TA SAN - Sentencia 680013333005-2013-00455-03 (30-01-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE

CONTROL REPARACIÓN DIRECTA DEMANDANTES -JOSÉ JOAQUÍN RINCÓN GÓMEZ con C.C 9515281 -DANILO RINCÓN GÓMEZ con C.C 4052414

-ROSA HELENA RINCÓN GÓMEZ con C.C

41.651.158

-GUILLERMINA CORREA RINCÓN con C.C

37.230.688 iab@iabogados.com.co

DEMANDADO

NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA

NACIONAL

Desan.notifiacion@policia.gov.co Jorge.castillo1001@correo.policia.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co RADICADO 680013333005-2013-00455-03 TEMAS

RESPONSABILIDAD ESTATAL POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE PREDIO RURAL. Se revoca la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. Se acreditan los elementos material, temporal, subjetivo y objetivo de la ocupación / El contrato de arrendamiento celebrado entre las partes en el año 201 1 no reparó íntegramente el daño. Se arrendó una edificación de aproximadamente 127,05

temporal, subjetivo y objetivo de la ocupación / El contrato de arrendamiento celebrado entre las partes en el año 201 1 no reparó íntegramente el daño. Se arrendó una edificación de aproximadamente 127,05 m², pero la ocupación abarcó 4.934,84 m 2 en los cuales aún persisten garitas, zanjas que sirven como trampas para evitar ataques, cercas de alambre, mallas, etc. / Inoponibilidad de contratos con terceros respecto de predios distintos / Orden de r etiro de material de la Policía y relleno de zanjas, como medida de reparación no pecuniaria para salvaguardar la integridad física de los demandantes y transeúntes.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente1 por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 1º de septiembre de 2021 por el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga, que negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda

1. Pretensiones

La parte actora pretende que se declare administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa -Policía Nacional por la ocupación ejercida desde el año 1995 sobre una extensión de 4000 m2 del predio denominado «Mesa Grande,

1 La sentencia de primera instancia fue notificada el 2 de septiembre de 202 1 (expediente digital en OneDrive, documento 62

“ConstanciaNotificaciónFallo.pdf y el recurso fue interpuesto el 16 de septiembre de 2021, esto es, dentro de los 10 días siguientes (expediente digital OneDrive, documento 65 “Auto Concede Apelación,pdf”).RADICADO: 680013333005-2013-00455-03

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

DEMANDANTE: JOSÉ JOAQUÍN RINCÓN Y OTROS.

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

2

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Estoraque y Tablón» con matrícula inmobiliaria 312-10578, ubicado en Molagavita, Santander. En consecuencia, solicita el reconocimiento y pago de los siguientes perjuicios materiales: (i) lucro cesante por valor de $ 8.000.000 mensuales desde el año 1995 hasta el 31 de noviembre de 2011; (ii) lucro cesante por valor de $7.745.000 mensuales desde el 1º de diciembre de 2011 en adelante, con incrementos anuales equivalentes al IPC del año calendario y, (iii) la actualización del valor y causación de los intereses conforme al CPACA.

2. Hechos Los demandantes dicen ser propietarios del predio rural «Mesa Grande, Estoraque y Tablón» ubicado en la vereda el Llano del municipio de Molagavita, Santander.

Indican que desde el año 1995 la Policía Nacional ocupa un área de 4 .000 m2 de dicho predio. Relatan que dentro de los 4.000 m2 se encuentra una edificación de 127,05 m 2 en

Indican que desde el año 1995 la Policía Nacional ocupa un área de 4 .000 m2 de dicho predio. Relatan que dentro de los 4.000 m2 se encuentra una edificación de 127,05 m 2 en la cual funciona el puesto de policía «Alto de Miranda », el cual funge como subestación destinada a la protección de unas antenas de telecomunicaciones instaladas en zonas aledañas al inmueble objeto de litigio y de varios municipios de la provincia de García Rovira. Informan que el 29 de noviembre del año 2011 se legalizó parcialmente la ocupación, mediante la suscripción de un contrato de arrendamiento con el coronel Mario Aurelio Pedroza Sandoval, en el que se pactó un canon mensual de $ 361.000 por los 127,05 m2 correspondientes a la edificación del puesto de policía , pero no se acordó nada respecto a los 3.872,95 m2 restantes del área ocupada por la Policía Nacional.

B. Contestación2

La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional se opone a las pretensiones. Indica que en el año 2007 realizó gestiones para adquirir el predio rural «Mesa Grande, Estoraque y Tablón», toda vez que la señora Helena Barajas de Camargo les envió una carta de ofrecimiento del predio por un valor de $ 45.000.000. Advierte que, por lo anterior, el 4 de mayo de 2009 mediante comunicado oficial No. 0918 dirigido al comandante del distrito de Málaga , se solicitó información acerca del predio, con el fin de establecer si la propiedad pertenecía a la señora Helena Barajas o a otro particular. Señala que los demandantes son propietarios del predio por adjudicación en

predio, con el fin de establecer si la propiedad pertenecía a la señora Helena Barajas o a otro particular. Señala que los demandantes son propietarios del predio por adjudicación en proceso de sucesión desde el 8 de febrero de 2011, fecha en la cual se realizó la inscripción en el registro de instrumentos públicos y no desde el año 1995. Refiere que, si bien las instalaciones policiales se encuentran en el predio de los demandantes, el área ocupada no es de 4.000 m2 sino de 127,05 m2, según consta en los contratos de arrendamiento que fueron celebrados con el señor José Joaquín Rincón desde el año 2011. Manifiesta, además, que el señor José Rincón , al celebrar los contratos de arrendamiento , expresó su voluntad sin vicio alguno, es decir, sin error, fuerza o dolo , por lo que dichos acuerdos constituyen ley para las partes.

C. La sentencia recurrida3

Mediante sentencia del 1º de septiembre de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las pretensiones.

2 Expediente cargado en OneDrive, documento 7 “RtaDemanda.pdf”. 3 Expediente digital OneDrive, documento 61“Fallo de Primera Instancia.pdf”RADICADO: 680013333005-2013-00455-03

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

DEMANDANTE: JOSÉ JOAQUÍN RINCÓN Y OTROS.

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

3

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

3

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Como fundamento de su decisión, el a quo sostuvo que, aunque los demandantes son propietarios del inmueble denominado «Mesa Grande, Tablón y Estoraque», ubicado en la vereda El Llano del municipio de Molagavita, donde opera el Puesto de Policía «Alto de Miranda», no se acreditaron elementos esenciales como la fecha en que la entidad demandada inició la ocupación ni el área efectivamente ocupada. En particular, no quedó demostrado si la ocupación abarcó los 4.000 metros cuadrados señalados en la demanda, se limitó a los 127,05 metros cuadrados correspondientes a la edificación existente en el predio, o si incluso fue inferior a dicha extensión. La jueza también concluyó que no se probó de manera precisa la afectación alegada por los demandantes, hermanos Gómez Rincón y Guillermina Correa Rincón. Por el contrario, indicó que desde 2010 se celebraron contratos de arrendamiento que establecen como o bjeto contractual un área mínima de 120 metros cuadrados, lo que coincide con la edificación ubicada en el predio. Según el juzgado, dichos contratos justifican la tenencia del inmueble por parte de la Policía Nacional, lo que excluye la posibilidad de cal ificar este hecho como ocupación temporal o permanente. Además, señaló que no se aportaron pruebas que acreditaran que la Policía Nacional ocupó áreas distintas a las pactadas en los contratos de arrendamiento desde el año 2010, ni que durante su vigencia ejerciera constreñimiento o alguna

Además, señaló que no se aportaron pruebas que acreditaran que la Policía Nacional ocupó áreas distintas a las pactadas en los contratos de arrendamiento desde el año 2010, ni que durante su vigencia ejerciera constreñimiento o alguna acción que impidiera a los demandantes usar, usufructuar o desarrollar actividades personales, comerciales, laborales o industriales en el terreno adyacente a la edificación. Por ello, concluyó que no se demostró la existencia de una ocupación temporal o permanente sobre los 3 .872 metros cuadrados adicionales alegados como fuente del daño. Con base en lo anterior, el juzgado consideró que los demandantes no cumplieron con la carga de probar los hechos que sirvieron de fundamento a sus pretensiones.

D. La apelación4

Los demandantes solicitan que se revoque el fallo de primera instancia y se concedan las pretensiones. Argumentan que el análisis del a quo es erróneo, ya que, al tratarse de un proceso de reparación directa por ocupación de inmueble, lo que se litiga no es el daño sino la responsabilidad objetiva, la cual genera una consecuencia económica.

Sostienen, además, que los contratos de arrendamiento celebrados entre ellos y la Policía datan de septiembre de 2011, mientras que los anteriores, suscritos con la señora Barajas, dueña de un predio vecino, les son inoponibles.

Afirman que quedó demostrado que la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional ocupó 3.500 m² del predio rural «Mesa Grande, Estoraque y Tablón», y no solo los 127,05 m² correspondientes a la edificación del puesto de policía, y que

Nacional ocupó 3.500 m² del predio rural «Mesa Grande, Estoraque y Tablón», y no solo los 127,05 m² correspondientes a la edificación del puesto de policía, y que dicha ocupación data de 1993, una fecha incluso anterior a aquella desde la cual se pretende la reparación de los daños, 1995. Resaltan que el peritaje de Gustavo Amaya, que probaba la ocupación de 3.500 m² y coincidía con una certificación del municipio de Molagavita, no fue tachado ni objetado, por lo que no podía ser desestimado. Advierten que la demandada realizó un levantamiento topográfico del terreno, pero no lo aportó, porque con este se acreditaría la ocupación alegada.

Finalmente, aseguran que se probó el monto de la renta derivada de la ocupación, aunque, en ausencia de contrato, la suma reclamada corresponde a una indemnización por dicha ocupación.

4 Expediente digital OneDrive, documento 64“Apelacióndemandante.pdf”.RADICADO: 680013333005-2013-00455-03

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

DEMANDANTE: JOSÉ JOAQUÍN RINCÓN Y OTROS.

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

4

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

E. Trámite en segunda instancia

Mediante auto del 28 de enero de 20225 el entonces magistrado ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. En el recurso se solicitó

E. Trámite en segunda instancia

Mediante auto del 28 de enero de 20225 el entonces magistrado ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. En el recurso se solicitó el decreto de una inspección judicial con perito topógrafo, para verificar la ocupación en el predio en cuestión.

El proceso fue distribuido al Despacho 08 de esta corporación y con auto del 24 de junio de 20246, esta Sala de decisión decretó de oficio la inspección judicial remota con acompañamiento de perito topógrafo, a efectos de esclarecer ciertos puntos oscuros de la situación fáctica planteada.

El 13 de septiembre de 2024 7 se practicó la inspección judicial remota , con asistencia en terreno del demandante José Joaquín Rincón Gómez, su abogado, el perito y una testigo que vivió en el sector años atrás. La magistrada ponente y el apoderado de la parte demandada participaron de manera remota.

Al finalizar la diligencia, se corrió traslado para alegar por escrito. Las partes se pronunciaron oportunamente en los siguientes términos:

1. La parte demandante insiste en que se revoque la sentencia de primera instancia y se concedan las pretensiones . Argumenta que la inspección judicial al predio objeto de la litis permitió recabar pruebas suficientes para acreditar los elementos necesarios de la ocupación: material, temporal, subjetivo y objetivo.

Asegura haberse demostrado que la Policía ocupó el predio «Mesa Grande, Estoraque y Tablón» desde 1993 hasta el 29 de febrero de 2021, abarcando un área

Asegura haberse demostrado que la Policía ocupó el predio «Mesa Grande, Estoraque y Tablón» desde 1993 hasta el 29 de febrero de 2021, abarcando un área de 4.934,84 m², donde se construyó una casa y se realizaron modificaciones como garitas, trincheras, barricadas y zanjas que aún persisten. Afirma que la cláusula octava de los contratos con la Policía Nacional limita el arrendamiento a la edificación destinada a la estación de policía, con un área mínima de 127,05 m², y que la demandada no estaba autorizada para ocupar un área mayor ni intervenirla sin permiso. Alega que la subestación policial fue arrendada desde el 29 de noviembre de 2011, pero dicho arrendamiento no subsana la ocupación anterior, que se extendió desde

1993. Rechaza que los contratos anteriores a 2011 puedan ser oponibles, pues fueron suscritos con Helena Barajas y no corresponden al predio en cuestión.

Finalmente, asegura que se probó el monto de la renta que debió generarse por la ocupación y exige que este sea reconocido como indemnización.

2. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional solicita que se confirme la sentencia de primera instancia. Expone que desde el inicio de la relación contractual no se delimitó un área máxima del predio objeto de la litis, toda vez que en los anexos 1 y 2 de los contratos de arrendamiento se estableció que el predio a arrendar debía contar con un área mínima de 127,05 m2, no máxima.

Relata que el predio medía aproximadamente 4.000 m 2, pero la parte demandante pretende tergiversar los hechos y desconcertar al Tribunal, dando a entender que el

arrendar debía contar con un área mínima de 127,05 m2, no máxima.

Relata que el predio medía aproximadamente 4.000 m 2, pero la parte demandante pretende tergiversar los hechos y desconcertar al Tribunal, dando a entender que el área contratada solo se limita a una porción del terreno donde funcionaba la estación de policía.

5 Expediente digital OneDrive, documento 69 “Admite apelación.pdf” 6 Expediente Digital cargado a SAMAI. Índice 11. Documento denominado: 4Auto Para Mejor_MEJOR PROV_20130045503AUTOPARAM(.pdf) 7 Expediente Digital cargado a SAMAI. Índice 57. Documento denominado: 52Actaaudiencia_201300455ACTADILIGEN(.pdf)RADICADO: 680013333005-2013-00455-03

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

DEMANDANTE: JOSÉ JOAQUÍN RINCÓN Y OTROS.

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

5

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Señala que el problema jurídico de la demanda no se centra en establecer la existencia o no de la permanencia de la estación de policía en el alto de Málaga, sino en la cantidad de terreno contratada y utilizada materialmente. Llama la atención en qu e el demandante firmó los contratos de manera libre y voluntaria conforme a lo previsto en el artículo 1602 del Código Civil , de manera que son ley para las partes y deben respetarse.

atención en qu e el demandante firmó los contratos de manera libre y voluntaria conforme a lo previsto en el artículo 1602 del Código Civil , de manera que son ley para las partes y deben respetarse.

Manifiesta que en la inspección judicial su apoderado tachó a la testigo Juana María Rodríguez por ser familiar del demandante y porque, a pesar de tener conocimiento de múltiples situaciones, no mencionó los hechos que lo perjudicaban. Añade que se demostró que en el predio objeto de la litis estuvo presente el Ejército Nacional de manera transitoria.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. Asuntos Previos

1. Sobre la oportunidad de la demanda

La parte actora solicita la reparación de los daños causados por la ocupación temporal de un inmueble de su propiedad . Este tipo de ocupación se configura cuando agentes del Estado se instalan en un predio de forma transitoria o limitada en el tiempo, con el fin de atender una necesidad específica. 8 El H. Consejo de Estado 9 ha señalado que el término de caducidad de las pretensiones de reparación directa en los eventos de ocupación temporal debe computarse a partir del día siguiente al cese de la ocupación. Solo desde ese momento puede afirmarse que el afectado ha sufrido un daño cierto 10, a diferencia de lo que ocurre en la ocupación permanente11. En el presente caso, la demanda se interpuso el 2 de diciembre de 2013, cuando la

ese momento puede afirmarse que el afectado ha sufrido un daño cierto 10, a diferencia de lo que ocurre en la ocupación permanente11. En el presente caso, la demanda se interpuso el 2 de diciembre de 2013, cuando la Policía Nacional aún permanecía en el predio de los demandantes, por lo que el término de dos años para su radicación no había vencido.

Con base en lo anterior, este Tribunal, mediante auto del 25 de junio de 2015 12, revocó la providencia que había rechazado la demanda por caducidad. En esa oportunidad, la corporación con sideró, con toda razón, que la ocupación alegada era temporal, toda vez que la autoridad había instalado un puesto de policía con

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre de 2024, C.P. William Barrera Muñoz. Rad. 630012333000 -2015-00110-02 (69021); Rad.470012333000-2017-00203-01 (68581). 9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero de 2015, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. 76001233100020010518701 (34.170) 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de octubre de 2024, C.P. William Barrera Muñoz. Rad.470012333000 -2017-0020301 (68581); sentencia del 28 de enero de 2015, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. 76001233100020010518701 (34.170). Esta regla aplica, salvo, desde luego, que existan circunstancias especiales que impidan al perjudicado conocer del daño en el momento en que cesa la ocupación.

aplica, salvo, desde luego, que existan circunstancias especiales que impidan al perjudicado conocer del daño en el momento en que cesa la ocupación. 11 La jurisprudencia de la Sección Tercera ha precisado que la ocupación puede ser temporal o permanente, distinción que adquiere relevancia por las afectaciones que se derivan y, de contera, por las reglas que frente al término de caducidad resultan aplicables. La ocupación temporal, ya descrita, se distingue de la ocupación permanente, porque en esta, la administración, en primer lugar, limita las atribuci ones del titular del derecho de dominio sobre un bien inmueble y, en segundo lugar, se instala en el terreno tomando posesión definitiva sobre dicho bien inmueble asumiéndolo como propio, es decir, manteniendo una vocación de permanencia en el tiempo. En este segundo caso, el término de la caducidad del medio de control debe computarse desde el momento en que la ocupación transgredió el derecho real del afectado y este fue conocido por el demandante. Esta ocupación no esta no está llamada a cesar, por lo que no puede sujetarse al mismo derrotero que a la temporal a efectos del cómputo de la caducidad, de manera que la jurisprudencia ha determinado que “la ocupación permanente de un inmueble impli ca un daño de ejecución instantánea, que se produce en un único momento claramente determinable en el tiempo y que establece un punto de referencia para computar el término de caducidad de la acción de reparación directa. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de octubre

de 2024, C.P. William Barrera Muñoz.); rad. 630012333000 -2015-00110-02 (69021). 12 Expediente digital SAMAI. OneDrive. Documento: 05. Rechazo Dda y tramite apelación.pdf. Folio 21.RADICADO: 680013333005-2013-00455-03

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

DEMANDANTE: JOSÉ JOAQUÍN RINCÓN Y OTROS.

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

6

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

vocación transitoria. La decisión se sustentó en el precedente fijado por el Consejo de Estado en el caso Ganapez Ltda.13 que guarda identidad fáctica con el presente caso: también se trataba de la ocupación temporal de un inmueble por parte de la fuerza pública para la vigilancia de antenas de comunicación.

En reciente sentencia del 10 de octubre de 202414, el Consejo de Estado reiteró su precedente en el sentido de que el asentamiento de tropas de la Fuerza Pública y la instalación de estructuras y elementos para la defensa militar constituye una ocupación temporal y no permanente, por lo que el término de los dos años de caducidad debe computarse a partir de la fecha en que la fuerza pública abandona el lugar.

En este caso, la ocupación temporal cesó el 28 de febrero de 2021, es decir, 8 años después de la radicación de la presente demanda. Por lo expuesto, la Sala no encuentra razones para cambiar la posición adoptada por este Tribunal en el año

En este caso, la ocupación temporal cesó el 28 de febrero de 2021, es decir, 8 años después de la radicación de la presente demanda. Por lo expuesto, la Sala no encuentra razones para cambiar la posición adoptada por este Tribunal en el año 2015 en torno a la oportunidad de la demanda.

2. Sobre la legitimación por activa de los demandantes para reclamar los daños de la ocupación temporal causados desde el año 1995

El 18 de agosto de 2016 15 la jueza de primera instancia declaró probada la excepción de falta de legitimación de los demandantes, respecto de las pretensiones relacionadas con los daños causados antes del 12 de febrero de 2011, fecha en la cual estos adquirieron la calidad de dueños del predio objeto de la litis. La decisión fue apelada por la parte actora16. El 24 de octubre de 2018 17 el Tribunal revocó la mencionada decisión, con fundamento en que los demandantes estaban legitimados para reclamar los daños en su calidad de causahabientes y, posteriormente, como propietarios por derecho sucesoral. En el auto se indicó: Frente a los derechos de quien sucede al causante la jurisprudencia ha precisado que “al sucesor se le transmite o transfiere el derecho litigioso convirtiéndose en el nuevo legitimado para obtener una sentencia de mérito, ocupando la posición procesal de su antecesor.

Así las cosas, el despacho considera desacertado el razonamiento realizado por el a quo para declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los accionantes, por cuanto, si bien es cierto en un primer momento la señora Sergia López Núñez estaba legitimada

Así las cosas, el despacho considera desacertado el razonamiento realizado por el a quo para declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los accionantes, por cuanto, si bien es cierto en un primer momento la señora Sergia López Núñez estaba legitimada para solicitar la reparación de los perjuicios ocasionados por la supuesta ocupación irregular en el que el predio “Mesa Grande, Estoraque y Tablón” no lo es menos, que en el momento en que ésta fallece sus sucesores, es decir los aquí accionan tes, estarían sustancialmente legitimados a solicitar los perjuicios reclamados.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de enero de 2015, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad.470012333000 -201700203-01 (68581). En relación con el término de caducidad que debe operar cuando se trata de la ocupación temporal de inmuebles, la Sección Tercera de esta Corporación ha dejado claro que el término para accionar empieza a correr a partir del día siguiente que cesó la ocupación temporal, porque en ese momento se consolida el perjuicio . En el presente asunto, la parte actora pretende el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la demandada, con oca sión de la ocupación temporal de una franja de terreno de su propiedad13, la cual cesó el 10 de marzo de 2001, cuando un grupo guerrillero incursionó en el predio y atacó a los miembros de la Fuerza Pública acantonados en ese lugar, hecho en el que murieron 16 miembros de la Fu erza Pública,

3 guerrilleros y 1 civil y se produjeron incalculables daños materiales a dicha franja; así, dado que la demanda fue instaurada el 9 de noviembre de 2001, no hay duda de que ello ocurrió dentro del término de ley. Es indispensable señalar, en todo caso, que los señores Arnulfo Chala Collazos y Anabeiba Álvarez de Chala, antiguos propieta rios del predio Tokio, enajenaron a Telecom, mediante escritura pública 1442 del 8 de mayo de 1973, una hectárea del inmueble, a fin de que instalara en ese lugar unas torres de comunicaciones, razón por la cual, con el propósito de vigilarlas, tropas de la Armada Nacional se acantonaron, desde esa época, en el terreno en el que fueron instaladas; sin embargo, con el paso del tiempo -según la demanda, desde 1995 y según los documentos que militan en el expediente, desde noviembre de 1997 (folios 28 a 39, cuaderno 1 A) -, la Armada Nacional empezó a ocupar paulatinamente parte del predio de Ganapez Ltda., hasta completar 7 hectáreas. 14 Sección Tercera, M.P. Fredy Ibarra Martínez, Rad. 73001-23-33-000-2016-00448-02 (67.931). En esa oportunidad, el Consejo de Estado aclaró: «30. La jurisprudencia de la Sala distingue dos supuestos, en lo que tiene que ver con la ocupación temporal o permanente de inmuebles: 31. (i) En los eventos en que la ocupación ocurre con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de p ermanencia, el

término de ca ducidad para ejercicio de la acción de reparación directa no puede quedar suspendido permanentemente, razón por la cual el mismo debe calcularse desde que la obra ha finalizado, o desde que el actor conoció la finalización de la obra sin haberla po dido conocer en un momento anterior. (…).32. Por otra parte, (ii) cuando la ocupación ocurre “por cualquier otra causa”, el término de caduci dad empieza a correr desde que ocurre el hecho da ñoso, que se entiende consumado cuando cesa la ocupación del inmueble, si empre que la misma sea temporal, o, en casos especiales, se computa desde cuando el afectado ha tenido conocimiento de la ocupación del bien en form a posterior a la cesación de la misma5 15 Expediente digital SAMAI. OneDrive: Documento: 10. Acta audiencia inicial, concede recurso.pdf . 16 Expediente digital SAMAI. OneDrive: Documento: 10. Acta audiencia inicial, concede recurso.pdf . 17 Expediente digital SAMAI. OneDrive: Documento: 11. Trámite apelación.pdf. Folio 23.RADICADO: 680013333005-2013-00455-03

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

DEMANDANTE: JOSÉ JOAQUÍN RINCÓN Y OTROS.

DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

7

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

Aunado a lo anterior, se observa que los accionantes no solo reclaman los perjuicios derivados de la ocupación irregular dada entre el año de 1995 y el mes de noviembre de 2011 en adelante, periodo en el cual, éstos ostentan la calidad de propietarios del

derivados de la ocupación irregular dada entre el año de 1995 y el mes de noviembre de 2011 en adelante, periodo en el cual, éstos ostentan la calidad de propietarios del inmueble, aspecto que no fue objeto de estudio al momento de resolver la excepción propuesta por la parte accionada. (sic)

La Sala comparte la decisión adoptada, en el sentido que los demandantes tienen legitimación para pretender la reparación desde el año 1995, aunque en esta ocasión encuentra razones distintas para llegar a tal conclusión. Según se verá al analizar las pruebas, la causante Sergia López Núñez, abuela de los demandantes y propietaria del predio «Mesa Grande, Estoraque y Tablón», falleció el 6 de agosto de 1979, 16 años antes de la ocupación alegada.

En consecuencia, aunque la sentencia adjudicataria fue proferida en 2011, los demandantes ostentan derechos patrimoniales y reales sobre el predio desde el 7 de agosto de 1977, día siguiente al deceso de su abuela, en virtud de los efectos retroactivos de la decisión judicial18. De este modo, los demandantes cuentan con legitimación para reclamar la reparación de los daños ocasionados por la ocupación temporal de su propiedad, presuntamente ocurrida entre 1995 y 202 1, no como causahabientes, sino como titulares directos del interés que se dice lesionado por la actividad del Estado.

En el curso del análisis probatorio y la liquidación de los perjuicios, se determinará el porcentaje de titularidad que ostentan, considerando que, durante un período, el predio también estuvo en manos de otros herederos que no hicieron parte de la demanda.

3. Cesión de derechos litigiosos

el porcentaje de titularidad que ostentan, considerando que, durante un período, el predio también estuvo en manos de otros herederos que no hicieron parte de la demanda.

3. Ce