TA SAN - Sentencia 680013333004-2023-00063-02 (14-07-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: CAROLINA ARIAS FERREIRA

Bucaramanga, catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 680013333004-2023-00063-02

MEDIO DE CONTROL: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS

DEMANDANTE: MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ

proximoalcalde@gmail.com

DEMANDADO: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALEJERCITO NACIONAL

notificaciones.bucaramanga@mindefensa.gov.co peticiones@pqr.mil.co sac@buzonejercito.mil.co registrocoper@buzonejercito.mil.co yadira.vasquez@mindefensa.gov.co ceoju@buzonejercito.mil.co

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

notificaciones@santander.gov.

MUNICIPIO DE CEPITÁ

alcaldia@cepita-santander.gov.co contactenos@cepita-santander.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co SENTENCIA núm.: 042

TEMA: CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE COLAPSADO –

RESPONSABILIDAD DE LAS DOS ENTIDADES

DEMANDADAS - CONFIRMA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por el Departamento de Santander y el Municipio de Cepitá contra la sentencia de primera instancia ,

RESPONSABILIDAD DE LAS DOS ENTIDADES

DEMANDADAS - CONFIRMA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por el Departamento de Santander y el Municipio de Cepitá contra la sentencia de primera instancia , proferida el 6 de septiembre de 2024, por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, que accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos1

1 Proceso de Origen - Actuación núm. 04 de SAMAI.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Marco Antonio Velásquez

Demandado: Departamento de Santander y Otro

Radicado: 2023-00063-02

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En la demanda se refirió, en síntesis, que el Puente Colgante Municipal de Cepitá fue inaugurado el día 11 de noviembre de 1966. Se encuentra ubicado en la vereda San Miguel, que comunica del Municipio de Cepitá a los Municipios de Curití y Aratoca.

Asimismo, se sostuvo que el caudal del Río Chicamocha socavó gran parte del talud en el que se encontraban las columnas y zapatas del puente, razón por la cual el puente colapsó el día 7 de noviembre de 2022.

Según el demandante, el Municipio de Cepitá conocía el mal estado del puente «y no hizo nada para dar solución al socavamiento de la estructura» . Por ende, cientos de familias se ha n visto afectada s, ya que hasta el momento «el municipio no ha

no hizo nada para dar solución al socavamiento de la estructura» . Por ende, cientos de familias se ha n visto afectada s, ya que hasta el momento «el municipio no ha presentado proyecto alguno al departamento tendiente a la consecución de recursos para la reconstrucción del puente».

Adicionalmente, destacó que días previos a que se reportara el colapso del puente, la c omunidad advirtió a las autoridades sobre el mal estado en que este se encontraba; sin embargo, aquellas solo se hicieron p resentes después de la caída de la estructura.

Finalmente, cuestionó que el Municipio de Cepitá instalara poleas para cruzar el cauce del río, porque expone la vida de la comunidad y de las personas que necesitan trasladarse por el sector.

1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió, en síntesis, lo siguiente:

1.2.1. Que se declaren vulnerados los derechos colectivos a «la moralidad administrativa; El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; La defensa del patrimonio público; La seguridad y salubridad públicas; El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; El derecho a la segurid ad y prevención de desastres previsibles técnicamente; La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalecía al beneficio de la calidad de vida de los habitantes».

2 Proceso de Origen - Actuación núm. 04 de SAMAI.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

ordenada, y dando prevalecía al beneficio de la calidad de vida de los habitantes».

2 Proceso de Origen - Actuación núm. 04 de SAMAI.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Marco Antonio Velásquez

Demandado: Departamento de Santander y Otro

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1.2.2. Como consecuencia de lo anterior, que se ordene al Municipio de Cepitá efectuar los estudios necesarios para la recuperación del puente en un término de seis meses y que se ordenen «las apropiaciones presupuestales, comprometer vigencias futuras, hacer los créditos y contra créditos necesarios requeridos para la construcción y puesta en funcionamiento puente (sic) colgante que comunicaba cepita Aratoca sobre el rio chicamocha y la vereda san miguel entre otras y para que en el término de 1 mes realice los estudios y diseños requeridos para la construcción de las obras en men ción y en el término de 1 año se ponga en funcionamiento el equipamiento urbano puente peatonal objeto de esta solicitud sin más escusas (sic) en aras de proteger los derechos colectivos».

1.2.3. Que se ordene la conformación de un comité de verificación de cumplimiento, que se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación y que condene en costas a la parte demandada.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional 3 , compareció a través de apoderada judicial, quien se opuso a la prosperidad de todas

costas a la parte demandada.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional 3 , compareció a través de apoderada judicial, quien se opuso a la prosperidad de todas y propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que no tiene dentro de sus funciones, ni capacidades, adelantar estudio alguno de viabilidad para la construcción de un puente.

1.3.2. El Departamento de Santander 4 , contestó la demanda por medio de apoderado judicial, quien solicitó denegar las súplicas de la demanda. Al efecto, sostuvo que es el Municipio de Cepitá el llamado a responder, por cuanto fue dicha entidad quien construyó el puente objeto de la controversi a, el cual se encuentra ubicado en su jurisdicción territorial.

Además, puso de presente que no existe prueba alguna en el expediente que permita inferir alguna afectación o vulneración a causa de la conducta del Departamento de Santander, por lo cual propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva.

3 Proceso de Origen - Actuación núm. 19 de SAMAI – OneDrive – Archivo núm. 16. 4 Proceso de Origen - Actuación núm. 19 de SAMAI – OneDrive – Archivo núm. 09.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Marco Antonio Velásquez

Demandado: Departamento de Santander y Otro

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1.3.3. El Municipio de Cepitá, concurrió a través de apoderado judicial, quien

Demandado: Departamento de Santander y Otro

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1.3.3. El Municipio de Cepitá, concurrió a través de apoderado judicial, quien informó de la existencia de otra acción popular radicada bajo la partida núm. 68001333300820220029800, la cual es conocida por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, en la que se están ventilando los mismos hechos y pretensiones. Por lo tanto, formuló la excepción de agotamiento de jurisdicción.

Seguidamente, se opuso a la concesión de lo pretendido, debido a que la vulneración de derechos e intereses colectivos «es inexistente». Para ello, adujo que ya se iniciaron todos los trámites pertinentes ante la oficina de gestión del riesgo departamental, con el objeto de lograr la construcción del puente peatonal denominado San Miguel, «que comunica a la vereda san miguel del municipio de Cepita con la vereda el basto del municipio de Curiti (sic)».

De igual manera, después de relacionar las actuaciones que ha adelantado desde el inicio de la emergencia que generó la inesperada creciente del Río Chicamocha y el colapso del puente, manifestó que el ente territorial no ha vulnerado los derechos e intereses colectivos de sus habitantes.

Por último, indicó que es imposible realiza r el proyecto que se pretende con la demanda, debido a las limitaciones presupuestales de la entidad, ya que el puente peatonal tiene un valor aproximado de $1.000.000.000. En consecuencia, alegó que nadie está obligado a lo imposible y que se debe vincula r al Departamento de Santander.

peatonal tiene un valor aproximado de $1.000.000.000. En consecuencia, alegó que nadie está obligado a lo imposible y que se debe vincula r al Departamento de Santander.

1.4. La sentencia apelada5

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga , en la sentencia del 6 de septiembre de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

«PRIMERO: AMPARASE (sic) los derechos e intereses colectivos de esta acción, derechos colectivos a la moralidad administrativa; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la defensa de l patrimonio público; la seguridad y salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de

5 Proceso de Origen - Actuación núm. 70 de SAMAI.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Marco Antonio Velásquez

Demandado: Departamento de Santander y Otro

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manera ordenada, y dando prevalecía al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE CEPITÁ para que, en coordinación con el DEPARTAMENTO DE SANTANDER en el término de seis (6) meses contados

habitantes.

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE CEPITÁ para que, en coordinación con el DEPARTAMENTO DE SANTANDER en el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, realicen las gestiones administrativas para llevar a cabo la construcció n y puesta en funcionamiento de un puente colgante que comunique con el Municipio de Cepita - Aratoca sobre el rio Chicamocha y la vereda San Miguel entre otras. Así mismo, es pertinente ORDENAR al MUNICIPIO DE CEPITÁ mientras se da cumplimiento a lo anterior a tomar todas las medidas preventivas necesarias a fin de minimizar o evitar un riesgo o peligro inminente a los habitantes de la zona que hacían uso del puente colgante, y a su vez realice las gestiones pertinentes para mitigar la situación actual que presentan los habitantes al no poder desplazarse de manera fácil y segura hacia sus respectivas veredas.

TERCERO: CONDENASE en costas al MUNICIPIO DE CEPITÁ y al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, y a favor del actor popular, las cuales serán liquidadas dando ap licación a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

CUARTO: EXHORTAR al MUNICIPIO DE CEPITÁ y al DEPARTAMENTO DE SANTANDER para que por si o por intermedio de sus dependencias, vele por la seguridad y protección de los derechos cole ctivos aquí invocados y continúe implementando las medidas necesarias para su protección.

QUINTO: DESVINCULAR a la NACION – EJERCITO NACIONAL – BATALLON

ARTILLERIA NO. 5 CT JOSE ANTONIO GALAN por no estar incurso en

implementando las medidas necesarias para su protección.

QUINTO: DESVINCULAR a la NACION – EJERCITO NACIONAL – BATALLON

ARTILLERIA NO. 5 CT JOSE ANTONIO GALAN por no estar incurso en vulneración alguna respecto de los derechos aludidos por la parte actora […]».

Para apuntalar su decisión , se refirió brevemente al marco normativo de la procedencia de la acción popular y a las pruebas obrantes en el informativo. Sobre esa base, manifestó que el Departamento de Santander y el Municipio de Cepitá, a pesar de contar con competencias claras para la construcción y mantenimiento de la infraestructura del «transporte nacional» , no han desplegado las acciones necesarias para garantizar la construcción del puente colgante «que comunique las áreas de Cepitá y Aratoca sobre el río Chicamocha, así como la vereda San Miguel, entre otras localidades».

Cuestionó que a pesar de que el Municipio de Cepitá desde diciembre de 2022 declaró la calamidad pública debido a las intensas llu vias que afectaron la región, no haya realizado avances significativos en la construcción del puente colgante, uy a pesar de que en el año 2023 se adjudicaran contratos para dicha obra desde la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Marco Antonio Velásquez

Demandado: Departamento de Santander y Otro

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En ese orden de ideas, consideró que los dos entes territoriales demandados incurrieron en una omisión que vulnera los derechos colectivos de la comunidad, la

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En ese orden de ideas, consideró que los dos entes territoriales demandados incurrieron en una omisión que vulnera los derechos colectivos de la comunidad, la cual es sometida a un riesgo inminente y continuo al no contar con un puente que garantice el libre tránsito con seguridad de la población aledaña.

Por contera, consideró que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional no ostenta legitimación en la causa por pasiva. De igual manera, reprochó la inacción por parte del Departamento de Santander y del Municipio de Cepitá, al no gestionar de manera eficiente la construcción el puente en comento, sin que los esfuerzos administrativos para avanzar en la construcción de la obra hayan sido suficientes para eliminar el riesgo que se cierne sobre los derechos colectivos de la comunidad afectada.

1.5. Fundamentos de la apelación

1.5.1. El Departamento de Santander 6, inconforme con la sentencia de primera instancia, solicitó que esta sea revocada y, en su lugar, que se nieguen las pretensiones de la demanda. Para apuntalar la alzada, afirmó que la Ley 1551 de 2012 impone a los municipios la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal.

De igual manera, su brayó que los municipios pueden acudir al Departamento de Santander ante la escasez o insuficiencia de recursos técnicos y económicos, sin que existan proyectos por parte del Municipio de Cepitá, con el objeto de suplir la necesidad en virtud de los princi pios de subsidiariedad, complementariedad, coordinación y concurrencia.

que existan proyectos por parte del Municipio de Cepitá, con el objeto de suplir la necesidad en virtud de los princi pios de subsidiariedad, complementariedad, coordinación y concurrencia.

Así las cosas, estimó que no es una obligación directa del Departamento de Santander y que esta recae en el Municipio de Cepitá, quien no ha adelantado ninguna acción para el cese de la vulneración de los derechos colectivos de la población afectada. Por tal razón, cuestionó que el a quo no haya condenado de forma exclusiva al municipio y enfatizó en la ausencia de responsabilidad del departamento.

6 Proceso de Origen - Actuación núm. 72 de SAMAI.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Marco Antonio Velásquez

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1.5.2. El Municipio de Cepitá 7 , formuló la impugnación con base en la «imprecisión» en que incurrió, desde su perspectiva, el juez de primera instancia, a la hora de determinar la responsabilidad del municipio con fundamento en la Ley 715 de 2001 y la Ley 1551 de 2012. Sobre el particular, aseveró que las normas en mención solo atribuyen competencia a las entidades de orden municipal sobre las vías de su propiedad o dentro de su jurisdicción, pero no de aquellas que conecten a dos municipios. Tildó de peligrosa la tesis del juez de primer grado, porque daría lugar a que todas las vías de segundo orden deban ser atendidas por la entidad del orden territorial y no por el departamento.

a dos municipios. Tildó de peligrosa la tesis del juez de primer grado, porque daría lugar a que todas las vías de segundo orden deban ser atendidas por la entidad del orden territorial y no por el departamento.

Por último, consideró que la sentencia impugnada transgredió el principio de congruencia, al condenar a una entidad que no tiene asignada una obligación y al mismo tiempo sostener que omitió su cumplimiento.

1.6. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto el día 13 de enero de 2025 al Despacho 02 de esta Corporación . A su turno, a través de auto del 20 de enero de 2025 se remitió por conocimiento previo al Despacho de la magistrada ponente , quien admitió el recurso de apelación el día 25 de abril de 2025 . De este trámite se destaca:

1.6.1. La parte demandante, no se pronunció frente al recurso de apelación.

1.6.2. La parte demandada, Municipio de Cepitá no hizo pronunciamiento acerca del recurso de apelación.

1.6.3. La parte demandada, Departamento de Santander no hizo pronunciamiento acerca del recurso de apelación.

1.6.4. La parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional solicitó que se mantenga lo resuelto en el numeral quinto de la sentencia apelada.

1.6.5. El Ministerio Público, no rindió concepto de fondo.

7 Actuación núm. 73 de SAMAI.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Marco Antonio Velásquez

7 Actuación núm. 73 de SAMAI.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Marco Antonio Velásquez

Demandado: Departamento de Santander y Otro

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previa

El Municipio de Cepitá formuló la excepción de «agotamiento de jurisdicción», fundada en la existencia del proceso radicado bajo la partida núm. 68001333300820220029800, instaurado por el señor Luis Emilio Cobos en contra de los Municipios de Cepitá y Aratoca , el cual es conocido por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga. De acuerdo con lo manifestado, en dicho proceso se estarían ventilando los mismos hechos y pretensiones que en el asunto objeto de estudio.

Al respecto, se observa que el juez de primera instancia guardó completo silencio y no hay prueba en el expediente que permita determinar si, en efecto, los hechos y pretensiones del radicado antes enunciado coinciden con el asunto puesto en consideración de la Sala.

No obstante, consultada la información que reposa en SAMAI, pudo establecerse que el proceso 68001333300820220029800 se encuentra en etapa del traslado de la demanda, sin que obre ninguna otra actuación procesal. En tal sentid o, corresponde señalar que, sin desconocer lo establecido en sede de unificación respecto del agotamiento de jurisdicción8, lo cierto es que en el presente asunto no está demostrado que se trate de los mismos hechos y pretensiones.

corresponde señalar que, sin desconocer lo establecido en sede de unificación respecto del agotamiento de jurisdicción8, lo cierto es que en el presente asunto no está demostrado que se trate de los mismos hechos y pretensiones.

Adicionalmente, el H. Consejo de Estado también ha resaltado como criterio relevante a la hora de establecer la configuración del agotamiento de jurisdicción, lo siguiente:

«Adicional a lo anterior y como elemento relevante , se destaca que el proceso de la referencia se encuentra en una etapa procesal más adelantada debido a que el primer proceso se encuentra en etapa probatoria, en primera instancia, y el asunto de la referencia se está resolviendo de fondo en segunda instancia, mediante esta sentencia»9. (Destacado y subrayado de la Sala).

8 Consejo de Estado. Sala Plena. Providencia de Unificación del 11 de septiembre de 2012. C.P. Susana Buitrago Valencia. Rad. 41001-33-31-004-2009-00030-01 (AP). 9 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 21 de noviembre de 2024. C.P. Hernando Sán chez Sánchez. Rad. 760012333000202100551-01.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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De conformidad con lo expuesto y en aplicación del artículo 5º de la Ley 472 de 1998, esta Sala de decisión privilegiará los principios de economía, celeridad y eficacia que rigen la función judicial y procederá a dic tar sentencia de segunda

De conformidad con lo expuesto y en aplicación del artículo 5º de la Ley 472 de 1998, esta Sala de decisión privilegiará los principios de economía, celeridad y eficacia que rigen la función judicial y procederá a dic tar sentencia de segunda instancia, toda vez que el otro proceso aún no cuenta siquiera con la fijación de fecha para la audiencia de pacto de cumplimiento.

Así las cosas, no será necesario decretar ninguna prueba para verificar la configuración del agotamiento de jurisdicción y, en su lugar, se ordenará comunicar la presente decisión al Juzgado Octavo del Circuito de Bucaramanga para que adopte la decisión que en derecho corresponda.

2.2. De la competencia

De conformidad con el artículo 153 del CPACA, los Tribunales Administrativos son competentes para conocer en segunda instancia las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial. En consecuencia, la Sala procede a resolver la presente controversia en segunda instancia.

2.3. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación , la Sala , en aplicación del principio dispositivo y de congruencia, ceñirá su competencia a los argumentos expuestos por el Departamento de Santander y el Municipio de Cepitá en sus recursos de apelación . Además , se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.4. Problema jurídico

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación10, el cual se circunscribe a determinar si:

¿El Departamento de Santander y el Municipio de Cepitá vulneran los derechos

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación10, el cual se circunscribe a determinar si:

¿El Departamento de Santander y el Municipio de Cepitá vulneran los derechos colectivos invocados en la demanda, al incumplir sus deberes constitucionales y legales, incluidos los relacionados con la gestión del riesgo, y no ejecutar las obras

10 Art. 328 del CGP.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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civiles necesarias para la construcción de un puente peatonal en la vereda San Miguel, jurisdicción del Municipio de Cepitá, que permita la comunicación de sus habitantes con otras veredas y con el Municipio de Aratoca, atravesando el río Chicamocha?

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. Del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos

El artículo 88 superior dispone que las acciones populares son un mecanismo de protección «[…] de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]».

En desarrollo del canon constitucional, fue expedida la Ley 472 de 1998, que definió las acciones populares como «[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]» que se ejercen para «[…] evitar el daño contingente,

En desarrollo del canon constitucional, fue expedida la Ley 472 de 1998, que definió las acciones populares como «[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]» que se ejercen para «[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]».

De esta manera, es claro que este medio de control tiene por objeto que «toda persona natural o jurídica» pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

Conforme lo anterior, el H. Consejo de Estado ha sintetizado los supuestos sustanciales para la procedencia de la acción popular: «i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses»11.

Adicionalmente, conviene señalar que el órgano de cierre de esta jurisdicción ha reiterado el carácter principal del medio de control aludido, por lo que es, en consecuencia, autónomo. Ello implica que no depende de la inexistencia de otras

11 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 28 de noviembre de 2024. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Rad. 250002341000201900455-01.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

Sánchez. Rad. 250002341000201900455-01.Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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acciones para solicitar la protección del derecho o interés invocado. Muy diferente, por ejemplo, de la acción de tutela, que es eminentemente residual12.

Dicho de otro modo, e l hecho de que la actividad de la Administración también pueda ser objeto de enjuiciamiento a través de otras acciones, no implica que deba acudirse necesariamente al ejercicio de estas, pues estando de por medio un interés o derecho colectivo, también es viable el ejercicio de la acción popular13.

Así las cosas, el juez popular tiene amplias facultades para conjurar el daño contingente, peligro, amenaza o vulneración de los derechos colectivos y del medio ambiente, contando para ello con un amplio margen de decisión en procura del amparo de los derechos de tal estirpe.

No obstante, el H. Consejo de Estado, vía jurisprudencial ha limitado sus alcances en los siguientes temas: en lo que respecta a las decisiones judiciales de constitucionalidad 14 , en lo tocante a la entrada en vigor de tratados internacionales 15, en torno a decisiones judiciales 16 y sobre la declaratoria de nulidad de los actos administrativos17.

Sobre este último aspecto, se pueden adoptar las medidas necesarias para la garantizar la efectividad y goce de los derechos e intereses colectivos, sin que ello implique forzosamente la declaración de nulidad del acto (V. gr. la suspensión de

Sobre este último aspecto, se pueden adoptar las medidas necesarias para la garantizar la efectividad y goce de los derechos e intereses colectivos, sin que ello implique forzosamente la declaración de nulidad del acto (V. gr. la suspensión de sus efectos mientras se supera la amenaza o vulneración cuya protección se invoca, su inaplicación parcial o total con efectos inter part es y la interpretación condicionada del mismo)18.

Finalmente, el legislador ratificaría esta prohibición en el inciso segundo del artículo 144 del CPACA y, adicionalmente, en su libertad de configuración, también vetaría al juez popular para declarar la nulidad del contrato estatal.

12 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de Unificación del 13 de febrero de 2018. C.P. William Hernández Gómez. Rad. 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU). 13 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 9 de febrero de 2006. C.P. Camilo Arciniegas Andra de. Rad. 2002-3876 (AP). 14 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 25 de mayo de 2006. C.P. Ruth Stella Correo Palacio.

Rad: AP-25000-23-27-000-2003-00345-02. 15 Consejo de Estado. Sección Tercera. Providencia del 6 de julio de 2006. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad: 25000-23-27-000-2005-01725 01(AP). 16 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 7 de julio de 2005. Rad: 25000 -23-25-000-2002-0266101(AP).

25000-23-27-000-2005-01725 01(AP). 16 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 7 de julio de 2005. Rad: 25000 -23-25-000-2002-0266101(AP). 17 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de noviembre de 2005. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Rad. 25000-23-25-000-2003-01278-01(AP). 18 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de Unificación del 13 de febrero de 2018. C.P. William Hernández Gómez. Rad. 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU).Protección de Derechos e Intereses Colectivos y del Medio Ambiente Sentencia de Segunda Instancia

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3. Caso concreto

En el caso bajo análisis, el demandante pretendió que se amparen los siguientes derechos colectivos: «la moralidad administrativa; El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; La defensa del patrimonio público; La se