TA SAN - Sentencia 680013333005-2015-00155-01 (27-02-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTER LABORAL Demandante CRISTIAN ALBERTO ACOSTA PUENTES, identificado con C.C. No. 91.261.977 xiangoca@hotmail.com

Demandado

Vinculado

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE

MEDICAMENTOS «INVIMA»

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

«CNSC»

njudiciales@invima.gov.co notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co notificaciones@cnsc.gov.co osoriomorenoabogado@hotmail.com

FABIO ULLOA VARÓN

fulloav@invima.gov.co Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II Para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co Radicado y link de expediente 680013333005-2015-00155-01 Tema Niega nulidad de acto que termina nombramiento de empleado provisional. No se probaron los cargos de falsa motivación y violación del debido proceso.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala

Tema Niega nulidad de acto que termina nombramiento de empleado provisional. No se probaron los cargos de falsa motivación y violación del debido proceso.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte deman dante contra la sentencia proferida el 26 de febrero de 2018 por el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones

En la demanda se solicita la declaratoria de nulidad de las siguientes resoluciones emitidas por el INVIMA:

(i) Resolución No. 200730896 del 24 de diciembre de 2007, mediante la cual se nombró al señor Cristian Alberto Acosta Puentes, por un término de seis meses en el cargo de Profesional Universitario, código 2044, grado 11, adscrito a la Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, Grupo Territorial Centro Oriente 1.

Así mismo, (ii) la Resolución No. 200817092 del 27 de junio de 2008 que prorrogó un nombramiento en provisionalidad, (iii) la Resolución No. 2009026232 del 7 de septiembre de 2009 la cual modificó el manual de funciones y competencias laborales, (iv) la Resolución No. 2012030593 del 12 de octubre de 2012 que estableció el manual

1 Aplicativo SAMAI. Índice 14. Link OneDrive, documento: “ 01.Cdno Principal No. 1.pdf”, folio 3-47RADICADO: 680013333005-2015-00155-01

1 Aplicativo SAMAI. Índice 14. Link OneDrive, documento: “ 01.Cdno Principal No. 1.pdf”, folio 3-47RADICADO: 680013333005-2015-00155-01

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específico de funciones y competencias laborales y (v) la Resolución No. 2014022353 del 18 de julio de 2014 que declaró insubsistente un nombramiento en provisionalidad dentro de la planta de personal globalizada.

Del mismo modo, la nulidad de (vi) la Resolución No 2014024962 del 8 de agosto de 2014, mediante la cual se revoca en todas sus partes el contenido de la Resolución No. 2014022283 del 18 de julio de 2014 y se modifica la 2014022343 del 18 de julio de 2014 la cual declara la insubsistencia del nombramiento en provisionalidad efectuado mediante Resolución No 2007030957 del 24 de diciembre de 2007, al señor Luis Alberto Cárdenas Gutiérrez, en el cargo de profesional universitario código 2044, grado 11.

Así mismo, (vii) la Resolución No. 2014034040 del 17 de octubre de 2014, por la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba y se declara la insubsistencia dentro de la

Así mismo, (vii) la Resolución No. 2014034040 del 17 de octubre de 2014, por la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba y se declara la insubsistencia dentro de la planta global del «INVIMA» y (viii) la Resoluciones No. 0203 de agosto de 2016 y 0301 del 20 de octubre de 2016, mediante las cuales se da por terminado el nombramiento provisional del demandante.

A título de restablecimiento del derecho, el actor solicita el reintegro al referido cargo, con retroactividad desde el día de su desvinculación. También pretende que se le reconozcan y paguen los salarios, primas, bonificaciones, vacaciones y demás prestaciones dejadas de percibir.

Finalmente, pide condenar a la entidad demandada, por los daños morales y materiales causados, como consecuencia de un despido injusto que desconoció su condición de salud y los méritos por los cuales ostentó el cargo que ocupaba.

2. Hechos

En el escrito introductorio se plantean los siguientes hechos:

El señor Cristian Alberto Acosta Puentes fue nombrado en provisionalidad mediante Resolución No. 2007022960 del 8 de octubre de 2007, en un cargo de la planta de personal globalizada del INVIMA.

Posteriormente, mediante Resolución No 2012031610 del 30 de octubre de 2012 es nombrado en el cargo de Profesional Universitario, código 2044 grado 11.

Mediante Resolución No. 2014022353 del 18 de julio de 2014 se hace un nombramiento en periodo de prueba al señor Carlos Alberto Padilla y se declara su insubsistencia. El señor Padilla solicitó designación en la ciudad de Armenia.

Mediante Resolución No. 2014022353 del 18 de julio de 2014 se hace un nombramiento en periodo de prueba al señor Carlos Alberto Padilla y se declara su insubsistencia. El señor Padilla solicitó designación en la ciudad de Armenia.

Refiere que por Resolución No. 20140340404 del 17 de octubre de 2014 fue nombrado en periodo de prueba al señor Fabio Ulloa Varón y se declara su insubsistencia a partir de la fecha de posesión 10 de noviembre de 2014.

Aduce que su desvinculación resulta arbitraria, dado que era directivo de SINTRAINVIMA y presentaba hipoacusia, entre otras enfermedades, además que había sufrido un accidente de trabajo.

3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas transgredidas, el demandante invoca los artículos. 124, 125 y 209 de la Constitución Política, 1 y 5 de la Ley 443 de 1998, 92 de la Ley 136 de 1994; 4, 5 y 8 del Decreto 1582 de 1998, 26 del Decreto 2400 de 1969 y 36 del Decreto Ley 01 de 1984.RADICADO: 680013333005-2015-00155-01

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El demandante sostiene que los actos administrativos acusados adolecen de falsa motivación y con violación del debido proceso. Expone que prestó sus servicios desde el 12 de octubre de 2007 hasta el 10 de noviembre de 2014 y que su desvinculación se produjo mediante la Resolución del 17 de octubre de 2014, sin que se cumpliera el procedimiento de notificación legalmente previsto.

Alega, además, que la persona designada en su reemplazo no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo, lo que se tradujo en un deterioro del servicio. Manifiesta que, en el ejercicio de sus funciones, fue obligado a desempeñarse en condiciones de riesgo que comprometieron su integridad física, particularmente en atención a su estado de salud y la pérdida parcial de audición. Indica que fue víctima de amenazas contra su vida y de agresiones personales, hechos que fueron puestos en conocimiento de la F iscalía General de la Nación sin que sus superiores adoptaran medidas de protección adecuadas.

Finalmente, sostiene que la resolución que declaró su insubsistencia carece de motivación jurídica y vulnera sus derechos laborales y fundamentales.

B. Contestación

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos «INVIMA» 2 afirma que el acto acusado goza de presunción de legalidad y fue motivado en cumplimiento de la lista de elegibles del concurso de méritos de la convocatoria 135 de 2012, remitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

que el acto acusado goza de presunción de legalidad y fue motivado en cumplimiento de la lista de elegibles del concurso de méritos de la convocatoria 135 de 2012, remitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Afirma que los argumentos planteados por el demandante son fruto de una indebida interpretación de la realidad jurídica y fáctica, por cuanto este se encontraba vinculado en provisionalidad y su retiro se dio con ocasión del nombramiento en carrera de un tercero. E n cuanto a sus prestaciones, sostiene que estas fueron debidamente canceladas mes a mes de manera completa.

En cuanto al fuero sindical alegado , precisa que en los casos en que la persona nombrada en provisionalidad haga parte del sindicato y sea retirada del cargo con ocasión de concurso de méritos, no se requiere permiso especial o autorización conforme al artículo 24 de decreto 760 de 2005.

En relación con el concurso debatido, señala que el actor participó en el proceso, pero no obtuvo el resultado esperado. Asimismo, advierte que , si este tenía alguna inconformidad con las etapas o los resultados de las pruebas, debió impugnar los actos respectivos en la oportunidad de ley. Apunta que su permanencia previa en el cargo no le otorgaba estabilidad ni mejor derecho sobre el empleo que o cupaba en provisionalidad.

La Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC 3 afirma que no puede oponerse a las pretensiones del demandante, puesto que ninguna de ellas guarda relación directa sus funciones. Destaca que sus actos no fueron atacados, por lo que tanto el medio de control como los hechos expuestos no le son oponibles.

Indica que es un órgano de creación constitucional, encargado de la administración y

funciones. Destaca que sus actos no fueron atacados, por lo que tanto el medio de control como los hechos expuestos no le son oponibles.

Indica que es un órgano de creación constitucional, encargado de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, y que, en cumplimiento de dichas obligaciones, llevó a cabo la Convocatoria 135 de 2012 del INVIMA.

2 Expediente SAMAI PDF 0003 Fls. 218-287 3 Expediente Digital 002 PDF 19 fls. 313-429.RADICADO: 680013333005-2015-00155-01

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Propuso como excepciones, la falta de legitimación en la causa por pasiva, la caducidad, la carencia actual de objeto, inexistencia de la obligación e ineptitud sustantiva de la demanda.

El vinculado Fabio Ulloa Varón se notificó personalmente 4, pero no contestó la demanda.

C. La sentencia recurrida5

Mediante sentencia del 26 de febrero de 20 18, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga negó las pretensiones y condenó en costas a l demandante, en síntesis, porque no se probaron los vicios de nulidad planteados en la demanda.

Circuito Judicial de Bucaramanga negó las pretensiones y condenó en costas a l demandante, en síntesis, porque no se probaron los vicios de nulidad planteados en la demanda. Sostuvo el a quo que el nombramiento de Fabio Ulloa Varón, en el cargo ocupado por el demandante, obedeció a las reglas para la provisión de cargos de carrera administrativa. Aquel superó todas las etapas del concurso, fue incluido en la lista de elegibles y nombrado conforme a la normativa vigente. Señaló que, aunque el demandante afirmó que algunos integrantes de la lista de elegibles carecían de la hoja de vida y de los conocimientos necesarios para el cargo e incluso que él mismo capacitó a algunos por su desconocimiento de los procesos en el INVIMA, no se acreditó prueba alguna en relación con Ulloa Varón. Además, advirtió que cualquier irregularidad sobre su idoneidad debió ser discutida dentro del concurso y no en este proceso. Destacó que el concurso para la provisión del cargo era legal, pues no ha sido anulado mediante decisión judicial. En consecuencia, el INVIMA debía cumplir con la etapa correspondiente y designar en el cargo a quien legítimamente integraba la lista de elegibles, lo que hacía necesaria la insubsistencia de l demandante Cristian Alberto Acosta Puentes, quien lo ocupaba en calidad de provisionalidad y no tenía mejor derecho que el nombrado. Precisó que la designación en período de prueba y la declaración de insubsistencia se formalizaron mediante resoluciones. Inicialmente, la Resolución No. 2014022353 nombró a Carlos Alberto Padilla, quien solicitó su traslado a Armenia, por lo que su designación se efectuó en dicha ciudad y posteriormente fue revocada. Ante esto, se

formalizaron mediante resoluciones. Inicialmente, la Resolución No. 2014022353 nombró a Carlos Alberto Padilla, quien solicitó su traslado a Armenia, por lo que su designación se efectuó en dicha ciudad y posteriormente fue revocada. Ante esto, se acudió nuevamente a la lista de elegibles, y mediante la Resolución No. 2014034040 del 17 de octubre de 2014, se nombró en período de prueba a Fabio Ulloa Varón y se declaró insubsistente al demandante. La posesión del designado quedó verificada y registrada en el expediente, por lo que desestimó la afirmación del actor respecto a que dicha posesión no ocurrió o que se trató de una persona distinta.

D. La apelación6

Solicita la parte demandante que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se declare la nulidad de las resoluciones acusadas, así como el restablecimiento del derecho pretendido.

Como fundamento de su inconformidad, señala que el a quo no valoró diferentes situaciones que hubiesen llevado a una decisión distinta. En primer lugar , que la Resolución No 2014034040 del 17 de octubre de 2014 7, no fue notificada en debida forma, por cuanto no se notific ó personalmente al interesado, con la anotación de la

4 Expediente Digital 002 fl. 452 5 Ibidem, PDF 69 folios 516-528. 6Ibidem, folio 730-742. 7Por la cual se hace un nombramiento en el periodo de prueba y se declarar la insubsistencia dentro de la planta global del IN VIMARADICADO: 680013333005-2015-00155-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

7Por la cual se hace un nombramiento en el periodo de prueba y se declarar la insubsistencia dentro de la planta global del IN VIMARADICADO: 680013333005-2015-00155-01

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fecha, la hora y los recursos que legalmente proceden, ante quién se deben interponer y los plazos para efectuarlo , de conformidad con los artículos 66 y 67 de la ley 1437 de 2011.

Señala que, si bien la entidad demandada envió a su correo institucional información sobre la declaratoria de insubsistencia, donde se indicaba que el señor Fabio Ulloa Varón tomaría posesión de su cargo el día lunes 10 de noviembre de 2014, fue solo hasta el 11 de noviembre de 2014 que se dio la mencionada situación . Advirtió que el mensaje de datos no llevaba incorporado el nombre del funcionario ni la motivación jurídica, como tampoco se adjuntó la resolución correspondiente.

Asimismo, señala que el juez de instancia desconoció su declaración de parte, así como los testimonios de los señores: Luis Antonio Ramírez Delgado, Nubia Amaya Gutiérrez, Arnulfo Meneses y Diana Carolina Pérez Cortez ; los cuales corroboraron que no se le permitió conocer oportunamente el contenido de la resolución por la cual fue declarado

los testimonios de los señores: Luis Antonio Ramírez Delgado, Nubia Amaya Gutiérrez, Arnulfo Meneses y Diana Carolina Pérez Cortez ; los cuales corroboraron que no se le permitió conocer oportunamente el contenido de la resolución por la cual fue declarado insubsistente. Refiere además que al plenari o no fue arrimada ninguna prueba de la notificación del mencionado acto administrativo, por parte de la entidad demandada.

Apunta que el 17 de marzo de 2015 elevó petición para obtener copia de los actos administrativos y conocer su contenido, pero la entidad guardó silencio, lo que le obligó a interponer acción de tutela. El 4 de mayo de 2015, en la audiencia de conciliación prejudicial, le fueron entregadas las resoluciones solicitadas. Además, señala que la notificación electrónica solo se entiende surtida cuando el destinatario accede al acto administrativo y lo acepta.

En segundo lugar, señala que el fallador desconoció su derecho a la estabilidad laboral reforzada al contar con fuero sindical . Refiere que el sindicato del INVIMA emitió el comunicado No. 008 de 2014 dirigido al Coordinador de Talento Humano, el cual no fue tenido en cuenta para evitar la vulneración de sus derechos laborales.

En tercer lugar, indica que la liquidación de las prestaciones sociales no se efectuó en debida forma, pues omitió incluir factores salariales, situación que el a quo no tuvo en cuenta. En cuarto lugar, afirma que la exposición constante al ruido en el cuarto de máquinas, las peladoras y otras áreas de proceso a las que tenía que asistir con ocasión de sus funciones le causó hipoacusia, diagnosticada desde 2010. Dice que este daño se generó

las peladoras y otras áreas de proceso a las que tenía que asistir con ocasión de sus funciones le causó hipoacusia, diagnosticada desde 2010. Dice que este daño se generó por la entrega incompleta de elementos de protección personal por parte de la entidad. Afirma que todo lo anterior le ha generado depresión, preocupación, tristeza e impotencia, al quedar sin ingresos para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, especialmente teniendo en consideración que es padre cabeza de hogar.

E. Trámite en segunda instancia y alegaciones

Por medio de auto del 25 de mayo de 20 188 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión 9 y al Ministerio Público para emitir concepto de fondo. De este trámite se destaca lo siguiente:

1. La parte demandante 10 insiste en los argumentos expuesto s en el recurso de apelación. E nfatiza en que el juez de primera instancia no valoró correctamente los testimonios de los señores Luis Antonio Ramírez Delgado, Nubia Amaya Gutiérrez , Arnulfo Meneses y Diana Carolina Pérez Cortez que dieron cuenta que la resolución que

8 Expediente Digital 002 PDF 76 fls 557. 9 Expediente Digital 002 PDF 78 fls 564 10 Expediente Digital 002 PDF 80 fls 561RADICADO: 680013333005-2015-00155-01

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declara la insubsistencia del aquí demandante no fue notificada en debida forma. Aunado a lo anterior, alega que la acción de tutela contra el INVIMA, así como el interrogatorio de parte por él rendido y las demás pruebas obrantes en el proceso, no fueron valoradas.

2. La CNSC11 reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y hace énfasis en que las pretensiones deben ser denegadas, debido a que los actos administrativos demandados fueron expedidos por el INVIMA, entidad con la cual no tiene ningún vínculo.

3. El INVIMA12 reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y enfatiza en que no se configuran los elementos necesarios para declarar la nulidad de la resolución objeto de debate.

II. CONSIDERACIONES

A. Competencia

De acuerdo con el artículo 153 del CPACA, el Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. Cuestión previa: improcedencia de las pruebas solicitadas en segunda instancia

En el presente caso, el apelante solicita decretar como prueba sobreviniente la hoja de vida del funcionario que reemplazó al demandante, al considerar que es necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo.

En el presente caso, el apelante solicita decretar como prueba sobreviniente la hoja de vida del funcionario que reemplazó al demandante, al considerar que es necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo.

De acuerdo con el artículo 212 del CPACA y la jurisprudencia del H. Consejo de Estado. La solicitud de pruebas en segunda instancia se puede presentar hasta la ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Además, su decreto es de carácter excepcional. De acuerdo con la norma, es la primera instancia la oportunidad idónea en la cual las partes pueden efectuar todo tipo de peticiones en materia de pruebas, ya que es el momento procesal en el que se surte el debate probatorio para que el juez realice la respectiva valoración.

En este caso, el recurso de apelación fue admitido el 25 de mayo de 20 18 y notificado mediante estado el mismo día. La solicitud de pruebas se hizo en la sus tentación del recurso de apelación, es decir, dentro del término. Sin embargo, la prueba solicitada -la hoja de vida del funcionario que reemplazó al demandantees improcedente, puesto que no cumple con ninguno de los requisitos exigidos en la norma citada. No corresponde a pruebas inicialmente decretadas pero no practicadas sin culpa del apelante, no se refiere a hechos posteriores al periodo probatorio de primera instan cia, no es un documento imposible de allegar por fuerza mayor, caso fortuito o actuación de la parte contraria, ni busca desvirtuar pruebas decretadas en esta instancia.

C. El problema jurídico y su resolución

De conformidad con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico:

busca desvirtuar pruebas decretadas en esta instancia.

C. El problema jurídico y su resolución

De conformidad con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico:

¿El acto de retiro del señor Cristian Alberto Acosta Puentes es ilegal , según la demanda, por haberse notificado indebidamente y desconocer su derecho a la estabilidad laboral reforzada, derivada de su fuero sindical y su estado de salud?

Tesis: No.

11 Expediente Digital 002 PDF 80 fls 569-626 12 Expediente Digital 002 PDF 82 fls. 632-635RADICADO: 680013333005-2015-00155-01

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Fundamento: la alegada irregularidad en la etapa de notificación del acto de retiro no es un vicio de ilegalidad sino un requisito de eficacia que no guarda relación alguna con la validez del acto. En cuanto al cargo de nulidad por desconocimiento de las normas sobre fuero sindical y estabilidad laboral reforzada, este no se configuró. El acto de retiro del demandante se fundamentó en una razón objetiva, consistente en la provisión definitiva

del cargo de carrera con la persona que superó el concurso de méritos. En estos casos,

fuero sindical y estabilidad laboral reforzada, este no se configuró. El acto de retiro del demandante se fundamentó en una razón objetiva, consistente en la provisión definitiva del cargo de carrera con la persona que superó el concurso de méritos. En estos casos, la desvinculación no está supeditada a la autorización del juez del trabajo.

C. Marco jurídico

1. La falsa motivación como causal de nulidad de los actos administrativos

La motivación o exteriorización del fundamento de la decisión administrativa busca precaver cualquier asomo de arbitrariedad y sujetar la voluntad de la administración a criterios de legalidad, a la certeza de los hechos y a su apreciación razonable y debi da calificación jurídica, pues se parte de que la autoridad administrativa no puede actuar caprichosamente, sino que debe justificar y evidenciar las circunstancias de hecho y de derecho que en cada caso la conducen a tomar una decisión.

De este elemento del acto administrativo pueden predicarse dos vicios de nulidad: la expedición irregular por inobservancia del deber de motivar el acto y el de falsa motivación. Este último se estructura porque habiéndose motivado, las razones de la autoridad i) no se corresponden con la realidad y el ordenamiento jurídico, o ii) no tienen el mérito suficiente para justificar la decisión.

La primera hipótesis se presenta cuando los hechos o razones de derecho del acto carecen de veracidad, es decir, se presenta una disconformidad entre éstos y la realidad fáctica y jurídica que ha debido servirle de fundamento. En consonancia con lo anterior, un acto administrativo estará viciado de nulidad, entre otros eventos, cuando los

carecen de veracidad, es decir, se presenta una disconformidad entre éstos y la realidad fáctica y jurídica que ha debido servirle de fundamento. En consonancia con lo anterior, un acto administrativo estará viciado de nulidad, entre otros eventos, cuando los fundamentos para la adopción de la decisión son contrarios a la realidad, engañosos o simulados, cuando los hechos que tuvo en cuenta la administración para adoptar la decisión no existieron, no estuvieron debidamente probados o fueron apreciados en una dimensión equivocada, es decir, se incurrió en una errada interpretación de esos hechos, o cuando la administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.

La segunda hipótesis se da cuando los fundamentos fácticos y jurídicos manifestados por la administración no tienen el mérito suficiente para adoptar la decisión. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los hechos o fundamentos de derecho se analizan con ligereza, de manera aislada o irrazonable, o cuando no existe correspondencia entre las razones de hecho que se afirman y los supuestos de derecho que se aducen para proferir el acto.

2. La motivación de los actos de retiro de los empleados nombrados en provisionalidad

Los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004 contemplan el nombramiento en provisionalidad como una forma excepcional de proveer cargos de carrera en los casos en los que una vacante definitiva o temporal no haya sido cubierta mediante el sistema de méritos. L os empleados nombrados bajo esta modalidad ostentan una estabilidad laboral relativa, porque la naturaleza de su vinculación es esencialmente transitoria,

en los que una vacante definitiva o temporal no haya sido cubierta mediante el sistema de méritos. L os empleados nombrados bajo esta modalidad ostentan una estabilidad laboral relativa, porque la naturaleza de su vinculación es esencialmente transitoria, es decir, no cuentan con el fuero de inamovilidad de los empleados de carrera , ni les son aplicables con la misma rigurosidad las causales de retiro consagradas por el legislador para estos últimos.RADICADO: 680013333005-2015-00155-01

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La jurisprudencia ha consagrado una serie de subreglas específicas para la desvinculación de los empleados nombrados en provisionalidad. La primera atañe al deber de motivación de los actos de retiro, como manifestación del derecho fundamental al debido proceso y herramienta de control de la arbitrariedad de la administración en el Estado de Derecho.

Según la Corte Constitucional, el acto de retiro no sólo debe ser motivado, sino que la motivación debe ser particular y concreta, de manera que el desvinculado cuente con los elementos de juicio necesarios para controvertirla en sedes administrativa y jurisdiccional. No son válidas, por ende, las justificaciones indefinidas, generales y abstractas que no se predican directamente del empleado.

los elementos de juicio necesarios para controvertirla en sedes administrativa y jurisdiccional. No son válidas, por ende, las justificaciones indefinidas, generales y abstractas que no se predican directamente del empleado.

La segunda subregla alude a las razones constitucionalmente admisibles para declarar la insubsistencia del nombramiento provisional. Para la Corte, sólo es válida la motivación que responde a criterios objetivos y razonables , como la que se fundamenta en la provisión definitiva del cargo con la persona que superó el concurso de méritos, el regreso del titular del cargo de una situación administrativa -vacaciones, encargo, licencia, etc. -, el nombramiento en encargo de un empleado de carrera, la imposición