TA SAN - Sentencia 680013333005-2015-00002-01 (26-06-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia de primera instancia del 26 de mayo de 2017 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de B ucaramanga mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, el señor Daniel Villamizar Basto formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, Rama Judicial ,

1 Expediente digital, actuación 25, índice SAMAI, link one drive, archivo 002. MEDIO DE CONTROL Reparación directa EXPEDIENTE 680013333005-2015-00002-01 DEMANDANTE Daniel Villamizar Basto jurídica.villamizae508@gmail.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

DEMANDANTE Daniel Villamizar Basto jurídica.villamizae508@gmail.com

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co jgomezsa@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ACTUACIÓN Sentencia de segunda instancia TEMA Pérdida de oportunidad. Sobre el incentivo en acciones populares previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998. Ausencia de acreditación del dañoReparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración judicial Radicado: 680013333005-2015-00002-01

2 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2 por la pérdida de oportunidad del incentivo económico previsto e n el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 como consecuencia del presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia al no haberse tramitado y fallado la acción popular de radicado 680013331002-2004-03456-00 dentro de los términos perentorios establecidos para su trámite.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: Se declaré administrativa y solidariamente responsable a la

NACION -RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

para su trámite.

En consecuencia, solicitó:

«PRIMERO: Se declaré administrativa y solidariamente responsable a la NACION -RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, por los perjuicios ocasionados como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia por el daño antijurídico que debió soportar DANIEL VILLAM IZAR BASTO , el cual no tenía la obligación jurídica de soportarlo, dent ro de la Acción Popular de DANIEL VILLAMIZAR BASTO contra el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y MARIA ISABEL MELON GOMEZ adelantado en el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga y Tribunal Administrativo de Santander, Radicado No. 3456/2004, por no tramitar y fallar el referido proceso de Acción Popular dentro de los términos perentorios e improrrogables establecidos en Ia Ley 472 de 1998.

SEGUNDO: Condenar a NACION - RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL a pagar a DANIEL VILLAMIZAR B^^STO en calidad de afectado directo, a título de periuicios morales el equivalente en pesos de cíen (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la Sentencia, o la próxima aceptado por la jurisprudencia, en su condición de afectado directo.

TERCERO: Condenar a la NACION -RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, a pagar a favor de DANIEL VILLAM|ZAR BASTO los perjuicios materiales por perdida de oportunidad y

TERCERO: Condenar a la NACION -RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, a pagar a favor de DANIEL VILLAM|ZAR BASTO los perjuicios materiales por perdida de oportunidad y lucro cesante consolidado debido y futuro, causados como consecu encia del defectuoso funcionamiento de la Administración d$ Justicia a que fue sometido dentro de la Acción Popular de DAN|IEL VILLAMIZAR BASTO contra MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y MARIA ISABEL MELON GOMEZ adelantado en el Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga y Tribunal Administrativo de Santander, Radicado No. 3456/2004 , teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación; -Ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2005 debidamente indexados y actualizados a la fecha del pago a razón de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PES OS M/CTE ($381.500 M/CTE ) que era el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2005 y era lo ordenado en 1 Ley 472 de 1998 y popular en las acciones populares.

CUARTO: Condenar a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar a Daniel Villamizar Basto en calidad de afectado o victima directa, a título de daño a la salud el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la Sentencia, o la máxima aceptada por la jurisprudencia en su condición de afectado - victima directa, como consecuencia de los daños a la salud que trajo el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia a

ejecutoria de la Sentencia, o la máxima aceptada por la jurisprudencia en su condición de afectado - victima directa, como consecuencia de los daños a la salud que trajo el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia a que fue sometido dentro de la Acción Popular de Daniel Villamizar Basto contra

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y MARIA ISABEL MELON adelantado en el

Juzgado Segundo Administrativo de Bucaramanga y Tribunal Administrativo de Santander, Radicado No. 3456/2004.

2 En adelante DEAJ.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración judicial Radicado: 680013333005-2015-00002-01

3 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

QUINTO: Ordenar el cumplimiento de la Sentencia en los términos del artículo 195 y demás normas aplicables estableadas en la Ley 1437 de 2011 » (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. El 13 de noviembre de 2004, interpuso demanda de protección de derechos e intereses colectivos contra el municipio de Bucaramanga y otros, la cual fue conocida, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga bajo el radicado 680 013333002-200403456-00 y, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Santander.

cual fue conocida, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga bajo el radicado 680 013333002-200403456-00 y, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Santander.

1. Pese a que la Ley 472 de 1998 consagró un término perentorio de 6 meses desde la presentación de la demanda para proferir sentencia en las acciones populares, los operadores judiciales adoptaron decisiones de fondo al interior del proceso de radicado 2004 –03456-00 hasta el 11 de junio de 2010 2014 —fallo de primera instancia — y el 14 de marzo de 2013 — fallo de segunda instancia — en el sentido de amparar los derechos e intereses colectivos y negar el incentivo en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 1425 de 2010.

1. En desconocimiento del trámite preferente que tiene el referido medio de control, la Rama Judicial incurrió en mora y cercenó la posibilidad de obtener el reconocimiento y pago del incentivo económico que consagraba el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 en favor de los actores populares y, por tanto, se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

1.1.3. Fundamentos de derecho

En el escrito de la demanda se invocaron como violados el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, 65 de la Ley 270 de 1996 y 5, 37, 38, 39 y 84 de la Ley 472 de 1998.

En los fundamentos jurídicos, la parte demandante expuso los siguientes argumentos:

1. La administración de justicia , representada en los jueces de

de la Ley 472 de 1998.

En los fundamentos jurídicos, la parte demandante expuso los siguientes argumentos:

1. La administración de justicia , representada en los jueces de conocimiento, incurrió en una evidente mora judicial inexcusable toda vez que tardó más de siete años en resolver en primera y segunda instancia la acción popular interpuesta, motivo por el cual desconoció los términos previstos en la Ley 472 de 1998.

1. En razón al defectuoso funcionamiento de administración de justicia contenido en las actuaciones desplegadas por los operadores judiciales, se frustró la expectativa legitima de obtener el incentivo económico previsto durante la vigencia del artículo 39 de la Ley 472 del 1998 y, por ende, se reúnen los requisitos necesarios para configurar la responsabilidad del Estado derivada de la pérdida de oportunidad.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración judicial Radicado: 680013333005-2015-00002-01

4 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Nación, Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3

Por conducto de apoderad o la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual solicitó la denegatoria de las pretensiones, en los siguientes términos:

1. El daño antijurídico alegado por la parte demandante no resulta cierto y

contestación en el cual solicitó la denegatoria de las pretensiones, en los siguientes términos:

1. El daño antijurídico alegado por la parte demandante no resulta cierto y verificable y, además, carece de sustento probatorio que evidencie la presunta falla del servicio.

1. No es posible advertir la existencia de un daño antijurídico por cuanto no existió un derecho adquirido sino únicamente una mera expectativa de recibir un incentivo económico.

1. El trámite surtido en el proceso radicado 680013331002 -2004-03456-00 se surtió en razón a las particularidades suscitadas en el caso en concreto y en virtud de la e levada congestión de los despachos judiciales , motivo por el cual no se encuentra acreditado el defectuoso funcionamiento de administración de justicia alegado por la parte demandante.

1.3. La sentencia apelada4

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 26 de mayo de 2017, resolvió:

«PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante por ser la vencida en esta instancia. Fijar por concepto de agencias en derecho, medio salario mínimo legal mensual vigente. Liquídense las costas de manera concentrada en la Secretaría del Despacho […]».

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo negó las pretensiones con sustento en los siguientes argumentos:

1. En lo atinente a la acreditación del daño antijurídico, se advierte que no se encuentra probado por cuanto de los elementos aportados al plenario no es

sustento en los siguientes argumentos:

1. En lo atinente a la acreditación del daño antijurídico, se advierte que no se encuentra probado por cuanto de los elementos aportados al plenario no es posible colegir su configuración.

1. Si bien el trámite de la acción popular objeto de la demanda fue realizado en aproximadamente 8 años y 3 meses , lo cierto es que la jurisdicción de lo contencioso-administrativo se encontraba congestionada por un cúmulo de demandas, en las que sobresalían las acciones populares, motivo por el cual el Consejo Superior de la Judicatura implementó medidas de descongestión

3 Expediente digital, actuación 25, índice SAMAI, link one drive, archivo 009 4 Expediente digital, actuación 25, índice SAMAI, link one drive, archivo 037.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración judicial Radicado: 680013333005-2015-00002-01

5 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

mediante el Acuerdo PSAA11-8367 de 2011 a través del cual de pretendió dar celeridad a los procesos que se encontraban en trámite.

1. Aunado a lo anterior, la mencionada mora no obedeció al capricho de los funcionarios judiciales de conocimiento , sino que se derivó de una congestión judicial por el exceso de la carga laboral, motivo por el cual no resulta posible alegar un defectuoso funcionamiento de administración de justicia.

funcionarios judiciales de conocimiento , sino que se derivó de una congestión judicial por el exceso de la carga laboral, motivo por el cual no resulta posible alegar un defectuoso funcionamiento de administración de justicia.

1. Respecto a la pérdida de oportunidad del reconocimiento del incentivo previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 referida por la parte demandante, resulta pertinente advertir que no es dable considerar el mencionado incentivo como un derecho adquirido en cabeza del actor popular, comoquiera que este únicamente se consolida con la decisión ejecutoriada que pone fin al proceso, razón por la que se trata de una mera expectativa.

1. En el presente asunto, hay lugar a imponer la condena en costas en favor de la parte demandada de conformidad al artículo 365 del CGP.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Parte demandante5

La apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación y solicitó modificar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El a quo desconoció que la demanda de acción popular de radicado 200403456-00 fue presentada el 13 de diciembre de 2004 y fallada en segunda instancia el 14 de marzo de 2013 , lo que significa que el referido proceso duro en trámite 8 años, 3 meses y 1 día.

1. Si bien es cierto la justicia se caracteriza por contar con cierta congestión laboral, dicha situación no exime a los funcionarios judiciales de dar prioridad a los asuntos constitucionales que se encuentran a su cargo en el menor tiempo posible.

1. Si bien es cierto la justicia se caracteriza por contar con cierta congestión laboral, dicha situación no exime a los funcionarios judiciales de dar prioridad a los asuntos constitucionales que se encuentran a su cargo en el menor tiempo posible.

1. El juez de primera instancia no tuvo en cuenta las pruebas obrantes en el proceso que permiten acreditar el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en atención a las parálisis continuas en la acción popular de radicado 2004-03456-00 y la falta de impulso oficioso por el operador judicial a cargo.

1. En el caso bajo estudio se encuentran acreditados los requisitos establecidos por el Consejo de Estado para la configuración de la pérdida de oportunidad consistente en la obtención del derecho al incentivo económico consagrado en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 con ocasión al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y a la vulneración del principio de

5 Expediente digital, actuación 25, índice SAMAI, link one drive, archivo 038.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración judicial Radicado: 680013333005-2015-00002-01

6 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

confianza legitima ante los cambios impredecibles e intempestivos que alteran la seguridad jurídica, toda vez que existía una alta probabilidad de obtener sentencia favorable a sus pretensiones antes de la entrada en vigencia de la Ley 1425 de 2010.

confianza legitima ante los cambios impredecibles e intempestivos que alteran la seguridad jurídica, toda vez que existía una alta probabilidad de obtener sentencia favorable a sus pretensiones antes de la entrada en vigencia de la Ley 1425 de 2010.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 22 de noviembre de 2019 6 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y se ordenó la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante7

Los argumentos de las alegaciones, se resumen de la siguiente manera:

1. En el asunto de la referencia se encuentra acredita la violación al trámite preferencial de las acciones constitucionales , razón por la cual es evidente el defectuoso funcionamiento de administración de justicia en que incurrió el

Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander.

1.6.2. Nación, Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial8

Los argumentos de las alegaciones, se resumen de la siguiente manera:

1. Tal y como y lo indicó el a quo, la pérdida de oportunidad alegada por el demandante encuentra sustento en una mera expectativa de percibir el incentivo económico de que trataba el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 y no en un derecho adquirido, motivo por el cual resulta improcedente su reconocimiento.

1.6.3. El Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con

1.6.3. El Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia.

6 Expediente digital, actuación 021 Índice SAMAI. 7 Expediente digital, actuación 042 Índice SAMAI. 8 Expediente digital, actuación 041 Índice SAMAI.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración judicial Radicado: 680013333005-2015-00002-01

7 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en los escritos de apelación, le corresponde a la Sala establecer si la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es administrativa y patrimonialmente responsable por el presunto daño causado a la parte

los escritos de apelación, le corresponde a la Sala establecer si la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es administrativa y patrimonialmente responsable por el presunto daño causado a la parte demandante consistente en la pérdida de oportunidad de obtener el reconocimiento y pago del incentivo económico consagrado en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, derogado por la Ley 1425 de 2010 derivado del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrieron los operadores judiciales al no decidir la acción popular de radicado 2004 -03456-00 dentro de los términos perentorios establecidos para su trámite y, si en consecuencia, se debe condenar al pago de los daños y perjuicios causados.

2.3. Marco normativo

2.4.1. De los elementos de la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado basado en la noción de daño antijurídico, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad.9

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el daño antijurídico tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.

Sobre el particular, señaló esa Corporación10:

«Se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o

«Se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irre mediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de un daño cierto, que afecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes o interese jurídicos, y que esperar a su concreción material podría

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 30 de agosto de 2017, radicado 05001233100020010230001. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 16 de febrero de 2017, radicado 52001 -23-31-000-200100960-01.Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración judicial Radicado: 680013333005-2015-00002-01

8 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

de Administración judicial Radicado: 680013333005-2015-00002-01

8 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece». […]

Igualmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha advertido que, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito, se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados en el elemento imputación.11

Adicionalmente, se ha indicado que la naturaleza antijurídica del daño depende de su carácter particular y anormal, así como de la inexistencia de un título jurídico válido que imponga al afectado el deber de soportarlo. Por tanto, la ocurrencia de un daño antijurídico no está atada a la il egalidad de la acción u omisión origen de su causación, ni el derecho a su reparación depende simplemente de la demostración de una actuación irregular o defectuosa del Estado o por la generación de un perjuicio por la ac ción u omisión de sus agentes.12

En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño comprendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida.13

El primer elemento que se debe observar en el análisis de responsabilidad, es el

comprendido como la alteración negativa a un interés lícito o situación jurídicamente protegida.13

El primer elemento que se debe observar en el análisis de responsabilidad, es el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito el cual, además, debe ser antijurídico, comoquiera que se constituye en un elemento necesario para declarar la responsabilidad del Estado conforme a la máxima «sin daño no hay responsabilidad y sólo ante su acreditación hay lugar a estudiar la imputación».14

De otra parte, para la configuración del elemento imputación, deben tenerse en cuenta las situaciones fácticas y jurídicas con el fin de determinar la causa eficiente del daño y el fundamento o régimen de responsabilidad aplicable.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ,15 ha establecido que la imputación es la atribución que del daño antijurídico se hace al Estado que lo obliga a repararlo. En esta noción se comprenden los causados en ejercicio de la función pública y con ocasión de aquella, siempre en consonancia con los criterios o causales de imputación desarrollados. Es decir que, verificada la ocurrencia de un daño antijuridico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente con la finalidad de hacer efectivo el principio neminen laedere.

11 Subsección A, consejera ponente: María Adriana Marín, sentencia del 9 de abril de 2021, radicado 68001-23-33-000-2013-0011201 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: Martín Bermúdez

radicado 68001-23-33-000-2013-0011201 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz, sentencia del 26 de enero de 2022, radicado 25-000-23-26-000-2011-01023-01. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, consejera ponente: María Adriana Marín, sentencia del 24 de septiembre de 2021, radicado 85001-23-31-000-2011-00214-01 14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, consejera ponente: María Adriana Marín, sentencia del 30 de agosto de 2022, radicado 76001-23-31-000-2010-01727-02 15Subsección C, consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales, sentencia del 19 de febrero de 2024, radicado 25000-23-26-000-2011-00220-01Reparación directa Sentencia de segunda instancia

Demandante: Daniel Villamizar Basto Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración judicial Radicado: 680013333005-2015-00002-01

9 Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

En consecuencia, la configuración de los anteriores elementos permite declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, la cual origina perjuicios que corresponden ser indemnizados a favor de quien sufrió el daño siempre que no se encuentre en el de ber de soportarlo. Para el efecto, debe partirse de diferentes títulos de imputación establecidos en los precedentes

corresponden ser indemnizados a favor de quien sufrió el daño siempre que no se encuentre en el de ber de soportarlo. Para el efecto, debe partirse de diferentes títulos de imputación establecidos en los precedentes jurisprudenciales y doctrinales los cuales se clasifican en la falla o falta en la prestación del servicio, el daño especial y el riesgo excepcional.16

2.4.2. Sobre la pérdida de oportunidad

La pérdida de oportunidad es un daño autónomo, y se ha entendido como la interrupción o truncamiento de una expectativa legítima que tenía una persona, para obtener un beneficio o evitar un perjuicio y que deriva de la intervención u omisión de un tercero.

Al respecto el Consejo de Estado17 ha sostenido lo siguiente:

«[e]sta postura jurisprudencial al interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado precisa que la pérdida de oportunidad es un daño en sí mismo con identidad y características propias, diferente de la ventaja final esperada o del perjuicio que se busca eludir y cuyo colofón es la vulneración a una expectativa legítima, la cual debe ser reparada de acuerdo al porcentaje de probabilidad de realización de la oportunidad que se perdió […]».

A su turno, para que se configure la pérdida de oportunidad como un daño autónomo, la jurisprudencia del máximo órgano 18 de la jurisdicción contenciosa administrativa ha desarrollado tres requisitos: i) la certeza de la oportunidad que se pierde; ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento; y que iii) la víctima debe encontrarse en una s ituación potencialmente apta para pretender la obtención del resultado esperado, es

se pierde; ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho o de evitar el detrimento; y que iii) la víctima debe encontrarse en una s ituación potencialmente apta para pretender la obtención del resultado esperado, es decir, que debe analizarse si el afectado se encontraba en condiciones fácticas y jurídicas idóneas para alcanzar el provecho.

Adicionalmente, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado19 ha indicado:

«[d]esde la óptica del daño se erige la pérdida de una oportunidad como la lesión a un interés jurídico tutelado y, en esa medida, para su configuración es necesario que se trate de la pérdida de una oportunidad seria.

La oportunidad pérdida debe contar con un grado de suficiencia que permita concluir que, la acción u omisión de la autoridad pública

16 HENAO. J. (2015). Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su unificació