TA SAN - Sentencia 680013333004-2025-00063-01 (13-06-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

1 Se omite la identificación de la accionante y su familia, con el fin de proteger su derecho fundamental a la intimidad y en c umplimiento de lo dispuesto en los arts. 15 de la Constitución Política, 24.3 del CPACA y 18, literal a), de la Ley 1581 de 2012

ACCIÓN: TUTELA ACCIONANTE: TARSIS NIETO HERNÁNDEZ, identificada con cédula de

ciudadanía No. 1.098.672.152 ; en representación de su hijo I.D.J.N.1 itamardavidnietohernandez@gmail.com;

ACCIONADAS:

- NUEVA E.P.S

secretaria.general@nuevaeps.com.co;

- SUPERINTENDENCIA DE SALUD

snstutelas@supersalud.gov.co; snsnotificacionesjudiciales@supersalud.gov.co; correointernosns@supersalud.gov.co;

- UGANEP S.A.S

calidad@uganep.com;

- OFFIMEDICAS S.A.

notificaciones.judiciales@offimedicas.com; atencionalusuario@offimedicas.com;

- CLINICA GIRON E.S.E

notificacionjudicial@giron-santander.gov.co;

- CLINICA COMUNEROS

notificaciones.judiciales@loscomuneroshub.com;

VINCULADOS:

atencionalusuario@offimedicas.com;

- CLINICA GIRON E.S.E

notificacionjudicial@giron-santander.gov.co;

- CLINICA COMUNEROS

notificaciones.judiciales@loscomuneroshub.com;

VINCULADOS:

- ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN

SALUD - ADRES

notificaciones.judiciales@adres.gov.co;

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co;

- SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE

SANTANDER

salud@santander.gov.co; notificaciones@santander.gov.co;

- IPS FARMACIA UNICA OFFIMEDICAS

notificaciones.judiciales@offimedicas.com;

- IPS INSTITUTO DE CORAZON DE BUCARAMANGA

SAS SEDE AMBULATORIA

gerencia@institutodelcorazon.com;

RADICADO Y

ENLACE DEL

EXPEDIENTE DIGITAL: 680013333-004-2025-00063-01

TEMA:

Derecho a la salud con atención integral. Se confirma la sentencia de primera instancia. No hay lugar a revocar la orden de tratamiento integral ante la necesidad de asegurar que el accionante reciba una atención oportuna y completa en su tratamiento de diabetes mellitus, conformeASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00063-01

ACCIONANTE: TARSIS NIETO HERNÁNDEZ

ACCIONADAS: NUEVA EPS Y OTROS

VINCULADOS: ADRES Y OTROS

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Se decide la impugnación formulada por las entidades accionadas contra la sentencia proferida el 8 de abril de 2025 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado; remitida al Despacho ponente el 13 de mayo de 2025, según acta de reparto, la cual se muestra en la actuación 03 del expediente digital cargado en el sistema judicial SAMAI2.

I. ANTECEDENTES

A. El escrito de tutela3

1. Pretensiones La parte accionante, en calidad de agente oficiosa de su hijo I.D.J.N., solicita la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y al mínimo vital con tratamiento integral, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados por la Nueva EPS, la Superintendencia Nacional de Salud, la UGANEP S.A.S., Offimédicas S.A., la Clínica Girón E.S.E. y la C línica Comuneros, debido a las presuntas dilaciones en la expedición de órdenes para las citas médicas especializadas, el acceso a medicamentos y elementos de salud, así como en la prestación del tratamiento integral relacionado con su diagnóstico de diabetes mellitus.

2. Hechos La parte accionante manifiesta que el joven I.D.J.N. ha sido diagnosticado con diabetes mellitus de por vida y requiere tratamiento constante, suministro de insulina,

relacionado con su diagnóstico de diabetes mellitus.

2. Hechos La parte accionante manifiesta que el joven I.D.J.N. ha sido diagnosticado con diabetes mellitus de por vida y requiere tratamiento constante, suministro de insulina, citas médicas especializadas y el uso de una bomba de insulina, pues es insulinodependiente, y la falta de estos elementos pone en riesgo su vida.

Precisa que, hasta la fecha, no ha recibido la bomba de insulina solicitada, no se han agendado las citas con los especialistas en endocrinología, gastroenterología, anestesiología, cardiología pediátrica, psicología y nutrición, y no se ha entregado la totalidad de los medicamentos formulados. Añade que interpuso queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, pero esta no ha realizado la vigilancia adecuada sobre las EPS e IPS involucradas, ni ha impuesto las sanciones correspondientes por los incumplimientos en la prestación de los servicios médicos.

B. Informes de la parte accionada y de las vinculadas

1. La UGANEP S.A.4 se opone a las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se ha acreditado la afectación alegada respecto a su actuación.

Precisa que la imposibilidad de agendar los servicios médicos solicitados se debe a la cancelación de las agendas médicas por incumplimiento contractual con la Nueva E.P.S., lo que no le es atribuible. Añade que su actuación se enmarca en los contratos suscritos con las E.P.S. y que no tiene facultad para autorizar procedimientos médicos, exámenes, tratamientos, citas, terapias ni la entrega de medicamentos. Resalta que no ha recibido quejas ni reclamos sobre sus actuaciones, lo que, a su juicio, demuestra

exámenes, tratamientos, citas, terapias ni la entrega de medicamentos. Resalta que no ha recibido quejas ni reclamos sobre sus actuaciones, lo que, a su juicio, demuestra que ha cumplido con cabalidad sus funciones.

2 Expediente digital en SAMAI. Índice 02. Documento: 1ED_ActadeReparto483292p(.pdf) 3 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 3, documento denominado: 4ED_DemandaAnexos251pdf 4 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 6. a las prescripciones que el médico tratante realice para tal

fin.ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00063-01

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VINCULADOS: ADRES Y OTROS

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2. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES5 solicita su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Argumenta que son las EPS las responsables de garantizar a sus afiliados el acceso a los servicios de salud con calidad, oportunidad y eficiencia, y que, por lo tanto, no es responsable de la violación de los derechos fundamentales invocados. Aclara que la cobertura integral del servicio de salud está financiada a través del Plan de Beneficios en Salud, por lo que no procede ninguna solicitud de recobro por parte

es responsable de la violación de los derechos fundamentales invocados. Aclara que la cobertura integral del servicio de salud está financiada a través del Plan de Beneficios en Salud, por lo que no procede ninguna solicitud de recobro por parte de la EPS.

3. La Nueva EPS6 corrobora que el joven I.D.J.N. está afiliado al sistema de salud bajo el régimen subsidiario.

Asegura que los servicios solicitados han sido direccionados y autorizados a diversas IPS dentro de su red de prestadores contratados, que incluyen especialistas en endocrinología pediátrica, psicología, anestesiología, cardiología pediátrica, nutrición y dietética, así como exámenes de laboratorio, procedimientos diagnósticos y medicamentos, lo que, en su opinión, demuestra su gestión para garantizar los servicios médicos solicitados. En cuanto a la pretensión de tratamiento integral, resalta que cuenta con un modelo de acceso a los servicios mediante urgencia o a través de la IPS primaria asignada a cada afiliado, lo que garantiza la atención integral. Asimismo, argumenta que la intervención del juez solo procedería en caso de que exista una orden médica específica y una negligencia en la prestación del servicio, situación que, según la EPS, no se ha presentado en este caso, ya que asegura que se ha garantizado el acceso a los tratamientos conforme a los mecanismos establecidos en la normativa vigente.

4. El Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A.7 sostiene que no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados, pues su intervención en el caso se limita a una consulta con hemodinamia pediátrica que fue autorizada por la Nueva E.P.S., por lo que no existe ninguna actuación pendiente que pueda constituir una vulneración de derechos.

derechos fundamentales alegados, pues su intervención en el caso se limita a una consulta con hemodinamia pediátrica que fue autorizada por la Nueva E.P.S., por lo que no existe ninguna actuación pendiente que pueda constituir una vulneración de derechos. Precisa que las patologías mencionadas en el área de endocrinología no están dentro de su ámbito de acción, que se centra en la cardiología, y que la única intervención realizada en relación con el joven I.D.J.N. fue una ecocardiografía pediátrica. Resalta que la acción está dirigida contra la Nueva E.P.S., entidad que tiene la responsabilidad de garantizar los servicios solicitados, ya que no está dentro de sus facultades autorizar tratamientos, medicamentos, servicios de transporte, alojamiento, alimentación, enfermería, ambulancia ni exoneraciones económicas.

5. La Superintendencia Nacional de Salud 8 solicita su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que los hechos denunciados no derivan de acciones u omisiones atribuibles a dicha entidad.

Enfatiza que su papel se limita a la inspección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud, sin que le corresponda directamente garantizar la

5 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 8. 6 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 9. 7 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 12. 8 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 13.ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA

8 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 13.ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00063-01

ACCIONANTE: TARSIS NIETO HERNÁNDEZ

ACCIONADAS: NUEVA EPS Y OTROS

VINCULADOS: ADRES Y OTROS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander prestación de servicios médicos, subrayando que no es un ente jerárquicamente superior a las EPS. Refiere que, frente a la protección constitucional de los menores , ha emitido instrucciones para inaplicar las restricciones del POS cuando frente a los casos que involucren derechos fundamentales de niños y niñas.

C. Sentencia de primera instancia9

Mediante providencia del 8 de abril de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga amparó los derechos fundamentales invocados, así: PRIMERO. TUTÉLANSE los derechos fundamentales a la salud por conexidad con el derecho fundamental a la vida, al mínimo vital con TRATAMIENTO INTEGRAL a IDJN , por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. ORDÉNASE a NUEVA E.P.S, SUPERINTENDENCIA DE SALUD,

UGANEP S.A.S, OFFIMEDICAS S.A, CLINICA GIRON E.S.E, CLINICA

COMUNEROS, ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, MINISTERIO DE

SALUD Y PROTECCION SOCIAL, SECRETARIA DE S ALUD

COMUNEROS, ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, MINISTERIO DE

SALUD Y PROTECCION SOCIAL, SECRETARIA DE S ALUD

DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, IPS FARMACIA UNICA OFFIMEDICAS, IPS INSTITUTO DE CORAZON DE BUCARAMANGA SAS SEDE AMBULATORIA para que en coordinadamente le garanticen y brinden a IDJN la ATENCION INTEGRAL EN SALUD, entiéndase los requerimientos a que hubiere lugar, incluidos los medicamentos, exámenes, procedimientos, consultas especializadas y en general todos los servicios médicos que hayan sido ordenados por los profesionales de la salud tratantes para la atención de su patología, con exclusión de pago de cuota moderadora frente a la prestación de los servicios médicos relacionados con estas enfermedades, de acuerdo con el tratamiento médico prescrito y, que ya viene siendo objeto de examen y seguimiento por la EPS en la que se encuen tra actualmente afiliada, debiendo autorizar -sin dilacionesel suministro de todos los tratamientos, medicamentos, intervenciones, terapias, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y, en general, cualquier servicio, PBS o NO PBS, que prescriba su médico tratante.

Como fundamento de su decisión, el a quo precisó que, a pesar de que las entidades se pronunciaron frente a la acción de tutela, omitieron referirse a las órdenes médicas, procedimientos y citas solicitadas. Precisó que, frente a la Superintendencia Nacional de Salud, no se acreditaron actuaciones concretas respecto a la queja presentada por el accionante, ni medidas adoptadas frente a las presuntas irregularidades.

procedimientos y citas solicitadas. Precisó que, frente a la Superintendencia Nacional de Salud, no se acreditaron actuaciones concretas respecto a la queja presentada por el accionante, ni medidas adoptadas frente a las presuntas irregularidades. Por su parte, advirtió que la Clínica Girón E.S.E., Offimédicas S.A., la IPS Farmacia Única Offimédicas, la Clínica Comuneros, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Departamental de Santander guardaron silencio, lo que impidió establecer con certeza su eventual participación o negligencia en los hechos expuestos. Sostuvo, respecto a la atención integral, que, en virtud de la enfermedad que padece el joven I.D.J.N., es necesario ordenar la atención integral en salud, para brindarle una adecuada recuperación, conforme a las prescripciones que el médico tratante disponga para tal fin. En relación con el cobro de cuotas moderadoras y de recuperación, advirtió que estas son legítimas siempre que no obstruyan ni limiten el acceso a los servicios de salud

9 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 14.ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00063-01

ACCIONANTE: TARSIS NIETO HERNÁNDEZ

ACCIONADAS: NUEVA EPS Y OTROS

VINCULADOS: ADRES Y OTROS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander de la población más pobre y vulnerable, por lo que deben ser exceptuadas de su pago

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander de la población más pobre y vulnerable, por lo que deben ser exceptuadas de su pago aquellas personas que, debido a su precaria condición económica, no pueden asumirlas, como en este caso. De lo contrario -agrega-, dichas cuotas se convertirían en barreras arbitrarias para acceder al servicio de salud.

D. Las impugnaciones

1. La Nueva E.P.S. 10 reitera que la acción es improcedente por no evidenciarse omisión en la prestación de los servicios médicos solicitados. Argumenta que estos han sido gestionados, direccionados y autorizados conforme a la normativa vigente, por lo que, al encontrarse en trámite o ya autorizados, la tutela pierde su razón de ser.

Añade que muchos de los servicios solicitados corresponden a tecnologías no PBS, las cuales deben ser prescritas por el médico tratante a través del aplicativo MIPRES y, en este caso, no se allegó fórmula médica válida ni registro en dicho sistema, lo que impide la autorización o entrega de los servicios.

2. El Instituto del Corazón de Bucaramanga11 solicita que se revoque parcialmente el ordinal segundo de la sentencia impugnada y, en su lugar, se le desvincule de la acción de tutela. Cuestiona que el a quo haya reconocido en las consideraciones de la sentencia impugnada que se acreditó el cumplimiento de las solicitudes de la parte accionante, en lo que respecta a su competencia, pero que igualmente haya proferido órdenes en su contra, especialmente porque estas imponen cargas que no le corresponden. Enfatiza que no tiene competencia para garantizar la entrega de

accionante, en lo que respecta a su competencia, pero que igualmente haya proferido órdenes en su contra, especialmente porque estas imponen cargas que no le corresponden. Enfatiza que no tiene competencia para garantizar la entrega de medicamentos, la realización de exámenes o procedimientos médicos, y que está limitada a las autorizaciones emitidas por la Nueva E.P.S.

3. El Ministerio de Salud y Protección Social12 solicita que se revoque parcialmente el ordinal segundo de la sentencia impugnada y, en su lugar, se le desvincule de la acción de tutela.

Afirma que no presta servicios de salud ni reconoce prestaciones económicas, ya que su función es formular y coordinar políticas públicas en salud, mientras que las funciones de inspección y vigilancia son exclusivas de la Superintendencia Nacional de Salud. Asimismo, la prestación de servicios de salud y la garantía del acceso a tecnologías médicas corresponden a las EPS, en este caso, a la Nueva EPS. Reprocha la orden que dispone el tratamiento integral, pues el fallo de tutela no puede ordenar prestaciones futuras e indeterminadas sin una prescripción médica específica.

4. El Departamento de Santander 13 solicita que se revoque parcialmente el ordinal segundo de la sentencia impugnada y, en su lugar, se le desvincule de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva . Aclara que elaboró el informe de contestación para intervenir en la primera instancia, pero por error involuntario fue radicado erróneamente en el aplicativo judicial SAMAI.

Señala que el fallo le impone obligaciones que exceden sus competencias, ya que sus funciones se limitan a la coordinación, vigilancia y control del servicio, y no incluyen la

radicado erróneamente en el aplicativo judicial SAMAI. Señala que el fallo le impone obligaciones que exceden sus competencias, ya que sus funciones se limitan a la coordinación, vigilancia y control del servicio, y no incluyen la prestación directa ni la realización de afiliaciones al sistema general de salud ni a los procesos de sisbenización.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

La competencia para resolver el recurso de impugnación recae en esta Corporación, según lo dispuesto en los artículos 1° del Decreto 1382 de 2000 y 37 del Decreto 2591

10 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 16. 11 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 17. 12 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 19. 13 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 18ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00063-01

ACCIONANTE: TARSIS NIETO HERNÁNDEZ

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VINCULADOS: ADRES Y OTROS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander de 1991, como quiera que se interpuso contra una sentencia de tutela de primera instancia proferida por un juez administrativo de esta sede judicial.

B. El problema jurídico y su resolución

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander de 1991, como quiera que se interpuso contra una sentencia de tutela de primera instancia proferida por un juez administrativo de esta sede judicial.

B. El problema jurídico y su resolución

De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico:

¿Debe mantenerse la orden de tratamiento integral que fue concedida por el a quo para garantizar el manejo oportuno de la patología que padece el accionante?

Tesis: Sí.

Fundamento: No hay lugar a revocar la orden de tratamiento integral ante la necesidad de asegurar que el accionante reciba una atención oportuna y completa en su tratamiento de diabetes mellitus, conforme a las prescripciones que el médico tratante realice para tal fin. No obstante, una lectura de las competencias de las entidades accionadas y vinculadas permite afirmar que la orden proferida debe recaer exclusivamente sobre la Nueva E.P.S.

En este caso, las pruebas recaudadas permiten establecer que, en primer lugar, persisten dilaciones por trámites administrativos que pone en peligro el derecho fundamental a la salud del actor y; en segundo lugar, se acreditó que el joven I.D.J.N. está diagnosticado con diabetes mellitus, una enfermedad endocrina -metabólica y vascular, crónica, la cual requiere un plan de manejo claro e ininterrumpido.

Ahora, entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Departamental de Santander no tienen la facultad para prestar el servicio de salud, pues su función es de inspección, vigilancia

Ahora, entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Departamental de Santander no tienen la facultad para prestar el servicio de salud, pues su función es de inspección, vigilancia y control. Por otro lado, las IPS como UGANEP S.A.S., Offimedicas S.A., la Clínica Girón, la Clínica Comuneros y el Instituto de Corazón de Bucaramanga, no han mostrado negligencia en su actuación.

C. Marco jurídico

1. Procedencia del tratamiento integral en salud

El tratamiento integral constituye una orden que puede impartir el juez de tutela, cuyo cumplimiento exige una atención continua «ininterrumpida, completa, diligente, oportuna y con calidad» 14 a cargo de las Entidades Prestadoras de Salud. En este sentido, con fundamento en los principios de integralidad y continuidad, la concesión del tratamiento integral obliga a que el servicio de salud incluya de manera permanente todos los componentes que el médico tratante determine con claridad como n ecesarios, ya sea para la recuperación total del paciente o para aliviar las afecciones que afecten su calidad de vida.15

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido unos criterios indispensables para la procedencia de una orden que disponga el acceso al tratamiento integral. Al respecto, ha determinado que el juez de tutela debe verificar, en primer lugar, si la Entidad Prestadora de Salud ha incurrido en negligencia en la prestación del servicio y ha precisado que esta actuación no puede presumirse. Asimismo, ha reiterado que no corresponde al juez constitucional impartir órdenes

en primer lugar, si la Entidad Prestadora de Salud ha incurrido en negligencia en la prestación del servicio y ha precisado que esta actuación no puede presumirse. Asimismo, ha reiterado que no corresponde al juez constitucional impartir órdenes

14 Corte Constitucional, sentencias T-005 de 2023, T-394 de 2021, T-275 de 2020, SU 508 de 2020, T-513 de 2020, T-259 de 2019, T-387 de 2018, entre otras. 15 Corte Constitucional, sentencias T-275 de 2020 y T-727 de 2011ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333004-2025-00063-01

ACCIONANTE: TARSIS NIETO HERNÁNDEZ

ACCIONADAS: NUEVA EPS Y OTROS

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander basadas en la presunción de mala fe por parte de la entidad.16, ni «dictar órdenes sin un sustento médico suficiente»17.

En este sentido, ha indicado que, como segundo criterio, resulta indispensable corroborar la existencia de órdenes médicas emitidas por un profesional de la salud, en las cuales se especifiquen los servicios requeridos por el paciente. Dichas órdenes deben «incluir todos los elementos específicos (servicios o tecnologías en salud, entre otros) que el médico tratante prescriba y que, conforme a su criterio especializado, sean necesarios de manera continua» 18 para conservar o restablecer la salud del

deben «incluir todos los elementos específicos (servicios o tecnologías en salud, entre otros) que el médico tratante prescriba y que, conforme a su criterio especializado, sean necesarios de manera continua» 18 para conservar o restablecer la salud del paciente. Adicionalmente, ha determinado que, en el análisis del caso concreto, el juez «está facultado para considerar criterios auxiliares que le permitan evaluar las condiciones particulares del solicitante, tales como su condición de sujeto de especial protección constitucional o la existencia de un estado de salud especialmente precario». 19

Corolario con lo expuesto, la Corte Constitucional ha enfatizado que «[l]a claridad sobre el tratamiento existente es imprescindible» 20, pues el juez de tutela está impedido para pronunciarse sobre aspectos futuros, emitir órdenes indeterminadas y reconocer prestaciones inciertas. En esta misma línea, «le está vedado presumir la mala fe de la entidad promotora de salud en el cumplimiento de sus deberes»21

Por lo anterior, se concluye que la atención integral en salud constituye una obligación ineludible de todas las entidades encargadas de la prestación del servicio público de salud, y su reconocimiento resulta procedente a través de la acción de tutela. En este sentido, para que dicho reconocimiento prospere, es necesario que, conforme al artículo 8622 constitucional, se haya concretado «a priori» una acción u omisión23 que constituya una amenaza o vulneración de algún derecho fundamental, así como la existencia de prescripciones médicas claras y específicas sobre los servicios de salud requeridos por el paciente. De esta forma se garantiza una atención completa y de calidad al usuario, especialmente en casos de sujetos de especial protecció n

existencia de prescripciones médicas claras y específicas sobre los servicios de salud requeridos por el paciente. De esta forma se garantiza una atención completa y de calidad al usuario, especialmente en casos de sujetos de especial protecció n constitucional o de personas que se encuentran en condiciones precarias de salud.

2. Diferencia entre el principio de integralidad y el tratamiento integral El principio de integralidad del sistema de salud fue establecido por el literal d) del artículo 2º de la Ley 100 de 199324 como: «(…) la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este efecto cada quien contribuirá según su capacidad y

16 Corte Constitucional, Sentencia T -264 del 18 de julio de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera: «Ahora bien, sin presumir la mala fe, el juez puede pronunciarse sobre esta posible negligencia de la EPS en la prestación del servicio; de cara a la situación, la Co rte señaló los eventos en que puede suceder: por ejemplo, cuando demora de manera injustif icada el suministro de medicamentos, la programación de procedimientos quirúrgicos o la realización de tratamientos dirigidos a obtener su rehabilitación, poniendo así en riesgo la salud de la per sona, prolongando su sufrimiento físico o emocional, y generando complicaciones, daños permanentes e incluso su muerte». 17 Corte Constitucional, Sentencia T-430 del 23 de octubre de 2023, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 18 Corte Constitucional, Sentencia T-252 del 28 de junio de 2024, M.P. Vladimir Fernández Andrade. 19 Corte Constitucional, Sentencia T-016 del 28 de enero de 2025, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

18 Corte Constitucional, Sentencia T-252 del 28 de junio de 2024, M.P. Vladimir Fernández Andrade. 19 Corte Constitucional, Sentencia T-016 del 28 de enero de 2025, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. 20 Corte Constitucional, Sentencia T-081 del 26 de febrero de 2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 21 Ibidem. 22 Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistir á en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, qu e será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción so lo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, s alvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley estable cerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

23 Corte Constitucional, Sentencia SU-508 del 7 de diciembre de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas: «(…) que l