TA SAN - Sentencia 680013333004-2017-00011-01 (02-10-2025)

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander Magistrada Ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Bucaramanga, dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia de Segunda Instancia Radicado: 680013333004-2017-00011-01

Enlace del expediente: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Caso s/list_procesos.aspx?guid=68001333300420

1700011016800123

Medio de control: Reparación Directa

Parte demandante: Jorge Ramón Mantilla Torres;

Luz Giovanna Mantilla Torres; Isabel Torres de Mantilla;

Parte demandada: Municipio de Bucaramanga

danielmateus957@gmail.com; notificaciones@bucaramanga.gov.co; Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado xmora@procuraduria.gov.co; Temas: Ocupación de inmueble por obras de estabilización y control de erosión . Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. No se probó que el Municipio de Bucaramanga hubiera generado un daño antijurídico. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto 1 por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de agosto de 2018 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga , que negó las pretensiones, una vez verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la competencia2.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte demandante3

El demandante busca que se declare la responsabilidad extracontractual del Estado

una vez verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la competencia2.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte demandante3

El demandante busca que se declare la responsabilidad extracontractual del Estado por los hechos y omisiones que llevaron a la afectación de su propiedad. Solicita que se pague el valor del inmueble, terreno y construcción del bien localizado en la Cra. 5 Occ. No. 42-08, barrio Campo Hermoso del municipio de

1 La sentencia de primera instancia fue notificada el 28 de agosto de 2018 en estados. El recurso de la parte demandante fue interpuesto el 6 de septiembre del mismo año, es decir, dentro de los 10 días siguientes conforme el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. 2 Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial . 3 Expediente. Fl. 1 – 9.Medio de control: Reparación directa Radicado No. 680013333004-2017-00011-01

Parte demandante: Jorge Ramón Mantilla Torres y otros

Parte demandada: Municipio de Bucaramanga

2

Bucaramanga y en el mismo sentido, se pague también el valor de los frutos dejados de percibir desde la fecha de ocupación y destrucción del inmueble por un valor total de $180.000.000. Como fundamento de sus pretensiones, los señores Jorge Ramon Mantilla Torres, Luz Giovanna Mantilla Torres e Isabel Torres de Mantilla afirman ser propietarios los dos primeros y usufructuaria la última del inmueble en comento, adquirido por sucesión de Ramon Mantilla Bohormita.

Luz Giovanna Mantilla Torres e Isabel Torres de Mantilla afirman ser propietarios los dos primeros y usufructuaria la última del inmueble en comento, adquirido por sucesión de Ramon Mantilla Bohormita. Señalan que el Municipio de Bucaramanga, en atención a las recomendaciones de las autoridades ambientales, cercó los inmuebles próximos a un abismo y, con la misma decisión administrativa, derribó y cercó los ubicados en la carrera 5 occ con calle 42, incluyendo el de su propiedad en marzo de 2015. Agregan que el inmueble se hallaba arrendado, contrato que debió cancelarse por la destrucción total de la edificación. Indican que, a la fecha, la entidad demandada no ha procedido a reparar el terreno ni la vivienda. A partir de lo anterior, los demandantes sostienen que la ocupación y demolición del inmueble por parte del Municipio configuró una ocupación permanente y una expropiación, sin trámite ni indemnización previa, lo que activa la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño antijurídico ocasionado y la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas. En consecuencia, solicitan la indemnización plena e indexada y el cumplimiento de la decisión judicial. 1.2. Posición de la parte demandada 1.2.1. El Municipio de Bucaramanga4 se opone a las pretensiones de la demanda. Propone como excepciones, la inexistencia del nexo causal entre la acción que se alega y el daño causado, la inexistencia del daño y la caducidad de la acción.

Manifiesta que los hechos relatados por los demandantes no se corresponden con la realidad, pues la obra de estabilización del talud sobre la carrera 5 occidente con

alega y el daño causado, la inexistencia del daño y la caducidad de la acción.

Manifiesta que los hechos relatados por los demandantes no se corresponden con la realidad, pues la obra de estabilización del talud sobre la carrera 5 occidente con calle 42 del barrio Campo Hermoso se realizó en el costado oriental, mientras que las viviendas se encontraban en el costado occidental, sin que se haya derribado ni intervenido vivienda alguna.

Lo anterior, manifiesta, se encuentra respaldado por el informe de visita técnica de la Secretaría de Infraestructura, en el que se indica que no se realizó pago alguno por demolición de muros o cubiertas de viviendas, y que las demoliciones observadas pudieron haber sido ejecutadas por terceros, entre ellos el propietario, para recuperar elementos de l bien, lo que con el tiempo generó el estado de abandono y ruinas existentes.

Agrega que, según los propios demandantes, el inmueble objeto de litigio fue desalojado definitivamente desde el 5 de marzo de 2010 por afectación de remoción en masa, por lo que no resulta procedente alegar pérdida de frutos por supuesta demolición en marzo de 2015, cuando el inmueble ya se encontraba desocupado.

4 Expediente. Fl. 40 – 44.Medio de control: Reparación directa Radicado No. 680013333004-2017-00011-01

Parte demandante: Jorge Ramón Mantilla Torres y otros

Parte demandada: Municipio de Bucaramanga

3

Además, invoca la excepción de caducidad, toda vez que , según indica, la acción fue presentada fuera del término legal de dos años contados desde la ejecución de la obra.

3

Además, invoca la excepción de caducidad, toda vez que , según indica, la acción fue presentada fuera del término legal de dos años contados desde la ejecución de la obra.

1.3. La sentencia recurrida5 Mediante sentencia del 27 de agosto de 2018, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga niega las pretensiones de la demanda y condena en costas a la parte demandante.

Para llegar a la anterior decisión, el juzgado estima que el daño sufrido por los demandantes, consistente en el deterioro y destrucción del inmueble, fue consecuencia de una fuerte ola invernal ocurrida en el año 2010, fenómeno natural irresistible e imprevisible para las autoridades competentes, y no de las obras públicas ejecutadas por el municipio en 2015 para la estabilización del talud.

El juzgado aduce que, según el material probatorio y los testimonios recaudados, las viviendas fueron desmanteladas por terceros ajenos al municipio, e incluso por los propios propietarios, y que el inmueble objeto de la demanda ya se encontraba deshabitado desde marzo de 201 0 por orden de la Coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres, en virtud del estado de emergencia declarado en la zona.

Descarta la existencia de nexo causal entre las obras de estabilización y los daños alegados, pues las obras se realizaron sobre el costado oriental de la vía y no intervinieron directamente en las viviendas ubicadas al costado occidental.

Tampoco encuentra probado pago alguno por demolición de muros o cubiertas de viviendas en el contrato de obra pública No 230 de 2014, ni intervención directa

intervinieron directamente en las viviendas ubicadas al costado occidental.

Tampoco encuentra probado pago alguno por demolición de muros o cubiertas de viviendas en el contrato de obra pública No 230 de 2014, ni intervención directa sobre el inmueble de los demandantes.

El despacho concluye que el daño debe ser asumido por la víctima, toda vez que no se demostró que fuera consecuencia de una acción u omisión de la administración, sino de un evento de fuerza mayor.

1.4. La apelación6 La parte demandante solicita que se revoque en su totalidad el fallo de primera instancia, incluida la condena en costas, y se acceda a las pretensiones. Sostiene que el fallo recurrido vulnera el artículo 58 de la Constitución, el cual garantiza la propiedad privada y establece que, aun cuando el interés público prevalezca sobre el privado, la expropiación solo puede proceder mediante sentencia judicial e indemnización previa.

Argumenta que la decisión de primera instancia desconoce este mandato al justificar la expropiación sin indemnización bajo el supuesto de que el inmueble se hallaba

5 Expediente. Fl. 178 – 184. 6 Expediente. Fl. 186 – 188.Medio de control: Reparación directa Radicado No. 680013333004-2017-00011-01

Parte demandante: Jorge Ramón Mantilla Torres y otros

Parte demandada: Municipio de Bucaramanga

4

desocupado, omitiendo que dicha desocupación obedeció a requerimientos administrativos del propio municipio y no exime del deber de indemnizar.

El apelante enfatiza que está acreditada la titularidad del inmueble, el daño sufrido

4

desocupado, omitiendo que dicha desocupación obedeció a requerimientos administrativos del propio municipio y no exime del deber de indemnizar.

El apelante enfatiza que está acreditada la titularidad del inmueble, el daño sufrido y la relación causal entre la actuación administrativa y la destrucción de la vivienda, sin trámite indemnizatorio. Cita la Sentencia C -227 de 20 11 de la Corte Constitucional, que exige como requisitos para la expropiación el principio de legalidad, el respeto al debido proceso y la indemnización previa y justa, prohibiendo expresamente los actos confiscatorios.

Solicita, en consecuencia, que se condene al municipio a cancelar el valor del inmueble, los frutos dejados de percibir y una suma indemnizatoria.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico y su tesis De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: ¿Se encuentra acreditado un daño antijurídico consistente en la ocupación material del inmueble identificado con matrícula No. 300-55687, ubicado en la Cra. 5W No. 42 -08 barrio Campo Hermoso , por parte del Municipio de Bucaramanga, con ocasión de la construcción de obras de estabilización y control de erosión en el talud ubicado allí mismo?

Tesis: No Fundamento: Las obras de estabilización y control de erosión que se ejecutaron en la corona del talud y el borde de la vía, junto al inmueble, y el cerramiento implementado, no causaron las afectaciones que alega el demandante. Se demostró que los daños en el predio obedecen a procesos de erosión ocurridos

en la corona del talud y el borde de la vía, junto al inmueble, y el cerramiento implementado, no causaron las afectaciones que alega el demandante. Se demostró que los daños en el predio obedecen a procesos de erosión ocurridos desde 2006 y al desmantelamiento hecho por terceros, luego de que el predio fuera desocupado en el año 2010. No hubo expropiación ni ocupación material o jurídica. Las obras ejecutadas por la administración municipal correspondieron a medidas de gestión del riesgo , ordenadas en s entencias proferidas por esta Jurisdicción en acciones populares, sin que las mismas implicaran la demolición de la vivienda o causaran cualquier otro daño a los propietarios. El predio estaba desocupado desde el 5 de marzo de 2010 por orden de gestión del riesgo, situación que confirmó el interventor de la obra al afirmar que los inmuebles eran, además, inhabitables porque estaban en ruinas y porque –como en el inmueble objeto de este proceso - la puerta de entrada se encontraba al borde del talud y frente al abismo. De este modo, no era posible que el inmueble hubiese sido arrendado a terceros. Por las mismas razones, el aislamiento generado con las obras no configuró un daño cierto, dado que, desde antes de la ejecución de estas, los propietarios no hacían uso ni explotaban el predio.Medio de control: Reparación directa Radicado No. 680013333004-2017-00011-01

Parte demandante: Jorge Ramón Mantilla Torres y otros

Parte demandada: Municipio de Bucaramanga

5

Cualquier reclamación económica por la orden de desalojo impartida en el año 2010

Parte demandante: Jorge Ramón Mantilla Torres y otros

Parte demandada: Municipio de Bucaramanga

5

Cualquier reclamación económica por la orden de desalojo impartida en el año 2010 es ajena a este proceso y no puede ser objeto de pronunciamiento dado que se configuró la caducidad de la acción. 2.2. Marco jurídico : De la responsabilidad patrimonial del Estado por la ocupación temporal o permanente de un inmueble con el fin de realizar una obra pública

La ocupación de un inmueble7, bien sea temporal o permanente, ha sido reconocida por la jurisprudencia 8 como fuente del daño antijurídico, siempre que se acredite tanto la ocupación como los daños originados con ella, sin que sea necesario probar la falla de la administración. Es decir, la responsabilidad patrimonial por ocupación permanente o temporal de un inmueble es de carácter objetivo9. El fundamento de la responsabilidad estatal por ocupación de inmuebles radica en que el Estado tiene el deber de proteger y garantizar el derecho de propiedad privada10, por ende, cuando requiere el uso de inmuebles para cumplir sus fines, lo debe hacer agotando los mecanismos legales de adquisición o compensación 11, lo cual supone adquirir el derecho de propiedad en virtud de la enajenación voluntaria o de la expropiación, si aquella no es posible en las condiciones contempladas en la ley12. Si ocupa el predio sin compensación alguna, aunque sea para el ejercicio legítimo de sus funciones, causa un daño antijurídico que debe reparar en los términos del artículo 90 de la Constitución Política13.

la ley12. Si ocupa el predio sin compensación alguna, aunque sea para el ejercicio legítimo de sus funciones, causa un daño antijurídico que debe reparar en los términos del artículo 90 de la Constitución Política13.

7 La ocupación se tiene entendida con la limitación al no poder vender, gravar o explotar económicamente su propiedad o demás a tributos de los derechos reales y personales correspondientes al inmueble afectado, produciendo a favor del propietario una compens ación al verse imposibilitada la administración para violentar o desconocer derechos y garantías del titular del derecho, asimilando la decl aración de reserva como una especie de expropiación que impone a favor del propietario una indemnización. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 23 de enero de 2015, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 760012331000199703251 01 (20.507) El fundamento y alcance de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en general, sufrió una sustancial modificación con la expedición de la Constitución de 1991, ya que a partir de ésta, hoy en día la fuen te primaria y directa de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado, tanto contractual como extracontractual, está contenida en el inciso 1º del artículo 90 de la Carta, conforme con el cual: “El Estado responderá patrimonialmente por los daño s antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”. De tal manera que, en el caso concreto de la responsabilidad de naturaleza ext racontractual, el

Estado tiene la obligación de indemnizar todo daño antiju rídico que produzca con su actuación, lícita o ilícitamente, voluntaria o involuntariamente, ya sea por hechos, actos, omisiones u operaciones administrativas de cualquiera de sus autoridades, o de p articulares especialmente autorizados para ejercer función pública, pero que la víctima del mismo no está en el deber jurídico de soportar, cuya deducción puede ser establecida a través de distintos títulos de imputación, tales como la falla del servicio, el daño especial, el rie sgo, la ocupación temporal o perm anente de inmuebles, el error judicial, el indebido funcionamiento de la administración de justicia, la privación injusta de la libertad, entre otros. 9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 25 de abril de 2012, C.P . Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 27001-23-31-0001999-00791-01(21687) Corresponde a la especie de la responsabilidad objetiva y se configura probando que una parte o la totalidad de un bien inmueble de propiedad del demandante, fue ocupado permanentemente por la administración o por particulares que actúan autoriz ados por ella. En el marco de la responsabilidad objetiva, la antijuridicidad del daño se origina en la ruptura del principio de iguald ad ante las cargas públicas, manifestada en la restricción o afectación desproporcionada de derechos que sufre una persona en parti cular con el desarrollo de la actividad lícita del Estado. 10 El numeral segundo del artículo 21 de la CADH estableció que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediant e el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecid as por la ley.

10 El numeral segundo del artículo 21 de la CADH estableció que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediant e el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecid as por la ley. 11 C-832 de 2001. En el precedente jurisprudencial constitucional se indica: “El Estado de Derecho se funda en dos grandes axiomas; el principio de legalidad y la responsabilidad patrimonial del Estado. La garantía de los derechos y libertades de los ciudadan os no se preserva solamente con la exigencia a las autoridades públicas que en sus actuaciones se sujeten a la ley, sino que también es esencial que si el Estado en ejercicio de sus poderes de intervención causa un daño antijurídico o lesión lo repare ínte gramente” 12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de septiembre de 2024, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Rad. 52001-23-33-0002018-00459-01 (69780) Es una institución jurídica a través de la cual el Estado, en ejercicio de sus potestades y con el objeto de satis facer el interés público y de cumplir con los fines esenciales del Estado Social de Derecho, especialmen te lo relacionado con la función social de la propiedad privada, adquiere inmuebles cuyo dominio está en cabeza de particulares, previo el lleno de los requisitos y trámites procedimentales definidos por la ley o el reglamento. El ejercicio de la potestad expropiatoria obliga a la Administración Pública a pagar el justiprecio o equivalente

económico de los bienes, derechos o intereses expropiados; es decir, que el quantum de la expropiación debe abarcar, además d el valor del bien expropiado, el de “…los dañ os que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Para efectos de decretar la expropiación de un inmueble de propiedad privada, en primer lugar, la administración deberá declarar de utilidad pública o interés social la adquisición del mismo con fundamento en uno de los supuestos taxativamente previstos en la ley –artículo 58 de la Ley 388 de 1997 y otras –. Esa decisión puede ser cuestionada vía judicial a través del ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Luego, dicha institución se desenvuelve en tres etapas diferenciadas, a saber: (i) la oferta de compra, (ii) la negociación directa o enajenación voluntaria y, (iii) el proceso expropiatorio propiamente dicho, las cuales se proyectan en una fase administrati va, que comienza cuando la entidad pública interesada en llevar a cabo la expropiación de un determinado inmueble expide el acto que contiene su identificación precisa y la oferta de compra. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de octubre de 2024, M.P . Fredy Ibarra Martínez, Rad. 73001-23-33-000-2016-0044802 (67.931).Medio de control: Reparación directa Radicado No. 680013333004-2017-00011-01

Parte demandante: Jorge Ramón Mantilla Torres y otros

Parte demandada: Municipio de Bucaramanga

6

De acuerdo con el artículo 140 del CPACA y la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la ocupación temporal o permanente de inmuebles es un

Parte demandada: Municipio de Bucaramanga

6

De acuerdo con el artículo 140 del CPACA y la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la ocupación temporal o permanente de inmuebles es un daño indemnizable en favor del titular del respectivo derecho real. Para que se estructure la responsabilidad del Estado en estos casos, se debe acreditar tanto el daño como la imputación14. En cuanto a la prueba del daño, es necesario demostrar la lesión al derecho real de propiedad15 o a alguno de sus atributos (uso, usufructo o disposición16), así como la ocupación misma17. Para demostrar la ocupación del inmueble -sea temporal o permanente -, deben probarse sus elementos esenciales: (i) la identificación material del bien ocupado; (ii) la determinación del periodo durante el cual se mantuvo la ocupación , en caso de que sea temporal; (iii) la identificación de los sujetos que la ejecutaron, y (iv) la acreditación de los actos concretos desarrollados dentro del predio, como la ejecución de obras de estabilización. En cuanto a la imputación jurídica del daño18, esta se configura con la prueba de la ocupación del bien inmueble por parte de la entidad demandada, ya sea de manera directa o a través de terceros que han actuado bajo su dirección o responsabilidad 19. Probados los anteriores presupuestos, el Estado debe resarcir la afectación causada al dueño del inmueble. Los perjuicios pueden consistir en el daño emergente y el lucro cesante. El primero es entendido como el precio del inmueble ocupado y el segundo, co mo los ingresos que el propietario dejó de percibir como consecuencia de su ocupación20. En el régimen objetivo de responsabilidad, el Estado puede ser exonerado, si

ocupado y el segundo, co mo los ingresos que el propietario dejó de percibir como consecuencia de su ocupación20. En el régimen objetivo de responsabilidad, el Estado puede ser exonerado, si desvirtúa la relación causal mediante la prueba de una causa extraña, como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o el hecho exclusivo de la víctima. 2.3. Hechos probados A partir de las pruebas que obran en el expediente, la Sala encuentra acreditado lo siguiente:

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 25 de abril de 2012, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 27001-23-31-0001999-00791-01(21687) 15 Artículo 58. Constitución Política. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser des conocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés p úblico o social. 16 En sentencia C-133 de 2009, la Corte Constitucional sostuvo que «Son atributos de propiedad (i) el ius utendi, que consiste en la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir; (ii) el ius fruendi o fructus, que es la

posibilidad del dueño de recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación; y (iii) el derecho de disposición, consistente en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien». 17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sub Sección B. Sentencia del 25 de mayo de 2011. Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo.

Radicación: 20001 -23-31-000-1999-00292-01 (20025). Q ue consiste en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, de que es titular el demandante. Están comprendidos, por tanto, no sólo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad, sino t ambién los perjuicios por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales, al igual que el menoscabo de la posesión que el particular ejercía sobre el predio ocupado. 18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 25 de abril de 2012, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 27001-23-31-0001999-00791-01(21687) Son por tanto supuestos o elementos de la responsabilidad del Estado por ocupación permanente el daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho real de propiedad de que es titular el demandante, quien no tiene el deber jurídico de s oportarla y la imputación del daño al ente demandado, por la ocupación permanente, total o parcial, del bien inmueble de propiedad del deman dante. 19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sub Sección B, C.P . Stella Conto Díaz del Castillo. Sentencia del 25 de mayo de 2011. Radicación:

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sub Sección B, C.P . Stella Conto Díaz del Castillo. Sentencia del 25 de mayo de 2011. Radicación: 20001-23-31-000-1999-00292-01 (20025). 20 Consejo de Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, Sub Sección B, C.P . Stella Conto Diaz del Castillo. Rad. : 20001-23-31-000-1999-00292-01 (20025)Medio de control: Reparación directa Radicado No. 680013333004-2017-00011-01

Parte demandante: Jorge Ramón Mantilla Torres y otros

Parte demandada: Municipio de Bucaramanga

7

2.3.1. Los señores Jorge Ramón Mantilla Torres, Luz Giovanna Mantilla Torres e Isabel Torres Mantilla, son propietarios del inmueble identificado con matrícula No. 300-55687, ubicado en la Cra. 5W No. 42-08 barrio Campo Hermoso del municipio de Bucaramanga21. 2.3.2. El 17 de marzo de 2010, el Municipio de Bucaramanga expidió el Decreto No. 0096 de 201022, que declaró el estado de emergencia por la presencia de erosiones en la escarpa del barrio Campo Hermoso, ocasionadas por fugas en la red de alcantarillado, lo que generó deslizamientos de tierra en el sector comprendido entre la Carrera 5 Occidente y la Calle 42, en terrenos de protección de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. 2.3.3. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Santander en el año 2011, con ocasión de unas acciones populares, ordenó la realización de estudios geotécnicos

Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. 2.3.3. Asimismo, el Tribunal Administrativo de Santander en el año 2011, con ocasión de unas acciones populares, ordenó la realización de estudios geotécnicos y la ejecución de obras de estabilización y control de erosión en el sector, y la reubicación de las viviendas en mayor riesgo 23, entre las que se encontraba el inmueble en cuestión. Allí se determinó que desde el año 2006 s e presentaban graves problemas de erosión y desestabilización del talud, derivados principalmente del flujo incontrolado de aguas residuales y lluvias, así como de aguas subterráneas. Diversos informes técnicos y testimonios recaudados en los procesos promovidos por la comunidad 24, dieron cuenta de que el colector de aguas negras descargaba sus residuos contaminantes en la escarpa, a escasa distancia de las viviendas, lo que generaba contaminación ambiental, proliferación de vectores, olores fétidos, debilitamiento del terreno y daños estructurales en los inmuebles. Además, se encontró que la ausencia de obras definitivas de contención contribuyó de manera significativa al deterioro progresivo del talud y a la afectación de los predios ubicados en la franja occidental de la meseta de Bucaramanga, incluyendo el inmueble objeto de este proceso. 2.3.4. Con el fin de atender dicha situación, el 23 de julio de 2014 , el Municipio de Bucaramanga suscribió el Contrato No. 230 25, cuyo objeto fue la construcción de obras de estabilización y control de erosión en el talud ubicado en la intersección de

Bucaramanga suscribió el Contrato No. 230 25, cuyo objeto fue la construcción de obras de estabilización y control de erosión en el talud ubicado en la intersección de la Carrera 5 con Calle 42, en los barrios Campo Hermoso y Altos del Kennedy. Las obras contratadas iniciaron el 20 de agosto de 2014 y concluyeron el 22 de abril de 201526. 2.3.5. El 14 de julio de 2014 27, los demandantes manifestaron que, con ocasión de la ejecución de las obras, se imposibilitaba el acceso físico al predio, así como su uso, goce y disposición, por cuanto -según afirmaron - dichas intervenciones lo dejaron inhabitable y aislado.

21 Expediente. Fl. 128 – 133. 22 Decreto 0096 de 2010. Por el cual se declara el estado de emergencia en la zona de Campo Hermoso del Municipio de Bucaramanga y se adoptan otras disposiciones. 17 de marzo de 2010 23 Expediente. Fl. 136 – 174. 24 Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia del 2 de noviembre de 2011. M.P. Francy del Pilar Pinilla. Radicado 680013333005-200600071-00 (Acumulado 2007-0294-01). Expediente. Fl. 160 – 170. 25 Expediente. Fl. 48 – 100. 26 Expediente. Fl. 51. 27 Expediente. Fl. 16.Medio de control: Reparación directa Radicado No. 680013333004-2017-00011-01

Parte demandante: Jorge Ramón Mantilla Torres y otros

Parte demandada: Municipio de Bucaramanga

8

En el escrito, los mismos propietarios indicaron que el inmueble había sido

Parte demandante: Jorge Ramón Mantilla Torres y otros

Parte demandada: Municipio de Bucaramanga

8

En el escrito, los mismos propietarios indicaron que el inmueble había sido desalojado el 5 de marzo de 2010 , por orden de la Coordinación Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres. 2.3.5.1. Al respecto, el ing