TA SAN - Sentencia 680013333004-2025-00054-01 (27-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, abril veintinueve (29) dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 680013333004-2025-00054-01

ACCIÓN: TUTELA DEMANDANTE: JAIME QUEZADA RAMIREZ agente oficio del menor EMQO

edwin.quezada@correo.policia.gov.co

DEMANDADOS: MINISTERIO DE DEFENSA – DIRECCION DE

SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

disan.ateus@correo.policia.gov.co

JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN

SALUD SANTANDER N° 5 POLICIA NACIONAL

Desan.rases-aju@policia.gov.co desan.scsan-jefat@policia.gov.co

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER

–POLICIA NACIONAL

desan.scsan-cli@policia.gov.co

VINCULADOS: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION –

PROCURADURIA DELEGADA PARA LA

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

Y ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJERES.

procurador@procuraduria.gov.co

LINK DE EXPEDIENTE: 2025-054-01

Se decide IMPUGNACIÓN interpuesta por la parte demandada Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Santander N° 5 -Policia Nacional contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 27 de marzo de 2025 , radicada y asignada por reparto al

Aseguramiento en Salud Santander N° 5 -Policia Nacional contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 27 de marzo de 2025 , radicada y asignada por reparto al Despacho Ponente el 08 de abril de 2025, previa la siguiente reseña:

La Demanda

En el escrito de tutela, la parte actora solicita la protección de derechos fundamentales a la salud, vida, educación inclusiva de persona en situación de discapacidad, principio de integralidad y continuidad en los servicios de salud, derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad e igualdad vulnerados por las entidades accionadas, al referir el accionante que, su nieto EMQO le fue diagnosticado i) autismo en la niñez y ii) perturbación de la actividad y de la atención y le fue ordenado por su médico tratante en Psiquiatría infantil, adscrita al Hospital Psiquiátrico San CamiloTerapia de modificación de conducta tipo Aba, por psicología .Micc. 20 horas semanales distribuidas: 12 horas semanales de manejo de inclusión escolar en el aula (4 horas por día) y 8 horas de manejo de otros programas como parenting o en centro o ambiente natural EIBI (otros dos días 4 horas por día); terapias de neurodesarrollo ocupacional, lenguaje y de integración sensorial 2 sesiones. Semanales en bloque. Neurología Pediátrica.

Las anteriores ordenes médicas, fueron radicadas ante la Dirección de sanidad de

la policía nacionalRegional de aseguramiento No 5Unidad prestadora de salud – Santander, el 11 de febrero de 2025, junto con el formato de solicitud y justificaciónSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333004-2025-00054-01

2 ante el comité científico de procedimientos, dispositivos médicos, servicios y tecnologías en salud que no hacen parte del plan de servicios del SSMP del 12 de febrero de 2025, debidamente diligenciado por la Dra. Oviedo Acevedo Heidi CelinaPsiquiatría Infantil.

Refiere que, la Dirección de sanidad de la policía nacional, mediante oficio GS-2025DESAN de fecha 28 de febrero de 2025, suscrita por el señor Leonardo Vega Cala, Jefe de la Regional de Aseguramiento en salud N.º 5encargado informa que las terapias de modificación de conducta tipo ABA , no se encuentran incluidas dentro del plan de servicios de salud del subsiste ma de la policía nacional, señalando realizar el debido proceso en la autorización de los servicios q ue requiera el niño EMQO sin indicar cual es.

Cuenta que en otrora oportunidad presentaron tutela contra la Direccion de sanidad de la policía nacionalregional de aseguramiento Nº5unidad prestadora de salud Santander –Policía nacional, conocida por el Juzgado 02 penal del circuito especializado de Bucaramanga, bajo radicado 2024 -00041 y NI. 59 26, definida mediante sentencia del 23 de mayo de 2024 en la que se tutelaron los derechos fundamentales allí invocados y se ordenó “SEGUNDO. ORDENAR A LA REGIONAL

mediante sentencia del 23 de mayo de 2024 en la que se tutelaron los derechos fundamentales allí invocados y se ordenó “SEGUNDO. ORDENAR A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO Nº5PONAL para que en el término de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, proceda a autorizar y asi gnar el TUTOR SOMBRA, al niño EMQO, a fin de que pueda reincorporarse a sus jornadas de estudio en el colegio al que asiste y continue su proceso de inclusión escolar”.

Atendiendo el amparo constitucional, presentaron incidente de desacato con el fin de que la accionada autorizara la terapia de modificación de conducta tipo ABA ordenada por el médico tratante el pasado 11 de febrero de 2015 . El Juez de conocimiento mediante auto del 03 de octubre de 2024, dispuso abstenerse de continuar el trámite incidental, atendiendo que la orden constitucional era respecto al tutor sombra, lo que derivó en esta nueva acción constitucional.

Precisa que, su nieto EMQO quien tiene 6 años de edad, desde hace un año, no recibe la terapia de modificación de conducta tipo ABA, ordenadas por su médico tratante y sugeridas por los docentes de la institución donde estudia, atendiendo que presenta dificultad en el aprendizaje, se torna violento y a veces no quiere ingresar al aula de clase. El niño convive con sus abuelos y su padre.

Contestación a la Demanda

La Procuraduría 6 Judicial II para la Defensa de la Infancia y Adolescencia, Familia y Mujer 1, allega informe señalando que se atiene a lo que resulte probado

Contestación a la Demanda

La Procuraduría 6 Judicial II para la Defensa de la Infancia y Adolescencia, Familia y Mujer 1, allega informe señalando que se atiene a lo que resulte probado durante el trámite constitucional. En cuanto a las pretensiones incoadas por el señor Quezada Ramírez como agente oficioso de su nieto E.M.Q.O, la agencia ministerial no se opone a la prosperidad de las mismas, siempre y cuando se acredite que los derechos del menor han sido quebrantados por la entidad accionada Ministerio de Defensa, Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Regional de Aseguramiento en Salud N° 5, Jefe Unidad Prestadora de Salud Santander Policía Nacional, dado que el mismo es un sujeto de especial protección constitucional.

Refiere que, es el Juez en su autonomía y sana critica quien debe analizar las pruebas arrimadas, y con fundamento en la norma vigente y la jurisprudencia

1 Fl.006 del expediente digitalSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333004-2025-00054-01

3 constitucional determinar si se cumplen los presupuestos para acceder o no a las pretensiones.

Finalmente solicita se les desvincule de la acción tuitiva de la referencia, por cuanto la Procuraduría de Familia, no ha vulnerado derecho alguno.

Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 5 -Policia Nacional 2 rinde informe señalando que, dicha jefatura impartió instrucciones a través de la Oficina de Referencia y Contrarreferencia de esa unidad para que procedieran a la provisión de las prestaciones médicas que requerían los tutelistas.

señalando que, dicha jefatura impartió instrucciones a través de la Oficina de Referencia y Contrarreferencia de esa unidad para que procedieran a la provisión de las prestaciones médicas que requerían los tutelistas.

Refiere que, atendiendo la tutela como mecanismo excepcional, no puede convertirse los despachos judiciales en instancias autorizadoras de servicios médicos en las dependencias de referencia y contrarreferencia.

Admiten que, les resulta extraño que actualmente la Regional de Aseguramiento en Salud, tiene contrato vigente con la entidad PALLANA -CENTRO TERAPEUTICO DE ESTIMULACION DE LA INTELIGENCIA S.A.S, para la prestación de servicios de red externa de rehabilita ción profesional (vocacional) familiar, escolar o laboral, contrato 068 -7-200153-24, inclusive con presupuesto vigente para garantizar los servicios médicos que se dispongan por los galenos, se observa que el usuario no envió adecuadamente los documentos s olicitados por el comité técnico científicoCTC., al ser el insumo pretendido un servicio que registra como NO POS ( según lo establecido en el art. 11 de la Resolución N° 057 del 7.02.2014)

No obstante, asegura que, si bien existió omisión de los deberes del usuario, se procedió a realizar las gestiones tendientes al cumplimiento de la medida provisional emanada por el Juez de Instancia, materializada con la elaboración de autorización de servicios médicos para la terapia de modificación de conducta tipo ABA, con la respectiva notificación, informando que el servicio esta disponible a partir del 18 de marzo de 2025.

Solicita se inste al accionante, para que cumpla sus obligaciones y responsabilidades como usuario y proceda a programar la entrega del servicio con

respectiva notificación, informando que el servicio esta disponible a partir del 18 de marzo de 2025.

Solicita se inste al accionante, para que cumpla sus obligaciones y responsabilidades como usuario y proceda a programar la entrega del servicio con la entidad de red externa contratada PALLANA de acuerdo a su necesidad.

Solicita i) se nieguen las pretensiones al configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado por cuanto las solicitudes (autorizaciones) requeridas a través del presente tramite ya fueron atendidas por la Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 con ocasión de su cargo; ii) la desvinculación de la Direccion de Sanidad por falta de legitimación en la causa por pasiva y carecer de competencia por ser una dependencia del orden nacional; iii) en caso de acceder a la protección de los derechos fundamentales, se faculte a la Direccion de Sanidad de la Policia Nacional Regional de Aseguramiento en salud N° 5 para recobrar ante la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES -antes FOSYGA para la eventualidad de autorizar por vía tutela procedimientos, insumos, medicamentos, servicios u otros que no estén contemplados dentro del plan de beneficios.

Sentencia de Primera Instancia 3

2 Fl. 008 expediente digital 3 Índice 00014 SamaiSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333004-2025-00054-01

4 El Juzgado Cuarto administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga , en sentencia del 27 de marzo de 2025 , resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados y resolvió: “(…)

4 El Juzgado Cuarto administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga , en sentencia del 27 de marzo de 2025 , resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados y resolvió: “(…)

SEGUNDO -. ORDENASE a MINISTERIO DE DEFENSA - DIRECCION DE

SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO

EN SALUD SANTANDER No 5 POLICIA NACIONA, JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER POLICIA NACIONAL para que coordinadamente le garanticen y brinden a EMQO la ATENCION INTEGRAL EN SALUD, entiéndase los requerimientos a que hubiere lugar, incluidos los medicamentos, exámenes, procedimientos, consultas especializadas y en general todos los servicios médicos que hayan sido ordenados por los profesional es de la salud tratantes para la atención de su patología.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones solicitadas por la parte actora, de acuerdo a la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. EXHORTAR al accionante para que, en futuras solicitudes de servicios médicos dentro del subsistema de salud de la Policia Nacional, cumpla con los lineamientos y requisitos administrativos establecidos, garantizando la correcta radicación de los documentos e xigidos por el Comité Técnico Científico (CTC) y demás instancias competentes, evitando así dilaciones innec esarias en la prestación del servicio. (...) ”.

El A quo consideró que , atendiendo la respuesta proferida por la Regional de Aseguramiento en salud, la negativa inicial tuvo lugar a que la accionada si bien

prestación del servicio. (...) ”.

El A quo consideró que , atendiendo la respuesta proferida por la Regional de Aseguramiento en salud, la negativa inicial tuvo lugar a que la accionada si bien cuenta con un contrato vigente con PALLANA CENTRO TERAPE UTICO DE ESTIMULACION DE LA INTELIGENCIA S.A.S para la prestación de servicios de rehabilitación profesional, familiar, escolar o laboral, y con presupuesto disponible, el usuario incumplió sus deberes y no presentó adecuadamente los documentos requeridos por el Comité Técnico Científico (CTC). Advierte que la accionada en cumplimiento de la medida provisional ordenad a por el Juzgado, gestionó la autorización de la terapia de modificación de conducta tipo ABA, siendo notificado el usuario a quien se le informa que el servicio estará disponible a partir del 18 de marzo de 2025.

El Juez de instancia considero conveniente, atendiendo el diagnóstico del niño EMQO y las complicaciones que se pueden presentar en su manejo, así como la necesidad de nuevos controles para el tratamiento de la misma, ordenar la atención integral en salud que requiera ( entiéndase consultas médicas, exámenes, suministro de medicamentos, hospitalización ordenadas etc.) para que se le brinde una adecuada recuperación, conforme a las prescripciones que el médico tratante efectúe para tal fin.

Igualmente, exhorto al accionante, cumplir a cabalidad los deberes que tiene como usuario y cumplir los lineamientos y requisitos administrativos establecidos para la correcta radicación de documentación exigidos por el Comité Técnico Científico (CTC) y demás instancias competentes que eviten dilaciones innecesarias en la prestación del servicio.

correcta radicación de documentación exigidos por el Comité Técnico Científico (CTC) y demás instancias competentes que eviten dilaciones innecesarias en la prestación del servicio.

La Impugnación 4

4 Índice 00020 SamaiSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333004-2025-00054-01

5 El Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 5, El Teniente Coronel Ricardo Pico Figueredo, Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 5 de la Policía Nacional, impugna el fallo de tutela de primera instancia que amparó los derechos de salud del menor E.M.Q.O., representado por Jaime Quezada Ramírez.

La entidad impugnante sostiene que , ha brindado atención integral en salud al menor, y que el fallo de primera instancia incurre en error al presumir la existencia de una vulneración de derechos fundamentales ; argumentando la inexistencia de un perjuicio irremediable , dado que no se ha demostrado afectación inminente, grave o actual de los derechos del menor que justifique el uso de la tutela como mecanismo transitorio.

Precisa que, s e ha cumplido con la prestación de servicios médicos requeridos, y cualquier falta en la continuidad o entrega oportuna se debe al incumplimiento de los deberes del usuario, como radicar las órdenes médicas o solicitar autorizaciones, lo cual es obligación del acudiente.

Recalca la existencia de error inducido al juez de primera instancia, ya que presuntamente fue engañado por el accionante, quien ocultó que omitió cumplir los procedimientos mínimos exigidos para acceder a los servicios. Reitera que e l

Recalca la existencia de error inducido al juez de primera instancia, ya que presuntamente fue engañado por el accionante, quien ocultó que omitió cumplir los procedimientos mínimos exigidos para acceder a los servicios. Reitera que e l tratamiento integral ha sido garantizado, incluso se prestaron terapias ABA, aunque no estén incluidas en el Plan Básico de Salud, y se realizaron gestiones a pesar de la falta de cumplimiento del usuario.

Solicita la desvinculación de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la Regional de Aseguramiento No. 5 por falta de legitimación en la causa por pasiva, alegando que la responsabilidad directa corresponde a las Unidades Prestadoras de Salud y no a la direcc ión central y como petición especial expone que, en caso de mantenerse la decisión, solicita que se autorice a la Dirección de Sanidad a recobrar ante ADRES los costos de servicios no incluidos en el plan de beneficios.

Finalmente, solicita se revoque el fallo de tutela, se desvinculen las entidades mencionadas de la acción constitucional, y se exhorte al accionante al cumplimiento de sus deberes como usuario del sistema de salud.

CONSIDERACIONES Acerca de la Competencia

Esta Corporación es competente para decidir el recurso de impugnación objeto de esta providencia, en virtud del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Problema Jurídico

La Sala procederá a determinar si: ¿El Ministerio de DefensaDireccion de Sanidad de la Policia Nacional – Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 -Policia NacionalJefe Unidad Prestadora de Salud Santander -Policia Nacional, en garantía

de la Policia Nacional – Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 -Policia NacionalJefe Unidad Prestadora de Salud Santander -Policia Nacional, en garantía al derecho fundamental a la salud, educación inclusiva de persona en situación de discapacidad y principio de integralidad y continuidad servicios salud del niño E.M.Q.O, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista debe garantizar la prestación de un tratamiento integral?

Tesis: Si.

5 Índice 00022 SamaiSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333004-2025-00054-01

6 Solución al Problema Jurídico Planteado

El artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 le señala al juez las pautas a seguir para resolver la impugnación de un fallo de tutela, al precisar que: “El Juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […] Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […].

En ese sentido, hecho el cotejo, el Tribunal encuentra que la decisión de primera instancia debe ser confirmada , por las razones que se exponen a continuación:

De conformidad con los artículos 86 de la Constitución, 6° del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es (i) improcedente si existe un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico sometido a decisión y no existe el riesgo de que opere un perjuicio irremediable

mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico sometido a decisión y no existe el riesgo de que opere un perjuicio irremediable respecto de los derechos alegados. A esta regla general, se suman dos hipótesis específicas, conforme a las cuales: (ii) el amparo es procedente de forma definitiva, si no exist en medios judiciales de protección que sean idóneos y eficaces para resolver el asunto sometido a consideración del juez; y, (iii) la acción de tutela es procedente de manera transitoria cuando se interpone para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En este caso, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario.

En el caso sub examine, tenemos que la acción de tutela presentada por Jaime Quezada Ramírez agente oficioso del niño E.M.Q.O cumple respectivamente con los requisitos de procedencia de legitimación por activa y por pasiva e inmediatez, puesto que fue instaurada ( i) por el señor Quezada Ramírez en procura de los intereses del niño E.M.Q.O atendiendo su minoría de edad (6 años) ; (ii) contra entidad pública debidamente vinculada, como lo es el Ministerio de DefensaDireccion de Sanidad de la Policia Nacional, Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Santander No 5 Policia Nacional, Jefe Unidad Prestadora de Salud Santander Policia Nacional; y (iii) por un lado, la orden médica prescrita por la especialista en psiquiatría pediátrica es del 07 de febrero de 2025, radicadas el 11.02.2025 con

Policia Nacional; y (iii) por un lado, la orden médica prescrita por la especialista en psiquiatría pediátrica es del 07 de febrero de 2025, radicadas el 11.02.2025 con respuesta mediante oficio GS-2025 043259-DESAN del 28 de febrero de 2025 donde se le indicó el trámite a seguir respecto a la autorización del servicio requerido y por el otro, la acción de tutela fue instaurada el 13 de marzo de 2025. Esto es, entre el primero de los eventos y la presentación del recurso de amparo transcurrieron 12 días, lo cual es un término razonable y oportuno, teniendo en c uenta que para la fecha en comento el niño E.M.Q.O aún no recibía sus terapias, lo que lleva a inferir una posible vulneración de los derechos invocados , máxime cuando el objetivo primordial de la acción de tutela se encuentra orientado hacia la protección actual, inmediata y efectiva de derechos fundamentales.

Ahora bien, en relación con el requisito de subsidiariedad (iv) el accionante alega la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, vida, educación inclusiva de persona en situación de discapacidad, principio de integralidad y continuidad en los servicios de salud, derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad e igualdad de su nieto E.M.Q.O, por cuanto la accionada antepone el lleno de unos trámites administrativos previos requeridos por el Comité Técnico Científico (CTC) para autorizar la Orden prescrita por su médico tratante de Terapias ABA.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333004-2025-00054-01

7

para autorizar la Orden prescrita por su médico tratante de Terapias ABA.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333004-2025-00054-01

7 El derecho fundamental a la salud. Especial protección constitucional a niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. Reglas para la atención integral de aquellos con Trastorno del Espectro Autista. El artículo 49 de la Constitución Política consagra y regula el derecho a la salud, imponiendo obligaciones específicas al Estado: organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio bajo principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; regular la participación de entidades privadas y ejercer vigilanci a y control sobre ellas; y establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares para la atención en salud, de manera descentralizada y con especial cuidado. La jurisprudencia constitucional ha entendido a la salud como un derecho fundamental y como un servicio público a cargo del Estado. La Corte Constitucional ha indicado que es un derecho porque tiene una serie de contenidos que conllevan una obligación de garantía irrenunciable e imprescriptible, que debe prestarse de manera continua e integral. Además, es un servicio público en tanto que su prestación corresponde, en gran medida, al Estado, quien lo dirige, coordina y controla6. Ello significa obligaciones para quien es responsable de su provisión y que esta debe atender los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

La Ley 1715 de 2015 en su artículo 6 dispone cuatro elementos esenciales de la salud: disponibilidad, aceptabilidad, calidad y accesibilidad. La disponibilidad se refiere a la existencia de planes y programas, así como servicios y tecnologías,

La Ley 1715 de 2015 en su artículo 6 dispone cuatro elementos esenciales de la salud: disponibilidad, aceptabilidad, calidad y accesibilidad. La disponibilidad se refiere a la existencia de planes y programas, así como servicios y tecnologías, junto con personal médico para garantizar la atención en salud. La aceptabilidad implica que se atienda a las circunstancias particulares de quien lo requiere, bajo su diversidad cultural y personal. Por su parte, la calidad constituye un estándar para la prestación de los servicios, al cual deben responder tanto las instituciones prestadoras de salud como los servicios y tecnologías del sistema. Por último, la accesibilidad hace alusión a que los servicios y tecnologías en salud deben prestarse en condiciones de igualdad, desde un punto de vista físico, económico y cultural.

Por su parte e l artículo 10 de dicha le y, reconoce derechos específicos en la prestación del servicio de salud, a saber: (a) acceder a los servicios y tecnologías de salud que garanticen una atención integral; (b) recibir prestaciones de salud en las condiciones y términos consagrados en la ley; (c) la provisión y acceso oportuno a los servicios, tecnologías y medicamentos; (d) no ser sometido a tratos crueles o inhumanos que afecten su dignidad, ni a ser obligado a soportar sufrimiento evitable, ni a padecer enfermedades que pueden recibir tratam iento; (e) recibir los servicios de salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto a su intimidad y (f) recibir un trato digno, que respete las creencias y costumbres del usuario, así como las opiniones personales que tengan sobre los procedimientos7. Respecto a la integralidad del servicio, el artículo 8 ejusdem establece que la

un trato digno, que respete las creencias y costumbres del usuario, así como las opiniones personales que tengan sobre los procedimientos7. Respecto a la integralidad del servicio, el artículo 8 ejusdem establece que la atención en salud no puede fragmentarse, debiendo ser completa para prevenir, paliar o curar enfermedades, independientemente del origen o sistema de cobertura. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el tratamiento integral , debe prestarse de forma ininterrumpida, completa, diligente y oportuna, conforme a las órdenes médicas, y ha definido tres criterios para acceder a este tratamiento: (i)

6 Sentencia T-192 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 7 Sentencia SU-475 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333004-2025-00054-01

8 negligencia de la EPS, (ii) existencia de órdenes médicas claras, y (iii) condición de especial protección del paciente o gravedad extrema de su estado de salud. También el máximo Tribunal Constitucional ha precisado que el tratamiento integral conlleva la atención en salud de manera “ ininterrumpida, completa, diligente, oportuna y con calidad”8, la cual a su vez debe estar orientada a cumplir cabalmente las órdenes emitidas por los médicos tratantes. De acuerdo con la jurisprudencia, se han fijado tres criterios que deben verificarse para acceder al tratamiento integral: “(i) la EPS fue negligen te respecto a sus obligaciones con el paciente; (ii) la existencia de órdenes médicas con especificaciones tales como, diagnósticos, insumos o servicios requeridos; y (iii) la calidad de sujeto de especial protección

“(i) la EPS fue negligen te respecto a sus obligaciones con el paciente; (ii) la existencia de órdenes médicas con especificaciones tales como, diagnósticos, insumos o servicios requeridos; y (iii) la calidad de sujeto de especial protección constitucional del accionante o su esta do extremadamente grave de salud” 9. En estos eventos, resulta procedente la protección constitucional bajo la garantía de tratamiento integral.

El acceso a la salud y su tratamiento integral se ve reforzado cuando se trata del derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes, al tratarse de sujetos de especial protección constitucional. En particular, la Ley Estatutaria de Salud dispone, en su artículo 11, que la atención en salud tanto de los niños, niñas y adolescentes como de las personas en situación de discapacidad no puede verse restringida por ningún tipo de limitación administrativa o económica10. Además, su cobertura en salud comprende los derechos a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas responsables de su cuidado y atención11. En últimas, el derecho a la salud debe entenderse como el disfrute de todos los bienes y servicios que garanticen el nivel más alto de disfrute para vivir dignamente y las garantías previstas en el artículo 44 superior, lo que incluye el desarrollo armónico e integral de niños, niñas y adolescentes.

Estas garantías diferenciadas específicas se resumen en la Sentencia SU -475 de 2023 de la siguiente manera: “ (i) el derecho a recibir cuidados especiales y adecuados de acuerdo con los diferentes ciclos vitales que garanticen la eliminación o disminución de las limitaciones en las actividades de la vida diaria de forma

2023 de la siguiente manera: “ (i) el derecho a recibir cuidados especiales y adecuados de acuerdo con los diferentes ciclos vitales que garanticen la eliminación o disminución de las limitaciones en las actividades de la vida diaria de forma expedita; (ii) el mandato de protección a la salud prevalente y prioritaria, que exige que la atención en salud de los niños, niñas y adolescentes, en adelante NNA, en situación de discapacidad sea prestada de forma inmediata sin obstáculos legales, administrativos o económicos de ninguna índole, y (iii) la garantía cualificada del principio de integralidad, lo que implica que las entidades del SGSSS y el juez constitucional deben aplicar un enfoque diferencial y están llamados a flexibilizar los requisitos para el otorgamiento de los servicios y las tecnologías en salud”.

A pesar de la garantía cualificada del principio de integralidad y su énfasis en la situación de niños, niñas y adolescentes, la Ley Estatutaria de Salud y el Decreto Ley 4107 de 2011 radican en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social el establecimiento de un Plan de Beneficios en Salud (PBS). Este esquema de aseguramiento define los servicios y tecnologías a los que tienen derecho los

8 Sentencia T-611 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 9 Sentencia T-099 de 2023 M.P. Juan Carlos Cortés González. 10 Ibidem. 11 Ley 1098 de 2006, artículo 36.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333004-2025-00054-01

9 usuarios del sistema de salud para la prevención, paliación y atención de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas.

Expediente No. 680013333004-2025-00054-01

9 usu