TA SAN - Sentencia 680013333004-2024-00080-01 (05-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de marzo de 20205, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se declaró probada de oficio la excepción de «caducidad» del medio de control.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la Unidad Administrativa Especial de

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 2, índice SAMAI, archivo 2. MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333004-2024-00080-01 DEMANDANTE Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP jballesteros@ugpp.gov.co notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co DEMANDADO Beatriz Ávila Ávila bettyavila1@gmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos

jballesteros@ugpp.gov.co notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co DEMANDADO Beatriz Ávila Ávila bettyavila1@gmail.com

MINISTERIO

PÚBLICO Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Acción de lesividad . Excepción de inconstitucionalidad de la expresión «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. Reliquidación de la pensión gracia. Improcedencia de la devolución de sumas percibidas de buena fe.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: UGPP

Demandado: Beatriz Ávila Ávila Radicado: 680013333004-2024-00080-01

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2 formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la nulidad de i) la Resolución 014686 del 26 de mayo de 1998 y ii) la Resolución 25023 del 3 de septiembre de 2002 a través de las cuales reliquidó una pensión de gracia a favor de la señora Beatriz Ávila Ávila.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: Declarar la nulidad de la Resolución Cajanal No. 25023 de 2002, 3 de septiembre, mediante las cuales se reliquidó la pensión gracia a favor de

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERA: Declarar la nulidad de la Resolución Cajanal No. 25023 de 2002, 3 de septiembre, mediante las cuales se reliquidó la pensión gracia a favor de Beatriz Ávila Ávila, por retiro definitivo del servicio, en cuantía de $2.260.260.oo, efectiva a partir del 1o de diciembre de 2001, prestación que fue liquidada teniendo en cuenta lo devengado en el último año de servicios 11/2000-11/2001, por haber sido expedida con violación de la Constitución y la Ley, con infracción de las normas en que debía fundarse.

SEGUNDA: Declarar la nulidad de la Resolución Cajanal No. 014686 de 1998, 26 de mayo, mediante las cuales se reliquidó la pensión gracia a favor de Beatriz Ávila Ávila, por nuevos factores salariales, en cuantía de $642.979.41, efectiva a partir del 3 de mayo de 1995, pero que erróneamente en la liquidación incluyó dos asignaciones básicas, la devengada por el Departamento de Santander ($5.134.391.27) y la del Municipio de Bucaramanga ($5.153.27.25), lo que aumenta ilegalmente la cuantía pensional, debiendo ser excluida una de las dos, y que viola la Constitución y la Ley, con infracción de las normas en que debía fundarse.

TERCERA: Declarar que a Beatriz Ávila Ávila no le asistía el derecho a la reliquidación de la pensión gracia por cuanto la prestación se liquida teniendo en cuenta una sola asignación básica, y los factores devengados en el año

TERCERA: Declarar que a Beatriz Ávila Ávila no le asistía el derecho a la reliquidación de la pensión gracia por cuanto la prestación se liquida teniendo en cuenta una sola asignación básica, y los factores devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisic ión del estatus pensional 5/1994 -5/1995

(Resolución No. 010506 de 1996), por lo que no es viable la reliquidación de la pensión a la fecha del retiro del servicio (2001).

CUARTA: A título de Restablecimiento del Derecho, se le ordene a Beatriz Ávila Ávila, a restituirle-pagarle a la entidad accionante los dineros pagados en exceso en virtud de la reliquidación efectuada, junto a la debida actualización o indexación sobre las sumas que se ordene devolver y adeudadas, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor-IPC, conforme al artículo 187 del C.P.A.C.A., hasta la fecha efectiva de pago.

QUINTA: A título de Restablecimiento del Derecho, si Beatriz Ávila Ávila, no efectúa el pago en forma oportuna, deberán liquidarse y pagar los intereses comerciales y moratorios, tal y como lo ordena el Art. 192 del C.P.A.C.A.

SEXTA: Se condene en costas y agencias a la parte accionada, conforme al artículo 188 del C.P.A.C.A» (sic en todo el texto)

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 30 de agosto de 1996, mediante Resolución 010506 la extinta CAJANAL

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 30 de agosto de 1996, mediante Resolución 010506 la extinta CAJANAL reconoció una pensión de gracia a favor de la señora Beatriz Ávila Ávila , liquidada con el 75% del promedio de lo devengado en el último año anterior al

2 En adelante UGPP.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: UGPP

Demandado: Beatriz Ávila Ávila Radicado: 680013333004-2024-00080-01

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de adquisición del estatus pensional, con inclusión d el factor de asignación básica en una suma de $267.986,69 efectiva a partir del 3 de mayo de 1995.

1. El 26 de mayo de 1998, a través de la R esolución 014686 CAJANAL reliquidó la pensión gracia a favor de la señora Ávila Ávila en atención del 75% del promedio de lo devengado en el último año anterior al de adquisición del estatus pensional y con inclusión del factor de asignación básica devengada en el departamento de Santander y en el municipio de Bucaramanga en una suma de $642.979,41 efectiva a partir del 3 de mayo de 1995.

1. La reliquidación de la pensión gracia no podía incluir dos asignaciones básicas y, por tanto, se debía tener en cuenta la devengada por el departamento

de $642.979,41 efectiva a partir del 3 de mayo de 1995.

1. La reliquidación de la pensión gracia no podía incluir dos asignaciones básicas y, por tanto, se debía tener en cuenta la devengada por el departamento de Santander, esto es, $5.134.391.27 o la del municipio de Bucaramanga $5.153.27.25 y no ambas.

1. El 3 de septiembre de 2002, mediante Resolución 25023 CAJANAL reliquidó la pensión gracia reconocida a favor de la señora Ávila Ávila por el retiro definitivo del servicio en un monto del 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio, con inclusión de los factores salariales de asignación básica y doble acción, motivo por el cual la suma se elevó a $2.260.260,

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados , el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 114 de 1913, la Ley 116 de 1928, la Ley 37 de 1933, la Ley 43 de 1975 y la Ley 91 de 1989.

En desarrollo del concepto de violación, la parte demandante expuso que los actos administrativos adolecen de nulidad, conforme a las siguientes razones:

1. El acto demandado no se ajusta a los preceptos legales que regulan la materia, toda vez que vulnera de forma directa las normas en que debería fundarse.

1. La pensión gracia reconocida a favor de la señor Ávila Ávila por retiro definitivo del servicio, fue liquidada de forma errada por CAJANAL, por cuanto se

fundarse.

1. La pensión gracia reconocida a favor de la señor Ávila Ávila por retiro definitivo del servicio, fue liquidada de forma errada por CAJANAL, por cuanto se incluyeron dos asignaciones básicas en la liquidación, esto es, la devengada por el departamento de Santander y la del municipio de Bucaramanga , lo que aumenta ilegalmente la cuantía pensional, motivo por el cual debe ser excluida una de las dos asignaciones básicas; además, se tuvo en cuenta lo devengado en el último año de servicios comprendido entre el mes de noviembre del 2000 hasta noviembre de 2001, pese a que el estatus pensional fue adquirido el 3 de mayo de 1995.

1. Si bien el reconocimiento y la liquidación de la pensión gracia se efectúo en debida forma con el promedio de lo devengado durante el año anterior a la adquisición de dicha condición en cuantía correcta de $267.983.69 mediante la Resolución 010506 de 1996, los actos administrativos posteriores reliquidaron el monto de manera incorrecta, razón por la cual la mesada se elevó a $642.979,41Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: UGPP

Demandado: Beatriz Ávila Ávila Radicado: 680013333004-2024-00080-01

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y luego a $2.260.260, circunstancia que desconoce los reiterados pronunciamientos del Consejo de Estado.

1.2. Contestación de la demanda

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

y luego a $2.260.260, circunstancia que desconoce los reiterados pronunciamientos del Consejo de Estado.

1.2. Contestación de la demanda

La señora Beatriz Ávila Ávila no contestó la demanda.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 17 de marzo de 2025, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de “CADUCIDAD” del presente medio de control, de conformidad con las razones expuestas anteriormente».

En lo correspondiente al fondo del asunto, la decisión se sustentó en los siguientes argumentos:

1. Una vez examinado el escrito de la demanda, se advierte que las pretensiones invocadas se encuentran encaminadas a obtener la nulidad de las Resoluciones 014686 del 26 de mayo de 1998 y 25023 del 3 de septiembre de 2002 proferidas por CAJANAL, mediante las cuales se reliquidó la pensión gracia reconocida a favor de la señora Ávila Ávila y , como consecuencia, se solicita la devolución de los dineros que fueron p agados en exceso con su debida actualización o indexación.

1. En ese sentido, se encuentra probado que la demanda fue presentada por la UGPP 25 años después de expedida la Resolución 014686 del 26 de mayo de 1998 y 20 años después de expedida la Resolución 25023 del 3 de septiembre de 2002 . E n virtud del a rtículo 86 de la Ley 2381 de 2024 , las acciones

1998 y 20 años después de expedida la Resolución 25023 del 3 de septiembre de 2002 . E n virtud del a rtículo 86 de la Ley 2381 de 2024 , las acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas tienen un término de caducidad de 5 años, salvo cuando se trate de pensiones otorgadas con fraude o con ocurrencia de algún delito ; además, la norma en cita prevé que dicho término de caducidad también será aplicable para los procesos administrativos o judiciales que se encuentren en curso, a partir de la vigencia de la referida ley.

1. En consecuencia, en aplicación del término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 para aquellas demandas que se encuentren en curso, resulta claro que en el presente asunto se configuró el fenómeno de la caducidad, razón por la cual se declarará probada ese medio exceptivo.

1.4. El recurso de apelación4

1.4.1. Parte demandante

3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 13, índice SAMAI. 4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 15, índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: UGPP

Demandado: Beatriz Ávila Ávila Radicado: 680013333004-2024-00080-01

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El apoderado de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

El apoderado de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El a quo incurrió en un error, comoquiera que las demandas presentadas en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previo a la vigencia de la Ley 2381 de 2024 no les es aplicable el término de caducidad de 5 años previsto en su artículo 86 sino los criterios contenidos en el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, al ser la ley vigente para el momento de la presentación de la demanda. En consecuencia, hay lugar a revocar la decisión de primera instancia y resolver de fondo la controversia planteada.

1. Los actos administrativos demandados deben ser declarados nulos comoquiera que existió una reliquidación errada en lo concerniente a la asignación básica tenida en cuenta y , posteriormente, pese a que el status fue adquirido el 3 de mayo de 1995, se efectuó una nueva reliquidación en atención al último año de servicios comprendido entre noviembre del 2000 y noviembre de 2001.

1. Si bien la señora Beatriz Ávila Ávila cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, motivo por el cual mediante R esolución 010506 de 1996 le fue reconocida la prestación liquidando en atención al 75% sobre el salario promedio de lo devengado el año inmediatamente anterior a la adquisición del status jurídico de pensionada , CAJANAL reliquidó en dos oportunidades la prestación e incluyó dos asignaciones básicas y tuvo en cuenta

sobre el salario promedio de lo devengado el año inmediatamente anterior a la adquisición del status jurídico de pensionada , CAJANAL reliquidó en dos oportunidades la prestación e incluyó dos asignaciones básicas y tuvo en cuenta el salario percibido en el último año de servicios comprendido entre noviembre del 2000 y noviembre de 2001, razón por la cual desconoció el límite legal y jurisprudencial que se encuentra determinado para la liquidación de la mencionada prestación.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Por auto del 8 de mayo de 20255 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No se presentaron.

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Concepto del agente del Ministerio Público:

5 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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No se presentaron.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida , y luego de verificar que se hallan

No se presentaron.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida , y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia

2.1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el recurso de apelación le corresponde a la Sala establecer i) si es aplicable constitucionalmente la expresión «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 , ii) en caso de que se inaplique por inconstitucional la mencionada expresión, se examinará si hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones 014686 del 26 de mayo de 1998 y 25023 del 3 de septiembre de 2002 proferidas por CAJANAL a través de las cuales reliquidó una pensión de gracia a favor de la señora Beatriz Ávila Ávila, iii) en caso de que se declare la nulidad de las decisiones contentivas de ese reconocimiento corresponderá examinar si se logra desvirtuar la presunción de buena fe respecto del actuar de la señora Beatriz Ávila Ávila y, por tanto, si es dable

declare la nulidad de las decisiones contentivas de ese reconocimiento corresponderá examinar si se logra desvirtuar la presunción de buena fe respecto del actuar de la señora Beatriz Ávila Ávila y, por tanto, si es dable ordenar el reintegro de las sumas recibidas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Excepción de inconstitucionalidad de la expresión «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un nuevo esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y las de naturaleza perentoria. En lo atinente a la caducidad , como excepción perentoria, existen dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución:

«i) en cualquier estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el juzgador la encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral 3 del CPACA6

6 «ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 El nuevo texto es el siguiente. Se podrá dictar sentencia anticipada: […]

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: UGPP

Demandado: Beatriz Ávila Ávila

prescripción extintiva. […].»Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

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y ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA),7 oportunidad esta última en la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada»8

Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley 2381 de 2024 se introdujo una significativa modificación, mediante la cual se establece u n término de caducidad respecto de las demandas que la administración formula contra sus propios actos de reconocimiento pensional.

Bajo estos supuestos, y teniendo en cuenta que en este asunto no hay lugar a emitir una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que dicho término no resulta aplicable al caso concreto, como se explicará más adelante, le corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo anterior, dado que al encontrase el proceso al despacho para dictar sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del CPACA, resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente encuentre probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el control de legalidad y saneamiento del proceso. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 d e

eventualmente encuentre probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el control de legalidad y saneamiento del proceso. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 d e la Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 año «para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación

Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:

«[…] TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso adminis trativas después de cinco (5) años de haber sido

7 10 «ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. […] En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la s excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]». 8 Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad.

del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la s excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. […]». 8 Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-0002019-02462-01 (2648 -2021). MP William Hernández Gómez, en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) consagró que las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no pueden decidirse mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se declararán fundadas por medio de sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o demostradas, el juzgador tendrá la opción

lineamientos precisados en el numeral tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario, esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia ordinaria que defina de fondo las pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA»Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: UGPP

Demandado: Beatriz Ávila Ávila Radicado: 680013333004-2024-00080-01

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reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley».

En ese orden de ideas, se tiene que en el caso concreto la UGPP solicita la nulidad de la s Resoluciones 014686 de l 26 de mayo de 1998 y 25023 del 3 de septiembre de 2002 proferidas por CAJANAL a través de las cuales reliquidó una pensión de gracia a favor de la señora Beatriz Ávila Ávila, esto es, de actos administrativos proferidos 25 y 20 años antes de la fecha de la presentación de la demanda, motivo por el cual resulta necesario establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad.

administrativos proferidos 25 y 20 años antes de la fecha de la presentación de la demanda, motivo por el cual resulta necesario establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo término de caducidad.

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del segundo inciso del mencionado artículo que ordena el estudio del nuevo término de caducidad incluso respecto de los procesos en curso, la Sección Segunda del Consejo de Estado no ha adoptado una postura uniforme. Mientras la Subsección A9 ha aplicado la norma conforme a lo dispuesto por el legislador y, por ende, ha declarado la caducidad de la acción en los casos en que se ha superado el nuevo plazo de cinco años, la Subsección B 10 ha optado por inaplicarla , al considerar inconstitucional la expresión «y que estén en curso». Según esta última, la aplicación retroactiva de la disposición modifica intempestivamente las reglas procesales que rigen el litigio, lo que vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

En ese orden de ideas, si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la caducidad como instituto pro cesal, mediante el cual se limita el derecho de acción, guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la administración de justicia.

En tal sentido, pese a que por regla general las normas procesales se consideran de orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que la Ley 153 de 1887

el derecho de acceso a la administración de justicia.

En tal sentido, pese a que por regla general las normas procesales se consideran de orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que la Ley 153 de 1887 en su artículo 40 11 reconoció la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad jurídica y, por tanto, determinó una serie de excepciones que hacen posible, aun frente a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación y ritualidades en los asuntos

9 Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves, sentencia del 23 de octubre de 2024, radicación: 27001 23 33 000 2019 00070 01 (2216–2024). 10 Consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 8 de noviembre de 2024, radicación: 25000-23-42-000-2018-00903-01 (6098-2022). 11 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso

se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.»Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: UGPP

Demandado: Beatriz Ávila Ávila Radicado: 680013333004-2024-00080-01

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judiciales vigentes al momento en que son interpuestos los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de control.

Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX, siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículo s 1, 2, 4, 5, 6 y 83. 12 Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153 de 1887 en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991 ; por el contrario, las reglas previstas en esta ley siguen siendo una importante herramienta que contribuye a la interpretación y aplicación de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento jurídico vigente.

En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del

siendo una