TA SAN - Sentencia 680013333004-2017-00190-02 (20-03-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680013333004-2017-00190-02

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: WILLIAN RANGEL ARIZA

abogadosasociadosb2@hotmail.com bolivarbaronabogados@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL

coman.desan@policia.gov.co desan.notificacion@policia.gov.co desan.scsan-.jefat@policia.gov.co desan.asjud@policia.gov.co jorge.castillo1001@correo.policia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 064

TEMA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO – LABORAL

MAGISTRADA

PONENTE:

CAROLINA ARIAS FERREIRA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte deman dante contra la sentencia de fecha 13 de febrero de 2020 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: William Rangel Ariza

Demandado: Policía Nacional

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: William Rangel Ariza

Demandado: Policía Nacional Radicado: 680013333004-2017-00190-02

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1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA1

1.1.1. Hechos

Indicó el demandante que el señor William Rangel Ariza ingreso a laborar a la Policía Nacional en el año 2000 , adscrito a la Estación de Policía de Piedecuesta, bajo el mando del Teniente Miguel Angel Montagut, con quien tuvo algunos inconvenientes.

Posteriormente a su ascenso como subintendente, en el año 2015 fue asignado al Grupo Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, nuevamente al mando del señor Teniente Miguel Ángel Montagut.

Señaló que el 12 de septiembre de 2015, fue asignado para cubrir un servicio policial en el Estado Alfonso López de Bucaramanga, con ocasión del evento «Tsunami Vallenato», encontrándose como jefe de control de vendedores el teniente Montagut, y el demandante como responsable de un personal de la Fu erza Disponible en la glorieta del estadio.

Esa noche, el Señor Rangel estaba en compañía del Patrullero Peña, cuando miembros de la SIPOL o SIJIN, se desplazaban en una motocicleta y señalaron a un ciudadano sospechoso. Procedió el demandante a requisarlo sin hallar droga, dinero ni boletas por ser supuesto revendedor. Sin embargo, a nte su conducta,

un ciudadano sospechoso. Procedió el demandante a requisarlo sin hallar droga, dinero ni boletas por ser supuesto revendedor. Sin embargo, a nte su conducta, Rangel Ariza solicitó a Peña , buscar una patrulla y conducirlo a la SIJIN para verificar antecedentes judiciales. Lo cual no pudo realizar por la imposibilidad de obtener el vehículo para el traslado.

Más tarde esa misma noche, se le acerca el teniente Montagut, sindicándolo de haber recibido dinero por parte del ciudadano mencionado anteriormente. Situación que, dio lugar que el mencionado teniente enviara un informe de lo presuntamente ocurrido a la Oficina de Control Interno Disciplinario en contra del aquí demandante.

Así las cosas, a través del proceso disciplinario, el señor William Rangel Ariza fue retirado del servicio activo por destitución, e inhabilitado para ejercer funciones públicas por el término de 10 años, así como que fue excluido del escalafón de

1 0004 ExpedienteCuaderno2. Páginas 225 a 288 de 381. Pdf.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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carrera de la Policía Nacional, mediante la Resolución N o. 5023 del 8 de agosto 2016.

1.1.2. Pretensiones2

Con la demanda se solicitó:

«PRIMERA: Que se DECLARE LA NULIDAD , de los ACTOS ADMINISTRATIVOS, que más adelante se relacionan, por medio del cual, LA

2016.

1.1.2. Pretensiones2

Con la demanda se solicitó:

«PRIMERA: Que se DECLARE LA NULIDAD , de los ACTOS ADMINISTRATIVOS, que más adelante se relacionan, por medio del cual, LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL , declaró DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE AL Señor Subintendente (R) WILLIAN RANGEL ARIZA, en el que se le impuso, como correctivo disciplinario, la destitución e inhabilidad general de 10 años, actos jurídicos, proferidos, de manera irregular, toda vez, que no se realizó una correcta apreciación integral de los pruebas, y por ende, se dio una indebida aplicación a un correctivo disciplinario, que dio lugar a una sanción disciplinaria injusta, apartándose del debido proceso, y por ende del principio de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / IN DUBIO PRO DISCIPLINARIO, tal corno se expone en el presente escrito de la demanda, actos administrativos, a saber.

1. Del Acto jurídico, contentivo en el FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, dentro de la investigación disciplinaria No. MEBU C-2016-35, actuación tramitada en procedimiento verbal, Y proferida en audiencia disciplinaria de fecha 14 de junio de 2016, por la cual, la NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALPOLICÍA NACIONAL - INSPECCIÓN GENERAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPL INARIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, declara probado el cargo disciplinario endilgado, en auto del 14 de marzo de 2016, por medio del cual, se cita audiencia de investigación

INTERNO DISCIPL INARIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, declara probado el cargo disciplinario endilgado, en auto del 14 de marzo de 2016, por medio del cual, se cita audiencia de investigación disciplinaria, y por ende, se decide responsabilizar disciplinariam ente, al señor Subintendente WILLIAN RANGEL ARIZA, a quien se le señaló, de haber infringió la Ley 1015 de 2006, en su Artículo 34 numeral 4, "SOLICITAR DIRECTAMENTE DÁDIVAS PARA SI CON EL FIN DE OMITIR EI EJERCICIO DE SUS FUNCIONES" a título de "DOLO", que como consecuencia de la citada sanción disciplinaria, se le Impuso, como correctivo disciplinario la Destitución e Inhabilidad General, por un término de diez (10 años, siendo notificado de la decisión, en estrados el día 14 de junio de 2016.

2 Ibid.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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2. Del Acto Jurídico, contentivo en el FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA, dentro de la investigación disciplinaria No. MEBUC-2016-35, de fecha 21 de junio de 2016, proferido por la NACION -MINISTERIO DE DERENSA NACIONALPOLICÍA NACIONAL - INSPECCIÓN GENERAL - INSPECCIÓN DELEGADA REGIONAL CINCO SEGUNDA INSTANCIA , por medio del cual resuelve confirmar en su integridad, el contenido del fallo disciplinario de fecha 14 de junio

POLICÍA NACIONAL - INSPECCIÓN GENERAL - INSPECCIÓN DELEGADA REGIONAL CINCO SEGUNDA INSTANCIA , por medio del cual resuelve confirmar en su integridad, el contenido del fallo disciplinario de fecha 14 de junio de 2016, proferido por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Bucaramanga , dentro del proceso disciplinario radicado número MEBUC -2016-35, y en consecuencia, decide declarar probada y responsabilizar disciplinariamente al señor Subintendente William Rangel Ariza, por haber infringido la Ley 1015 de 2006 art ículo 34. FALTAS GRAVISIMAS numeral 4. -SOLICITAR DIRECTAMENTE DÁDIVAS PARA SI CON EL FIN DE OMITIR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES' a título de "DOLO". Decisión ésta notificada el día 30 de junio de 2016

3. Del Acto Jurídico, contentivo en la Resolución No . 05023 del 8 de agosto de 2016, proferido por el Director General de la Pololo Nacional, "Por la cual se ejecuta uno sanción disciplinaria impuesta a un Subintendente retirado de lo Policía Nacional, por medio de la cual, se resuelve ejecutar la sanción d isciplinaria impuesta al suscrito ex - Subintendente William Rangel Ariza, dentro de la investigación disciplinaria No. MEBUC -2016-35. Disposición ésta, notificada por aviso, fijado el día 17 de agosto de 2016, y desfijado el 23 de agosto de 2016, por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de

Bucaramanga.

aviso, fijado el día 17 de agosto de 2016, y desfijado el 23 de agosto de 2016, por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se CONDENE, a la entidad demandada, para que, A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se le ordene, a la NACION - MIN/STERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, reintegrar al servicio activo de la Policía Nacional, al señor WILLIAN RANGEL ARIZA, al cargo que venía desempeñando, en el instante, que fue destituido de la Policía Nacional, o, a otro de igual o superior categoría, como así mismo, destinarlo a la misma unidad donde venia desempeñando sus labores.

TERCERA: Así mismo, que se DECLARE que el retiro del servicio activo de lo Policía Nacional, del Señor WILLIAN RANGEL ARIZA, no ha existido continuidad en la prestación del servicio, desde el momento de su desvinculación, esto es, desde el día 23 de agosto de 2016, hasta la fecha de su reintegro.Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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QUINTO [sic]: Que una vez, se le restablezcan sus derechos laborales, al señor WILLIAN RANGEL ARIZA, se le ORDENE, a LA NACION • MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL, para que, se le concedan los

WILLIAN RANGEL ARIZA, se le ORDENE, a LA NACION • MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL, para que, se le concedan los ascensos a que tenía derecho desde su destitución hasta la fecha de su reintegro, de acuerdo a su antigüedad, y de conformidad con el Decreto 1791 de 2000, por medio del cual se regula la carrera profesional del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, al grado superior que corresponda dentro del Nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y del cual ostentan sus compañeros de Curso, a la cual tendría derecho.

SEXTO: En el mismo sentido se proceda en CONDENAR a la NACIONMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL. en el que se le ordene cancelar todas las prestaci ones sociales, como salarios, primas de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, aporte al sistema de seguridad social de manera integral, y demás emolumentos dejados de percibir por el señor WILLIAN RANGEL ARIZA, desde el momento, que fue retirado del servido activo de la Policía Nacional, esto es, desde el día 23 de agosto de 2016, hasta la fecha que se haga efectivo su reintegro, teniendo en cuenta, los incrementos anuales que a bien tenga fijar el Gobierno Nacional, como así mismo, a los grados de ascensos que obtenga, de acuerdo a los niveles salariales de cada grado.

SÉPTIMA: Se proceda CONDENAR a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL, para que sobre los diferencias adeudadas al señor WILLIAN RANGEL ARIZA, y solicitadas en el presente Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, le reconozcan y pague los sumas

NACIONAL - POLICIA NACIONAL, para que sobre los diferencias adeudadas al señor WILLIAN RANGEL ARIZA, y solicitadas en el presente Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, le reconozcan y pague los sumas necesarias con los ajustes del valor, conforme al índice de Precios al consumidor (IPC), de conformidad en lo preceptuado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

OCTAVO: En el mismo, sentido, se proceda en ORDENAR a la NACIONMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL, Para que se sirva oficiar, a la Procuraduría General de la Nación, para que le sea retirado, el registro de la anotación de la Sanción Disciplinaria, determinado en el fallo disciplinario de primera y segunda instancia.

NOVENO: De igual forma. se le ordene a la NACIONMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL, para que le dé cumplimiento de la sentencia que su despacho tenga a bien en proferir, dentro del término establecido por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en caso contrario, se le concrete pagar a favor del demandante, los intereses moratorios, conforme lo ordena el artículo 195 ibídem.Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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DECIMA: Se condene a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALPOLICIA NACIONAL, al pago de agencias y costas del proceso conforme al

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DECIMA: Se condene a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALPOLICIA NACIONAL, al pago de agencias y costas del proceso conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.»

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas enlista la demanda los artículos 1,2,4,10,13,25,29, y 269 de la Constitución Política. Los artículos 141, 142, 150 y 161 de la Ley 734 de 2002 . Los artículos 5,6 y 7 de la Ley 1015 de 2006 y el parágrafo del artículo 295 del CGP.

Como causales de anulación de los actos demandados, las identificó así: «Expedición irregular de los actos administrativos» «infracción de las normas superiores» «falsa motivación por haber sido expedidos con la indebida apreciación de las pruebas» y «desconocimiento del precedente erga omnes»

En síntesis, señaló que las pruebas no fueron apreciadas de acuerdo con la sana crítica, y que, existiendo pruebas favorables y desfavorables al investigado, no podía arribarse a una conclusión frente a la falta endilgada al demandante, con lo cual se violentó el principio de inocencia y el in dubio pro disciplinado.

Señaló que la sanción se sostu vo básicamente en las afirmaciones hechas por el teniente Montagut en el informe administrativo, y que tanto el señor Montagut como el ciudadano Javier Alberto Yepes, nunca pudieron identificar al uniformado que le realizó la requisa a Javier Yepes.

Indicó que la actividad probatoria de la Policía Nacional durante la investigación

el ciudadano Javier Alberto Yepes, nunca pudieron identificar al uniformado que le realizó la requisa a Javier Yepes.

Indicó que la actividad probatoria de la Policía Nacional durante la investigación disciplinaria fue insuficiente, toda vez que el señor teniente Montagut no tuvo conocimiento directo de la solicitud ni de entrega de dinero al señor Rangel, y que todo se dio por ocasión de una ciudadana que no fue identificada por el citado teniente.

También expresó que no se le permitió alegar de conclusión en la segunda instancia.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Finalmente expresó que no se cumplieron con los elem entos de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, y que se había desconocido el precedente establecido en la Sentencia C-244 de 2015.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

1.2.1. Contestación de la demanda

La parte demandada, Nación – Ministerio De Defensa – Policía Nacional3. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda. Para ello, en síntesis, indicó que, si bien era cierto que el demandante había sido retirado con anterioridad del servicio activo debido a la facultad discrecional del Director General de la Policía Nacional, desde el 30 de noviembre de 2015, a través de la resolución No. 0628 y con fundamento en los artículos 55 y 62 del Decreto Ley 1791 de 2000.

activo debido a la facultad discrecional del Director General de la Policía Nacional, desde el 30 de noviembre de 2015, a través de la resolución No. 0628 y con fundamento en los artículos 55 y 62 del Decreto Ley 1791 de 2000.

Señaló, además, que mediante la Resolución No. 5023 del 8 de agosto de 2016, se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta en los fallos demandados; argumentando que los mismos se encontraban cobijados de presunción de legalidad, pues habían sido expedidos por autoridad competente y de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Indicó con relación al traslado para alegaciones en segunda instancia, que el mismo se realizó por estado, de conformidad con lo estipulado en el artículo 59 inciso 7 de la Ley 1437 de 2011; así como que fueron valoradas la totalidad de las pruebas recaudadas de acuerdo a los criterios de la sana crítica.

Finalmente, fue enfático en el hecho de que las versiones rendidas por las personas que tuvieron conocimiento directo de los hechos son concordantes y complementarias con las juradas del teniente Montagut y el señor Yepes Sierra, sin que pudiera advertirse animadversión entre el demandante y el Teniente Miguel Montagut.

3 0004ExpedienteCuaderno2. Páginas 322 a 365 de 381. Pdf.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.2.2. La sentencia apelada4

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1.2.2. La sentencia apelada4

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las pretensiones de la demanda, en su parte resolutiva dispuso:

«PRIMERO. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS.

TERCERO: EJECUTORIADA ésta providencia, ARCHÍVENSE las diligencias previas las anotaciones de rigor.»

La anterior decisión, porque consideró que «los actos acusados, estuvieron acordes a los principios y reglas aplicables en la Ley 734 de 2002, no solo respecto a materia probatoria, sino procedimental, pues dicho Código Único Disciplinario es la guía de los Procedimientos Disciplinarios para los Servidores Públicos, en armonía con la Ley 1015 de 2006 “ Régimen Disciplinario de la Policía Nacional” , precisando, que los medios de pruebas recaudados durante dicho trámite, y que sirvieron de fundamento a la decisiones sancionatoria, son coherentes y complementarios entre sí. Además, se trató de decisiones motivadas en las cuales se expresaron razonadamente, los fundamentos del mérito de las pruebas, que rompieron con la presunción de inocencia que cobijaba al aquí demandante, quedando desvirtuada.»

1.2.3. Fundamentos de la apelación

La parte demandante, William Rangel Ariza5, mediante de su apoderado solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, argumentando que el fallador de

1.2.3. Fundamentos de la apelación

La parte demandante, William Rangel Ariza5, mediante de su apoderado solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, argumentando que el fallador de primera instancia se equivocó frente la forma en que se debía notificar el auto que corrió traslado para alegatos de conclusión de segunda instancia, pues indicó que la misma no debió realizarse por estados, sino vía email, atendiendo a que los sujetos procesales no tenían como sitio de trabajo la ciudad de Cúcuta.

Señaló el recurrente que era importante , por lealtad a las partes comunicar los estados, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, sin señalar algún artículo.

4 0006ExpedienteCuaderno3. Página 111 a 149 de 174 5 0006ExpedienteCuaderno3. Folios 152 a 170.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Indicó que el Despacho de primera instancia no valoró el hecho de que l os operadores disciplinarios en primera y segunda instancia basaron sus fallos en el informe suscrito por el teniente Montagut, sin que se individualizara a la tercera persona que identificó presuntamente al aquí demandante en la comisión de la conducta.

Reprochó que el a quo no valoró el hecho de que el informante condicionó al señor quejoso, Alberto Yepes Sierra para que presentara la queja en contra del señor William Rangel Ariza para posteriormente, proceder a entregarle la suma de

conducta.

Reprochó que el a quo no valoró el hecho de que el informante condicionó al señor quejoso, Alberto Yepes Sierra para que presentara la queja en contra del señor William Rangel Ariza para posteriormente, proceder a entregarle la suma de $50.000, sin embargo, alegó que en ningún moment o de los hechos investigados se pudo identificar al policía que presuntamente le exigió dinero al señor Yepes Sierra.

Finalmente, señaló que se vulneró la sana crítica, puesto que no se valoraron correctamente los testigos directos de los hechos, como el patrullero Peña Bejarano Fredy Andrés, quien se encontraba de turno con el investigado el día de los hechos y quien manifestó no presenciar ningún tipo de entrega de dinero por parte del señor Yepes Sierra a Rangel Ariza.

Reprochó, además, el hecho de que el Despacho disciplinario basó sus decisiones en testigos de oídas.

1.2.4. Pronunciamiento sobre el recurso

La parte demandante, reiteró en su escrito de alegatos los argumentos del recurso de apelación.

La parte demandada , Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, y en ese sentido, reiteró los argumentos esgrimidos en los alegatos de conclusión , presentados en primera instancia.

El Ministerio Público, guardó silencio, en esta oportunidad procesal.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.3. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con providencia del 13 de diciembre de 2022 , se admitió el recurso de apelación, de conformidad con el art. 247 de la Ley 1437 de 2011 y, posteriormente, el 3 de marzo de 2025, ingresó al Despacho para proferir sentencia.

El expediente fue redistribuido por parte del Despacho 002 al Despacho 009 a cargo de la Magistrada ponente, conforme el Acuerdo PCSJA22.12026 del 15 de diciembre de 20226.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Acerca de la competencia en segunda instancia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia

2.2. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia al argumento expuesto por la parte demandante en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación7, el cual consiste en establecer si:

formulados.

2.3. El problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación7, el cual consiste en establecer si:

6 «Por el cual se crean cargos permanentes en algunos tribunales y juzgados administrativos del territorio nacional y se dictan otras disposiciones». 7 Art. 328 del CGP . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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P.J. ¿Hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en los fallos de primera y segunda instancia de fechas días 14 y 21 de junio de 2016 respectivamente, así como la Resolución No. 05023 de 8 de agosto de 2016, proferidos por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dentro de la Investigación Disciplinaria No. MEBUC-2016-35, a través de los cuales se sancionó al demandante con destitución e inhabilidad general por 10 años; en razón a la violación al Debido Proceso y por el desconocimiento de las reglas de la sana crítica al no realizar una valoración integral del material probatorio?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado , la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial del

una valoración integral del material probatorio?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado , la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial del análisis integral de la sanción disciplinaria , (ii) La sana crítica en la valoración probatoria (iii) valoración de las pruebas obrantes en el expediente.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Análisis integral de la sanción disciplinaria

Al respecto, destaca la Sala que de conformidad con la sentencia de unificación de 9 de agosto de 20168 proferida por la Sala Plena de esta corporación, el control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de la administración que sean de carácter disciplinario, debe ser un control integral; en la medida en que la actividad de este juez «supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubier e adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, radicado 1220-2011, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

1220-2011, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Ese juicio integral supone, en cuanto a las causales de nulidad, que el juez, en virtud de la primacía del derecho sustancial, puede y debe examinar causales conexas con derechos fundamentales a fin de optimizar la tutela judicial efectiva.

Respecto a la valoración de las probanzas recaudadas en el disciplinario, el aludido juicio integral lo habilita para estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan la imposición de la sanción disciplinaria, porque solo a partir de su objetiva y r azonable ponderación, se puede colegir si el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.

Con relación a los principios rectores de la ley disciplinaria, el juez está facultado para examinar el estricto cumplimiento de todos y cada y uno de ello s dentro la actuación sancionatoria9.

2.4.2. La sana crítica en la valoración probatoria.

Es importante señalar que, en materia del análisis de los aspectos correspondientes a la proporcionalidad entre la falta y la sanción disciplinaria, la valoración probatoria conforme a la sana critica es indispensable para establecer este aspecto. Al respecto, la Honorable Corte Constitucional10 ha indicado:

«5.3.5. Sobre la sana crítica, la doctrina ha indicado:

conforme a la sana critica es indispensable para establecer este aspecto. Al respecto, la Honorable Corte Constitucional10 ha indicado:

«5.3.5. Sobre la sana crítica, la doctrina ha indicado:

“Ese concepto configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba.

Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que e l magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos peritos, de inspección judicial, de confesión

9 La Ley 734 de 2002 en los artículos 4 a 2 1 contempla los principios de legalidad, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad, culpabilidad, favorabilidad, igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia.

10 Corte Constitucional. S.U. 355 de 25 de mayo de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: William Rangel Ariza

Demandado: Policía Nacional

10 Corte Constitucional. S.U. 355 de 25 de mayo de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: William Rangel Ariza

Demandado: Policía Nacional Radicado: 680013333004-2017-00190-02

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en