TA SAN - Sentencia 680013333004-2018-00204-02 (24-10-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333004-2018-00204-02

MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho

DEMANDANTE: Ana Elvia González De Borja

insog-mag-@hotmail.com DEMANDADO: Nación – Rama Judicial – Dirección ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co MINISTERIO PÚBLICO: mbuendia@procuraduria.gov.co TEMA: Prima especial 30% PROVIDENCIA: Sentencia de segunda instancia

SALA No. 03

CONJUEZ PONENTE: RONALD EDGARDO CUENCA TOVAR

Se DECIDE el RECURSO DE APELACIÓN1 interpuesto por la parte demandante contra la SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2 proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 23 de febrero de 2023, previa la siguiente reseña:

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

“PRIMERA: Se expida por parte de la Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, acto administrativo definitivo, mediante el cual se INAPLIQUEN por ilegales en el caso del causante Dr. JOSE HENRY TOVAR BORJA (Q.E.P.D.) , las expresiones del artículo 21 " surte

definitivo, mediante el cual se INAPLIQUEN por ilegales en el caso del causante Dr. JOSE HENRY TOVAR BORJA (Q.E.P.D.) , las expresiones del artículo 21 " surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2015 " y equivalente al 30% del " salario básico", del artículo 4° del Decreto Nacional No. 1105 de 26 de mayo de 2015, relacionado con el aumento salarial у prestacional de los servidores públicos (

1 SAMAI- Índice 24. Expediente digital ZIP, cuaderno principal, archivo 07 2 SAMAI- Índice 24. Expediente digital ZIP, cuaderno principal, archivo 03Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333004-2018-00204-02

Jueces y Magistrados) de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, que fue expedido única y exclusivamente para los funcionarios judiciales de régimen antiguo o denominados NO ACOGIDOS , que no optaron por el régimen salarial especial establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993; 106 de 1994; 43 de 1995 y siguientes.

SEGUNDA: Se ordene en la sentencia que ponga fin al proceso, que la entidad aquí demandada NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL , debe expedir a través del mismo acto administrativo, una decisión de fondo mediante el cual se les dé a los funcionarios judiciales (Magistrados y Jueces de la República), en aplic ación del derecho constitucional de igualdad y del trabajo en condiciones dignas y justas, esto

acto administrativo, una decisión de fondo mediante el cual se les dé a los funcionarios judiciales (Magistrados y Jueces de la República), en aplic ación del derecho constitucional de igualdad y del trabajo en condiciones dignas y justas, esto es, a los servidores de la Rama Judicial como el causante Dr. JOSE HENRY TOVAR BORJA (Q.E.P.D.), de Régimen nuevo o denominados acogidos, el mismo trato que en materia laboral y prestacional, se les dio a los funcionarios Judiciales Jueces y Magistrados, denominados No acogidos o de régimen antiguo, a través del Decreto Nacional 1105 de 26 de mayo de 2015, art 4°, sobre aumento salarial, habida consideración que a los primeramente nombrados, al expedirse el Decreto de aumento salarial No.1257 de 05 de junio de 2015, esto es, a los de régimen nuevo o acogidos, no se les reconoció ese 30% de primа especial como componente adicional o plus de su salario mensual.

TERCERA: Que como consecuencia de las dos pretensiones anteriores, y en apoyo a los derechos constitucionales de igualdad y del trabajo en condiciones dignas y justas, se disponga en la sentencia con la cual se ponga fin al proceso, que los servidores judicia les - (Magistrados y Jueces), del denominado régimen nuevo salarial que se acogieron a los decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y siguientes, a quienes a través del Decreto 1257 de 05 de junio de 2015 no se les reconoció el 30% de prima espe cial del salario mensual como plus o componente adicional, tienen el mismo derecho que el que les fuera reconocido a

1995 y siguientes, a quienes a través del Decreto 1257 de 05 de junio de 2015 no se les reconoció el 30% de prima espe cial del salario mensual como plus o componente adicional, tienen el mismo derecho que el que les fuera reconocido a los servidores ( Magistrados y Jueces ) no acogidos, o de régimen antiguo , concedido a través del citado artículo 4° del Decreto Nacional N o. 1105 de 26 de mayo de 2015, pero sin las limitaciones, contenidas en las expresiones "a partir del 1º de enero de 2015" y la palabra "básico" de su parte final, así como la expresión del artículo 21 “surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 20 15" con respecto a dicho artículo 4°, las cuales resultan ilegales, pues debe entenderse que el artículo 4° del Decreto Nacional No. 1105 de 26 de mayo de 2015, sobre aumento salarial, relacionado con el 30% de la prima especial, como plus o componente adicional del salario, debe reconocerse a) Con efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1993 y b) Con carácter salarial , habida cuenta que conforme a la jurisprudencia - sentencia - del H. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda -, Subsección B, proferida dentro del proceso judicial radicado con el No. 25000 -23-25-000-2005-01134-01 (0419 -07), con ponencia de la Magistrada BERTHA LUCIA RAMIREZ de PAEZ, dicha prestación tiene carácter salarial , precedente ratificado por la Sala de Conjueces del H. Consejo de Estado, siendo Conjuez Ponente el Dr. PEDRO SIMON VARGÁS

ponencia de la Magistrada BERTHA LUCIA RAMIREZ de PAEZ, dicha prestación tiene carácter salarial , precedente ratificado por la Sala de Conjueces del H. Consejo de Estado, siendo Conjuez Ponente el Dr. PEDRO SIMON VARGÁS SAENZ, a través de la sentencia de 07 de mayo de 2012, dictada dentro del proceso judicial radicado No. 410012331000-2003-00551-01.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333004-2018-00204-02

CUARTA: Que se declare la NULIDAD de la RESOLUCION No. DESAJBUR 173191 de 05 de mayo de 2017 , proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga - Santander, por medio de la cual se le niega a mi representada ANA ELVIA GONZALEZ DE BORJA en su calidad de cónyuge del referido causante Dr. JOSE HENRY TOVAR BORJA (Q.E.P.D.) Ex Juez Penal Municipal de Bucaramanga (s), el reconocimiento y pago del 30% de prima especial, establecida en el art. 14 de la Ley 4ª de 1992, causada entre el 1º de enero de 1 993 hasta el 30 de junio de 2003, como plus o componente adicional del salario.

QUINTA: Finalmente, que es NULO el acto administrativo ficto o presunto, proveniente del silencio negativo de la administración , al no responder dentro del término establecido en el art. 86 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el suscrito apoderado, dado que hasta el momento

del término establecido en el art. 86 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el suscrito apoderado, dado que hasta el momento la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con sede en Bogotá D.C., no ha dado respuesta, ni notificado decisión alguna a la Sra. ANA ELVIA GONZALEZ DE BORJA cónyuge sobreviviente del referido causante Dr. JOSE HENRY TOVAR BORJA (Q.E.P.D.) Ex Juez Penal Municipal de Bucaramanga (s), ni al suscrito apoderado judicial.

SEXTA: Que a título de Restablecimiento del Derecho y como consecuencia de la Nulidad de los Actos Administrativos atrás expresados, se ordene a la NaciónConsejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicia l con sede en Bogotá, que reconozca liquide y pague al Ex Juez Penal Municipal de Bucaramanga (s), Doctor JOSE HENRY TOVAR BORJA (Q.E.P.D.) de régimen nuevo o acogido, representados sus intereses por su cónyuge sobreviviente atrás mencionada, el pago de su prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, entre el 1º de enero de 1993 hasta el 30 de junio de 2003, debiendo ajustarse o liquidarse el 30% de prima especial como plus o componente adicional de su salario , incluyendo en él todas la s prestaciones constitutivas de salario, tales como: prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías, prima de productividad y demás prestaciones que por cualquier otro concepto le corresponda como prestacion es sociales de su salario.

salario, tales como: prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, cesantías, intereses a las cesantías, prima de productividad y demás prestaciones que por cualquier otro concepto le corresponda como prestacion es sociales de su salario.

• La reliquidación del 30% de prima especial como plus o componente adicional del salario, deberá causar intereses sobre el valor de los ajustes o reliquidaciones efectuadas, desde la fecha en que debieron liquidarse y pagarse los conceptos prestacionales señalados, hasta el día en que los mismos sean satisfechos.

• De igual manera la reliquidación del 30% de prima especial como plus o componente adicional del salario, deberá ser actualizado o indexado aplicando el índice de precios al consumidor, expedido por el DANE, desde la fecha en que se debieron pagar los conceptos señalados, hasta el día en que los mismos sean efectivamente cancelados.Nulidad y restablecimiento del derecho

Sentencia de Segunda Instancia 680013333004-2018-00204-02

SEPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la Nación - Consejo Superior de la Jud icatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar a la accionante, al tiempo de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, la suma total que corresponde por los conceptos expresados en la pretensión 6ª. anterior.

OCTAVA: Que ig ualmente como consecuencia de la Nulidad solicitada en la pretensión quinta de esta demanda, a título de Restablecimiento del Derecho, se condene a la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar los intereses en la forma y términos expresados en

pretensión quinta de esta demanda, a título de Restablecimiento del Derecho, se condene a la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar los intereses en la forma y términos expresados en el Artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

NOVENA: Las condenas respectivas a favor de la Sra. ANA ELVIA GONZALEZ DE BORJA en calidad de cónyuge del referido causante Dr. JOSE HENRY TOVAR BORJA (Q.E.P.D.), serán actualizadas o indexadas de conformidad con lo previsto en el Artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, desde la fecha en que se hicieron exigibles hasta que cause ejecuto ria la sentencia que le dé término definitivo al proceso.

DECIMA: Que a la providencia de mérito favorable, la entidad pública demandada le de cumplimiento en los términos de los Artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de

2011.

2. Hechos

La demandante Ana E lvia Gonzales De Borja cónyuge sobreviviente de José Henry Tovar Borja (q.e.p.d) , quien estuvo vinculado a la Rama Judicial desde el 01 de enero de 1993 hasta el 30 de junio de 2003 desempeñándose como Juez de la República.

El 25 de abril de 2017 mediante derecho de petición solicitó al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga reconocer y pagar la prima especial del 30% como componente adicional o plus del salario con carácter salarial.

Dicha solicitud fue denegada mediante Resolución No. DESAJBUR17-3191 del 05

Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga reconocer y pagar la prima especial del 30% como componente adicional o plus del salario con carácter salarial.

Dicha solicitud fue denegada mediante Resolución No. DESAJBUR17-3191 del 05 de mayo de 2017. Contra la misma, se interpuso recurso de apelación, el cual no fue resuelto, operando el silencio administrativo negativo.

3. Normas Violadas y Concepto de Violación

Constitución Política arts. 2, 13, 25, 29, 53, 150 numeral 19 literal e), y 215 inciso 9 Decreto 717 de 1998 art. 12, Ley 4 de 1992 arts. 2, y 10, Ley 270 de 1996 art. 152 numeral 7, Ley 482 de 1998, Código sustantivo del trabajo art. 14

La parte demandante señala que con anterioridad a la expedición de la ley 4ª de 1992, a todos los funcionarios judiciales se les tenía en cuenta como factor salarial, por mandato expreso del artículo 12 del Decreto 717 de 1978, todos los valores que como contraprestación por sus servicios prestados recibían en forma mensual. Por lo anterior argumentó que es abiertamente violatorio del artículo 12 del Decreto 717Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333004-2018-00204-02

de 1978; artículos 2° y 10° de la ley 4ª de 1992, porque en ningún caso se pueden desmejorar o disminuir los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos. Denominó el concepto de violación de carácter Constitucional; en cuanto la Carta Política, elevo el trabajo a la condición de valor fundante de nuestro Estado

desmejorar o disminuir los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos. Denominó el concepto de violación de carácter Constitucional; en cuanto la Carta Política, elevo el trabajo a la condición de valor fundante de nuestro Estado Social de Derecho, circunstancia esta que redimensiona con especial Protección Constitucional, protección brindada en cualquie ra de sus modalidades artículo 25 de la C. N., y que le da fundamento filosófico -político a las normas laborales el carácter de orden público y cuya finalidad no fue otra que la de asegurar la eficacia en el cumplimiento de los derechos mínimos consagrados en las normas laborales respecto de la parte más débil en la relación laboral, aspecto este que se engloba una de las finalidades esenciales del Estado Social de Derecho y es la de garantizar precisamente la efectividad de los principios y derechos y deberes consagrados en la Constitución Nacional, como lo Dispone el artículo 2° de la carta.

Así mismo con el actuar de las autoridades no garantiza el cumplimiento del artículo 13 teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación, por consiguiente, deberán darles igual tratamiento.

A partir de lo anterior, sostiene que si bien es cierto el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 ordenó al Gobierno Nacion al a establecer una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, el Ejecutivo ha venido desbordando su poder por cuanto bajo la apariencia de una prima especial equivalente al 30% del sueldo básico, en realidad despojó de efectos salariales o a

superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, el Ejecutivo ha venido desbordando su poder por cuanto bajo la apariencia de una prima especial equivalente al 30% del sueldo básico, en realidad despojó de efectos salariales o a dicho porcentaje, con lo que disminuyó el monto de las prestaciones sociales.

4. Contestación a la Demanda

El apoderado de la Rama Judicial se opone a las pretensiones de la demanda, manifestando que ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, pues dichos decretos, estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modif icar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con la Ley 4 de 1992. Por lo tanto, afirma que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a derecho, gozan de plena validez y están revestidos por la pre sunción de legalidad propia de los actos administrativos en firme.

En ese orden de ideas sostiene que no es procedente acceder a las pretensiones solicitadas en el presente proceso, toda vez que a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le corr esponde ajustarse al ordenamiento jurídico vigente, esto es a la aplicación de cada uno de los decretos que en materia salarial son expedidos por el Gobierno Nacional.

Afirma, que la Seccional se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la prima salarial del 30%, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicaras, pues son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de

Afirma, que la Seccional se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la prima salarial del 30%, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicaras, pues son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias tienen tal facultad.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333004-2018-00204-02

Finalmente, expuso como excepciones i) inexistencia del demand ado, ii) ineptitud de la demanda, iii) cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar, iv) falta de legitimación en la causa por pasiva, v) la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesa rios. vi) Prescripción.

5. Sentencia apelada

El juzgado de primera instancia mediante sentencia de fecha 23 de febrero de 2023, indicó que atendiendo a los pronunciamientos del H. Consejo de Estado del 29 de abril de 2014 y de unificación del 2 de septiembre de 2019, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, debía corresponder al menos al 30% del salario básico, pero adicional al 100% de éste, atendiendo a los principios de progresividad y no regresión de los der echos laborales, y no como parte del 100% del mismo, que fue la interpretación errónea que se hizo por parte del Ejecutivo y la demandada.

De conformidad con las certificaciones aportadas al proceso, declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho pues la petición de reconocimiento

Ejecutivo y la demandada.

De conformidad con las certificaciones aportadas al proceso, declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho pues la petición de reconocimiento fue elevada ante la entidad accionada solo hasta el 25 de abril de 2017, por lo que se pudo concluir que la solicitud se presentó por fuera del término d e 3 años establecidos en el Decreto 3135 de 1968 y en artículo 41 del Decreto 3135 de 26 de diciembre de 1968.

Finalmente, condeno en costas a la parte accion ante, a favor de la Nación - Rama Judicial.

6. Recurso de apelación

6.1 Parte demandante

La parte demandante expuso que las pretensiones de la demanda estaban dirigidas al reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial , prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un plus o componente adicional del salario que nunca fue efectivamente reconocido a su poderdante. Adujo que, debido a una defectuosa reglamentación por parte del Gobierno Nacional a través de decretos salariales, dicha prima fue considerada como un simple porcentaje (30%) de la remuneración, afectando negativamente la liquidación de las prestaciones sociales.

Asimismo, la apelante sostuvo que no operaba la prescripción trienal de los derechos reclamados, en razón a que la reclamación administrativa se presentó dentro del término de tres años post eriores a la ejecutoria de la referida sentencia, conforme a los principios de exigibilidad derivados de la existencia de una “expectativa legítima” reconocida en la misma decisión judicial. Refutó la aplicación

dentro del término de tres años post eriores a la ejecutoria de la referida sentencia, conforme a los principios de exigibilidad derivados de la existencia de una “expectativa legítima” reconocida en la misma decisión judicial. Refutó la aplicación de la Sentencia de Unificación SUJ -016-CE-S2-2019, que limitaba la reclamación de derechos laborales a los tres años anteriores a la presentación de la reclamaciónNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333004-2018-00204-02

administrativa, señalando su inconstitucionalidad y su incongruencia frente al derecho internacional y los principios de protección laboral.

De igual manera, solicitó la revocatoria de la condena en costas impuesta en primera instancia, al no haberse configurado temeridad ni mala fe en la actuación de la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y con base en múltiples precedentes del Consejo de Estado que exigen para la imposición de costas un análisis subjetivo de la conducta procesal.

Finalmente, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, se acogieran las pretensiones de la demanda en su totalidad, reconociendo las dif erencias salariales y prestaciones adeudadas sin afectación por prescripción, y se dejara sin efectos la condena en costas impuesta, todo en garantía del derecho fundamental al debido proceso y la igualdad.

II. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Correspondió por reparto a la H. Magistrada Francy del Pilar Pinilla Pedraza el 23

al debido proceso y la igualdad.

II. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Correspondió por reparto a la H. Magistrada Francy del Pilar Pinilla Pedraza el 23 de mayo de 2023 en grado de apelación de sentencia 3. El 12 de septiembre de 20234 la ponente manifestó su impedimento y el de los demás Magistrados que conforman la Sala, por lo que ordenó la remisión del asunto a la Sección Segunda del H. Consejo de Estado para que decidiera sobre el mismo.

Mediante auto de fecha 05 de junio de 2024 el H. Consejo de Estado dispuso aceptar el impedimento manifestado por los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander ordenando realizar sorteo de conjueces.5

El 08 de agosto de 2024 la presidenta de esta Corporación ordenó, fijar fecha y hora para la realización del respectivo sorteo 6; el 12 de agosto de 2024 se llevó a cabo la diligencia de sorteo, correspondiéndole conocer al Conjuez Dr. Ronald Edgardo Cuenca Tovar7 quien mediante auto de fecha 22 de agosto de 2024 dispuso admitir el recurso de apelación8.

1. Pronunciamiento en segunda instancia

1.1. Parte demandante

No se pronunció al respecto.

1.2. Parte demandada9

3 SAMAI- Índice 03. Archivo 2. 4 SAMAI - Índice 20. 5 SAMAI - Índice 25. 6 SAMAI - índice 27. 7 SAMAI - índice 28. 8 SAMAI - Índice 31. 9 SAMAI- Índice 36, archivo 23.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

6 SAMAI - índice 27. 7 SAMAI - índice 28. 8 SAMAI - Índice 31. 9 SAMAI- Índice 36, archivo 23.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333004-2018-00204-02

La parte demandada expuso que se debe seguir la regla jurisprudencial para contabilizar la prescripción del derecho, se tendrá en cuenta la fecha de presentación de la reclamación y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, por esto mismo deja probado según certifi cación de la coordinadora de talento Humano de la Dirección Ejecutiva, que el cónyuge de la parte accionante laboró desde el 06 de junio de 1979 hasta el 30 de junio de 2003.

En conformidad a lo anterior se evidenció la prescripción extintiva del derecho al haber peticionado después de haber transcurrido mas de 13 años a la terminación de su vinculo como Juez de la república.

Finalmente reitero sus argumentos de la contestación de la demanda y nuevamente señalo las excepciones de (i) caducidad del medio de control ii) inexistencia del demandado, ii i) ineptitud de la demanda, i v) cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar, v) falta de legitimación en la causa por pasiva , v i) la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios.

1.3. Ministerio Público

El Agente del Ministerio Público guardó silencio y no emitió concepto de fondo.

III. CONTROL DE LEGALIDAD.

litisconsortes necesarios.

1.3. Ministerio Público

El Agente del Ministerio Público guardó silencio y no emitió concepto de fondo.

III. CONTROL DE LEGALIDAD.

Revisado el expediente, se observa que de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el desarrollo de las etapas procesales de primera instancia se ejerció el control de legalidad. Por ello, y como en esta instan cia no se observan vicios procesales que acarreen la nulidad del proceso o impidan proferir decisión de fondo, se procede a resolver la alzada.

IV. CUESTIÓN PREVIA

Advierte la Sala que no emitirá pronunciamiento alguno en relación con la s excepciones de “inexistencia del demandado”, “ineptitud de la demanda”, “cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, y “la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios” planteadas por la entidad demandada en el pronunciamiento frente a el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, toda vez que ya fueron resueltas desfavorablemente por el A quo mediante autos de fecha 27 de junio de 2021 y 03 de junio de 2021, quedando debidamente ejecutoriada la decisión.

En igual sentido, tampoco se emitirá pronunciamiento en relación con la excepción de “caducidad del medio de control”, planteada por la entidad demandada en el recurso de apelación y en el pronunciamiento en segunda instancia

En igual sentido, tampoco se emitirá pronunciamiento en relación con la excepción de “caducidad del medio de control”, planteada por la entidad demandada en el recurso de apelación y en el pronunciamiento en segunda instancia respectivamente, toda vez que como excepción previa la misma debió ser formuladaNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia 680013333004-2018-00204-02

con la contestación de la demanda para dar a la parte demandante la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción sobre aquellas, así como para que el juez de conocimiento se pronunciara sobre estas durante el trámite de la instancia, sin embargo, se evidencia que dichos planteamientos solo son puestos de presente por la demandada con el recurso de apelación y con el pronunciamiento de segunda instancia, sin ser ese el momento procesal procedente para ello.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

1. Competencia

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 153 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala de Decisión determinar si:

P.J.1: ¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento y pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un incremento, componente adicional o plus a la remuneración mensual con carácter salarial?

P.J.2: ¿Hay lugar a ordenar la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de

de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un incremento, componente adicional o plus a la remuneración mensual con carácter salarial?

P.J.2: ¿Hay lugar a ordenar la reliquidación y pago de las prestaciones sociales de la demandante teniendo en cuenta para tal efecto la prima especial de servicios equivalente al 30% de la remuneración mensual como factor adicional a esta?

P.J.3: ¿Opero el fenómeno de prescripción extintiva de los derechos?

3. Marco Jurídico y Jurisprudencial

3.1 Prima especial de servicios

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, corresponde al gobierno nacional a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

“ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:Nulidad y restablecimiento del derecho

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...e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública”.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso N acional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fisca