curador suplente e hijo de la víctima directa)

JOSÉ ELICEO ARCHILA MALDONADO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 13724813 de Bucaramanga, Santander. (hijo)

MARÍA SUSANA ARCHILA MALDONADO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 63509254 de Bucaramanga, Santander. (hija)

SEBASTIÁN MARTÍNEZ ARCHILA,

(nieto)

SANTIAGO MARTÍNEZ ARCHILA,

(nieto)

MARÍA GABRIELA ESPINOSA ARCHILA,

(nieta)

SEBASTIÁN MARTÍNEZ ARCHILA,

(nieto)

SANTIAGO MARTÍNEZ ARCHILA,

(nieto)

MARÍA GABRIELA ESPINOSA ARCHILA,

(nieta)

consultores@tapiasabogados.com; amaliatapias333@hotmail.com;

DEMANDADA

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

– POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD

desan.notificacion@policia.gov.co; desan.asjud@policia.gov.co;

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y LINK

DEL EXPEDIENTE 680013333004-2015-00443-01

TEMA Falla médica por error en el diagnóstico y demora en la remisión de la paciente a un centro hospitalario de mayor complejidad. Antecedentes patológicos de Chagas ignorados y riesgo cardiovascular subvalorado. Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente1 por la parte demandada contra la sentencia proferida el 16 de octubre de 2018 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la parte demandada.

1 La sentencia de primera instancia fue notificada el 17 de octubre de 2018 en estados y el recurso fue interpuesto el 31 de octubre del mismo año, esto es, dentro de los 10 días siguientes conforme

demandada.

1 La sentencia de primera instancia fue notificada el 17 de octubre de 2018 en estados y el recurso fue interpuesto el 31 de octubre del mismo año, esto es, dentro de los 10 días siguientes conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021RADICADO: 680013333004-2015-00443-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA DEMANDANTES: MARIELA MALDONADO RAMÍREZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD

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I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones Los demandantes pretenden que se declare la responsabilidad extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad, por el daño irrogado a la víctima directa Mariela Maldonado Ramírez, a sus hijos Sandra Liliana, José Eliceo, María Susana y Edwin Silvino Archila Maldonado, y a sus nietos Sebastián y Santiago Martínez Archila y María Gabriela Espinosa Archila, con ocasión d e una falla médica en la atención brindada a la primera el 11 de diciembre de 2013.

En consecuencia, piden que se condene a la entidad demandada al reconocimiento y pago de (i) $115.073.424 por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro), (ii) 650 smmlv por concepto de daño moral y (iii) 400 smmlv por concepto de daño a la salud.

y pago de (i) $115.073.424 por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro), (ii) 650 smmlv por concepto de daño moral y (iii) 400 smmlv por concepto de daño a la salud. Además, solicita n que el valor de las condenas señaladas sea actualizad o al ejecutoriarse la sentencia con base en la variación porcentual del IPC para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de conformidad con los arts. 192, 298 y 299 del CPACA.

2. Hechos Los demandantes manifiestan que al momento de los hechos, la señora Maldonado se encontraba afiliada al régimen especial de salud a través de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, como beneficiaria de su hijo Edwin Silvino Archila Maldonado, patrullero de la institución.

Sostienen que el 11 de diciembre de 2013 la señora Maldonado fue sometida al procedimiento quirúrgico de colecistectomía abierta en la Clínica Regional del Oriente de Bucaramanga. Añaden que tenía antecedentes clínicos que comprometían su estado de salud y generaban un alto riesgo para la cirugía, de manera que no fueron considerados. Narran que dichos antecedentes incluían el diagnóstico de la patología de Chagas que implicaba graves afecciones cardiacas, especialmente disfunción diastólica, trastorno de septum, arritmia, insuficiencia valvular y bloqueo de rama derecha, de los cuales la IPS tenía conocimiento, puesto que fueron allí detectados y sometidos a control médico entre los años 2011 y 2012.

trastorno de septum, arritmia, insuficiencia valvular y bloqueo de rama derecha, de los cuales la IPS tenía conocimiento, puesto que fueron allí detectados y sometidos a control médico entre los años 2011 y 2012. Señalan que a pesar de que en la valoración preanestésica se halló una doble lesión mitral y aórtica con insuficiencia leve, hipertensión arterial (HPTA), y clasificación del estado físico en grado 2, según la escala de la American Society of Anesthesiologists (ASA). Agregan que estos hallazgos fueron subvalorados. En su concepto, la intervención debió realizarse en una IPS de alta complejidad con servicio de Unidad de Cuidados Intensivos. Indican que según la historia clínica, tras el procedimiento quirúrgico, fue trasladada a la sala de recuperación en estado estable, pero que posteriormente la señora se encontró sin reporte de signos vitales , frente a lo cual el equipo médico inició las maniobras de reanimación y luego de transcurridos 30 minutos ordenó suspender el masaje cardiaco para tramitar el traslado a una institución de mayor nivel de complejidad para el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos, en razón a la gravedad del estado de salud y a que la Clínica Regional del Oriente de la Policía Nacional en Bucaramanga es una IPS de mediana complejidad. Refieren que la señora Maldonado ingres ó a la Clínica Chicamocha de Bucaramanga, con diagnóstico principal, paro cardiorrespiratorio y colecistitis, en donde fue atendida por medicina intensiva adulto y cardiología.

2 Expediente Folios 1 – 26RADICADO: 680013333004-2015-00443-01

donde fue atendida por medicina intensiva adulto y cardiología.

2 Expediente Folios 1 – 26RADICADO: 680013333004-2015-00443-01

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Encuentran en el informe quirúrgico elaborado un documento totalmente ilegible, incompleto y con inconsistencia en la fecha de realización de la cirugía, lo que expresan, hace imposible conocer su contenido e identificar el profesional responsable de su elaboración, y la lista de chequeo para la cirugía , en la cual se registró la no existencia de antecedentes de la señora Maldonado. Manifiestan que el día 13 de diciembre de 2013 los médicos especialistas de la Clínica Chicamocha diagnosticaron a la paciente con Encefalopatía HipóxicoIsquémica, status convulsivo mioclónico, cardiomiopatía chagásica y pop de colecistectomía abierta. Aducen que el 30 de diciembre del mismo año, la Clínica Chicamocha contra remitió a la señora Maldonado a la Clínica de la Policía puesto que la primera recomendó continuar el manejo en primer nivel, bajo supervisión de fisiatría, terapia física y respiratoria, grupo de cirugía y rehabilitación en la Clínica de la Policía. Señalan que posteriormente la señora Maldonado permaneció hospitalizada por cerca de 3

continuar el manejo en primer nivel, bajo supervisión de fisiatría, terapia física y respiratoria, grupo de cirugía y rehabilitación en la Clínica de la Policía. Señalan que posteriormente la señora Maldonado permaneció hospitalizada por cerca de 3 meses y fue dada de alta con el diagnóstico confirmado de encefalopatía hipóxicoisquémica. Aseveran que, desde el 11 de diciembre de 2013, la paciente se encuentra en estado de dependencia total, sin capacidad autónoma para realizar actividades básicas cotidianas, y con afectaciones cognitivas, conductuales, emocionales y motoras que le impiden tomar decisiones o administrar sus bienes. Sostienen que por ello el Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga, mediante sentencia del 16 de junio de 2015, dentro del proceso radicado No. 2015 -00022-00, declaró la interdicción judicial definitiva de la señ ora Mariela Maldonado, y nombró curadora principal a su hija Sandra Liliana Archila Maldonado, y como curador suplente a su hijo Edwin Silvino Archila Maldonado. Los demandantes afirman que con el propósito de determinar la pérdida de capacidad laboral de la señora Maldonado, solicitaron a la Dirección de Sanidad de la Policía el respectivo dictamen, pero esta se negó a practicarlo, al considerar que la señora era beneficiaria del sistema de salud especial. Añaden que también solicitaron dicho dictamen a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, entidad que se abstuvo de emitirlo por no tratarse de un evento de origen laboral. Expresan que, en consecuencia de lo anterior, la señora Mariela

solicitaron dicho dictamen a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, entidad que se abstuvo de emitirlo por no tratarse de un evento de origen laboral. Expresan que, en consecuencia de lo anterior, la señora Mariela Maldonado fue valorada por el Dr. Miguel Ángel Martín Jiménez Rueda, médico especialista en Auditoría Médica y Salud ocupacional, quien le determinó la pérdida de la capacidad laboral en 99,7%. Dicen que solicitaron en varias oportunidades copia autenticada de la historia clínica de la señora Maldonado a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, y que esta entidad se negó a expedirla, aunque accedió a entregar copias simples de varios folios, sin autenticar ninguno de ellos. Concluyen que, antes de los hechos, la señora Maldonado dedicaba parte de su tiempo al cuidado especial de su hijo José Eliceo —quien padece epilepsia focal y tiene una pérdida de capacidad laboral del 53,25 %— y de su nieta María Gabriela —quien sufre de microtia atresia derecha con graves problemas de audición —. Consideran que el estado permanente e irreversible en que quedó la señora Maldonado les produjo afectaciones patrimoniales y, en especial, morales, al alterar gravemente las dinámicas familiares.

B. Contestación3

La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD se opone a las pretensiones y solicita ser absuelta de cualquier condena. La demandada sost iene que según la historia clínica, en la valoración preanestésica, la paciente se encontraba en clase funcional mayor a 5 METS sin

cualquier condena. La demandada sost iene que según la historia clínica, en la valoración preanestésica, la paciente se encontraba en clase funcional mayor a 5 METS sin

3 Expediente. Folios 327 – 334RADICADO: 680013333004-2015-00443-01

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predictores mayores de riesgo cardiovascular ASA II y Goldman II, por lo cual fue considerada apta para el procedimiento quirúrgico en la institución . Añade que se realizó un diagnóstico pertinente y se impartió un plan terapéutico justificado, articulado, racional y acorde con dicho diagnóstico. Indica que, de conformidad con el procedimiento, la Clínica Regional del Oriente de Bucaramanga actuó con prudencia, diligencia y pericia de acuerdo con los patrones normativos explícitos e implícitos. Asegura haber acatado a cabalidad las directrices y los protocolos específicos de atención para el cuadro clínico y evolución de la paciente. Afirma haber brindado a la paciente una atención pronta y efectiva, además de haber realizado la remisión oportuna a la Clínica Chicamocha como IPS de mayor complejidad para la atención requerida, todo lo cual dice constar en la historia clínica. Refiere que no existen pruebas de la falla médica alegada, ni del daño antijuridico,

complejidad para la atención requerida, todo lo cual dice constar en la historia clínica. Refiere que no existen pruebas de la falla médica alegada, ni del daño antijuridico, ni del nexo causal. Finalmente, dice que no se evaluó la posible disminución de la capacidad de la víctima porque el Decreto 1796 de 2000 no contempla la posibilidad de hacer juntas medico laborales al personal beneficiario, sino únicamente al personal uniformado.

C. La sentencia recurrida4

Mediante sentencia del 16 de octubre de 2018 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga resuelve: PRIMERO. DECLARASE patrimonial y administrativamente responsable a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD, por el daño antijurídico que se concretó en la grave lesión a la integridad sicofísica de la señora MARIELA MALDONADO RAMIREZ, producto de las complicaciones médicas que se presentaron en el post -operatorio inmediato a la intervención quirúrgica de Colecistectomía Abierta que le fue realizada el día once (11) de diciembre de dos mil trece (2013), y cuyas lesiones se puntualizaron en el diagnóstico médico definitivo de “Encefalopatía Hipoxico - Isquémica”; y en consecuencia, se hace responsable por los perjuicios que de dicho daño se derivaron en los demandantes SANDRA LILINA ARCHILA MALDONADO quien actúa en nombre propio y en representación de MARIELA MALDONADO RAMIREZ en estado de interdicción judicial, y de los

menores SEBASTIAN MARTINEZ ARCHILA y SANTIAGO MARTINEZ ARCHILA ;

ARCHILA MALDONADO quien actúa en nombre propio y en representación de MARIELA MALDONADO RAMIREZ en estado de interdicción judicial, y de los menores SEBASTIAN MARTINEZ ARCHILA y SANTIAGO MARTINEZ ARCHILA ; JOSE ELISEO ARCHILA MALDONADO; MARIA SUSANA ARCHILA MALDONADO quien actúa en nombre propio y en representación de la menor MARIA GABRIELA ESPINOSA ARCHILA, y EDWIN SILVINO ARCHILA MALDONADO; de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. SEGUNDO. CONDENASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD a pagar los demandantes las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales: Demandante Calidad Reparación MARIELA MALDONADO RAMÍREZ Víctima Directa 100 SMMLV SANDRA LILIANA ARCHILA MALDONADO Hija de la Víctima Directa 100 SMMLV JOSÉ ELISEO ARCHILA MALDONADO Hijo de la Víctima Directa 100 SMMLV MARIA SUSANA ARCHILA MALDONADO Hija de la Víctima Directa 100 SMMLV EDWIN SILVINO ARCHILA MALDONADO Hijo de la Víctima Directa 100 SMMLV SEBASTIÁN MARTÍNEZ ARCHILA Nieto de la Víctima Directa 50 SMMLV SANTIAGO MARTÍNEZ ARCHILA Nieto de la Víctima Directa 50 SMMLV MARÍA GABRIELA ESPINOSA ARCHILA Nieta de la Víctima Directa 50 SMMLV Atendiendo las condiciones médicas que presenta la demandante MARIELA MALDONADO RAMIREZ , y de conformidad con la orden del Juzgado Segundo de

MARÍA GABRIELA ESPINOSA ARCHILA Nieta de la Víctima Directa 50 SMMLV Atendiendo las condiciones médicas que presenta la demandante MARIELA MALDONADO RAMIREZ , y de conformidad con la orden del Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga a través de providencia de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015), que decretó su interdicción judicial definitiva “como medida de restablecimiento de sus derecho s, por discapacidad mental absoluta por demostrarse que padece demencia de etiología hipóxica impedida para auto determinarse, administrar y disponer de sus bienes”, lo dineros producto de la reparación integral por perjuicio moral, deberán ser entregados a la señora SANDRA LILIANA ARCHILA

4 Expediente. Folios 449 – 493RADICADO: 680013333004-2015-00443-01

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MALDONADO quien tiene la calidad de curadora principal, y deberá dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 1306 de 2009 (folios 63 a 69). TERCERO. CONDENASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD a pagar a favor de la señora MARIELA MALDONADO RAMIREZ , a título de reparación integral del perjuicio a la salud, la

TERCERO. CONDENASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD a pagar a favor de la señora MARIELA MALDONADO RAMIREZ , a título de reparación integral del perjuicio a la salud, la suma correspondiente CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. Atendiendo las condiciones médicas que presenta la demandante MARIELA MALDONADO RAMIREZ , y de conformidad con la orden del Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga a través de providencia de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015), que decretó su interdicción judicial definitiva “como medida de restablecimiento de sus derecho s, por discapacidad mental absoluta por demostrarse que padece demencia de etiología hipóxica impedida para auto determinarse, administrar y disponer de sus bienes”, lo dineros producto de la reparación integral por perjuicio moral, deberán ser entregados a la señora SANDRA LILIANA ARCHILA MALDONADO quien tiene la calidad de curadora principal, y deberá dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 1306 de 2009 (folios 63 a 69). CUARTO. CONDENASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD a pagar a favor de la señora MARIELA MALDONADO RAMIREZ , a título de reparación integral del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, la suma correspondiente a DOSCIENTOS VEINTITRÉS

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

MALDONADO RAMIREZ , a título de reparación integral del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, la suma correspondiente a DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 7/100 MCTE. ($223.897.294,7) ; de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. Atendiendo las condiciones médicas que presenta la demandante MARIELA MALDONADO RAMIREZ , y de conformidad con la orden del Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga a través de providencia de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015), que decretó su interdicción judicial definitiva “como medida de restablecimiento de sus derecho s, por discapacidad mental absoluta por demostrarse que padece demencia de etiología hipóxica impedida para auto determinarse, administrar y disponer de sus bienes”, lo dineros producto de la reparación integral por perjuicio moral, deberán ser entregados a la señora SANDRA LILIANA ARCHILA MALDONADO quien tiene la calidad de curadora principal, y deberá dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 1306 de 2009 (folios 63 a 69). QUINTO. A título de medidas de justicia restaurativa y garantías de no repetición, ORDÉNASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONALDIRECCIÓN DE SANIDAD adelantar las siguientes obligaciones de hacer, DEBERÁ

1. Ofrecer excusas a los demandantes en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, siempre que los mismos así lo consientan. 2. Establecer un link en su página

1. Ofrecer excusas a los demandantes en una ceremonia privada que deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de ejecutoria de este fallo, siempre que los mismos así lo consientan. 2. Establecer un link en su página web oficial con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia

3. Así mismo, la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONALDIRECCIÓN DE SANIDAD deberá reforzar las estrategias para garantizar que la atención en las consultas preanestésica se encuentre en todo momento a cargo de personal especializado, estableciendo para ello un protocolo acorde con las buenas prácticas de la ciencia médica en el que se precise que toda valoración que realice el especialista tratante deberá tener en cuenta el análisis integral de la historia médica precedente del paciente y deberán tomarse las medidas médicas necesarias para realizar un correcto diagnóstico del riesgo cardiovascular, ello con el fin de que se reduzcan las tasas de mortalidad y de eventos adversos en los posoperatorios.

4. De igual manera, atendiendo las graves falencias advertidas en el diligenciamiento de la historia clínica que fueron analizados en esta sentencia, la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD deberá establecer y socializar un protocolo acorde con las buenas prácticas de la ciencia médica en el que se precise el deber de diligenciar la historia como un registro obligatorio y completo de las condiciones de salud del paciente.

5. De conformidad con los principios de atención integral en salud dispuestos en el artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y Ley 1751 de 2015, y considerando que el Pacto

como un registro obligatorio y completo de las condiciones de salud del paciente.

5. De conformidad con los principios de atención integral en salud dispuestos en el artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y Ley 1751 de 2015, y considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado por Colombia a través de la Ley 74 de 1968, los estados signatarios reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud fís ica y mental”, garantía que la Carta Política de 1991 tradujo en el deber estatal de garantizar el acceso a los servi cios de promoción, protección y recuperación de la salud; la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL -RADICADO: 680013333004-2015-00443-01

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DIRECCIÓN DE SANIDAD a brindar y suministrar todos los medicamentos, intervenciones, tratamientos, procedimientos y hospitalizaciones que requiera la demandante MARIELA MALDONADO RAMIREZ , de manera gratuita, desde la fecha de la presente sentencia, hasta el día en que ocurra su fallecimiento. SEXTO. De conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A., CONDENASE en costas a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE

fecha de la presente sentencia, hasta el día en que ocurra su fallecimiento. SEXTO. De conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A., CONDENASE en costas a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD a favor de la PARTE DEMANDANTE, las cuales se liquidarán y ejecutarán por la Secretaría del Despacho conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Mediante auto del 2 de noviembre de 2018 5, el Juzgado corrige el numeral cuarto de la parte resolutiva de la anterior providencia, así: CUARTO. CONDENASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD a pagar a favor de la señora MARIELA MALDONADO RAMIREZ , a título de reparación integral del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, la suma correspondiente a DOSCIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 11/100 MCTE. ($210.921.445,11) , de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. Atendiendo las condiciones médicas que presenta la demandante MARIELA MALDONADO RAMIREZ , y de conformidad con la orden del Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga a través de providencia de fecha dieciséis (16) de Junio de dos mil quince (2015), que decretó su interdicción judicial definitiva “como medida de restablecimiento de sus derecho s, por discapacidad mental absoluta por demostrarse que padece demencia de etiología hipóxica impedida para auto determinarse, administrar y disponer de sus bienes”, lo dineros producto de la reparación integral por

restablecimiento de sus derecho s, por discapacidad mental absoluta por demostrarse que padece demencia de etiología hipóxica impedida para auto determinarse, administrar y disponer de sus bienes”, lo dineros producto de la reparación integral por perjuicio moral, deberán ser entregados a la señora SANDRA LILIANA ARCHILA MALDONADO quien tiene la calidad de curadora principal, y deberá dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 1306 de 2009 (folios 63 a 69). En dicho auto, el juzgado determina que en consecuencia de la corrección ordenada, se entienda que el ítem «3.3. PERJUICIOS MATERIALES (LUCRO CESANTE)» de la parte considerativa de la sentencia, específicamente en lo que respecta a la TASACION DEL LUCRO CESANTE FUTURO, para todos los efectos legales, corresponde a los cálculos realizados en esta última providencia. En cuanto a la imputación del daño, el a quo argumenta que este se concretó en la grave lesión a la integridad sicofísica de la señora Mariela Maldonado Ram írez, producto de las complicaciones médicas presentadas en el postoperatorio inmediato a la intervención quirúrgica de Colecistectomía Abierta realizada el día 11 de diciembre de 2013. Considera relevante la omisión en la valoración preoperatoria y la clasificación del riesgo cardiaco. Advierte, en este sentido, que hubo una negligencia en la valoración preanestésica, al no haberse indagado de manera adecuada sobre los antecedentes y el origen de las lesiones cardíacas observadas en el examen físico. Precisa que, aunque dichas lesiones no se describen en los antecedentes, al ser evidenciadas en el examen físico, la parte demandada no realizó una revisión o

antecedentes y el origen de las lesiones cardíacas observadas en el examen físico. Precisa que, aunque dichas lesiones no se describen en los antecedentes, al ser evidenciadas en el examen físico, la parte demandada no realizó una revisión o investigación integral para identificar el origen de la lesión mitral o el problema cardiaco y determinar los riesgos de la paciente. Repara en que no se justificó la modificación del procedimiento quirúrgico de laparoscopia a cirugía abierta, y que el diligenciamiento de la historia clínica fue deficiente, sin documentarse adecuadamente los motivos del cambio. Concluye que se configuró una falla del servicio al realizarse el procedimiento en una institución sin capacidad de atención de alta complejidad, como lo requería el cuadro clínico de la paciente, lo que impidió prevenir y controlar el paro cardiorrespiratorio sufrido en el postoperatorio.

5 Expediente Folios 506 – 510RADICADO: 680013333004-2015-00443-01

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D. La apelación La parte demandada6 solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones.

La entidad aduce que el dictamen del Dr. Ángel Martín Jiménez Rueda, presentado

D. La apelación La parte demandada6 solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones.

La entidad aduce que el dictamen del Dr. Ángel Martín Jiménez Rueda, presentado con la demanda, careció de contradicción técnica y científica, y que el juez de primera instancia no permitió la comparecencia de los médicos solicitados, lo que coartó su derecho a la defensa y contradicción. Resalta que la Clínica Regional del Oriente, al realizar la valoración preoperatoria de la paciente, cumplió con los protocolos establecidos en la lex artis, y que la paciente fue clasificada dentro de los rangos ASA II y GOLDMAN II, lo cual no generaba impedimento para realizar la intervención quirúrgica. Argumenta que la enfermedad de Chagas que padecía la señora Maldonado no fue debidamente informada durante la valoración preoperatoria, lo que considera una omisión por parte de la paciente y no del equipo médico. Agrega que si bien en la historia clínica se evidencia que padecía dicha enfermedad, también lo es que su último control data del 10 de agosto de 2012, pues, no se evidencian registros en la historia clínica de valoración de cardiología y de seguimiento y control por parte de medicina interna, lo cual deja entrever, según dice, que la paciente no fue constante en el tratamiento médico correspondiente para esa patología. En relación con el paro cardiorrespiratorio sufrido por la paciente, sostiene que este evento no era previsible, ya que no hubo indicios suficientes en la valoración preoperatoria pa