TA SAN - Sentencia 680013333004-2018-00178-01 (11-12-2025)

SIGCMA-SGC

Tribunal Administrativo De Santander

Magistrada Ponente: Carolina Arias Ferreira

Bucaramanga, once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Expediente: 680013333004-2018-00178-01

Medio de Control: Nulidad Restablecimiento del Derecho

Demandante: Raquel Palencia Cuello

Alejandra.abogada16@gmail.com

Demandado: Municipio de Bucaramanga

notificaciones@bucaramanga.gov.co laurahoyosg@gmail.com cduartem@bucaramanga.gov.co

Ministerio Público: Eddy Alexandra Villamizar

eavillamizar@procuraduria.gov.co

Sentencia No.: 350

Asunto: Estudio del derecho al debido proceso en el trámite del proceso policivo y de la causal de falsa motivación en los actos administrativos demandados. Se confirma sentencia de primera instancia – Otros

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que denegó las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. Antecedentes

1.1. Hechos1

En la demanda de la referencia se expone, en síntesis, que el 14 de diciembre de 2017 la Inspección de Control Urbano y Ordinario I en Descongestión realizó una visita a los establecimientos de comercio «Residencia Las Ejecutivas» y «Taberna–

2017 la Inspección de Control Urbano y Ordinario I en Descongestión realizó una visita a los establecimientos de comercio «Residencia Las Ejecutivas» y «Taberna– Bar Las Ejecutivas», frente a los cuales se levantó un acta de cierre definitivo sin haber agotado la etapa probatoria, lo que, a juicio de la actora, vulneró el derecho fundamental al debido proceso.

Afirma la demandante que, posteriormente, el Inspector de Control Urbano y Ordinario I en Descongestión abrió dos procesos identificados con los radicados 2017-403 y 2017 -405, dentro de los cuales citó a la señora Raquel Palencia, propietaria de los establecimientos, para que compareciera a las audiencias

1 Expediente físico, pág. 2 a 18.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Raquel Palencia Cuello

Demandado: Municipio de Bucaramanga Radicado: 680013333004-2018-00178-01

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programadas para los días 20 y 21 de diciembre de 2017, respectivamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.

En ese sentido, sostiene que dicha actuaci ón evidenció una vulneración al debido proceso, puesto que el artículo 233 de la Ley 1801 de 2016 establece que la audiencia pública debe realizarse inmediatamente o dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la querella o del comparendo. En consecuencia, considera que el Inspector debió realizar la audiencia el mismo 14 de diciembre de 2017, por ser el día en que se surtió la actuación inicial.

siguientes a la recepción de la querella o del comparendo. En consecuencia, considera que el Inspector debió realizar la audiencia el mismo 14 de diciembre de 2017, por ser el día en que se surtió la actuación inicial.

Agrega que, por tales hechos, solicitó ante la Personería de Bucaramanga la designación de una veeduría especial dentro del trámite adelantado contra los establecimientos, siendo asignado el Inspector Camilo Rodríguez, quien decidió acumular los expedientes en el radicado más antiguo (2017 -403). A juicio de la demandante, dicha acumulación fue arbitraria, por tratarse de dos establecimientos de comercio diferentes.

Señala que el 28 de diciembre de 2017, mediante acta de audiencia, el Inspector Camilo Rodríguez declaró el cierre definitivo de los establecimientos. Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación el 2 de enero de 2018, el cual fue resuelto confirmando la medida mediante el Acto Administrativo No. 003 de 2018.

Indica que en ese acto administrativo la Administración fundamentó el cierre definitivo en la presunta i nfracción del artículo 87 de la Ley 1801 de 2016, al considerar que en ambos establecimientos se encontraban trabajadoras sexuales. Sin embargo, la parte demandante sostiene que no existían pruebas que permitieran establecer que las mujeres presentes en lo s establecimientos ejercieran trabajo sexual, ni mucho menos que tuvieran algún vínculo laboral, contractual o fáctico con la señora Raquel Palencia. Por lo anterior, afirma que la decisión carecía de sustento probatorio y constituyó una clara vulneración del debido proceso.

1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretende lo siguiente:

la señora Raquel Palencia. Por lo anterior, afirma que la decisión carecía de sustento probatorio y constituyó una clara vulneración del debido proceso.

1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretende lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar la nulidad de la decisión dada en la audiencia de fecha 28 de diciembre de 2017, que resuelve el recurso de reposición confirmando el cierre definitivo señalado en las actas de visita levantadas el 14 de diciembre de 2017 por la INSPECCIÓN DE CONTROL URBANO Y ORNATO I, en contra de los establecimientos de comercio residencia las ejecutivas y taberna -bar las ejecutivas, esto en razón a la violac ión al debido proceso y a la falsa motivación del acto administrativo señalado.

Es de anotar que el recurso de reposición fue interpuesto en la audiencia de fecha 28 de diciembre de 2017 y en la misma fue resuelto, tal y como consta en el acta de audiencia calendada 28 de diciembre de 2017 la cual fue adjuntada en el acápite de pruebas.

2 Expediente físico, pág. 2 a 3.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Raquel Palencia Cuello

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SEGUNDO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo contenido en la Resolución No. 003 de 2017, notificado personalmente el 19 de enero de 2018, mediante el cual, la ALCALDIA DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DEL INTERIOR,

Resolución No. 003 de 2017, notificado personalmente el 19 de enero de 2018, mediante el cual, la ALCALDIA DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DEL INTERIOR, confirma en todas sus partes la decisión tomada por la INSPECCIÓN DE POLICIA DE CONTROL URBANO Y ONRATO I EN DESCOGESTIÓN de cerrar definitivamente la residencia las ejecutivas y taberna - bar las ejecutivas, en razón a la violación del debido proceso y falsa motivación de la Resolución No. 003 del 2018. De acuerdo a lo anterior la Resolución No.003de 2017 proferida por la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, resuelve el recurso de apelación confirmando la decisión emitida por el Inspector de Control Urbano y Ornato I en descongestión en audiencia de fecha 28 de diciembre de 2017, contra la cual se solicita la nulidad.

TERCERO: A título de Restablecimiento del Derecho se condene a la ALCALDIA DE BUCARAMANGA -SECRETARIA DEL INTERIOR a PAGAR las sumas de dinero dejados de percibir por mi poderdante desde el 14 de diciembre de 2017, fecha en que fue cerrado definitivamente los establecimientos de comercio residencia las ejecutivas y tabernabar las ejecutivas, en razón a que su sellamiento violo el debido proceso y se basó en falsa motivación de los actos administrativos expedidos para este caso por la Inspección de Control y Urbano I en Descongestión y la Secretaria del Interior.

CUARTO: RECONOCER Y PAGAR a favor de mi poderdante, Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se condené a la demandada al pago de 100 salarios mínimos legales mensuales por concepto de daño moral ya que la señora

CUARTO: RECONOCER Y PAGAR a favor de mi poderdante, Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se condené a la demandada al pago de 100 salarios mínimos legales mensuales por concepto de daño moral ya que la señora RAQUEL FALENCIA CUELLO tiene 84 años, no tiene pensión, esposo ni hijos que velen por su vejez digna además tiene afectaciones de salud como es en el corazón y en su pierna que le impiden caminar, las cuales se agravaron con la preocupación por la indebida aplicación de normas que llevaron a un CIERRE DEFINITIVO de sus dos únicos negocios y sustentos para tener una vida digna; $15.500.000 por lucro cesante referente a las utilidades que dejo de percibir mi poderdante por los negocios residencia las ejecutivas y taberna -bar las ejecutivas y las que a futuro se causen, más los intereses e indexaciones a que haya lugar.

QUINTO: Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.»

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Invocó como normas vul neradas el artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 223 y 228 de la Ley 1801 de 2016.

Como fundamento de la violación, señaló que las actas de visita del 14 de diciembre de 2017 fueron expedidas con desconocimiento del debido proceso, toda vez que se ordenó el cierre definitivo de los establecimientos de comercio “Taberna – Bar Las Ejecutivas” y “Residencia Las Ejecutivas” sin haberse realizado en ese mismo momento la audiencia correspondiente, en la cual debía escucharse a la presunta infractora.

Ejecutivas” y “Residencia Las Ejecutivas” sin haberse realizado en ese mismo momento la audiencia correspondiente, en la cual debía escucharse a la presunta infractora.

En esa misma línea, sostuvo que la decisión de cierre solo podía adoptarse una vez agotada la etapa probatoria, y no de manera anticipada, como ocurrió en el caso concreto. Argumentó que el día de la visita (14 de diciembre de 2017) no se llevó a cabo la audiencia ni se dio lugar al debate probatorio, razón por la cual considera que el procedimiento se encuentra viciado de nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley 1801 de 2016.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.4. Contestación de la demanda

El Municipio de Bucaramanga 3 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que el cierre definitivo de los establecimientos de comercio obedeció al cumplimiento de las normas establecidas en el POT y en el Código Nacional de Policía. En consecuencia, consideró que el procedimiento seguido estuvo ajustado a derecho y sustentado en las pruebas pertinentes, con pleno respeto del debido proceso.

Señaló que la parte demandante confunde las facultades coercitivas otorgadas al Inspector de Policía con la obligación de que la decisión d e fondo deba adoptarse exclusivamente en audiencia. Precisó que el artículo 46 del Código Nacional de

proceso.

Señaló que la parte demandante confunde las facultades coercitivas otorgadas al Inspector de Policía con la obligación de que la decisión d e fondo deba adoptarse exclusivamente en audiencia. Precisó que el artículo 46 del Código Nacional de Policía permite la adopción de la medida cautelar de suspensión definitiva de establecimientos en casos donde se ejerza la prostitución en lugares no autorizados, medida que puede ser confirmada o revocada durante el curso del proceso, dependiendo de la decisión de fondo.

Asimismo, destacó que de la lectura integral de la Resolución No. 003 de 2017 , expedida por la Secretaría del Interior, mediante la cual se confirmó el cierre definitivo, se evidencia que a la parte accionante se le garantizó el derecho al debido proceso, incluida la defensa y contradicción, y que, con base en el material probatorio recaudado, resultaba procedente confirmar la medida correctiva impuesta.

Finalmente, indicó que, respecto del establecimiento de comercio de propiedad de la accionante, dedicado a la actividad de «residencias», el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no permite el desarrollo de dicha actividad comercial, y mu cho menos el ejercicio de la prostitución. Afirmó que, contrario a lo sostenido por la demandante, en el inmueble sí se estaba ejerciendo esta actividad.

1.5. La sentencia apelada4

El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Para el efecto, sostuvo que, del análisis de las pruebas obrantes en el expediente administrativo, no se advierte evidencia qu e permita concluir que la actuación adelantada por la

pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. Para el efecto, sostuvo que, del análisis de las pruebas obrantes en el expediente administrativo, no se advierte evidencia qu e permita concluir que la actuación adelantada por la Inspección de Policía hubiese omitido la valoración de elementos probatorios determinantes para establecer la veracidad de los hechos que dieron lugar a la imposición de la medida correctiva.

Al respecto, indicó que el cierre definitivo de los establecimientos de comercio no obedeció a una falsa motivación, sino que fue el resultado del análisis de la conducta

3 Expediente físico pág. 108 a 113. 4 Expediente físico, pág. 157 a 173.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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desplegada en relación con el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las autoridades de policía para preservar la convivencia y el orden público.

Finalmente, señaló que la medida correctiva encuentra fundamento en los medios de prueba permitidos por el artículo 217 de la Ley 1801 de 2016, así como en las evidencias recabadas durante el operativo e incorporadas en el informe de la visita de inspección realizada el 14 de diciembre de 2017 por el CAI Concordia de Bucaramanga, del cual desprende que en los establecimientos de la demandante se desarrollaban actividades distintas a las autoriz adas, específicamente prácticas relacionadas con el ejercicio de trabajo sexual, lo cual resulta incompatible con el

Bucaramanga, del cual desprende que en los establecimientos de la demandante se desarrollaban actividades distintas a las autoriz adas, específicamente prácticas relacionadas con el ejercicio de trabajo sexual, lo cual resulta incompatible con el uso del suelo. Esto, por cuanto las actividades catalogadas como de alto impacto, como la prostitución y otras afines, fueron limitadas por el legislador desde la perspectiva urbanística.

En ese orden de ideas, el a quo concluyó que en el trámite administrativo que culminó con la expedición de los actos administrativos demandados no se presentó una negación, valoración arbitraria, irracional o caprichosa de las pruebas, ni una imputación de responsabilidad administrativa basada en hechos carentes de respaldo probatorio. En consecuencia, consideró que no era posible acceder a las pretensiones de la demanda.

1.6. El recurso de apelación

La parte demandante, Raquel Palencia Cuello5, sostuvo que no se debió ordenar el cierre de los establecimientos de comercio «Taberna–Bar Las Ejecutivas » y «Residencia Las Ejecutivas », por cuanto la documentación necesaria para su funcionamiento se encontraba vigente y con los permisos requeridos por la normativa aplicable.

Señaló que el único argumento utilizado inicialmente para justificar el cierre consistió en afirmar la presunta presencia de menores de edad en los establecimientos, circunstancia que, según indicó, fue desvirtuada durante la audiencia de práctica de pruebas, de conformidad con el interrogatorio rendido por el comandante de Policía.

En cuanto a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), manifestó que los establecimientos de comercio clausurados llevaban más de treinta (30) años

pruebas, de conformidad con el interrogatorio rendido por el comandante de Policía.

En cuanto a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), manifestó que los establecimientos de comercio clausurados llevaban más de treinta (30) años en funcionamiento, razón por la cual iniciaron sus actividades bajo la vigencia de un POT anterior. En ese orden, sostuvo que cuentan con derechos adquiridos, conforme a lo señalado en el parágrafo 3 del artículo 84 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sin perjuicio de que ambos establecimientos poseen los permisos exigidos para operar.

Añadió que las afirmaciones relacionadas con el ejercicio de la prostitución carecen de sustento, pues la Administración no logró demostrar dicha conducta, y resaltó que en el mismo sector funcionan otras residencias en condiciones similares que no han sido objeto de cierre.

5 Expediente físico pág. 175 a 178.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Finalmente, a seguró que los establecimientos fueron clausurados bajo la consideración de que en ellos se ejercía la prostitución, apreciación que —según la demandante— fue asumida como un hecho cierto sin existir prueba alguna en el desarrollo del proceso en la jurisdicción contenciosa, pues la única prueba aludida por la autoridad fue que, en el momento de la visita, se encontraron mujeres con minifalda y escote, según se dejó consignado en las respectivas actas; aspecto que,

desarrollo del proceso en la jurisdicción contenciosa, pues la única prueba aludida por la autoridad fue que, en el momento de la visita, se encontraron mujeres con minifalda y escote, según se dejó consignado en las respectivas actas; aspecto que, además de constituir una apreciación subjetiva y denigrante hacia la mujer, no permite inferir el ejercicio del trabajo sexual.

Por lo anterior, solicitó la nulidad de los actos administrativos demandados, al considerar que fueron expedidos con violación del derecho al debido proceso y con falsa motivación, en tanto las visitas de verificación realizadas el 14 de diciembre de 2017 no estuvieron respaldadas en pruebas contundentes que justificaran el cierre definitivo de los establecimientos.

1.7. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en escrito de reparto, el día 23 de octubre de 2019, al Despacho 06 de esta corporación, quien admitió el recurso de apelación mediante auto del 16 de junio de 2023 y se concedió a las partes y al Mini sterio Público la oportunidad de pronunciarse al respecto.

Posteriormente, mediante auto del 12 de mayo de 2025, este Despacho declaró fundado el impedimento presentado por la Magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez, por lo que avocará conocimiento del asu nto en el estado en que se encuentra. De este trámite se destacan los siguientes aspectos:

1.5.1. La parte demandante no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.2. La p arte demandada, Municipio de Bucaramanga , no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.3. La Representante Ministerio Público, no emitió concepto de fondo.

1.5.2. La p arte demandada, Municipio de Bucaramanga , no hizo uso de esta etapa procesal.

1.5.3. La Representante Ministerio Público, no emitió concepto de fondo.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. De los límites de la apelaciónNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Es de resaltar que en el presente caso apeló el apoderado de la parte demandante por lo que es necesario precisar que el ámbito de conocimiento del recurso de apelación interpuesto se limitará al estudio del contenido y alcance de la inconformidad planteada en el mismo.

2.3. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación6, el cual consiste en establecer si:

¿Debe declararse la nulidad del Acta de Audiencia del 28 de diciembre de 2017 y de la Resolución No. 003 de 2017, mediante las cuales se confirmó la medida de cierre definitivo impuesta a los establecimientos de comercio «Taberna – Bar Las Ejecutivas» y «Residencias Las Ejecutivas», por haber sido expedidas

y de la Resolución No. 003 de 2017, mediante las cuales se confirmó la medida de cierre definitivo impuesta a los establecimientos de comercio «Taberna – Bar Las Ejecutivas» y «Residencias Las Ejecutivas», por haber sido expedidas con violación del derecho al debido proceso y con falsa motivación, al no encontrarse sustentadas en pruebas contundentes que justificaran la decisión adoptada?

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiará el derecho al debido proceso , (ii) el alcance de la falsa motivación en actos administrativos, y, (iii) se analizarán las pruebas de cara a los planteamientos aquí señalados.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Del debido proceso en actuaciones administrativas El debido proceso es un derecho constitucional fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, aplicable a toda actuación administrativa y judicial. Su finalidad es garantizar que los habitantes del territorio nacional cuenten con procedimientos justos, imparciales y transparentes que permitan materializar los fines esenciales del Estado, entre ellos, la convivencia pacífica y la protección efectiva de los derechos7. El debido proceso administrativo comprende un conjunto de garantías orientadas a asegurar que las autoridades actúen conforme a la legalidad y dentro de parámetros de justicia y razonabilidad8. Entre dichas garantías se destaca el derecho de defensa y contradicción, el cual comprende la facultad de toda persona para ser escuchada, presentar argumentos, controvertir las pruebas que obren en su contra, soli citar la

de justicia y razonabilidad8. Entre dichas garantías se destaca el derecho de defensa y contradicción, el cual comprende la facultad de toda persona para ser escuchada, presentar argumentos, controvertir las pruebas que obren en su contra, soli citar la práctica de las que estime favorables y ejercer los recursos previstos en la Ley 9 .

6 Art. 328 del CGP. 7 Sentencia C-214 de 1994. “En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de defender y reservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional”. 8 C-371 de 2011. 9 Sentencia C -025 de 2009, reiterada en la Sentencia T-544 de 2015.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Este derecho constituye un pilar esencial para equilibrar la posición del administrado frente a la autoridad y evitar decisiones arbitrarias. En particular, el de recho de defensa se refiere a la posibilidad efectiva de que el ciudadano conozca el procedimiento que lo involucra, participe activamente en él y exponga su posición frente a los hechos y fundamentos jurídicos que se le atribuyen. Asimismo, implica la facultad de controvertir la actuación de la entidad mediante los recursos, solicitudes y mecanismos de control que el ordenamiento jurídico dispone. Por su parte, el derecho de contradicción se centra en el debate probatorio. Este

Asimismo, implica la facultad de controvertir la actuación de la entidad mediante los recursos, solicitudes y mecanismos de control que el ordenamiento jurídico dispone. Por su parte, el derecho de contradicción se centra en el debate probatorio. Este derecho implica la potestad de solicitar y presentar pruebas, participar en su práctica, controvertirlas, así como exponer los argumentos respecto de su alcance y valor demostrativo. En esencia, garantiza que la decisión administrativa se funde en elementos objetivos y verificables, y no en apreciaciones unilaterales de la autoridad. Por su parte, el derecho de contradicción tiene énfasis en el debate probatorio, implica la potestad de presentar pruebas, solicitarlas, «participar efectivamente en su producción» y en «exponer los argumentos en torno a lo que prueban los medios de prueba»10. En materia policiva, la Sentencia T -206 de 2024 11 precisó los principios constitucionales mínimos que orientan la actividad de la Policía, enumerando los siguientes: « (...) los principios constitucionales mínimos que guían la actividad de la policía versan alrededor de (i) su sometimiento al principio de legalidad; (ii) la necesidad de que su ejercicio tienda a asegurar el orden público; (iii) que su actuación y las medidas a adoptar se encuentren limitadas a la conservación y restablecimiento de dicho orden; (iv) que las medidas que tome deben ser proporcionales y razonables, sin que puedan entonces traducirse en la supresión absoluta de las libertades o en su limitac ión desproporcionada, (v) que no pueda imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores, (vi) que la medida policiva debe

libertades o en su limitac ión desproporcionada, (v) que no pueda imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores, (vi) que la medida policiva debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra quien ejerce legalmente sus libertades, y (vii) que se encuentra sometida a los correspondientes controles judiciales». Estos criterios refuerzan que, incluso en el ejercicio de funciones preventivas o correctivas, la autoridad policiva debe respetar plenamente el debido proceso en todas sus dimensiones, garantiza ndo actuaciones objetivas, motivadas y respetuosas de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

2.4.2. Falsa motivación de acto administrativo alcance En relación con la falsa motivación, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha precisado que esta constituye una causal autónoma e independiente de nulidad, íntimamente ligada al principio de legalidad y al control jurisdiccional sobre

10 Desde ese enfoque, en la Sentencia T-461 de 2003, se indicó que la vulneración de la garantía de contradicción “se presenta cuando se impide o niega la práctica de pruebas pertinentes, conducentes y oportunas en el proceso” 11 Corte Constitucional, Sala de revisión, sentencia T206 del 6 de junio de 2024, Magistrado Ponente Vladimir Fernández Andrade.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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los hechos determinantes de la decisión administrativa. Su examen implica verificar

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los hechos determinantes de la decisión administrativa. Su examen implica verificar la correspondencia entre la realidad fáctica y los fundamentos que la Administración invocó como soporte del acto. Bajo esa perspectiva, el H. Consejo de Estado ha establecido que la nulidad de un acto administrativo por falsa motivación procede cuando se acredita alguna de las siguientes circunstancias:

«a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o

b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente»12.

Por su parte, en cuanto a la ausencia o insuficiencia de motivación, la jurisprudencia ha reiterado que la motivación constituye un elemento esencial del acto administrativo, pues garantiza que la decisión se funde en razones ciertas, claras, objetivas y jurídicamente válidas. Sobre este punto, se ha indicado:

«La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo n la expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara,

instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo n la expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que: inspiraron la producción de los mismos»13.

La falta de motivación se configura como un vicio de expedición irregular, en la medida en que la Constitución y la ley exigen que determinados actos se expidan de manera motivada, siendo necesario que dichos fundamentos consten —al menos de forma sumaria — en el texto mismo del acto administrativo. Cuando la Administración omite este deber, desconoce la forma legalmente prescrita, lo cual conlleva la nulidad del acto.

Lo anterior reviste especial relevancia tratándose de actos de carácter particular y concreto, pues la motivación es la herramienta que permite al administrado ejercer su derecho de defensa y contradicción, al brindarle los elementos necesarios para controvertir los aspectos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión. En consecuencia, la ausenc ia de motivación impide al administrado comprender las razones que justifican la medida adoptada y, por tanto, afecta de manera directa su derecho fundamental al debido proceso.

12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 26 de julio de 2017, Magistrado Ponente Milton Chaves García, Ra