TA SAN - Sentencia 680013333004-2018-00252-03 (20-03-2025)

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SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide la apelación interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga contra la sentencia proferida el veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA1

A. Pretensiones

1 Archivo No. 001.

Radicado:

680013333004-2018-00252-03

Demandante:

RAMCES OVIDIO RUEDA CARREÑO con cédula de ciudadanía No. 13.745.000

Correo electrónico: Giobanniperez93@hotmail.com

Demandado:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

SECCIONAL BUCARAMANGA

Correo electrónico: dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ministerio

Público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, Procuradora 158 Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Tema:

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Tema:

Bonificación judicial Decreto 383 de 2013 / Se confirma la sentencia de primera instanciaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Ramces Ovidio Rueda Carreño vs DEAJ. Rad. No. 680013333004-2018-00252-03. 2

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El demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución DESAJBUR182224 del 23 de enero de 2018 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Como consecuencia de la declaración de nulidad del anterior acto administrativo , pretende se ordene a la entidad demandada reconocer la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013 como factor salarial y prestacional, así mismo que se condene en costas.

B. Hechos Como fundamento de las pretensiones, afirma, en síntesis, que labora en la Rama Judicial desde el mes de mayo de 2011 desempeñando cargos como escribiente del circuito y, citador del circuito.

Dice que, en ejercicio de la facultad conferida por el legislador en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional creó a favor de los servidores de la Rama Judicial la denominada bonificación judicial a través del Decreto 0383 del 6 de marzo de 2013, en cuyo art . 1 se dispuso que la bonificación judicial sería reconocida

Judicial la denominada bonificación judicial a través del Decreto 0383 del 6 de marzo de 2013, en cuyo art . 1 se dispuso que la bonificación judicial sería reconocida mensualmente y restringió sus efectos salariales al prever que constituiría únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

De conformidad con el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 , se delegó al Gobierno Nacional una facultad, sin que ello lo autorizara para restringir el carácter de factor salarial a las medidas adoptadas para cumplir el deseo d e n ivelación salarial a favor de los servidores de la Rama Judicial ; además, en el art. 2 ibidem, se consignó como criterio orientador el respeto de los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los regímenes especiales y se especificó que en ningún caso se podrían desmejorar sus salarios y prestaciones sociales.

Consecuentemente, e l 17 de enero de 2018 presentó petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bucaramanga, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y laTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Ramces Ovidio Rueda Carreño vs DEAJ. Rad. No. 680013333004-2018-00252-03. 3

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consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho. Posteriormente, el 23 de enero de 2018 , mediante Resolución DESAJBUR 18-2224,

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consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho. Posteriormente, el 23 de enero de 2018 , mediante Resolución DESAJBUR 18-2224, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativ a, la cual fue notificada el 24 de enero de 2018. Finalmente manifiesta que, el 25 de enero de 2018, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión.

C. Normas violadas y concepto de violación

Convención Americana de derechos humanos, aprobada mediante Ley 161 de

1972. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador” aprobada mediante Ley 319 de 1962. Convenios 95, 100 y, 111 de la OIT sobre la protección del salario 1949, igualdad de remuneración 1951 y, discriminación en materia de empleo 1958. Convenio 151 de la OIT . Convención Americana sobre derechos humanos Pacto de San José de Costa Rica. Arts. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 25, 29, 53, 55, 83, 93, 209 y, 228 de la Constitución Política, Ley 21 de 1982, Ley 50 de 1990, Ley 4 de 1992, Ley 270 de 1996, Ley 411 de 1997, Ley 1496 de 2011, Ley 54 de 1972, Ley 16 de 1972 y, Ley 319 de 1996.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:

de 1972, Ley 16 de 1972 y, Ley 319 de 1996.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones: Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1º del decreto 383 de 2013.

Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Ramces Ovidio Rueda Carreño vs DEAJ. Rad. No. 680013333004-2018-00252-03. 4

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Si bien el Gobierno Nacional con la finalidad de mitigar la brecha salarial existente entre los funcionarios de la Rama Judicial creó mediante la expedición del Decreto 383 de 2013 un emolumento salarial para un alto porcentaje de empleados y funcionaros, lo anterior no significa que hubiera obrado del todo de buena fe y honrado cada uno de los principios, derechos y deberes que le impuso el legislativo,

383 de 2013 un emolumento salarial para un alto porcentaje de empleados y funcionaros, lo anterior no significa que hubiera obrado del todo de buena fe y honrado cada uno de los principios, derechos y deberes que le impuso el legislativo, toda vez que de manera premeditada le restó los efectos prestacionales que por disposición legal se le debe dar a todo emolumento que se paga al trabajador como contraprestación directa por los servicios prestados. Las autoridades administrativas tienen el deber de efectivizar los derechos de los ciudadanos; no obstante, en el presente caso es el Estado quien vulnera derechos ciertos, irrenunciables e indiscutibles al desconocer de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política los efectos prestacionales de la bonificación judicial.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga -archivo No. 011-, se opone a la prosperidad de las pretensiones. Sostiene que, la entidad demandada que debió ser vinculada al presente proceso no es la Rama Judicial sino el Gobierno Nacional por sus competencias constitucionales y legales, comoquiera que se encuentran en debate normas de carácter salarial expedidas por el ejecutivo. Dice que, no tiene f acultades ni participa en el proceso de proferir de los decretos salariales, en aras de mantener vigente el principio de separación de poderes ; además, los jueces tampoco cuentan con la facultad de violentar ese principio fundamental del Estado. Recaba en que, es ajena a la expedición de las normas salariales respecto de las que se demanda su «inaplicabilidad” y/o su inconstitucionalidad», dado que sus actuaciones son meros actos de ejecución y que deben permanecer incólumes en

Recaba en que, es ajena a la expedición de las normas salariales respecto de las que se demanda su «inaplicabilidad” y/o su inconstitucionalidad», dado que sus actuaciones son meros actos de ejecución y que deben permanecer incólumes en el ordenamiento jur ídico, motivo por el cual no pueden ser objeto de control jurisdiccional en razón a su naturaleza puesto que se limitan a dar cumplimiento a una decisión administrativa.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Ramces Ovidio Rueda Carreño vs DEAJ. Rad. No. 680013333004-2018-00252-03. 5

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Anota que, la demanda adolece de ineptitud por cuanto no fue vinculado el poder ejecutivo ni a su representante y, en materia de competencia, de conformidad con los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

Argumenta que, e n virtud de lo establecido en la Ley 4 de 1992, la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir que es éste, basado en la Constitución y la Ley, quien determina dichas asignaciones, sin que la Rama Judicial tome parte funcional en este proceso y sobre cuya expedición no tiene injerencia.

Pone de presente que, cumple una función netamente ejecutora, vale decir, de

Constitución y la Ley, quien determina dichas asignaciones, sin que la Rama Judicial tome parte funcional en este proceso y sobre cuya expedición no tiene injerencia.

Pone de presente que, cumple una función netamente ejecutora, vale decir, de acatamiento y de aplicación frente a los servidores judiciales destinatarios de los pagos de salarios y prestaciones sociales, en los términos y valores establecidos en los Decretos 0383 y 0384 de 2013 y de manera anual en cada tabla de salarios por el ejecutivo. Precisa que, a este asunto no resulta aplicable el Código Sustantivo del Trabajo, ni las regulaciones que en materia de relaciones de trabajo existan entre la Administración Pública y los empleados y funcionarios vinculados a la Rama Judicial, motivo por el cual no existen emolumentos que se adeuden a la parte demandante como consecuencia de su liquidación salarial y prestacional.

Sostiene que, el demandante incurrió en un error al no integrar a la parte pasiva del presente proceso al Gobierno Nacional, el cual se encuentra conformado por el Presidente de la República, los Ministros del Despacho y los Directores de Departamentos Administrativos, de conformidad con el inciso 2 del artículo 115 de la Constitución Política, mandato constitucional que no puede desconocerse con la pretensión de «inaplicar» normas vigentes, toda vez que lo pretendido con la demanda es la modificación de la escala de salarios prevista en el presupuesto general de la nación, cuyo control y custodia está también a cargo del Gobierno Nacional.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Ramces Ovidio Rueda Carreño vs DEAJ. Rad. No.

Nacional.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Ramces Ovidio Rueda Carreño vs DEAJ. Rad. No. 680013333004-2018-00252-03. 6

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Afirma que, l os decretos por medio de los cuales el Gobierno Nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial no cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial toda vez que es el Gobierno Nacional, quien a través de las autoridades competentes debe pronunciarse respecto de lo legalidad de sus actuaciones. Se pronuncia sobre la prescripción de los derechos prestacionales, argumentando que, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, dispone que «las prestaciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual». En consecuencia, considera que, ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales pretendidos por el demandante, toda vez que radicó la petición ante la Seccional Bucaramanga el 17 de enero de 2018 , mediante la cual reclamó el reconocimiento de la bonificación decreto 383 y 384 de 2013 , razón por la cual las sumas reclamadas con anterioridad al 17 de enero de 2015 se encuentran prescritas.

reconocimiento de la bonificación decreto 383 y 384 de 2013 , razón por la cual las sumas reclamadas con anterioridad al 17 de enero de 2015 se encuentran prescritas. Finalmente, alega que, los Decretos 383 y 384 de 2013 y siguientes no han sido decretados nulos, razón por la cual es posible concluir que su contenido es válido y mantiene su presunción de legalidad, motivo por el cual no es posible efectuar el reconocimiento y pago pretendido, máxime cuando el demandante no demandó la legalidad de los mencionados decretos en el momento oportuno. Enfatiza que, el demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales dentro del término contemplado en el artículo 138 del CPACA, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 137 ibidem, puesto que lo que resulta evidente de la lectura de las pretensiones formuladas es el restablecimiento automático de un derecho ; no obstante, las normas que regulan esa remuneración no fueron demandados, motivo por el cual no se encuentra justificable que la parte accionante pueda ser excusada de esa omisión.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Ramces Ovidio Rueda Carreño vs DEAJ. Rad. No. 680013333004-2018-00252-03. 7

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Asoma una causal de impedimento por la condición como servidora judicial adscrito a la Dirección Seccional de Administración Judicial percibiendo el concepto de la bonificación judicial, en virtud de lo dispuesto en los arts. 140 y, 141 del CGP.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

Resuelve:

a la Dirección Seccional de Administración Judicial percibiendo el concepto de la bonificación judicial, en virtud de lo dispuesto en los arts. 140 y, 141 del CGP.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

Resuelve: «PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL, frente a las sumas adeudadas, causadas con anterioridad al 17 de enero de 2015.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021 y 471 de 2022 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: -Resolución DESAJ BUR 18 – 2224 del 23 de enero de 2018 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente al recurso de apelación interpuesto el 25 de enero de 2018.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de RAMCES OVIDIO RUEDA CARREÑO, todas las

RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de RAMCES OVIDIO RUEDA CARREÑO, todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 17 de enero de 2015 incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe pe rcibiendo dicho emolumento. Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de los demandantes debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

2 Archivo No. 020 SAMAIGestión Documental.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Ramces Ovidio Rueda Carreño vs DEAJ. Rad. No. 680013333004-2018-00252-03. 8

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La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: Negar las excepciones propuestas relacionadas con el cobro de lo no debido, inconstitucionalidad, caducidad y la falta de legitimación en la causa por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO»

no debido, inconstitucionalidad, caducidad y la falta de legitimación en la causa por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO»

Para tomar la decisión que atrás se reseña, sostiene la Juez de primera instancia que, l a bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual al demandante , sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la p arte actora, obedec e al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Explica que , resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

Recaba en que, la bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la

Recaba en que, la bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Ramces Ovidio Rueda Carreño vs DEAJ. Rad. No. 680013333004-2018-00252-03. 9

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Itera que, e l límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o caus a de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

Concluye afirmando que, la bonificación judicial, reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones

incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido la expresión «no constituye factor salarial » deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN3

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga, por intermedio de apoderado judicial, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su solicitud expone que:

No cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial , puesto que su competencia recae únicamente en el gobierno nacional, específicamente en la expedición los Decretos 083 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

La primera instancia desconoció lo anterior porque, le impuso una carga excesiva a que no está en deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

3 Archivo No. 022.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Ramces Ovidio Rueda Carreño vs DEAJ. Rad. No.

3 Archivo No. 022.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Ramces Ovidio Rueda Carreño vs DEAJ. Rad. No. 680013333004-2018-00252-03. 10

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Insiste que, el art. 103 del Decreto 270 de 1996 le asigna competencias del pago de servidores judiciales como ordenar de gasto, pero no altera o modifica el régimen legal y reglamentario de los empleados públicos ni su asignación salarial, por tanto, de acceder a lo pretendido por el demandante, desconocería el art. 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, ello porque, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados debe acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual , implica la alteración del Presupuesto General de la Nación. En tal virtud, insiste, debe ser vinculado el Gobierno Nacional, por ser la autoridad competente de fijar la remuneración salarial y prestacional.

Reitera que, hay lugar a declarar la caducidad por cuanto los Decretos 383 y 384 de 2013 no han sido decretados nulos y no han sido atacados por la parte actora, destacando que la bonificación judicial ha sido liquidada y pagada conforme a tal normatividad, siendo estos decretos salariales cuya nulidad debió pretender se dentro del término establecido en el Art. 138 del CPACA.

destacando que la bonificación judicial ha sido liquidada y pagada conforme a tal normatividad, siendo estos decretos salariales cuya nulidad debió pretender se dentro del término establecido en el Art. 138 del CPACA.

Finalmente, solicita mantener la decisión de no condenar en costas porque, ha planteado argumentos de defensa plausibles y, no existe temeridad en ejercicio de la defensa de la Nación.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El proceso es allegado al Despacho Ponente de esta providencia el 29.10.2024actuación No. 0 9por el H. Consejo de Estado. En providencia del 25.11.2024 se profiere auto que obedece y cumple lo resuelto por el superior y, admite el recurso de apelación -actuación No. 0 11-. El 28.02.2025 -actuación No. 16reingresa el expediente al Despacho Ponente para fallo, cuyo proyecto se registra el 05.03.2025 para ser aprobado por la Sala de Decisión al día siguiente. Finalmente, aprobada en Sala No. 09. De trámite se destaca que, las partes ni el Ministerio Público actuaron en esta instancia.

VII. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia para conocer en segunda instanciaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Ramces Ovidio Rueda Carreño vs DEAJ. Rad. No. 680013333004-2018-00252-03.

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Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal

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Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal en Sala, desatarla. Arts. 153 y 243 Ley 1437/2011.

B. Cuestión procesal previa de la suscrita Ponente en este asunto Se hace necesario traer a colación que en las pretensiones del escrito de demanda el señor Ramces Ovidio Rueda Carreño únicamente la declaración de la nulidad del acto administrativo a través del cual le fue negada la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial y prestacional.

A la fecha se encuentra en trámite proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que como demandante pretendo el reconocimiento de la prima especial del 30% como factor salarial, el cual, es conocido por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga encontrándose en etapa de resolución de excepciones previas propuestas por esta entidad en la contestación de la demanda. Al respecto es pertinente advertir, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, que la prima especial del 30% que devengué como Juez de la República es íntegramente diferente al régimen salarial de los empleados judiciales, por lo que nada tiene que ver este beneficio salarial con la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013, tema que se debate en el presente proceso judicial.

Por otra parte, si bien presenté demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, dicho proceso tiene como radicado al No. 680013333014-2016-00019-00 y ya culminó con sentencia de segunda instancia el 12.04.2024, encontrándose debidamente

solicitando el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, dicho proceso tiene como radicado al No. 680013333014-2016-00019-00 y ya culminó con sentencia de segunda instancia el 12.04.2024, encontrándose debidamente ejecutoriado. Ello significa, que si bien pudo existir un interés, este ya no es actual, toda vez, que dicho proceso ya terminó. Tal como también lo ha precisado el Consejo de Estado al declar ar infundados los impedimentos, en los casos en los que los procesos ya han culminado, razón por la que los devuelve para que sean conocidos por quien realizó la manifestación de impedimento. Veamos:

En reiterada jurisprudencia el H. Consejo de Estado a decidir en casos con hechos similares, ha declarado infundado los impedimentos. Así puede verse en auto del 12 de septiembre de 2024, radicación:200013333002-2022-00570-01 (2358-2024), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, en el que sostuvo que las razones del juez para apartarse del conocimiento de un asunto,Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Ramces Ovidio Rueda Carreño vs DEAJ. Rad. No. 680013333004-2018-00252-03. 12

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deben ser claras, explícitas y actuales, y que debe existir correspondencia entre el hecho que las origina y el supuesto fáctico establecido por el legislador, concluyendo que : (i) respecto de la manifestación de impedimento de los

deben ser claras, explícitas y actuales, y que debe existir correspondencia entre el hecho que las origina y el supuesto fáctico establecido por el legislador, concluyendo que : (i) respecto de la manifestación de impedimento de los magistrados la Doris Pinzón Amado, José Antonio Aponte Olivella y Carlos Mario Arango Hoyos, quienes fundaron el mismo al considerar que el carácter salar