TA SAN - Sentencia 680013333004-2023-00310-01 (21-10-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA–

SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander

Bucaramanga, veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia de segunda instancia

Medio de control Protección de derechos e intereses colectivos Radicado 680013333004-2023-00310-01 https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos /list_procesos.aspx?guid=680013333004202 300310016800123 Actor popular Procuraduría 17 Judicial II para la Conciliación Administrativa de Bucaramanga dfmillan@procuraduria.gov.co Accionado Municipio de Charta notificacionjudicial@charta-santander.gov.co secretariahacienda@charta-santander.gov.co |contactenos@charta-santander.gov.co alcaldia@charta-santander.gov.co Ministerio público Jesús Eduardo Rodríguez Orozco procjudadm47@procuraduria.gov.co Sentencia núm. 079 Asunto Sentencia de segunda instancia. Confirma y modifica. Tema Vulneración de los derechos colectivos al ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la defensa del patrimonio público por el incumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993. Se confirman las órdenes impartidas al Municipio de Charta para apropiar, destinar y ejecutar el 1% de sus ingresos corrientes en áreas de importan cia estratégica para el abastecimiento hídrico, y se modifica el comité

al Municipio de Charta para apropiar, destinar y ejecutar el 1% de sus ingresos corrientes en áreas de importan cia estratégica para el abastecimiento hídrico, y se modifica el comité de verificación para incluir a la CDMB. Magistrada ponente Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que impidan decidir de fondo, la Sala1 resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la sentencia del 5 de marzo de 2025 , proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga , mediante la cual se ampararon los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio

1 En atención a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer la apelación de las sentencias que en primera instancia dicten los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial.Actor popular: Procuraduría 17 Judicial II

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ecológico y el manejo racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y a la defensa del patrimonio público. El recurso fue admitido por auto del 3 de abril de 2025 2. Durante el trámite de ejecutoría, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

1. Antecedentes

1.1 Posición de la parte accionante3

La accionante promovió acción popular en defensa de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el

1. Antecedentes

1.1 Posición de la parte accionante3

La accionante promovió acción popular en defensa de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, y a la defensa del patrimonio público, en lo que atañe a la protección del recurso hídrico y la conservación de áreas de importancia estratégica en el Municipio de Charta.

Sostuvo que la entidad territorial ha incumplido las obligaciones previstas en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, al no apropiar, programar y ejecutar, como mínimo, el uno por ciento (1%) de sus ingresos corrientes de libre destinación para la adquisición y conservación de áreas de importancia estratégica destinadas a la protección del recurso hídrico que abastece el acueducto municipal, ni adelantar las acciones técnicas y presupuestales necesarias para ese fin.

Formuló, entre otras pretensiones, que se declare la vulneración de los derechos colectivos enunciados por parte del Municipio de Charta, y que se le ordene: i) elaborar o actualizar el plan de identificación, priorización y gestión de áreas de importancia estratégica, ii) apropiar en el presupuesto anual el porcentaje mínimo del 1% destinado a dicho objeto, con cuenta y trazabilidad específica, iii) ejecutar efectivamente esos recursos conforme a un plan de inversión con metas, cronograma y soporte técnico, y iv) adoptar medidas de conservación y adquisición de predios que resulten necesarias para asegurar la protección del recurso hídrico que abastece a la población. Asimismo, solicitó el seguimiento a través de un comité

cronograma y soporte técnico, y iv) adoptar medidas de conservación y adquisición de predios que resulten necesarias para asegurar la protección del recurso hídrico que abastece a la población. Asimismo, solicitó el seguimiento a través de un comité de verificación y la imposición de medidas de apremio en caso de incumplimiento.

1.4. Posición de la parte accionada en primera instancia

Sin pronunciamiento del Municipio de Charta.

2 Expediente digital, actuación 005 SAMAI, https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/6800123/6800133330 0420230031001/AD0D654D8EC240A67ADE236BA5E483661C5A9F56E2D43FB18FDF1579F1C3 6810/2, archivo denominado 2Autoadmiterec_20230031001POPAdmite(.pdf) 3 Expediente digital, 001Demanda y Anexos.pdfActor popular: Procuraduría 17 Judicial II

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1.5. La sentencia recurrida4

Mediante sentencia del 5 de marzo de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga amparó los derechos e intereses colectivos invocados, con ocasión del incumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 por parte del Municipio de Charta.

En la parte resolutiva de forma literal dispuso:

“PRIMERO: AMPÁRASE los derechos e intereses colectivos de esta acción, de acuerdo a la parte motiva de esta providencia.

por parte del Municipio de Charta.

En la parte resolutiva de forma literal dispuso:

“PRIMERO: AMPÁRASE los derechos e intereses colectivos de esta acción, de acuerdo a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE CHARTA, apropiar en sus presupuestos, en el plazo máximo correspondiente a las vigencias fiscales 2026-2027, los recursos en cantidad igual a la diferencia entre lo apropiado en los presupuestos, en cumplimiento de las disp osiciones del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y el 1% de los ingresos en cada una de las vigencias fiscales comprendidas entre 1994 y 2021, actualizados con el IPC desde el 1º de enero de cada vigencia en que debieron ser apropiados, hasta el 31 de diciembre de 2021, que dedicarán prioritariamente a los fines definidos en esas disposiciones. Todo ello con sujeción a las disposiciones que rigen la apropiación y ejecución presupuestal. Para el cálculo de las sumas que se dejaron de apropiar y que deben ser apropiadas de conformidad con las disposiciones del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y lo aquí dispuesto, se tomará la información reportada a este proceso y los valores de los registros presupuestales, contables y demás información relevante sobre los ingresos y las apropiaciones efectuadas en cada vigencia fiscal. Asimismo, el MUNICIPO DE CHARTA apropiará en sus presupuestos, en el plazo máximo correspondiente a las vigencias fiscales 2026 -2027, el valor correspondiente a los recursos de que trata el art ículo 111 de la Ley 99 de 1993, apropiados y no ejecutados en el periodo comprendido entre 1994máximo correspondiente a las vigencias fiscales 2026 -2027, el valor correspondiente a los recursos de que trata el art ículo 111 de la Ley 99 de 1993, apropiados y no ejecutados en el periodo comprendido entre 19942021 que debiendo estar disponibles en las cuentas de balance, no lo estén.

TERCERO: ORDENESE al MUNICIPIO DE CHARTA, dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de este fallo, llevarán a cabo los procesos de planeación y de programación que permitan definir los planes, programas, proyectos y recursos para la conservac ión de las áreas de importancia estratégica para el abastecimiento de los acueductos, la identificación de los predios, la priorización y cofinanciación de la adquisición, la administración de las zonas, de que tratan los artículos 108 y 111 de la Ley 99 d e 1993. Lo anterior se cumplirá con estricta sujeción a i) los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario de que trata el artículo 63 de la citada ley; eficiencia, eficacia, economía y transparencia, de conformidad con los artí culos 209 constitucional, 3° de la Ley 489 de 1998 y ii) los criterios de identificación, delimitación, priorización, selección de las áreas de importancia estratégica y de articulación entre autoridades, de que trata el Decreto 953 de 2013. Los planes, pr ogramas y proyectos para la conservación de las áreas de importancia estratégica para el abastecimiento de los acueductos contendrán los plazos expresos y detallados para la ejecución, que deberán ser definidos de manera directamente proporcional a los cri terios de priorización y las necesidades

el abastecimiento de los acueductos contendrán los plazos expresos y detallados para la ejecución, que deberán ser definidos de manera directamente proporcional a los cri terios de priorización y las necesidades de conservación de las áreas de importancia estratégica para el abastecimiento de agua potable. En todo caso, en los criterios de priorización, la definición de los plazos y la ejecución de los planes, programas y proyectos se deberá dar estricta aplicación a los principios de precaución y prevención ambiental, de que tratan las disposiciones de los artículos 8, 79, 80 y 334 constitucionales, las Leyes 99 de 1993 y 164 de 1994, conforme con los cuales las autoridades deben actuar eficazmente cuando exista peligro de daño grave e irreversible, sin que la falta de certeza científica absoluta pueda utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

4 Expediente digital, 033SentenciadePr_202300310RecursosHid.pdfActor popular: Procuraduría 17 Judicial II

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CUARTO: ORDENESE la conformación de un comité para la verificación del fallo, conformado por el demandante, la entidad demandada MUNICIPIO DE CHARTA y el personero municipal del Municipio de Charta, el cual enviará al Despacho cada seis meses los avances y el cumplimiento de esta providencia.

QUINTO: CONDENASE en costas al MUNICIPIO DE CHARTA, y a favor del actor popular, las cuales serán liquidadas dando aplicación a lo dispuesto

al Despacho cada seis meses los avances y el cumplimiento de esta providencia.

QUINTO: CONDENASE en costas al MUNICIPIO DE CHARTA, y a favor del actor popular, las cuales serán liquidadas dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso. SEXTO: NOTIFICAR esta decisión por un medio expedito y eficaz.”

Precisó que el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 impone a los municipios la destinación no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición, conservación y mantenimiento de áreas de importancia estratégica orientadas a la protección del recurso hídrico, y que se trata de apropiaciones e inversiones forzosas con destinación específica, según la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Consideró que, respecto del Municipio de Charta, no se acreditó el cumplimiento del deber de apropiar los recursos correspondientes al 1% durante las vigencias 1994 a 2021, ni la existencia de planes y procesos de planeación y programación para identificar, priorizar y adquirir predios en áreas d e importancia estratégica. Concluyó que esa omisión vulnera la existencia del equilibrio ecológico y el manejo racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa, por desviación de fines y falta de diligencia en la gestión de recursos públicos destinados a la protección ambiental.

1.7. La apelación5

El Municipio de Charta solicitó revocar la sentencia de primera instancia o, en subsidio, modificarla, al considerar que el juzgado de primera instancia realizó una valoración incompleta del acervo probatorio y le impuso cargas y órdenes que

El Municipio de Charta solicitó revocar la sentencia de primera instancia o, en subsidio, modificarla, al considerar que el juzgado de primera instancia realizó una valoración incompleta del acervo probatorio y le impuso cargas y órdenes que desbordan las obligaciones legales vigentes en materia del 1% del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

Sostuvo, en esencia, que: i) sí ha adelantado actuaciones administrativas y presupuestales orientadas al cumplimiento progresivo de la destinación mínima del 1% para la protección del recurso hídrico y las áreas de importancia estratégica; ii) existen limitaciones fiscales y de planeación que condicionan la ejecución anual, en armonía con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el plan de desarrollo municipal; y iii) varias de las órdenes impartidas por el juez , relativas a cronogramas, cuentas específicas y met as rígidas , desconocen el principio de autonomía territorial, la programación presupuestal multianual y el carácter gradual del cumplimiento.

5 Expediente digital, 034_MemorialWeb_Otro-ProcAPopularRadN.pdfActor popular: Procuraduría 17 Judicial II

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Argumentó que la sentencia no ponderó debidamente documentos y certificaciones que dan cuenta de apropiaciones presupuestales, gestiones de identificación de áreas, y actuaciones de coordinación interinstitucional; además, que el fallo transformó el margen de configuración administrativa en un esquema de cumplimiento “estrictamente reglado” que no se compadece con la realidad financiera del municipio.

áreas, y actuaciones de coordinación interinstitucional; además, que el fallo transformó el margen de configuración administrativa en un esquema de cumplimiento “estrictamente reglado” que no se compadece con la realidad financiera del municipio.

Adujo que, de considerarse la existencia de falencias, el remedio judicial debía ser proporcional y viable, orientado a requerimientos de mejora y asistencia técnica, antes que a la imposición de órdenes estructurales que podrían resultar inexigibles o generar riesgos de desacato no imputables a la administración. En esa línea, pidió la revocatoria de las órdenes o su adecuación a metas razonables y a los ciclos de programación presupuestal.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico y tesis

Con fundamento en los argumentos del recurso de apelación, la Sala resolverá el siguiente problema jurídico:

¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que amparó los derechos e intereses colectivos al concluir que el Municipio de Charta incumplió el deber establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, dado que (i) se realizó una valoración probatoria incompleta, (ii) no se tuviero n en cuenta las restricciones fiscales y de planeación, y (iii) podría verse comprometida la autonomía territorial por la fijación judicial de cronogramas, cuentas específicas y metas?

Tesis. No. El artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por la Ley 2320 de 2023 y el Decreto 1076 de 2015, establece una obligación imperativa para los municipios: apropiar y ejecutar no menos del 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación

y el Decreto 1076 de 2015, establece una obligación imperativa para los municipios: apropiar y ejecutar no menos del 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación para la adquisición, mantenimiento y restauración de áreas estr atégicas que protegen el recurso hídrico. Este mandato, no es un gasto discrecional, sino una destinación específica.

En el caso del Municipio de Charta, se acreditó un incumplimiento sistemático de esta obligación entre 1992 y 2021, con apropiaciones nulas o nominales y una ejecución material casi inexistente. Las limitaciones fiscales o de planeación no eximen este deber legal. Por tanto, las medidas judiciales que o rdenan la apropiación, programación, ejecución y un comité de verificación son adecuadas y proporcionales para subsanar la omisión y asegurar la protección de los derechos colectivos.Actor popular: Procuraduría 17 Judicial II

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La orden judicial no implica sustitución de competencias ni creación de obligaciones nuevas, sino concreción de un mandato legal vigente.

2.3. Metodología de la decisión

Para la resolución de este asunto se analizarán los siguientes temas : 2.3.1. De la protección constitucional y legal que tienen las personas de gozar de un ambiente sano; y 2.3.2. Jurisprudencia relevante del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre el 1% ambiental y la protección de áreas estratégicas . Por último, se abordará el caso concreto de acuerdo con los hechos debidamente

Constitucional sobre el 1% ambiental y la protección de áreas estratégicas . Por último, se abordará el caso concreto de acuerdo con los hechos debidamente acreditados en el expediente, a fin de realizar su análisis crítico.

2.3.1. De la protección constitucional y legal que tienen las personas de gozar de un ambiente sano.

El artículo 79 de la Constitución Política dispone que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, asegurando además que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Igualmente, consagra como deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación orientada al cumplimiento de estos fines.

Para garantizar a las personas el derecho a gozar de un ambiente sano y en aras de preservar los recursos hídricos y asegurar el desarrollo sostenible de la Nación, el legislador promulgó la Ley 99 de 1993.

El artículo 111 de la Ley 99 de 1993 establece para los departamentos y municipios la obligación de efectuar anualmente una destinación presupuestal con fines específicos. Desde su expedición, dicha disposición ha mantenido inalterado el porcentaje mínimo, equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos corrientes, como se expone a continuación:

Ley 99 de 1993 Articulo modificado por la Ley 1450 de 2011 Articulo modificado por la Ley 2320 de 2023 Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y

Articulo modificado por la Ley 2320 de 2023 Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales.

Los departamentos y municipios dedicarán durante quince años un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos, de tal Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales.

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales.

Los departamentos, distritos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al uno por ciento (1%) de sus ingresos corrientes de libre destinación para la adquisición o el mantenimiento de dichas áreas.Actor popular: Procuraduría 17 Judicial II

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forma que antes de concluido tal período, haya adquirido dichas zonas.

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio en forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma

forma que antes de concluido tal período, haya adquirido dichas zonas.

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio en forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional y con la opcional participación de la sociedad civil.

zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales.

Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser adquiridas con estos recursos o dónde se deben implementar los esquemas por pagos de servicios ambientales de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. Su administración corresponderá al respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y departamentos garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus planes de desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualizándose la partida destinada para tal fin.

Lo anterior se podrá realizar a través de la cofinanciación de que trata el artículo 108 de la Ley 99 de 1993.

Estas inversiones deberán realizarse con enfoque de Soluciones basadas en la Naturaleza (SBN), adaptación al cambio climático, restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales (PSA) en las referidas áreas de importan cia estratégica. Lo anterior de conformidad con la reglamentación que expidan las autoridades competentes. La autoridad ambiental competente brindará el apoyo técnico requerido

ambientales (PSA) en las referidas áreas de importan cia estratégica. Lo anterior de conformidad con la reglamentación que expidan las autoridades competentes. La autoridad ambiental competente brindará el apoyo técnico requerido por la entidad territorial para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo. […]

De conformidad con esta norma, la decisión sobre la destinación de los recursos para la conservación de las áreas abastecedoras de los acueductos no es potestativa de los departamentos y municipios, habida cuenta de que perentoriamente la norma exige que destinen no menos del 1% de los ingresos para la adquisición de los predios.

2.3.2. Jurisprudencia relevante del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre el 1% ambiental y la protección de áreas estratégicas

El Consejo de Estado ha delineado con claridad el carácter imperativo y finalista de la destinación prevista en el artículo 111. En particular, la Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 29 de octubre de 2015 6, sostuvo que no es potestativa para departamentos y municipios la decisión sobre el monto y destino de estos recursos, pues la ley exige dedicar no menos del 1% a la adquisición de predios y al mantenimiento de zonas de importancia estratégica, tratándose d e apropiaciones e inversiones forzosas con destino específico. En ese mismo pronunciamiento se enfatizó que la eficacia de la medida depende de procesos previos de planeación y coordinación con la corporación autónoma regional competente, en los términos de los artículos 108 y 63 de la Ley 99 de 1993, y que

pronunciamiento se enfatizó que la eficacia de la medida depende de procesos previos de planeación y coordinación con la corporación autónoma regional competente, en los términos de los artículos 108 y 63 de la Ley 99 de 1993, y que las adquisiciones deben responder a criterios de eficiencia y eficacia, orientados a proteger las cuencas abastecedoras de agua potable.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Bogotá, D.C., 29 de octubre de 2015, Rad. 66001233100020100034301, Actor: María Ximena Pereira Acosta y otros, Demandado: Departamento de Risaralda y otros, referencia: acción popular, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.Actor popular: Procuraduría 17 Judicial II

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De otro lado, sobre la base de cálculo y la naturaleza de límite legal a la discrecionalidad, la Sección Primera del Consejo de Estado 7 ha precisado que el porcentaje del 1% debe liquidarse sobre los ingresos corrientes de libre destinación, excluyendo rentas con destinación constitucional o legal específica, y que su cumplimiento no es un objetivo programático postergable sino un mandato exigible que se integra al ciclo de planeación y presupuesto. Tal entendimiento se aprecia en providencias que abordan la depuración de la base y el carácter vinculante de la destinación específica, con sustento en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y e l régimen ambiental.

en providencias que abordan la depuración de la base y el carácter vinculante de la destinación específica, con sustento en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y e l régimen ambiental.

Por su parte, en la sentencia T -411 de 1992 8, la Corte Constitucional adoptó el principio de precaución, indicando que, ante riesgos de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no puede alegarse para aplazar medidas de protección eficaces; y en la T-299 de 20089 reiteró que corresponde a las autoridades adoptar decisiones oportunas para evitar la degradación de recursos naturales, aun bajo incertidumbre. Estos criterios trasladados al ámbito de la destinación específica implican que la planeación, apropiación y ejecución del 1% deben orientarse a evitar la degradación de las fuentes hídricas que abastecen a la población, sin excusas derivadas de incertidumbre o diferimientos administrativos.

En complemento, la T-129 de 201710 resalta el vínculo entre el derecho fundamental al agua y la protección de las fuentes que lo hacen posible, habilitando órdenes estructurales y seguimiento judicial para garantizar la efectividad de los derechos cuando sea necesario.

3. Caso concreto

3.1. Hechos relevantes probados

3.1.1. El 15 de julio de 2022, la Procuraduría 100 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bucaramanga solicitó al Municipio de Charta la adopción de medidas de protección relativas al cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 199311.

3.1.2. El 17 de marzo de 2023, la Procuraduría 17 Judicial II elevó solicitud de

medidas de protección relativas al cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 199311.

3.1.2. El 17 de marzo de 2023, la Procuraduría 17 Judicial II elevó solicitud de información a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y a la CAS, requiriendo certificación sobre los montos

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Bogotá, D.C., 18 de junio de 2009, Rad. 200300812-01, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso. 8 Corte Constitucional, Sentencia No. T-411/92, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero 9 Corte Constitucional, Sentencia No. T-299 de 2008, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño 10Corte Constitucional, Sentencia No. T-129 de 2017, veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete (2017), Magistrado Ponente: Aquiles Arrieta Gómez 11 Expediente digital de OneDrive, pág.13, 001Demanda y Anexos.pdf.Actor popular: Procuraduría 17 Judicial II

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reportados por los entes territoriales, por vigencia, en adquisición de predios y pagos por servicios ambientales con cargo al 1%12.

3.1.3. El 31 de marzo de 2023, la CDMB respondió a la solicitud anterior mediante oficio CDMB_02959, suscrito por el Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio, para lo cual se anex ó el archivo “Reporte de información

3.1.3. El 31 de marzo de 2023, la CDMB respondió a la solicitud anterior mediante oficio CDMB_02959, suscrito por el Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio, para lo cual se anex ó el archivo “Reporte de información inversión 1% y PSA Municipios CDMB -2021.xlsx”. En dicha respuesta se relacionaron los siguientes predios13:

3.1.4. El 5 de junio de 2023, la Procuraduría 100 Judicial I solicitó al Concejo Municipal de Charta certificación sobre: (i) ingresos corrientes del municipio por vigencia desde 1992 y (ii) sumas apropiadas por vigencia destinadas al cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 199314:

3.1.5. El 21 de junio de 2023, la Secretaría de Hacienda del Municipio de Charta remitió al Concejo Municipal , respuesta del monto de ingresos corrientes por años desde 1992 hasta 2022, así15:

Año Ingresos Corrientes Año Ingresos Corrientes 1992 $ 3.380.000,00 2009 $ 52.643.000,00 1995 $ 24.050.000,00 2010 $ 55.794.102,00 1996 $ 17.450.000,00 2011 $ 56.000.000,00 1997 $ 18.950.000,00 2012 $ 119.970.000,00 1998 $ 36.750.000,00 2013 $ 90.510.091,00 1999 $ 40.800.000,00 2014 $ 59.724.000,00 2000 $ 43.300.000,00 2015 $ 79.607.000,00

1999 $ 40.800.000,00 2014 $ 59.724.000,00 2000 $ 43.300.000,00 2015 $ 79.607.000,00 2001 $ 36.600.000,00 2016 $ 114.046.000,00 2002 $ 35.600.000,00 2017 $ 157.586.000,00 2003 $ 42.300.000,00 2018 $ 131.364.000,00 2004 $ 43.890.000,00 2019 $ 188.101.136,00 2005 $ 53.853.664,42 2020 $ 250.967.000,00 2006 $ 35.570.511,88 2021 $ 172.988.244,00 2007 $ 51.867.470,00 2022 $ 221.087.326,00 2008 $ 50.597.650,00

Además, se informó de las apropiaciones presupuestales destinadas a la medida de conservación, desde 1992, así:

12 Expediente digital de OneDrive, pág.18, 001Demanda y Anexos.pdf. 13 Expediente digital de OneDrive, pág. 23-25, 001Demanda y Anexos.pdf y 002Anexos.xlsx 14 Expediente digital de OneDrive, pág. 26, 001Demanda y Anexos.pdf. 15 Expediente digital de OneDrive, pág. 29-30, 001Demanda y Anexos.pdf.Actor popular: Procuraduría 17 Judicial II

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Año Suma Apropiada Saldos Ejecutados

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