TA SAN - Sentencia 680013333004-2017-00178-01 (22-05-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Nulidad Simple Demandante Gabriel Francisco Barreto Menéndez , identificad o con cédula de ciudadanía No. 91.275.609 gbarretomenendez@gmall.com gbarreto516@unab.edu.co Demandado Municipio de Bucaramanga notificaciones@bucaramanga.gov.co Coadyuvantes del demandado Organizaciones sindicales SUNET, ASTDEMP,

ASERVIP, SINTRAMUNICIPALES, ANDETT,

SINTRADEPSANTANDER, Carlos Humberto Santos Torres, Martha Eugenia Galván Moreno, Manuel Rodríguez Figueroa, María Paz Mancilla Gamboa, Claudia Ximena Melo Rincón y otros1 Ministerio Público XIRYS MARÍA MORA ALVARADO xmora@procuraduria.gov.co Radicado 680013333004-2017-00178-01 (expediente físico) Tema PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA POR DEROGATORIA TÁCITA. El Acuerdo No. 016 de 1958, mediante el cual el Concejo Municipal de Bucaramanga creó una prima de servicios, perdió fuerza ejecutoria por haber sido derogado tácitamente como consecuencia de la expedición de disposiciones generales posteriores

mediante el cual el Concejo Municipal de Bucaramanga creó una prima de servicios, perdió fuerza ejecutoria por haber sido derogado tácitamente como consecuencia de la expedición de disposiciones generales posteriores que regularon de manera integral y exclusiva la prima de servicios de los empleados públicos del nivel territorial / Se revoca el numeral segundo de la sentencia de primera instancia que «advierte» sobre la pérdida de fuerza ejecutoria del acto acusado . L a declaraci ón de este fenómeno compete exclusivamente a la administración.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada, así como por los coadyuvantes, contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 2018 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda2

1. Pretensiones El demandante solicita que se declare la nulidad del Acuerdo Municipal No. 16 del 18 de diciembre de 1958, expedido por el Concejo de Bucaramanga, mediante el

1 Doris Elisa Gordillo Garcés (en nombre propio y en calidad de presidenta de la junta directiva del Sindicato Unitario de Trab ajadores del Estado - Subdirectiva Bucaramanga - SUNET), Luz Marina Salcedo Villamizar (en nombre propio y en representación de la organización sindical SINTRAMUNICIPALES Seccional

Bucaramanga), Eduardo José Pérez Ospino (en nombre propio y como representante legal de la organización sindical Asociación S indical de Servidores Públicos), José William Torra García, Nancy Sofía Torres Ba rrera, Katherine Martínez Parejo, Luis Ernesto Ortega Martínez, Esther Rueda Acevedo, Cecilia Flórez Tarazona, Jhizby Fariña Hernández Durán, Iván Oswaldo Ballesteros Plata, Yolanda Torres Sánchez, Mónica Janeth Medina Rey, Alexandra Qu intero Rueda, Lilian a Jimena Galvis Forero, Josefina Rodríguez Vergara (en nombre y representación del Sindicato de Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales del Departamento de Santander - SINTRADEPSANDER), Henry Torres Rueda, Manuel Fernando Gómez Pinto, Eduardo Velázquez, José Fernando Forero Hoyos, Nelson Gilberto Jaime Naranjo, Ciro Mendoza Roa, Néstor Montañez Urrea, Juan Carlos Hernández Sánchez, Fredy Quintero Blanco, Hermes Francisco Sarmiento, Leonel Fonseca, Jaime Monguí, Alejandro Amado Toloza, Jorge Peña González, Giorge Bernal Machuca, Gilberto Neira Pereira, Brayan Téllez Flores, Luis Ramón Álvarez, Yesid Peña Cobos, Daniel Arturo Cuevas Ramírez, Salomón Jerez Mariño, Johann Sebastián Galván, Carlos Augusto Prada Ramírez, Octavio Lozano Martínez, Jairo Villabona Sánchez, Jhon Arévalo Hernández, Jorge Castellanos Villamizar, Jaime Duarte Moreno, Hugo Fernando Solar Chávez, Édgar Prieto Niño, Luis Jai me Maldonado, Guillermo Prieto,

Elmer Sánchez, Édgar Cordero Díaz, Rafael Alexei Sanabria, Hernando Salazar, Pedro Elías Pico Sarmiento, Javier Acevedo Ariza, Julia Victoria Ramírez, Cristian Fabián Correa Urrego, Julio César Moreno Jaimes, Carlos Daniel Duarte Vesga, Carlos Fernando Angarita, Carlos Eduardo Vera Gó mez, Pablo Antonio González, Angelino Pedraza S., Lucy Amparo Hernández Suárez, Jorge Pardo Parra, Liliana Marcela Trillos y Diego Armando Zárate , Samuel Rueda Murallas, Isabel Cristina Carvajal Acevedo, Alba Patricia Issa Coyes, Ariel Enrique Camacho Gutiérrez, Blanca Stella Gómez Ortega, Carmen Rosa Prada Arciniegas, Ciro Eduardo Tobar Cardozo, Clara Inés Reina Quiñónez, Diana Karina Prieto Niño, Diana Marcela Gómez Arias, Edilma Díaz Reyes, Elisa Villamizar Bello, Erika Tatiana Olarte Rueda, Félix Antonio Morales Pineda, Fidel Rueda Amaya, Flor Elba Delgado Cárdenas, Gerardo Gutiérrez Torres, Gloria Esperanza Arenas Remolina, Herminda Hernández Ávila, Iván Rangel Pérez, Jacqueline Peña Gamboa, Jaime Bueno Ballesteros, Jen nifer Xiomara Benavides Téllez, Jorge Alberto Badillo Delgado, Juan Carlos Domínguez Upegui, Julio César Orduz Sandoval, Leidy Juliana Moreno Cárdenas, Lorenzo Ardila Rueda, Luis Alberto Mejía Vásquez , Luisa Fernanda Rodríguez

Porras, María Consuelo Rodríguez Alarcón, María Fernanda Rodríguez Díaz, Martha Ayala Morales, Martha Cecilia Bravo Rueda, Mónica Margarita González Ortega, Nancy Stella Toloza Villabona, Nelson Adán Vega Quiroz, Noralba Leal Camargo, Romelia Cáceres Parada, Rosalba Villamil Gonzál ez, Sandra Johana Ortiz Currea, Sonia Ximena Capacho Ortiz, William Antonio Rojas Carvajal, Wilson Paredes Muñoz, Yerly Paola Grass Marín, Yiris Roland Gómez Vargas, Yuly Smith Martínez y otros. 2 Expediente físico, folios 1-11RADICADO: 680013333004-2017-00178-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE

DEMANDANTE: GABRIEL FRANCISCO BARRETO MENÉNDEZ

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

cual se estableció, en beneficio de los servidores públicos de l municipio y sus entidades descentralizadas, una «prestación social denominada prima de servicio», con efectos fiscales a partir del 1° de enero de 1959.

2. Hechos El actor afirma que el Concejo Municipal de Bucaramanga expidió el Acuerdo No. 16 del 18 de diciembre de 1958, sancionado y promulgado por el alcalde el 31 de diciembre del mismo año. Señala que, mediante dicho acto, se creó en favor de los servidores públicos del municipio y de sus entidades descentralizadas una prima de servicio equivalente a un mes de sueldo o jornal por cada año laborado.

diciembre del mismo año. Señala que, mediante dicho acto, se creó en favor de los servidores públicos del municipio y de sus entidades descentralizadas una prima de servicio equivalente a un mes de sueldo o jornal por cada año laborado. Sostiene que dicha prima fue establecida para ser pagada en dos cuotas anuales: una antes del 30 de junio y otra antes del 20 de diciembre. Precisa que su reconocimiento dependía de haber laborado el semestre completo o, como mínimo, treinta días consecutivos. Expone que el artículo 3° del acuerdo dispuso que esta prima reemplazaba la prima de navidad. Asegura que, a pesar de carecer de sustento legal bajo el régimen constitucional vigente, el Municipio de Bucaramanga y sus entidades descentralizadas continúan aplicando el acuerdo y reconocen la prima junto con la prevista en el Decreto 1919 de 2002. Indica que esta situación se confirmó con la respuesta de la petición presentada el 15 de marzo de 2017. Aclara que el Decreto 2351 de 2014 fijó, para los empleados del orden territorial, una prima de servicio equivalente a quince días de salario, con fundamento en el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978. Advierte que los servidores del municipio perciben actualmente treinta días de prima, en contravía del régimen legal vigente. Manifiesta que la administración aplica de forma parcial el acuerdo, al invocar el artículo segundo para reconocer quince días adicionales, pero omite los efectos del artículo tercero, que eliminó la prima de navidad. Por último, asegura que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la prima reconocida en el acuerdo constituye una prestación social, por cuanto reemplaza la

artículo tercero, que eliminó la prima de navidad. Por último, asegura que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la prima reconocida en el acuerdo constituye una prestación social, por cuanto reemplaza la prima de navidad, se otorga sin distinción alguna, se paga dos veces al año y no depende del rendimiento, sino de haber laborado al menos treinta días consecutivos.

3. Normas Violadas y Concepto de Violación Se citan como normas violadas los artículos 62 y 76 numerales 9 y 10 de la Constitución de 1886; el artículo 22 de la Ley 6ª de 1945; los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 83, 150 numeral 19 literal e), 313 numeral 6 y 315 numeral 7 de la Constitución Política de 1991; los artículos 10 y 12 de la Ley 4ª de 1992; el Decreto 1919 de 2002 y el Decreto 2351 de 2014.

El demandante sostiene que el Acuerdo No. 016 de 1958 vulnera el orden constitucional, tanto el que existía e n vigencia de la Constitución de 1886 como el actual, en vigencia de la Constitución de 1991, al establecer una prima de servicio sin competencia para ello. Indica que ni antes ni después de la reforma constitucional de 1968 existió habilitación legal que permitiera a los concejos municipales fijar el régimen salarial o prestacional de los se rvidores públicos de su jurisdicción. Argumenta que bajo la Constitución de 1886 la competencia para establecer prestaciones sociales recaía exclusivamente en el Congreso y en el presidente deRADICADO: 680013333004-2017-00178-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE

Argumenta que bajo la Constitución de 1886 la competencia para establecer prestaciones sociales recaía exclusivamente en el Congreso y en el presidente deRADICADO: 680013333004-2017-00178-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE

DEMANDANTE: GABRIEL FRANCISCO BARRETO MENÉNDEZ

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

la República, conforme al artículo 62 y al numeral 9 del artículo 76, en concordancia con el artículo 22 de la Ley 6ª de 1945. Añade que con la promulgación de la Constitución de 1991 dicha atribución corresponde al Congreso mediante ley marco y al presidente en desarrollo de esa ley, de acuerdo con el artículo 150 numeral 19 literal e), el artículo 189 y los artículos 10 y 12 de la Ley 4ª de 1992. Precisa que los concejos municipales solo tienen competencia para determinar las escalas de remuneración y la estructura administrativa local, sin que puedan crear nuevas prestaciones sociales ni factores salariales, como lo reiteran los artículos 313 numeral 6 y 315 numeral 7 de la Constitución vigente. Aduce que el acto acusado desconoce el régimen prestacional unificado fijado en el Decreto 1919 de 2002, aplicable a los empleados públicos del nivel territorial. Sostiene que el Decreto 2351 de 2014 complementó ese marco al establecer una prima de servici os excluyente, destinada a quienes no la percibían, lo que impide reconocer otras primas creadas por normas territoriales sin fundamento legal.

Sostiene que el Decreto 2351 de 2014 complementó ese marco al establecer una prima de servici os excluyente, destinada a quienes no la percibían, lo que impide reconocer otras primas creadas por normas territoriales sin fundamento legal. Finalmente, afirma que, aunque el acuerdo fue expedido antes de la reforma constitucional de 1968, sus efectos aún se proyectan, lo que configura una inconstitucionalidad sobreviniente. Reitera que ningún derecho adquirido puede derivarse de una norma expedida sin competencia, y que su aplicación actual desconoce el principio de legalidad en materia prestacional.

B. Contestación El Municipio de Bucaramanga3 se opone a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que el Acuerdo No. 16 de 1958 fue expedido conforme al régimen legal vigente para la época de su emisión, por una autoridad territorial que contaba con competencia para fijar elementos salariales.

Sostiene que la prima de servicio creada por dicho acuerdo no constituye una prestación social, sino un factor salarial reconocido de forma legítima, y que su vigencia se ha mantenido inalterada por cuanto no ha sido anulada ni suspendida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Aclara que , desde su expedición, la prima se ha pagado de manera continua a los servidores públicos del municipio, sin que ello configure una actuación contraria al orden jurídico. Precisa que, aunque el Decreto 2351 de 2014 extendió al nivel territorial la prima de servicios prevista en el régimen nacional, ello no implicó la derogatoria de beneficios salariales equivalentes que existieran con anterioridad. Para sustentar esto, cita la Circular Externa No. 100 -11-2015 del Departamento Administrativo de la Función

servicios prevista en el régimen nacional, ello no implicó la derogatoria de beneficios salariales equivalentes que existieran con anterioridad. Para sustentar esto, cita la Circular Externa No. 100 -11-2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual ratificó que las primas equivalentes preexistentes conservan su validez mientras no sean anuladas, y que la prima creada en 2014 es excluyente, más no sustitutiva de aquellas. Argumenta que la coexistencia de la prima de servicio del Acuerdo No. 16 de 1958 con la prima de navidad prevista en el Decreto 1919 de 2002 no configura ilegalidad alguna, pues esta última fue reconocida por el Gobierno Nacional dentro del régimen prestacional para los empleados públicos del orden territorial a partir de su expedición. Enfatiza que el régimen legal aplicable al acto demandado debe evaluarse con base en las disposiciones vigentes en el momento de su expedición, cuando los concejos municipales estaban facultados para fijar sueldos y otros emolumentos a favor de los emplead os del nivel territorial, de conformidad con lo dispuesto en el Acto

3 Expediente físico, folios 490-500RADICADO: 680013333004-2017-00178-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE

DEMANDANTE: GABRIEL FRANCISCO BARRETO MENÉNDEZ

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Legislativo No. 3 de 1910, la Ley 4ª de 1913 y el régimen constitucional anterior a 1968.

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Legislativo No. 3 de 1910, la Ley 4ª de 1913 y el régimen constitucional anterior a 1968. Concluye que no se configura ninguna causal de nulidad, dado que el acto acusado fue expedido con competencia, objeto y causa lícita, y en cumplimiento del orden jurídico de su tiempo.

C. Intervenciones de los coadyuvantes

1. El Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado – SUNET4, junto con varios servidores públicos del Municipio de Bucaramanga 5 que presentaron escrito idéntico, sostienen que el Acuerdo No. 016 de 1958 fue expedido por una autoridad competente conforme al régimen constitucional y legal vigente en su momento, en especial con fundamento en el artículo 197 de la Constitución de 1886, la Ley 4ª de 1913 y la Ley 11 de 1986, normas que facultaban a los concejos municipales para fijar escalas de remuneración.

Afirman que el acto acusado no vulnera disposiciones constitucionales, legales ni reglamentarias, y que su validez no resulta afectada por el tránsito constitucional. Indican que la expedición de la Constitución de 1991 no generó la derogatoria automática de las disposiciones proferidas bajo el orden constitucional anterior. Argumentan que el acuerdo no creó una prestación social, sino que reguló un factor salarial, en tanto establece un pago directo, habitual y periódico por los servicios prestados. Precisan que esta interpretación se ajusta a lo previsto en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la naturaleza de la prima de servicios.

prestados. Precisan que esta interpretación se ajusta a lo previsto en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la naturaleza de la prima de servicios. Señalan que el Decreto 1919 de 2002 y el Decreto 2351 de 2014 regulan exclusivamente el régimen prestacional, sin modificar factores salariales ya reconocidos. Sostienen que cualquier afectación del salario solo podría surtir efectos hacia el futuro, sin desconocer situaciones jurídicas consolidadas, conforme a los precedentes constitucionales sobre el principio de progresividad.

2. Las organizaciones sindicales ASTDEMP6, SINTRAMUNICIPALES7, ASERVIP8 y SINTRASANTANDER9, junto con varios servidores públicos del Municipio de Bucaramanga10, coinciden en que el acto acusado fue expedido por una autoridad competente conforme al ordenamiento constitucional vigente para la época, que facultaba a los concejos municipales para fijar escalas de remuneración.

Afirman que la prima de servicio reconocida en el Acuerdo No. 016 de 1958 tiene naturaleza salarial y no constituye una prestación social, por cuanto representa una retribución directa, habitual y periódica por los servicios prestados, sin corresponder a una compensación por riesgos o contingencias propias del sistema prestacional. Indican que el acuerdo se aplica de manera ininterrumpida desde su expedición, incluso en procesos de liquidación y reconocimiento de derechos laborales. En cuanto a las figuras de la derogatoria y la inconstitucionalidad sobreviniente aludidas en la demanda, s ostienen que ninguna norma posterior ha derogado expresamente su contenido y consideran que el tránsito constitucional no genera la

En cuanto a las figuras de la derogatoria y la inconstitucionalidad sobreviniente aludidas en la demanda, s ostienen que ninguna norma posterior ha derogado expresamente su contenido y consideran que el tránsito constitucional no genera la

4 Expediente físico, folios 47-58 5 Expediente físico, folios 93-108 6 Expediente físico, folios 37-46 7 Expediente físico, folios 59-69 8 Expediente físico, folios 109-121 9 Expediente físico, folios 342 -358 10 Expediente físico, folios 122-296RADICADO: 680013333004-2017-00178-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE

DEMANDANTE: GABRIEL FRANCISCO BARRETO MENÉNDEZ

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

pérdida automática de validez de los actos expedidos bajo el régimen anterior. En su criterio, el cambio de competencias introducido por la Constitución de 1991 no surte efectos retroactivos sobre disposiciones adoptadas bajo la Constitución de 1886.

D. La sentencia recurrida11

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia dictada el 16 de mayo de 2018 en audiencia inicial, resuelve:

PRIMERO: DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con los cargos de anulación aquí estudiados contra el Acuerdo No. 016 del dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho (1958) “Por

PRIMERO: DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con los cargos de anulación aquí estudiados contra el Acuerdo No. 016 del dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho (1958) “Por el cual se crea la Prima de Servicio para los Trabajad ores Municipales”, expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga”] de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

No obstante, ADVIERTASE que sobre el Acuerdo No. 016 de 1958, se estructura una pérdida de ejecutoriedad de acto administrativo, producto del decaimiento que se generó al desaparecer su fundamento de derecho relacionado con la competencia del Concejo Munic ipal de Bucaramanga para crear factores salariales y con la derogatoria contenida en el Decreto Nacional No. 2351 de 2014, tal como fue explicado anteriormente. Para adoptar su decisión, el a quo colige que el Acuerdo No. 016 de 1958 no adolece de nulidad, al haber sido expedido por una autoridad que, para ese momento, contaba con competencia constitucional y legal para fijar asignaciones salariales en el orden territorial. Indica que tanto la Constitución de 1886 como el Acto Legislativo No. 3 de 1910 y la Ley 4ª de 1913 habilitaban a los concejos municipales para establecer sueldos y remuneraciones a favor de los empleados municipales. El a quo sostiene que la prima de servicios creada mediante dicho acto tiene naturaleza salarial, en la medida en que representa una retribución directa, periódica y habitual por los servicios prestados, sin destinarse a cubrir riesgos laborales o contingencias propias de las prestaciones sociales. Resalta que, en ese sentido, el

naturaleza salarial, en la medida en que representa una retribución directa, periódica y habitual por los servicios prestados, sin destinarse a cubrir riesgos laborales o contingencias propias de las prestaciones sociales. Resalta que, en ese sentido, el acuerdo fue expedido con sujeción al régimen vigente y no se configura una inconstitucionalidad sobreviniente, pues su validez debe analizarse a la luz de la normatividad vigente al momento de su expedición. Advierte que, no obstante, el acto ha perdido fuerza ejecutoria como consecuencia del decaimiento normativo, en atención a tres eventos normativos posteriores: (i) la reforma constitucional de 1968, que introdujo la noción de escalas de remuneración bajo competencia del Congreso, (ii) la Constitución de 1991, que asignó al Congreso y al Gobierno Nacional la regulación del régimen salarial y prestacional mediante ley marco, y (iii) el Decreto 2351 de 2014, que reguló de manera general la prima de servicios para los empleados del nivel territorial y estableció su incompatibilidad con cualquier otro reconocimiento salarial de igual naturaleza, sin importar su origen normativo. Con base en lo anterior, c oncluye que, si bien el acuerdo subsiste formalmente en el ordenamiento jurídico, su fuerza ejecutoria ha cesado. En consecuencia, niega las pretensiones de la demanda, pero reconoce que el acto acusado no puede ejecutarse en virtud del fenómeno de decaimi ento previsto en el artículo 91 del CPACA.

11 Expediente físico, folios 532-542RADICADO: 680013333004-2017-00178-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE

DEMANDANTE: GABRIEL FRANCISCO BARRETO MENÉNDEZ

CPACA.

11 Expediente físico, folios 532-542RADICADO: 680013333004-2017-00178-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE

DEMANDANTE: GABRIEL FRANCISCO BARRETO MENÉNDEZ

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

E. Las apelaciones

1. El Municipio de Bucaramanga12 sostiene que el a quo incurre en un yerro al advertir oficiosamente la pérdida de fuerza ejecutoria del Acuerdo No. 016 de 1958, pese a haber reconocido su validez formal y material conforme al ordenamiento jurídico vigente al momento de su expedición.

Expone que el acto acusado fue adoptado por una autoridad competente bajo la Constitución de 1886 y que no se acreditó en el proceso una contradicción insalvable con el marco constitucional actual. Advierte que, por tanto, no resultaba procedente declarar su pérdida de ejecutoriedad por la sola expedición del Decreto 2351 de 2014, norma que estableció un régimen prestacional nuevo y excluyente, pero que no derogó expresamente disposiciones anteriores sobre factores salariales. Alega que el juez de primera instancia desborda el ámbito del control de legalidad propio del medio de nulidad simple, al incorporar una figura procesal no solicitada por las partes ni debatida en el trámite. Precisa que la declaratoria de decaimiento de un acto administrativo es una facultad exclusiva de la administración, o bien, una

propio del medio de nulidad simple, al incorporar una figura procesal no solicitada por las partes ni debatida en el trámite. Precisa que la declaratoria de decaimiento de un acto administrativo es una facultad exclusiva de la administración, o bien, una cuestión a ser resuelta en sede judicial dentro de procesos distintos a la acción de nulidad. Afirma que el acuerdo demandado ha sido aplicado de manera ininterrumpida durante décadas y ha servido de fundamento para la liquidación de salarios y prestaciones legales a favor de los servidores públicos , de modo que su supresión bajo el argumento de decaimiento vulnera el principio de favorabilidad en materia laboral y compromete la seguridad jurídica de quienes han percibido la prima como parte integrante de su remuneración ordinaria. Resalta que el Decreto 2351 de 2014 no eliminó las primas salariales creadas con anterioridad por autoridades competentes, sino que introdujo una figura nueva, aplicable exclusivamente a quienes no contaban previamente con dicho reconocimiento. En respaldo de esta interpretación, cita la Circular 100-11 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual aclara que la nueva prima es excluyente, no derogatoria. Refiere que la sentencia apelada incurre en una contradicción, al declarar la legalidad del acto demandado y, simultáneamente, advertir su inejecutabilidad , por lo que solicita que se revoque el inciso segundo del numeral primero de la parte resolutiva de la providencia y se declare que el Acuerdo No. 016 de 1958 conserva plena fuerza ejecutoria.

2. El Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos de Santander – SINTRADEPSANTANDER13 manifiesta su inconformidad con la decisión del a quo

plena fuerza ejecutoria.

2. El Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos de Santander – SINTRADEPSANTANDER13 manifiesta su inconformidad con la decisión del a quo de advertir la pérdida de fuerza ejecutoria del Acuerdo No. 016 de 1958, a pesar de haber declarado su legalidad. Afirma que dicha figura no fue solicitada por las partes ni hacía parte del objeto del proceso, por lo que el juez excedió su competencia al pronunciarse sobre un aspecto ajeno al litigio.

Expone que el acto fue expedido conforme al orden constitucional vigente en su momento, y que su validez no puede desconocerse con base en normas posteriores que no lo derogaron expresamente. Señala que el Decreto 2351 de 2014 introdujo

12 Expediente físico, folios 548-554 13 Expediente físico, folio 555-571RADICADO: 680013333004-2017-00178-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD SIMPLE

DEMANDANTE: GABRIEL FRANCISCO BARRETO MENÉNDEZ

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

un beneficio diferente, aplicable a quienes no recibían prima de servicios, sin eliminar reconocimientos salariales preexistentes. Sostiene que el acuerdo ha sido aplicado de forma continua por la administración municipal y ha generado efectos económicos consolidados en favor de los empleados públicos, de manera que declarar su pérdida de fuerza ejecutoria sin una contradicción insalvable con el régimen vigente vulnera el principio de seguridad jurídica.

municipal y ha generado efectos económicos consolidados en favor de los empleados públicos, de manera que declarar su pérdida de fuerza ejecutoria sin una contradicción insalvable con el régimen vigente vulnera el principio de seguridad jurídica. Concluye que la sentencia apelada resulta contradictoria, al reconocer la validez del acto y simultáneamente afirmar que no puede ejecutarse, por lo que solicita revocar esa decisión.

3. Las organizaciones sindicales SINTRAMUNICIPALES y ANDETT 14 consideran que el a quo incurrió en un error al introducir, de manera oficiosa, un pronunciamiento sobre la pérdida de ejecutoriedad del Acuerdo No. 016 de 1958, cuando el objeto del proceso se limitaba a evaluar su validez jurídica en el marco de una acción de simple nulidad.

En tal sentido, p recisan que el juez introduce una figura ajena al marco del medio de control de nulidad simple, sin que hubiera sido solicitada por las partes ni debatida dentro del proceso. Indican que el Decreto 2351 de 2014 creó una prima de servicios de naturaleza prestacional, dirigida a empleados territoriales que no la percibían, mientras que la prima consagrada en el Acuerdo de 1958 constituye un factor salarial, retributivo y excluyente de aquella. Manifiestan que no se ha acreditado una derogatoria expresa ni un decaimiento normativo del acto acusado. Añaden que su legalidad no puede analizarse a la luz de disposiciones expedidas con posterioridad, ni desconocerse su aplicación reiterada a través de convenciones colectivas de trabajo suscritas con la administración municipal. Advierten que la sentencia vulnera principios como la seguridad jurídica, la

de disposiciones expedidas con posterioridad, ni desconocerse su aplicación reiterada a través de convenciones colectivas de trabajo suscritas con la administración municipal. Advierten que la sentencia vulnera principios como la seguridad jurídica, la favorabilidad y la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos, por lo que, solicitan que se revoque el pronunciamiento sobre la pérdida de ejecutoriedad y se anule el proceso por la indebida integración del contradictorio, al no haberse vinculado al Concejo Municipal ni a las organizaciones sindicales directamente interesadas.

4. Las organizaciones sindicales SUNET, ASTDEMP y ASERVIP 15 así como los demás coadyuvantes que presentaron escritos sustancialmente iguales, afirman que el a quo exced