TA SAN - Sentencia 680013333004-2022-00253-01 (03-07-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, tres (3) de julio de dos mil veinti cinco (202 5)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL:

Reparación directa

RADICADO:

68001333300 4-2022-00253-01

DEMANDANTE:

Myriam Alfonso, Luis Alberto Rojas Alfonso y María Lucía Rojas Alfonso oviedoabg@gmail.com

DEMANDADO:

Nación , Ministerio de Defensa, Policía Nacional desan.notificacion@policia.gov.co miguel.arevalo@correo.policia.gov.co desan.asjud@policia.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO:

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia TEMA: Responsabilidad del Estado por lesiones causadas a particular. Valoración probatoria en casos que involucran menores de edad no excluye la exigencia de prueba suficiente para la imputación de laReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Luis Alberto Rojas Alfonso y otros Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional Radicado: 680013333004-2022-00253-01

Sentencia de segunda instancia

Demandante: Luis Alberto Rojas Alfonso y otros Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional Radicado: 680013333004-2022-00253-01

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responsabilidad patrimonial a la entidad demandada. En el caso concreto no se logró acreditar con la certeza requerida que las lesiones sufridas por el demandante guarden una relación directa y efectiva con la conducta atribuible a los agentes de la Policía Nacional. Se revoca la condena en costas de primera instancia.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia del 22 de noviembre de 2024 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, los señores María Lucía Rojas Alfonso y Myriam Alfonso en nombre propio y en representación de su mejor hijo Luis Alberto Rojas Alfonso formularon demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa, Policía Nacional por los perjuicios presuntamente generados a los demandantes con ocasión a las lesiones sufrid as por el menor LARL.

declare administrativa y patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa, Policía Nacional por los perjuicios presuntamente generados a los demandantes con ocasión a las lesiones sufrid as por el menor LARL.

En consecuencia, las partes demandantes solicitaron:

«PRIMERO: Se declare responsable, administrativa y patrimonialmente, a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, representado legalmente por el Ministro de Defensa Diego Molano Aponte, o quien haga sus veces – a la POLICIA NACIONAL, representada por el Director, General Jorge Luis Vargas Valencia, o quien haga sus veces, al momento de la Notificación de la presente solicitud, por la falla en el servicio, lesiones personales ocasionadas al menor LUIS ALBERTO ROJAS ALFONSO por agente de Policía, el día 16 de mayo del 2021

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 9 índice SAMAI, link one drive, archivo 02.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Luis Alberto Rojas Alfonso y otros Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional Radicado: 680013333004-2022-00253-01

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SEGUNDO: Condenar, en consecuencia, a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, representado legalmente por el Ministro de Defensa Diego Molano Aponte, o quien haga sus veces – y a la POLICIA NACIONAL, representada por el Director, General Jorge Luis Vargas Valen cia, o quien haga sus veces, al momento

NACIONAL, representado legalmente por el Ministro de Defensa Diego Molano Aponte, o quien haga sus veces – y a la POLICIA NACIONAL, representada por el Director, General Jorge Luis Vargas Valen cia, o quien haga sus veces, al momento de la Notificación, como reparación del daño ocasionado, a pagar a los demandantes, los perjuicios de orden material, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman de la siguiente forma:

PERJUICIOS DE ORDEN MATERIAL.

DAÑO EMERGENTE – Gastos médicos, traslados tratamientos y medicamentos, por valor de DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($200.000).

TERCERO: Condenar, en consecuencia, a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, representado legalmente por el Ministro de Defensa Diego Molano Aponte, o quien haga sus veces – y a la POLICIA NACIONAL, representada por el Director, General Jorge Luis Vargas Valen cia, o quien haga sus veces, a la indemnización por daño en la salud, en forma solidaria la suma de CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, por concepto de lesiones personales de carácter permanente, cicatriz en el rostro del menor ROJAS ALFONSO

CUARTO: Condenar, en consecuencia, a la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, representado legalmente por el Ministro de Defensa Diego Molano Aponte, o quien haga sus veces – y a la POLICIA NACIONAL, representada por el Director, General Jorge Luis Vargas Val encia, o quien haga sus veces, como reparación del daño ocasionado, a pagar a los demandantes, los perjuicios de orden moral, los cuales se estiman de la siguiente forma:

Director, General Jorge Luis Vargas Val encia, o quien haga sus veces, como reparación del daño ocasionado, a pagar a los demandantes, los perjuicios de orden moral, los cuales se estiman de la siguiente forma:

PERJUICIOS MORALES.

Es evidente e innegable por las lesiones personales ocasionadas al menor ROJAS ALFONSO, Y para cada uno de los acá afectados siendo por lo tanto discriminado de la siguiente manera.

Para el menor LUIS ALBERTO ROJAS ALFONSO, identificado con Tarjeta de identidad No. 1.099.737.759 de Girón, la suma equivalente en moneda nacional a

MONEDA NACIONAL A CIEN (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES

VIGENTES. NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINC UENTA Y DOS MIL

SEISCIENTOS PESOS MCTE ($90.852.600).

MYRIAM ALFONSO identificada con cedula de ciudadanía número 63.456.813 de Barrancabermeja, en su condición de Madre del menor LUIS ALBERTO ROJAS ALFONSO, la suma equivalente en moneda nacional a MONEDA NACIONAL A

CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS MENSUALES L EGALES VIGENTES.

CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL

TRESCIENTOS PESOS MCTE ($45.423.300).

MARIA LUCIA ROJAS ALFONSO, identificada con cedula de ciudadanía número 1.005.329.363 de Girón, en su condición de hermana del menor LUIS ALBERTOReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Luis Alberto Rojas Alfonso y otros

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

1.005.329.363 de Girón, en su condición de hermana del menor LUIS ALBERTOReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Luis Alberto Rojas Alfonso y otros Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional Radicado: 680013333004-2022-00253-01

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ROJAS ALFONSO, la suma equivalente en moneda nacional a MONEDA NACIONAL

A CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL

TRESCIENTOS PESOS MCTE ($45.423.300).

QUINTO: En consecuencia, se condene al demandado a reparar integralmente los perjuicios sufridos conforme lo indica el Artículo 16 de la Ley 446 de 1998, así como bajo los cánones de la reciente jurisprudencia contenciosa administrativa.

SEXTO: Que se ordene que el valor de las condenas aquí señaladas, sean actualizadas al ejecutoriarse la sentencia con base en la variación porcentual del IPC., para efectos de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (Artículo 192 del CPACA).

SÉPTIMO: Se ordene que la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda, se le dé cumplimiento en los términos del Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVO: Que se condene al demandado al pago de las costas y agencias en

demanda, se le dé cumplimiento en los términos del Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVO: Que se condene al demandado al pago de las costas y agencias en derecho, así como todas las expensas causadas dentro del trámite de medio de control esgrimido». […] (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 16 de mayo de 2021, en el barrio Convivir de Girón, una patrulla de la Policía que no portaba chalecos de identificación realizó requisas en el sector, operativo en el cual fue herido con arma de fuego el menor Jeison Daniel Jaimes Londoño por el patrullero Jeison Millán Bermon causándole la muerte.

1. El menor LARA al observar que su amigo se encontraba lesionado, se dirigió a prestarle apoyo. No obstante, pese a no haber realizado ninguna acción distinta a formular un reclamo verbal al agente de policía, fue igualmente agredi do de forma inmediata con golpes manuales y bastón tonfa de dotación en las áreas de la cabeza y rostro hasta dejarlo inconsciente .

1. Como consecuencia de los hechos mencionados, el menor LARA fue trasladado inicialmente al Hospital San Juan de Dios y, posteriormente, remitido a la Clínica Piedecuesta S.A., donde fue diagnosticado con : «herida en la cabeza y trauma contundente en cara, con trauma a nivel hemicara izquierda con trauma en órbita a nivel ciliar, herida suturada, edema a nivel globo ocular, y a nivel pómulo izquierdo».Reparación directa Sentencia de segunda instancia

contundente en cara, con trauma a nivel hemicara izquierda con trauma en órbita a nivel ciliar, herida suturada, edema a nivel globo ocular, y a nivel pómulo izquierdo».Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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1. En atención a las lesiones sufridas el menor LARA quedó con secuelas de carácter permanente y cicatriz en el pómulo izquierdo a nivel hemicara.

1.1.3. Fundamentos de reparación

Como fundamento de sus pretensiones, señala que el régimen genera de la responsabilidad consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, exige la concurrencia de tres elementos, el daño antijurídico, la imputación fáctica y jurídica del daño a una autoridad pública por acción u omisión y la rel ación de causalidad entre el daño y el actuar del Estado. En ese sentido, el Consejo de Estado ha desarrollado los criterios de imputación que incluyen: i) la falla en el servicio -simple, presunto o probada-, ii) el daño especial, por ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas y iii) el riesgo excepcional.

En el caso concreto, se comprobó el nexo causa l y la actuación irregular del agente de policía por exceso de sus funciones y violación de los lineamientos legales , así como por desconocimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos

En el caso concreto, se comprobó el nexo causa l y la actuación irregular del agente de policía por exceso de sus funciones y violación de los lineamientos legales , así como por desconocimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos con ocasión de las lesiones personales causadas a un menor de edad en situación de indefensión.

El daño antijurídico atribuido a la autoridad se configura por la falta de protección a la víctima . De otra parte, la imputabilidad se evidencia en el uso indebido de la fuerza y de los elementos de dotación por parte del agente. Esta conducta constituye falla en el servicio, originada por la negligencia y arbitrariedad que produjo lesiones con secuela s al demandante.

1.2. Contestación de la demanda2

La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepci ón nominada «falta de legitimación en la causa por pasiva» y excepción innominada «genérica».

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 10 índice SAMAIReparación directa Sentencia de segunda instancia

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A su turno, se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

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A su turno, se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. La institución no incurrió en trasgresión del orden constitucional ni legal, toda vez que su actuación se enmarcó dentro de las competencias definidas en el artículo 218 de la Constitución Política y en las funciones generales establecidas en el artículo 19 de la Ley 62 de 1993, orientadas a la protección de los ciudadanos y al cumplimiento del orden jurídico.

1. Para que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado por falla del servicio, la parte demandante debe demostrar la existencia de un daño antijurídico, la imputabilidad de dicho daño a la entidad demandada por acción u omisión, y la ausencia de una causal eximente. En el presente caso, el hecho exclusivo de la víctima interrumpe el nexo de causalidad, por lo cual no resulta procedente declarar responsabilidad estatal.

1. La parte demandante a lega que las lesiones sufridas por el joven Luis Alberto Rojas Alfonso constituyen un daño antijurídico imputable a la Policía Nacional ; sin embargo, el material probatorio no acredita que este haya sido causado por los uniformados ni que el afectado estuviere presente durante el procedimiento policial del 16 de mayo de 2021 a las 23:00 horas. De su propia declaración , se infiere que se encontraba en su residencia cuando escuchó los disparos y , posteriormente , acudió al lugar de los hechos , luego en ningún momento afirmó haber sido lesionado por los agentes y solo casi dos años después introduce esa versión sin respaldo

se encontraba en su residencia cuando escuchó los disparos y , posteriormente , acudió al lugar de los hechos , luego en ningún momento afirmó haber sido lesionado por los agentes y solo casi dos años después introduce esa versión sin respaldo probatorio sólido. Además, la historia clínica aportad a carece de valor demostrativo respecto a la supuesta intervención de los policías como autores del daño.

1. La carga probatoria le corresponde a la parte demandante de conformidad con el artículo 167 del CGP, y, en esa medida, le asist ía el deber de demostrar que la lesión sufrida por el joven LARA es producto de una falla del servicio y que no existe causa alguna que exima de responsabilidad a la entidad . Solo bajo el cumplimiento de estos requisitos podría proceder una condena indemnizatoria.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 34 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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mediante sentencia del 25 de noviembre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DENIEGUENSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENASE en costas a la PARTE DEMANDANTE de conformidad

«PRIMERO: DENIEGUENSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENASE en costas a la PARTE DEMANDANTE de conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A., las cuales se liquidarán y ejecutarán por la Secretaría del Despacho conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.

[…]»

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió parcialmente las pretensiones de la demanda con sustentó en los siguientes argumentos:

1. El daño lo constituye la lesión padecida por el menor de edad LARA el cual se acreditó con la historia clínica de la Clínica Piedecuesta S.A. de fecha 18 de mayo de 2021 y el registro civil de nacimiento.

1. Para estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado, el Consejo de Estado ha precisado que no basta acreditar que el daño provino de un agente estatal (factor subjetivo); también es necesario demostrar que su conducta tuvo nexo directo y próximo con el cumplimiento de sus funciones (factor objetivo). Asimismo, debe establecerse el vínculo causal entre dicha conducta y el daño alegado, y descartarse cualquier causal eximente de responsabilidad.

1. En el caso concreto, la parte demandante endilga responsabilidad a la Policía Nacional por los hechos ocurridos el 16 de mayo de 2021 con ocasión de las lesiones causadas al menor. Sin embargo, conforme al material probatorio que obra dentro del expediente, no se encuentra debidamente acreditado que el presunto daño haya sido causado por una conducta atribuible a la entidad demandada, ni se

lesiones causadas al menor. Sin embargo, conforme al material probatorio que obra dentro del expediente, no se encuentra debidamente acreditado que el presunto daño haya sido causado por una conducta atribuible a la entidad demandada, ni se aportó prueba alguna de la existencia de las referidas lesiones. Por el contrario, las pruebas recogen únicamente los hechos que derivaron en la muerte del joven Jeison Daniel Jaimes Londoño, sin que exista evidencia alguna sobre la existencia de otras personas lesionadas en el mismo evento.

1. No se encuentra acreditado en forma alguna que el supuesto hecho dañoso haya sido causado por la actuación de un agente estatal. Esta ausencia probatoria implica el incumplimiento del deber de demostrar los hechos que sustentan las pretensiones de la deman da, lo cual impide imputar responsabilidad a la entidad demandada.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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1. Para que la eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima sea aplicable, deben concurrir dos requisitos, a) que la conducta de la víctima sea la causa del daño y b) que el daño no sea atribuible al demandado. En el sub-lite con base en la versión del propio demandante, se demostró que las lesiones por él sufridas fueron consecuencia directa de su actuación al haber agredido a los agentes.

1. No se demostraron los elementos integrantes de la responsabilidad del Estado

base en la versión del propio demandante, se demostró que las lesiones por él sufridas fueron consecuencia directa de su actuación al haber agredido a los agentes.

1. No se demostraron los elementos integrantes de la responsabilidad del Estado que permitan una condena favorable a las pretensiones de la demanda.

1. Hay lugar a condenar en costas a la parte demandante de conformidad con el artículo 188 del CPACA. 1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Parte demandante4

La apoderad a de la parte demanda nte en el recurso interpuesto manifestó que apela parcialmente la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. En el caso concreto, se demostró mediante prueba testimonial y documental la presencia del menor LARA en el lugar de los hechos. Se recibió la declaración de la señora Miriam Alfonso, madre del menor, quien afirmó haber presenciado desde su vivienda la agresión por un agente de policía contra su hijo. De otra parte, los agentes afirmaron que adelantaron una requisa a cuatro personas, entre ellas menores de edad. En efecto, el señor Yeison Millán Bermón reconoció que disparó su arma y luego se retiró tras ser agredido, en el mismo sentido, el señor Anderson Hernández Villar, confirmó que los jóvenes —entre ellos el menor Rojas Alfonso — reaccionaron con palos y piedras. Se probó que el menor fue trasladado el mismo 16 de mayo de 2021 al Hospital San Juan de Dios, y posteriormente remitido a la Clínica de Piedecuesta, donde se le diagnosticó trauma facial con sospecha de fractura.

16 de mayo de 2021 al Hospital San Juan de Dios, y posteriormente remitido a la Clínica de Piedecuesta, donde se le diagnosticó trauma facial con sospecha de fractura.

1. El a quo incurrió en una indebida valoración proba toria y omitió realizar un análisis adecuado e integral de los medios probatorios aportados. Además, los argumentos contenidos en la sentencia se basaron en pruebas viciadas, que contrarían los

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 36 índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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principios de la sana crítica.

1. El actuar del agente excedió los límites legales y constitucionales y configura la responsabilidad estatal , comoquiera que el uso de la fuerza no se ajustó a los principios de proporcionalidad, necesidad y precaución. La agresión contra el menor de edad no se encontraba justificada y produjo lesiones graves en su rostro, lo cual a su vez vulneró su derecho a la integridad física y a la vida.

1. El testimonio rendido por el menor LARA en el curso del proceso penal militar es nulo y no tiene validez, toda vez que no cumplió con las garantías legales para la declaración de un menor de edad y, en esa medida no podía ser valorado por el juzgado de primera instancia. En efecto, el menor rindió declaración sin

nulo y no tiene validez, toda vez que no cumplió con las garantías legales para la declaración de un menor de edad y, en esa medida no podía ser valorado por el juzgado de primera instancia. En efecto, el menor rindió declaración sin acom pañamiento de un tutor legal o defensor de familia y se encontraba hospitalizado bajo efectos de medicamentos que afectaban su lucidez como consta en la historia clínica.

1. El juez omitió valorar el testimonio rendido por el menor en el proceso de la referencia, así como las declaraciones de la señora Miriam Alfonso y los agentes de policía que reconocieron que efectuaron una requisa a cuatro personas entre ellas menores de e dad y aceptaron que el demandante estuvo en el lugar de los hechos.

1. El nexo causal quedó acreditado por la parte demandante mediante prueba documental y testimonial . En ese sentido, l as declaraciones de los agentes de policía confirman la presencia del menor durante la requisa y en el lugar donde ocurrieron los hechos. En particular, el testimonio del agente Anderson Hernández Villar reconoce que los jóvenes —entre ellos el menor — agredieron a los uniformados, lo cual motivó su reacción. Sin embargo, otro agente contradice esta versión, lo que desacredita la tesis de culpa exclusiva de la víctima.

1. Además, l a historia clínica de l menor demandante confirma su atención médica el 16 de mayo de 2021 por trauma facial, compatible con los hechos narrados. Esto, junto con su identificación mediante tarjeta de identidad y el traslado médico desde Girón hasta Piedecuesta, permite establecer con claridad el nexo causal entre la conducta de los agentes y las lesiones sufridas por el menor.

junto con su identificación mediante tarjeta de identidad y el traslado médico desde Girón hasta Piedecuesta, permite establecer con claridad el nexo causal entre la conducta de los agentes y las lesiones sufridas por el menor.

1. No es procedente la condena en costas a la parte demandante, debido a la legitimidad de sus pretensiones, la gravedad de los hechos y su condición económica.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 28 de febrero de 2025 5 se admiti ó el recurso de apelació n interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado .

1.6 Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante:

No presentó alegatos.

1.6.2. Parte demandada:6

Los argumentos de las alegaciones se resumen de la siguiente manera:

1. Reiter ó la inexistencia de responsabilidad administrativa y patrimonial derivada de los hechos objeto del proceso y ratific ó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y alegatos de conclusión de primera instancia. La institución actuó de manera diligente, cuidadosa y eficiente en desarrollo del ejercicio de sus funciones y, por ende, las pretensiones carecen de fundamento.

de la demanda y alegatos de conclusión de primera instancia. La institución actuó de manera diligente, cuidadosa y eficiente en desarrollo del ejercicio de sus funciones y, por ende, las pretensiones carecen de fundamento.

1. De acuerdo con el material probatorio, se evidenció que el procedimiento policial realizado el 16 de mayo de 2021 respondió a un ataque a los uniformados con arma por parte del joven Jeison Daniel Jaimes Londoño, lo cual obligó al patrullero Anderson Hernández Villar a actuar en defensa propia para proteger su integridad física ante el riesgo y peligro inminente generado por el menor. De otra parte, se acreditó que en el lugar de los hechos no se encontraba el menor LARA ni existe evidencia que hubiera sido lesionado por los uniformados. Las minutas, libros de población de la estación de policía y el informe de novedad no lo registran como involucrado en el procedimiento.

1. Las declaraciones rendidas por el menor LARA y su madre fueron variantes y contradictorias y estas inconsistencias restan credibilidad a su testimonio . Además, las investigaciones disciplinarias y penales fueron archivadas, al no encontrarse

5 Expediente digital, actuación 7 Índice SAMAI. 6 Expediente digital, actuación 12 Índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

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responsabilidad por parte de los uniformados, lo cual confirma que no hubo

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responsabilidad por parte de los uniformados, lo cual confirma que no hubo actuación irregular ni exceso en el uso de la fuerza.

1. No existe prueba documental ni testimonial que demuestre que el menor demandante fue víctima de agresión por parte de l os agentes de la policía el 16 de mayo de 2021. Sobre el particular, l a historia clínica aportada indica atención médica el 18 de mayo de 2021 , es decir, dos días después de los hechos y, por ende, no existe claridad sobre la relación causal entre las lesiones y el procedimiento policial.

1. La parte demandante, sin dubitación alguna inobservó el deber de probar los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda, razón por la cual no hay l ugar a imputar responsabilidad a la Policía Nacional y, por ende, es procedente confirmar la sentencia de primera instancia del 25 de noviembre de 2024 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Bucaramanga mediante la cual se negaron las pretensiones.

1.6.3. Concepto del agente del Ministerio Público:

No se present ó

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada y, luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de l asunto , procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia .

2.1. Competencia

estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de l asunto , procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia .

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial , razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia .

2.2. El problem