TA SAN - Sentencia 6800133330042022-00207-01 (28-05-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA

Bucaramanga, veintiocho (28) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 18 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes: i) El municipio de Rionegro suscribió contratos de prestación de servicios sin solución de continuidad con el señor Luis María Cristancho Acosta para MEDIO DE CONTROL: Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO: 680013333004 2022-00207-01

DEMANDANTE: Luis María Cristancho Acosta vialmega@hotmail.com

DEMANDADO:

Municipio de Rionegro notificacionjudicial@rionegro-santander.gov.co contactenos@rionegro-santander.gov.co secretariaprivada@rionegro-santander.gov.co francoabogadousta@hotmail.com

LINK DE EXPEDIENTE

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https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Cas os/list_procesos.aspx?guid=68001333300420220

secretariaprivada@rionegro-santander.gov.co francoabogadousta@hotmail.com

LINK DE EXPEDIENTE

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https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Cas os/list_procesos.aspx?guid=68001333300420220 0207016800123

MINISTERIO PUBLICO:

Procuraduría 159 Judicial II en Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co ASUNTO: Sentencia de segunda instancia TEMA: Relación laboral encubierta. Contrato Realidad. Elemento esencial de la subordinación – se acredita / Caducidad del medio de control de controversias contractuales.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333004 2022-00207-01

prestar sus servicios en el cargo de auxiliar de servicios generales en el colegio Juan Pablo II de manera ininterrumpida del 14 de e nero de 1998 al 7 de mayo de 2003.

1. El 8 de mayo de 2003, por virtud de la Ley 715 de 2001, el Departamento de Santander asumió en su nómina de personal administrativo al señor Luis Maria Cristancho Acosta, así como la responsabilidad laboral y prestacional derivada, por lo que continúo en el ejercicio de sus funciones en igualdad de condiciones a aquellas que venía desarrollando por cuenta del municipio demandado.

1. Durante el término de la relación laboral no se cancelaron las prestaciones sociales y demás derechos laborales al demandante.

1. Las labores desempeñadas siempre se llevaron a cabo bajo la continuada subordinación y dependencia del municipio de Rionegro, por delegación a través del señor rector de la respectiva institución educativa y con el

1. Las labores desempeñadas siempre se llevaron a cabo bajo la continuada subordinación y dependencia del municipio de Rionegro, por delegación a través del señor rector de la respectiva institución educativa y con el cumplimiento del respectivo horario laboral.

1. El 3 de marzo de 2021, el señor Luis María Cristancho Acosta es desvinculado del servicio, toda vez que el cargo que desempeñaba fue sometido a concurso.

2. Pretensiones

Se sintetizan de la siguiente manera:

1. Declarar nulo el acto administrativo ficto o presunto resultante de la configuración del silencio administrativo negativo frente a la falta de respuesta de la petición radicada el 9 de marzo de 2021 ante el municipio de Rionegro, a través de la cual se deniega la petición de pago de las prestaciones sociales correspondientes a los aportes a pensión, deja dos de cancelar entre el 14 de enero de 1998 al 7 de mayo de 2003 en “Colpensiones” como servidor público vinculado a la entidad demandada mediante contrato realidad.

1. Declarar que entre el señor Luis María Cristancho Acosta y el municipio de Rionegro, existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido desde el 14 de enero de 1998 al 7 de mayo de 2003.

1. Declarar que el municipio de Rionegro solamente canceló al señor Luis María Cristancho Acosta un salario mínimo legal vigente durante todo el tiempo en que estuvo vinculado como Auxiliar de servicios Generales, esto es entre el 14 de enero de 1998 al 7 de mayo de 2003.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

María Cristancho Acosta un salario mínimo legal vigente durante todo el tiempo en que estuvo vinculado como Auxiliar de servicios Generales, esto es entre el 14 de enero de 1998 al 7 de mayo de 2003.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333004 2022-00207-01

1. Declarar que el municipio de Rionegro , en su condición de patrono, le adeuda al señor Luis María Cristancho Acosta, los aportes a Seguridad Social Integral en Pensiones en “Colpensiones”, con el respectivo cálculo actuarial por el lapso comprendido entre el 14 de enero de 1998 al 7 de mayo de 2003.

1. Condenar a título de restablecimiento del derecho al municipio demandado a liquidar y pagar a favor del señor Luis Maria Cristancho Acosta, los aportes a Seguridad Social Integral en Pensiones en la administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, con el respectivo cálculo actuarial para el lapso comprendido entre el 14 de enero de 1998 al 7 de mayo de 2003.

1. Condenar a la parte demandada al reconocimiento y pago de gastos procesales, costas y agencias en derecho.

1. Ordenar el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los intereses moratorios como lo ordena el artículo 192 del CPACA.

3. Normas violadas y concepto de violación Se alegan como vulneradas las siguientes: - Artículos 1, 2, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política.

del CPACA.

3. Normas violadas y concepto de violación Se alegan como vulneradas las siguientes: - Artículos 1, 2, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política. - Artículos 1, 6, 22, 23, 24, 65, 199, 145, 147, 186, 192, 2 49 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo. - Ley 52 de 1975. - Ley 50 de 1990. - Artículos 3, 10, 15, 17, 22, 23, 153 y 161 de la Ley 100 de 1993. - Ley 361 de 1997. - Ley 1145 de 2007. - Ley 1618 de 2013. - Decreto 2463 de 2001.

Como concepto de violación se aduce que el cargo de auxiliar de servicios generales que ocupó el demandante, no puede ser desempeñado por el término estrictamente indispensable, pues no tiene las condiciones del tipo de contratos previstos en la Ley 80 de 1993, en igual sentid o, las actividades realizadas siempre tuvieron la misma ubicación física y cumpliendo un horario de labores, por lo que se constituye una verdadera relación laboral encubierta la que desconoce los derechos laborales y prestacionales del demandante.

Adicional a lo anterior, no podía ejercer autónomamente las labores que le asignaba la administración municipal, por el contrario, estaba sometido al cumplimiento deNULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333004 2022-00207-01

órdenes en cuanto al modo de realizar las actividades propias del cargo, tiempo de ejecución, d irección y control efectivo, lo que permite acreditar el elemento de

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órdenes en cuanto al modo de realizar las actividades propias del cargo, tiempo de ejecución, d irección y control efectivo, lo que permite acreditar el elemento de subordinación.

4. Contestación de la demanda Por intermedio de apoderada judicial, el ente accionado se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló los siguientes aspectos:

1. La relación entre el municipio y el demandante se dio bajo el contrato de prestación de servicios profesionales en los términos de la Ley 80 de 1993, por lo que no ge neraba el reconocimiento de prestaciones sociales, ni emolumentos de ningún tipo diferentes a la remuneración.

1. Teniendo en cuenta que lo pretendido son los aportes pensionales dejados de cotizar, o una parte de ellos, tal emolumento no constituye aportes a seguridad en pensión, sino un crédito a favor, según el cual debe acudirse al lapso prescriptivo general del código civil.

Finalmente propuso las excepciones denominadas « prescripción de prestaciones, ausencia de elementos para declarar relación lab oral mediante contrato de trabajo, genérica».

II. LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia del 18 de octubre de 2024, resolvió lo siguiente:

«PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo ficto o presunto, por medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, entre el MUNICIPIO DE RIONEGRO y el señor LUIS MARIA CRISTANCHO

ACOSTA.

medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, entre el MUNICIPIO DE RIONEGRO y el señor LUIS MARIA CRISTANCHO

ACOSTA.

SEGUNDO. Como consecuen cia de la anterior declaración, RECONOCER la existencia de una relación laboral entre el señor LUIS MARIA CRISTANCHO ACOSTA y el MUNICIPIO DE RIONEGRO, del 14 de enero de 1998 al 7 de mayo de 2003.

TERCERO. DECLARAR probada la excepción de Prescripción, ú nicamente para efectos prestacionales, del 14 de enero de 1998 al 7 de mayo de 2003.

CUARTO. DECLARAR que el tiempo laborado por el señor Cristancho Acosta, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios del 14 de enero de 1998 al 7 de mayo de 2003, se debe computar para efectos pensionales. Lo que implica que la entidad demandada deberá pagar al fondo de pensiones respectivo los porcentajes que debieron haber sido cotizados por el empleador durante el tiempo que se acreditó la relación laboral.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333004 2022-00207-01

QUINTO. No hay lugar a condenar en costas, conforme con las consideraciones de la parte motiva.»

Como fundamento de su decisión consideró que, se encuentran acreditad os los elementos de la relación laboral, a saber, el reconocimiento de un salario, así como la subordinación bajo la cual se desempeñaban las funciones por parte del demandante, ya que se demostró dentro del expediente que laboraba en el horario comprendido entre las 6.30 am y 12 pm y de 1 pm a 6 o 7 pm, además que recibía

la subordinación bajo la cual se desempeñaban las funciones por parte del demandante, ya que se demostró dentro del expediente que laboraba en el horario comprendido entre las 6.30 am y 12 pm y de 1 pm a 6 o 7 pm, además que recibía órdenes diarias e instrucciones por parte del rector y del consejo directivo de la institución.

Tales elementos desnaturalizan el contrato de prestación de servi cio, por lo que se demostró que el municipio accionado, actuando bajo la figura del contratante intentó ocultar la realidad sobre las formas, lo que evidencia la existencia de un vinculo laboral entre las partes, bajo el manto de un pacto contractual, adicional a lo anterior, se destaca la subordinación del señor Luis María Cristancho Acosta con que se cumplía la labor, pues no podía contar con la autonomía e independencia propia de un contratista, sino que debía estar disponible en el horario que le fuera impuesto.

En lo relativo a la prescripción consideró que, de acuerdo a la prueba testimonial recaudada, se tiene que el demandante laboró como auxiliar de servicios generales en el colegio «Juan Pablo II» del 14 de enero de 1998 al 7 de mayo de 2003, situación que puede corroborarse con la historia laboral allegada por la parte demandada, por lo que concluyó que los periodos de tiempo en donde no se cuenta con la suscripción de algún tipo de contrato, se suscribió un contrato verbal, ya que las declaraciones coinciden en señalar que el señor Cristancho Acosta laboró en la institución de manera ininterrumpida y en el 2003 pasó a ser empleado de planta.

En tal virtud, dado que el periodo que pretende reconocerse es el comprendido

las declaraciones coinciden en señalar que el señor Cristancho Acosta laboró en la institución de manera ininterrumpida y en el 2003 pasó a ser empleado de planta.

En tal virtud, dado que el periodo que pretende reconocerse es el comprendido desde el 14 de enero de 1998 al 7 de mayo de 2003, de acuerdo con la información obrante en el expediente y en atención a que la petición de reconocimiento de la relación laboral data del 9 de marzo de 2021, lo que implica que el conteo hacia atrás no cobija dicho periodo de tiempo debido a que supera los 3 años.

No obstante, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de los aportes pensionales, los que constituyen derechos no prescriptibles y deben ser pagadas por la entidad empleadora.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La parte demandada interpone oportunamente el recurso de apelación para señalar que en el caso concreto no se acredita la existencia del elemento de subordinación, por cuanto la vinculación se realizó con sujeción al artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que regula la contratación por prestación de servicios, para el efecto destacó que de las declaraciones de los señores Samuel Pulido Espinoza y Wilson Duarte Carvajal - docentes de la institución – es posible extraer que si bien existía un horario, no hay certeza en qué horario el demandante ejecutaba actividades contractuales.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333004 2022-00207-01

Adicional a lo anterior, el coordinador de la entidad manifestó que la institución educativa se trata de una de varias sedes que supervisaba, y por consiguiente, el

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Adicional a lo anterior, el coordinador de la entidad manifestó que la institución educativa se trata de una de varias sedes que supervisaba, y por consiguiente, el rector del plantel no estaba todo el día, de manera que era imposible que el señor Cristancho Acosta estuviera bajo una constante subordinación del rector y recibiendo órdenes por parte de éste.

En igual sentido, el testigo manifestó que como coordinador no le daba órdenes al demandante, lo cual permite desvirtuar el elemento de la subordinación , ya que no existía una persona que supervisara la ejecución de las actividades contractuales, el horario o impartiera órdenes, así mismo, no existe documento a través del cual se le impusieran tales como memorandos, llamados de atención, comunicación de horarios preestablecidos por el contratante.

Considera que por tratarse de un contrato estatal, debe te nerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1437 de 2011 sobre la oportunidad para invocar la nulidad de los contratos estatales, la que dispone de un término de 2 años contados desde su perfeccionamiento, término que en el presente asunto no se cumple respecto de ninguno de los contratos de prestación de servicios que soportan la pretensión de nulidad , en concordancia con lo anterior, refiere que en ningún acta existieron salvedades consignadas por las partes, presupuesto indispensable para hacer reclamaciones derivadas de las prestaciones del contrato estatal.

IV. PRONUNCIAMIENTOS FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN

Dentro de la oportunidad procesal de que trata el numeral 4° del artículo 247 de la

indispensable para hacer reclamaciones derivadas de las prestaciones del contrato estatal.

IV. PRONUNCIAMIENTOS FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN

Dentro de la oportunidad procesal de que trata el numeral 4° del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, las partes ni la representante del Ministerio Público concurrieron al trámite procesal.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema jurídico

PJ1. ¿Se encuentra acreditado el elemento de la subordinación en la relación contractual sostenida entre Luis María Cristancho Acosta y el Municipio de Rionegro a fin de declarar la existencia de una verdadera relación laboral?

PJ2. ¿Procede dar aplicación al término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en los casos en que se pretenda declarar la existencia de la relación laboral surgida con base en la suscripción de contratos de prestación de servicios?

PJ3 ¿La inexistencia de salvedades en las actas de liquidación de los contratos de prestación de servicios impide acudir a la jurisdicción para reclamar los derechos laborales derivados de la existencia de la relación laboral encubierta con tales contratos?NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333004 2022-00207-01

2. Tesis de la Sala

PJ1. Si, por las razones que pasan a exponerse.

PJ2 y PJ3. No, conforme pasa a explicarse en el caso concreto.

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Contrato de prestación de servicios vs. Contrato realidad

La vinculación a las entidades del Estado por contrato de prestación de servicios se

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Contrato de prestación de servicios vs. Contrato realidad

La vinculación a las entidades del Estado por contrato de prestación de servicios se rige por el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual tiene como propósito suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar labores especializadas que no puedan ser asumidas por el personal de planta y cuyas características principales se pueden concretar en que: i) se prohíbe el elemento de subordinación continuada del servicio por parte de l contratista, en tanto que éste debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual1; ii) las funciones que cumple, no pueden versar sobre el ejercicio de actividades de carácter permanente2, y iii) l a vinculación es de carácter excepcional, razón por la cual no pueden realizarse con respecto a funciones que se encuentren previstas en la ley o el reglamento para un empleo público, con el fin de evitar el abuso de dicha figura 3 y como medida de protección de la relación laboral4.

Pero, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se demuestra la concurrencia de los tres elementos constitutivos de la relación laboral, es decir, cuando: i) la prestación de servicio es personal; ii) remuner ada, y iii) continuada remuneración. En dicho caso, el derecho al pago de las prestaciones sociales surge a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades contenido en el artículo 53 superior, lo que se ha denominado contrato realidad.

En ese orden de ideas, la figura del contrato realidad, sostiene la jurisprudencia, se

a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades contenido en el artículo 53 superior, lo que se ha denominado contrato realidad.

En ese orden de ideas, la figura del contrato realidad, sostiene la jurisprudencia, se aplica cuando se constata la continua prestación del servicio personal remunerado, propio de la actividad misional de la entidad co ntratante, para ejecutarlo en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para conf igurar dependencia y subordinación continuada propia de las relaciones laborales5.

1 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Rad. 23001233300020130026001 (0088-15) CE-SUJ2-005-16. 2 Corte Constitucional. Sentencia C-614 del 2 de septiembre de 2009. M.P. Jorge Ign acio Pretelt Chaljub. Exp. D-7615. 3 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 10 de julio de 2014. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Rad 05001233100020040039101 (0151-13). 4 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 28 de marzo de 2019. C.P William Hernández Gómez. Rad. 52001-23-33-000-2013-00084-01 (1415-2014). 5 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia del 25 de agosto de 2016. C.P. Carmelo

Hernández Gómez. Rad. 52001-23-33-000-2013-00084-01 (1415-2014). 5 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia del 25 de agosto de 2016. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-UJ2-005-16.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333004 2022-00207-01

3.2 Subordinación continuada

De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento deter minante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio.

La reiterada jurisprudencia de esta Corpora ción –que aquí se consolida - ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:

1. El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico fa cilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, es necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de v alorarla,

entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, es necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de v alorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta.

1. El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada.

Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

1. La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del contratista constituy e uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación.

En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el

En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333004 2022-00207-01

1. Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores confluyan todos los elemento s esenciales de la relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

En ese orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente,

condiciones de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad.

3.3. Sentencia de Unificación

Ahora bien, el H. Consejo de Estado, en sede de unificación a través de la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 20216, estableció las siguientes pautas de unificación frente a varios aspectos del contrato realidad: “i) el sentido y alcance de la expresión ‘término estrictamente indispensable’ (temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de prestación de servicios que ocultaron la exist encia de una relación laboral que se declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y, iii) improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el contratista”7.

Al efecto, señaló las siguientes reglas:

“(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las es peciales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 9 de septiembre de 2021. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Rad. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) SUJ-025-CE-S2-2021. 7 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. S entencia del 20 de enero de 2022. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Rad. 50001-23-31-000-2006-00960-01 (0434-2018).NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 680013333004 2022-00207-01

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal”.

(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva , guardan entre sí rasgos inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir

(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva , guardan entre sí rasgos inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condici ones pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes.

Seguidamente, el 11 de noviembre de 2021, en providencia aclaratoria de la sentencia de unificación del 9 de septiembre del mismo año, el Órgano de cierre de esta jurisdicción precisó:

“(vi) Ahora bien, cuando una entidad celebra de manera continuada o sucesiva contratos de prestación de servicios con una misma persona natural, bajo las mismas condiciones de subordinación o dependencia, y la celebración de esos contratos se da dentro del término de treinta (30) días hábiles, señalados en la segunda regla, debe concluirse, tal como se indicó en la sentencia de unificación, que el contrato precedente y el (o los) sucedáneo forman parte de ‘(...) una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente

segunda regla, debe concluirse, tal como se indicó en la sentencia de unificación, que el contrato precedente y el (o los) suced