TA SAN - Sentencia 680013333004-2020-00235-02 (22-05-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide la apelación interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga contra la sentencia proferida el veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024) por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA1

A. Pretensiones

1 Índice No. 08 SAMAI Juzgado de origen.

Radicado:

680013333004-2020-00235-02

Demandante:

JOSÉ ISRAEL ARIAS GARCÍA con cédula de ciudadanía No. 91.209.315

Correo electrónico: abogados@rinconperez.com

Demandado:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

SECCIONAL BUCARAMANGA

Correo electrónico: dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ministerio

Público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, Procuradora 158 Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Tema:

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Tema:

Bonificación judicial Decreto 383 de 2013 / Se modifica la sentencia de primera instanciaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. José Israel Arias García vs DEAJ. Rad. No. 6800133330042020-00235-02. 2

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La p. demandante pretende se inaplique n por inconstitucionales e ilegales los Decretos 383 y, 384 de 2013, y aquellos que los modifican expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. En tal sentido, se declare la nulidad de: (i) la Resolución DESAJ BUR 18-6025 del 18 de marzo de 2018 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y, (ii) el acto ficto o presunto que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación presentado el 11 de abril de 2018. Como consecue ncia de la declaración de nulidad de los anteriores actos administrativos, pretende se ordene a la entidad demandada reconocer las diferencias prestacionales negadas en los actos administrativos impugnados y que corresponden a la reliquidación de sus prest aciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, sumas que deberán ser indexadas como lo ordena el art. 187 de la Ley 1437 de 2011, sus respectivos intereses corrientes

corresponden a la reliquidación de sus prest aciones sociales con inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, sumas que deberán ser indexadas como lo ordena el art. 187 de la Ley 1437 de 2011, sus respectivos intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor y, la inclusión en nómina de ese reconocimiento prestacional.

B. Hechos Como fundamento de las pretensiones, afirma, en síntesis, que labora en la Rama Judicial y que ha recibido el pago de sus prestaciones sociales sin la inclusión de la bonificación judicial que desde el 01 de enero de 2013 ha devengado.

Que, el 01 de marzo de 2018 presentó petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Bu caramanga, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho desde el 1 de enero de 2013. El 09 de abril de 2018 , mediante Resolución DESAJBUR 18-6025, la entidad demandada le notificó de la negativa a la petición presentada. El 11 de abril de 2018, se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el que no ha sido resuelto , motivo por el cual la entidad ha incurrido en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. José Israel Arias García vs DEAJ. Rad. No. 6800133330042020-00235-02. 3

de segunda instancia. Demandante. José Israel Arias García vs DEAJ. Rad. No. 6800133330042020-00235-02. 3

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C. Normas violadas y concepto de violación

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones: Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas legales, constitucionales y principios en que debían fundarse porque, no tiene en cuenta las disposiciones del art. 53 de la Constitución Política de Colombia sobre el deber patronal de no desmejorar las condiciones laborales y prestaciones de sus empleados.

Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse. Argumenta que al constituir la bonificación parte de la remuneración mensual, no puede desconocerse el carácter de factor salarial en virtud de lo dispuesto por el art. 42 del Decreto 1042 de 1978 reglamentado por el art. 127 del Código Sustantivo del Trabajo en el que se establece salario como todo lo que se recibiera como retribución al trabajo independientemente de la denominación otorgada. Precisa que, el principio de progresividad representa precisamente aquella prohibición de expedición e interpretación de normas que sean regresivas para los derechos laborales previamente reconocidas, cuya única excepción ha sido la aplicación del principio de favorabilidad, pero solamente cuando se acude a una

prohibición de expedición e interpretación de normas que sean regresivas para los derechos laborales previamente reconocidas, cuya única excepción ha sido la aplicación del principio de favorabilidad, pero solamente cuando se acude a una norma anterior con la justificación de ser más favorable que la posterior a aplicarse. Situación exceptiva que evidentemente no puede predicarse del asunto objeto de litis en este proceso. Concluye afirmando que, la bonificación judicial objeto de la presente cuestión, se paga de manera periódica como con secuencia y contraprestación de la relación laboral personal y habitualmente prestada, concluyéndose necesariamente que la misma debe ser considerada parte integral del salario y debe tener las mismas consecuencias jurídicas de éste, no sólo para los descuentos de seguridad socialTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. José Israel Arias García vs DEAJ. Rad. No. 6800133330042020-00235-02. 4

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ya efectuados, sino también para su inclusión dentro de la base de liquidación de las demás prestaciones devengadas.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga -índice No. 019 SAMAI Juzgado de origen-, se opone a la prosperidad de las pretensiones. Sobre los hechos de la demanda refiere que, tiene como ciertos los períodos de vinculación, tal como lo muestra la Certificación de Tiempo de Servicios expedida por el Coordinador de Área de Talento Humano que adjunta como prueba; empero, refiere que no puede reconocerse la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013

vinculación, tal como lo muestra la Certificación de Tiempo de Servicios expedida por el Coordinador de Área de Talento Humano que adjunta como prueba; empero, refiere que no puede reconocerse la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013 como factor salarial porque la norma específicamente establece que será factor prestacional únicamente para cotización de salud y pensión. Sostiene que la entidad demandada que debió ser vinculada al presente proceso no es la Rama Judicial, sino el Gobierno Nacional por sus competencias constitucionales y legales, comoquiera que se encuentran en debate normas de carácter salarial expedidas por el ejecutivo. Dice que no tiene facultades ni participa en el proceso de proferir los decretos salariales, en aras de mantener vigente el principio de separación de poderes; además, los jueces tampoco cuentan con la facultad de violentar ese principio fundamental del Estado. Recaba en que es ajena a la expedición de las normas salariales respecto de las que se demanda su «inaplicabilidad” y/o su inconstitucionalidad», dado que sus actuaciones son meros actos de ejecución y que deben permanecer incólumes en el ordenamiento jurídico, motivo por el cual no pueden ser objeto de control jurisdiccional en razón a su naturaleza, puesto que se limitan a dar cumplimiento a una decisión administrativa.

Anota que, la demanda adolece de ineptitud por cuanto no fue vincula do el poder ejecutivo ni a su representante y, en materia de competencia, de conformidad con los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestaci onal de

ejecutivo ni a su representante y, en materia de competencia, de conformidad con los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y prestaci onal de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerzaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. José Israel Arias García vs DEAJ. Rad. No. 6800133330042020-00235-02. 5

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pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

Argumenta que, en virtud de lo establecido en la Ley 4 de 1992, la potestad p ara fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno Nacional, es decir que es éste, basado en la Constitución y la Ley, quien determina dichas asignaciones, sin que la Rama Judicial tome parte funcional en este proceso y sobre cuya expedición no tiene injerencia.

Pone de presente que cumple una función netamente ejecutora, vale decir, de acatamiento y de aplicación frente a los servidores judiciales destinatarios de los pagos de salarios y prestaciones sociales, en los términos y valores establecidos en los Decretos 0383 y 0384 de 2013 y de manera anual en cada tabla de salarios por el ejecutivo.

Precisa que, a este asunto, no resulta aplicable el Código Sustantivo del Trabajo, ni las regulaciones que en materia de relaciones de trabajo existan entre la Administración Pública y los empleados y funcionarios vinculados a la Rama

el ejecutivo.

Precisa que, a este asunto, no resulta aplicable el Código Sustantivo del Trabajo, ni las regulaciones que en materia de relaciones de trabajo existan entre la Administración Pública y los empleados y funcionarios vinculados a la Rama Judicial, motivo por el cual no existen emolumentos que se adeuden a la parte demandante como consecuencia de su liquidación salarial y prestacional.

Sostiene que el demandante incurrió en un error al no integrar a la parte pasiva del presente proceso al Gobierno Nacional, el cual se encuentra conformado por el Presidente de la República, los Ministros del Despa cho y los Directores de Departamentos Administrativos, de conformidad con el inciso 2 del artículo 115 de la Constitución Política, mandato constitucional que no puede desconocerse con la pretensión de «inaplicar» normas vigentes, toda vez que lo pretendid o con la demanda es la modificación de la escala de salarios prevista en el presupuesto general de la nación, cuyo control y custodia está también a cargo del Gobierno Nacional. Afirma que, los decretos por medio de los cuales el Gobierno Nacional reguló l os salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial no cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial, toda vez que es el Gobierno Nacional,Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. José Israel Arias García vs DEAJ. Rad. No. 6800133330042020-00235-02. 6

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quien a través de las autoridades competentes, debe pronunciarse respecto de la

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quien a través de las autoridades competentes, debe pronunciarse respecto de la legalidad de sus actuaciones. Se pronuncia sobre la prescripción de los derechos prestacionales, argumentand o que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 dispone que «las prestaciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del e mpleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual». En consecuencia, considera que ha operado la prescripción trienal de los derechos laborales pretendidos por el demandante, toda vez que radicó la petición ante la Seccional Bucaramanga 01 de marzo de 2018 , mediante la cual reclamó el reconocimiento de la bonificación de los decretos 383 y 384 de 2013, razón por la cual las sumas reclamadas con anterioridad al 01 de marzo de 2015 se encuentran prescritas. Finalmente, alega que los Decretos 383 y 384 de 2013 y siguientes no han sido decretados nulos, razón por la cual es posible concluir que su contenido es válido y mantiene su presunción de legalida d, motivo por el cual no es posible efectuar el reconocimiento y pago pretendido, máxime cuando el demandante no demandó la legalidad de los mencionados decretos en el momento oportuno. Enfatiza que, el demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales dentro del término

reconocimiento y pago pretendido, máxime cuando el demandante no demandó la legalidad de los mencionados decretos en el momento oportuno. Enfatiza que, el demandante debió pretender la nulidad de los decretos salariales dentro del término contemplado en el artículo 138 del CPACA, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 137 ibídem, puesto que lo que resulta evidente de la lectura de las pretensiones formuladas es el restablecimiento automáti co de un derecho; no obstante, las normas que regulan esa remuneración no fueron demandadas, motivo por el cual no se encuentra justificable que la parte accionante pueda ser excusada de esa omisión.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

Resuelve:

2 Índice No. 0 42 SAMAI Juzgado de Origen. https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=68001333300420200023500680 0133Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. José Israel Arias García vs DEAJ. Rad. No. 6800133330042020-00235-02. 7

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«PRIMERO: DECLÁRESE la prescripción de derechos laborales frente a las sumas reclamadas con anterioridad al 1 de marzo de 2015, por las razones expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá úni camente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en

expuestas.

SEGUNDO: INAPLÍQUESE por inconstitucionalidad la expresión normativa “… y constituirá úni camente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” contenido en el artículo 1° de los Decretos Nos. 383 y 384 de 2013, y reproducida en los Decretos No. 1269 de 2015, 246 de 2016,1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 0299 de 2024 por las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: -Resolución DESAJ BUR 18-6025 del 16 de marzo de 2018 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. -Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado frente a la interposición del recurso de apelación el 11 de abril de 2018.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNESE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reliquidar y pagar a favor de JOSE ISRAEL ARIAS GARCÍA todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 1 de marzo de 2015, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 y 384 de 2013, hasta

sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 1 de marzo de 2015, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 y 384 de 2013, hasta que dure su vinculación laboral y continúe percibiendo dicho emolumento.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor de los demandantes de be ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: Negar las excepciones propuestas por el ente demandado relacionadas con la inconstitucionalidad, caducidad y cobro de lo no debido, por las razones expuestas.

SEXTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO. […]»Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. José Israel Arias García vs DEAJ. Rad. No. 6800133330042020-00235-02.

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Para tomar la decisión que atrás se reseña, sostiene la Juez de primera instancia que, l a bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocida s,

que, l a bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocida s, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Explica que , resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de s alario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

Recaba en que, la bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.

Itera que, e l límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial, a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constit uye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. José Israel Arias García vs DEAJ. Rad. No. 6800133330042020-00235-02. 9

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Concluye afirmando que, la bonificación judicial, reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido la expresión «no constituye factor salarial » deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN3

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga, por

inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN3

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Bucaramanga, por intermedio de apoderado judicial, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su solicitud expone que:

No cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial , puesto que su competencia recae únicamente en el gobierno nacional, específicamente en la expedición los Decretos 083 de 2013 con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

La primera instancia desconoció lo anterior porque, le impuso una carga excesiva a que no está en deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en esta que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.

Insiste que, el art. 103 del Decreto 270 de 1996 le asigna competencias del pago de servidores judiciales como ordenar de gasto, pero no altera o modifica el régimen legal y reglamentario de los empleados públicos ni su asignación salarial, por tanto, de acceder a lo pretendido por el demandante, desconocería el art. 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, ello porque, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados debe acudir por mandato de

3 Índice No. 0 44 SAMAI Juzgado de origen.

Orgánico del Presupuesto, ello porque, para el pago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados debe acudir por mandato de

3 Índice No. 0 44 SAMAI Juzgado de origen. https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=68001333300420200023500680 0133Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. José Israel Arias García vs DEAJ. Rad. No. 6800133330042020-00235-02. 10

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Ley al ejecutivo, es d ecir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual , implica la alteración del Presupuesto General de la Nación. En tal virtud, insiste, debe ser vinculado el Gobierno Nacional, por ser la autoridad competente de fijar la remuneración salarial y prestacional.

Reitera que, hay lugar a declarar la caducidad por cuanto los Decretos 383 y 384 de 2013 no han sido decretados nulos y no han sido atacados por la parte actora, destacando que la bonificación judicial ha sido liquidada y pagada conforme a tal normatividad, siendo estos decretos salariales cuya nulidad debió pretenderse dentro del término establecido en el Art. 138 del CPACA.

Finalmente, solicita mantener la decisión de no condenar en costas porque, ha planteado argumentos de defensa plausibles y, no existe temeridad en ejercicio de la defensa de la Nación.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Finalmente, solicita mantener la decisión de no condenar en costas porque, ha planteado argumentos de defensa plausibles y, no existe temeridad en ejercicio de la defensa de la Nación.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA El proceso es allegado al Despacho Ponente de esta providencia el 30.08.2024actuación No. 01quien admite el recurso de apelación el 21.11.2024 -actuación No. 05-. El 27.11.2024 la apoderada de la DEAJ recusa a la Ponente -actuación No. 10-, con providencia del 19.12.2024 -actuación No. 011no se acepta recusación y se remite al Mag. Iván Mauricio Mendoza Saavedra para que, resuelva impedimento quien finalmente en providencia de l 08.04.2025 -actuación No. 01 8lo declara infundado.

El 28.04.2025 -actuación No. 026reingresa el expediente al Despacho Ponente para fallo, cuyo proyecto se registra el 30.04.2025, y se rota en la Sala de Decisión del 02.05.2025. El proyecto se aprueba en la sala 14 del 22.05.2025. De trámite se destaca que, las partes ni el Ministerio Público actuaron en esta instancia.

VII. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia para conocer en segunda instancia Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal en Sala, desatarla. Arts. 153 y 243 Ley 1437/2011.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia

Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal en Sala, desatarla. Arts. 153 y 243 Ley 1437/2011.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. José Israel Arias García vs DEAJ. Rad. No. 6800133330042020-00235-02. 11

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B. Cuestión procesal previa de la suscrita ponente en este proceso Se hace necesario traer a colación que, en las pretensiones del escrito de demanda el señor José Israel Arias García solicita l a declaración de la nulidad del acto administrativo a través del cual le fue negada la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial y prestacional.

Se precisa que, a la fecha se encuentra en trámite un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que como demandante pretendo el reconocimiento de la prima especial del 30% como factor salarial, el cual, es conocido por el Juzgado Administrativo Transitorio d el Circuito de Bucaramanga, encontrándose en etapa de resolución de excepciones previas propuestas por esta entidad en la contestación de la demanda. Al respecto es pertinente advertir, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, que la prima especial del 30% que devengué como Juez de la República es íntegramente diferente al régimen salarial de los empleados judiciales, por lo que nada tiene que ver este beneficio salarial con la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013, tema que se debate en el presente proceso judicial.

Por otra parte, si bien presenté demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013, tema que se debate en el presente proceso judicial.

Por otra parte, si bien presenté demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, dicho proceso tiene como radicado al No. 680013333014 -2016-00019-00 y ya culminó con sentenci a de segunda instancia el 12.04.2024, encontrándose debidamente ejecutoriado. Ello significa que, si bien pudo existir un interés, este ya no es actual, toda vez que dicho proceso ya terminó. Tal como también lo ha precisado el Consejo de Estado al declara r infundados los impedimentos, en los casos en los que los procesos ya han culminado, razón por la que los devuelve para que sean conocidos por quien realizó la manifestación de impedimento. Veamos:

En reiterada jurisprudencia, el H. Consejo de Estado al decidir en casos con hechos similares, ha declarado infundados los impedimentos. Así puede verse en auto del 12 de septiembre de 2024, radicación: 200013333002-2022-00570-01 (2358-2024), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Se gunda, Subsección A, consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, en el que sostuvo que las razones del juez para apartarse del conocimiento de un asunto deben ser claras, explícitas y actuales, y que debe existir correspondencia entre elTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. José Israel Arias García vs DEAJ. Rad. No. 6800133330042020-00235-02. 12

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hecho que la s origina y el supuesto fáctico establecido por el legislador, concluyendo que: (i) respecto de la manifestación de impedimento de los magistrados D