TA SAN - Sentencia 680013333005-2016-00370-01 (20-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE

CARÁCTER DISCIPLINARIO

DEMANDANTE HEYDA PATRICIA LUGO AYALA identificada con C.C. No. 63.361.549 hplugo@hotmail.com contabilidad@oisa.com.co carolinasotoasociados@hotmail.com

DEMANDADA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA

CENTRAL DE CONTADORES

juncc@jccconta.gov.co info@jcc.gov.co

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

xmora@procuraduria.gov.co

RADICADO Y LINK EXPEDIENTE 680013333005-2016-00370-01

TEMA Facultad disciplinaria de la U.A.E. Junta Central de Contadores - sanción de amonestación a contador público por inexactitud de los valores declarados, por concepto de ingresos, costos y deducciones / Término de caducidad de la facultad disciplinaria cuando el hecho investigado está regulado en el art. 659 del E.T.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la entidad demandada contra la sentencia proferida el 1° de junio de 2018, por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que concedió las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

demandada contra la sentencia proferida el 1° de junio de 2018, por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que concedió las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones La parte demandante solicita que se declare la nulidad de la Resolución No. T0000291 del 9 de febrero de 2016 mediante la cual fue sancionada con amonestación.

A título de restablecimiento del derecho, pide la suma de $20.000.000 de pesos, como reconocimiento por daño emergente.

2. Hechos La señora Heyda Patricia Lugo Ayala sostiene que , la DIAN comunicó al Tribunal de la UAE Junta Central de Contadores que se le imputaban supuestas

1 Expediente cargado en OneDrive, PDF 001 DEMANDARADICADO: 680013333005-2016-00370-01

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irregularidades en su calidad de Revisora Fiscal, mediante el oficio N o. 01680322 del 1 de agosto de 2012 derivadas de la investigación al contribuyente COMANCO SA correspondiente al año gravable 2009. Refiere que la UAE Junta Central de Contadores emitió auto de apertura de diligencias el 11 de octubre de 2012, el 6 de junio de 2013 presentó un escrito de versión libre y el 9 de julio de 2013 abrió el expediente disciplinario N o. 2012-053 en el que ordenó proferir un auto de cargos y calificó provisionalmente la falta como

versión libre y el 9 de julio de 2013 abrió el expediente disciplinario N o. 2012-053 en el que ordenó proferir un auto de cargos y calificó provisionalmente la falta como grave a título de dolo . Finalmente, la entidad demandada expidió la Resolución Sanción Contador y/o Revisor Fiscal N o. T0000291 del 9 de febrero de 2016 , por fuera del término legal. Afirma que la decisión sancionatoria le generó perjuicios materiales por los gastos asociados al proceso y daños morales al exponer su nombre en registros públicos.

3. Normas violadas y concepto de violación En la demanda se enlistan como normas violadas los artículos 2, 4, 29, 83 y 209 de la Constitución Política; 47 y 52 de la Ley 1437 de 2011, 41 y 54 de la Ley 43 de

1990. La demandante sostiene que, a la fecha de expedir la resolución impugnada, la facultad sancionadora de la entidad se encontraba caducada. Se apoya en providencias del Consejo de Estado según las cuales , en ausencia de una norma específica que establezca el plazo para ejercer la potestad san cionatoria, resultan aplicables las reglas del CPACA. Además, argumenta que la Junta Central de Contadores debía interpretar la norma de forma favorable y reconocer la caducidad como elemento determinante de su competencia. Por último, sostiene que la sanción del artículo 660 del Estatuto Tributario no es aplicable, ya que los datos que firmó y certificó reflejan con precisión las operaciones contables registradas. Además, señala que la conducta investigada no

competencia. Por último, sostiene que la sanción del artículo 660 del Estatuto Tributario no es aplicable, ya que los datos que firmó y certificó reflejan con precisión las operaciones contables registradas. Además, señala que la conducta investigada no encuadra en lo dispuesto en el artículo 647 del mismo estatuto. Agrega que, desde el ámbito contable, la información es correcta para los estados financieros y que, en la declaración de renta, las deducciones a proveedores fueron consideradas con el debido soporte documental. En definitiva, ante la carencia de una norma especial que fije un plazo para el proceso disciplinario, el tiempo para emitir una decisión debía regirse por lo dispuesto en el ordenamiento contencioso administrativo, lo que implica que operó el fenómeno de la caducidad.

B. Contestación La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 2 se opone a las pretensiones. Indica que estas carecen de fundamento legal y probatori o, toda

2 Expediente cargado en OneDrive, PDF 013 CONTESTACIÓN DEMANDA Fls.76-285RADICADO: 680013333005-2016-00370-01

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vez que los actos administrativos sancionatorios se expidieron con observancia de las normas que rigen la materia dentro del ámbito de su competencia. Argumenta que el acto administrativo demandado, no está enmarcado en las causales de nulidad establecidas en el artículo 137 del CPACA por las siguientes razones:

las normas que rigen la materia dentro del ámbito de su competencia. Argumenta que el acto administrativo demandado, no está enmarcado en las causales de nulidad establecidas en el artículo 137 del CPACA por las siguientes razones:

a) El acto administrativo No. T 0000-291 del 9 de febrero de 2016, fue fundamentado en los artículos 10, 37.4 y 70 de la Ley 43 de 1990 cumpl e el principio de legalidad. b) El Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, está facultado en los artículos 20 y 28 de la Ley 43 de 1990, como autoridad administrativa para sancionar en los términos de ley aquellos profesionales que ejerzan la Contaduría Pública de forma indebida, adoptando decisiones dentro del marco constitucional y legal que le señal a su competencia. c) Durante la investigación disciplinaria se le garantizó el derecho de audiencia y defensa a la sancionada, prueba de ello es que todas las providencias fueron notificadas personalmente, de esa manera la investigada logró ejercer su dere cho de defensa presentando versión libre, descargos, solicitud de pruebas.

Señala que la sanción de suspensión de la inscripción profesional impuesta a la demandante se generó porque quedó demostrado en el desarrollo de la investigación disciplinaria que la profesional contable certificó, en calidad de revisora fiscal del contribuyente COMANCO S.A., los documentos que sirvieron de soporte para la presentación de la corrección de la declaración de renta del año gravable 2009.

Refiere que, frente a la declaración inicial, la DIAN propuso adicionar ingresos por

revisora fiscal del contribuyente COMANCO S.A., los documentos que sirvieron de soporte para la presentación de la corrección de la declaración de renta del año gravable 2009.

Refiere que, frente a la declaración inicial, la DIAN propuso adicionar ingresos por $808.502.358, rechazar costos por $32.464.000, deducciones por $8.279.995 y gravar pasivos inexistentes por $205.500.000, debido a que las operaciones registradas en los documentos que soportaban la declaración de renta suscrita por la investigada no reflejaban la realidad. Ello, según la autoridad tributaria, por no haber verificado de manera diligente los soportes contables que fundamentaban dicha declaración, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 9° de la Ley 43 de 1990 y el artículo 1° del Decreto 2649 de 1993.

En cuanto a la imputación de la sanción, indica que la demandante está en la obligación de garantizar la veracidad de la información que dictamina, porque puede ser requerida y utilizada por el Estado o por terceros en el giro ordinario de sus negocios, razón por la cual la sanción está basada en el principio de legalidad. Manifiesta que no está obligada a reparar ningún daño a la profesional Lugo Ayala, pues quedó probado en e l proceso sancionatorio que no aplicó las normas de auditoria generalmente aceptadas, al momento de firmar los documentos que sirvieron de soporte para declaración de renta. Por el contrario, agrega la UAE demandada, la señora Lugo debió actuar con mayor precaución y diligencia, y cumplir con las funciones previstas en el artículo 207 delRADICADO: 680013333005-2016-00370-01

Por el contrario, agrega la UAE demandada, la señora Lugo debió actuar con mayor precaución y diligencia, y cumplir con las funciones previstas en el artículo 207 delRADICADO: 680013333005-2016-00370-01

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Código de Comercio, en particular la de verificar de forma constante los soportes contables que respaldaban la declaración. Su omisión en este deber condujo a que la DIAN impusiera al contribuyente una sanción por inexactitud por valor de $14.901.000. Repara en que, la actora, en su calidad de depositaria de la confianza pública, estaba obligada a obrar con la debida diligencia. Asevera que la profesional contable debió obtener evidencia válida y suficiente al respecto, por medio del análisis, inspección, observación, interrogación y otros procedimientos de auditoría para el otorgamiento de su dictamen. Manifiesta que no procede el pago de perjuicios materiales en el concepto de lucro cesante, en razón a que la demandante no aportó declaración de renta, ni soportes de pago de las empresas donde prestó sus servicios profesionales que acrediten la cancelación de la labor efectuada, tampoco contratos de prestación de servicios, RUT de las sociedades donde aparezca registrada como contadora o revisora fiscal, o certificado de existencia y representación legal de las empresas donde apare ce inscrita como revisor fiscal; cataloga esto como temerario. En relación con la competencia , indica que, es dable aplicar el t érmino de cinco

o certificado de existencia y representación legal de las empresas donde apare ce inscrita como revisor fiscal; cataloga esto como temerario. En relación con la competencia , indica que, es dable aplicar el t érmino de cinco años de prescripción establecido en el artículo 638 del Estatuto Tributario, para los casos en que los contadores públicos se vean comprometidos por las conductas establecidas en el artículo 659 y 659-1. De la misma manera señala que, mediante las actas de sesiones No. 1888 del 27 de septiembre de 2012 y No. 1893 del 6 de diciembre de 2012 —decisión ratificada en el acta No. 1900 del 9 de mayo de 2013—, el Tribunal Disciplinario decidió aplicar el término de prescripción previsto para las conductas objeto de investigación contra la accionante, las cuales se encuentran relacionadas en el artículo 659 del Estatuto Tributario. En consecuencia, remitió a la Junta Central de Contadores la competencia para investigarlas y sancionarlas, conforme a lo dispuesto en el artículo 638 del mismo estatuto, lo que demuestra que dicha Junta sí tenía competencia para pronunciarse de fondo sobre esas faltas.

C. La sentencia recurrida3

Mediante sentencia del 1 de junio de 2018 el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga concedió parcialmente las pretensiones y no condenó en costas. Como fundamento de su decisión, el a quo argumentó que se dieron los supuestos para imponer a la demandante la sanción prevista en los artículos 659 y 659-1 del Estatuto Tributario, comoquiera que se demostró la inexactitud de datos contables consignados en la declaración tributaria.

para imponer a la demandante la sanción prevista en los artículos 659 y 659-1 del Estatuto Tributario, comoquiera que se demostró la inexactitud de datos contables consignados en la declaración tributaria.

3 Expediente cargado en OneDrive, PDF 39 SENTENCIA PRIMERA INSTANCIARADICADO: 680013333005-2016-00370-01

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Precisó que la demandante debía comprobar la veracidad y exactitud de los datos declarados, así como el cumplimiento de las obligaciones que sobre contabilidad exigen las normas vigentes. En relación con el t érmino de caducidad indicó que la Ley 43 de 1990 no lo consagra, por tanto, la competencia temporal para que la Junta Central de Contadores ejerza su potestad sancionatoria debe acudir a la norma general contenida en el artículo 52 del CPACA y no la norma especial contenida en el Código Disciplinario Único. Con base en lo anterior, el a quo concluyó que, según la ley y la jurisprudencia vigente, el término de caducidad de la facultad sancionatoria aplicable a los procesos disciplinarios contra contadores públicos es de tres años, según lo previsto en el artículo 38 del C.C.A., hoy artículo 52 de la Ley 1437 de 2011. Dicho término comienza a contarse desde la ocurrencia del hecho, conducta u omisión que pudiera dar lugar a la sanción, dentro del cual debe expedirse y notificarse el acto administrativo que la impone.

comienza a contarse desde la ocurrencia del hecho, conducta u omisión que pudiera dar lugar a la sanción, dentro del cual debe expedirse y notificarse el acto administrativo que la impone.

D. La apelación4

La UAE Junta Central de Contadores solicita que se revoque parcialmente la sentencia de fecha 1 de junio de 2018 y, en su lugar, se nieguen las pretensiones. Dice que la tesis del juez no se ajusta a la normatividad que rige el término que tiene la autoridad disciplinaria para sancionar a los contadores. En primer lugar, argumenta que no comparte la decisión d el a quo, que señala 3 años como término de caducidad de la facultad sancionatoria en todos los procesos disciplinarios contra los contadores públicos, sin tener en cuenta que las conductas tributarias están sujetas a los términos del Estatuto Tributario. Señala que es desacertado invocar como precedente las sentencia s referenciadas en el fallo de primera instancia , debido a que allí no se juzgaron conductas contenidas en el Estatuto Tributario las cuales tienen un término de caducidad de 5 años. En segundo lugar, frente a los perjuicios materiales insiste que la accionante no logró probarlos, por tanto, no es dable su reconocimiento.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 6 de febrero de 20195 se admiti ó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia. Posteriormente el 5 de febrero de 2020 se corrió traslado para alegar de conclusión6, de donde se destaca: Parte demandante7: Precisa que no fue quien elaboró los estados financieros del

interpuesto contra la sentencia de primera instancia. Posteriormente el 5 de febrero de 2020 se corrió traslado para alegar de conclusión6, de donde se destaca: Parte demandante7: Precisa que no fue quien elaboró los estados financieros del Consorcio Vías de Santander, ni a su cargo estaba llevar su contabilidad, por tanto,

4 Expediente cargado en OneDrive PDF41 RECURSO DE APELACIÓN 5 Expediente cargado en OneDrive, PDF 49 AUTO ADMITE RECURSO APELACIÓN 6 Expediente cargado en OneDrive, PDF 51 ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA 7 Expediente cargado en OneDrive, PDF 54 ALEGATOS SEGUNDA INST DEMANDANTERADICADO: 680013333005-2016-00370-01

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no podía haber sido participe del error de desatención de las normas que regían su profesión, reparo por el cual se le sanciona. Por lo anterior, reitera la solicitud de declarar nulo el acto administrativo demandado y se le restablezca el derecho pretendido con la interposición de la presente demanda. Parte demandada8: Reitera lo manifestado en el recurso de apelación, en el sentido que término de caducidad de la facultad sancionatoria en todos los procesos disciplinarios contra los contadores públicos es de 5 años, por cuanto las conductas tributarias están sujetas a los términos del Estatuto Tributario.

Ministerio Público: Guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

tributarias están sujetas a los términos del Estatuto Tributario.

Ministerio Público: Guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

B. Asunto previo: precisión sobre el objeto de la segunda instancia Antes de estudiar el fondo del asunto, se pone de presente que, la juez de primera instancia profirió auto que concede recurso de apelación9, notificado en estrados en el trascurso de la audiencia de conciliación de que trata inciso 4 del artículo 192 del CPACA llevada a cabo el 27 de julio de 2018, en donde decidió conceder en efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y la entidad demandada.

De la revisión minuciosa del expediente físico se tiene que solo la parte demandada UAE Junta Central de Contadores, en dos ocasiones , dentro de término, presentó escrito de apelación.10 De ah í que el entonces m agistrado Rafael Gutiérrez Solano , quien tuvo conocimiento previo del proceso de la referencia, en el auto que admitió el recurso de apelación11, proferido el 6 de febrero de 2019, admitió exclusivamente el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, sin que la parte demandante se opusiera. Por ende, el objeto de esta segunda instancia se circunscribirá a dicha apelación.

C. El problema jurídico y su resolución Con base en la reseña que antecede, la Sala plantea el siguiente problema jurídico:

se opusiera. Por ende, el objeto de esta segunda instancia se circunscribirá a dicha apelación.

C. El problema jurídico y su resolución Con base en la reseña que antecede, la Sala plantea el siguiente problema jurídico: ¿Debe confirmarse la decisión del a quo, que anuló la sanción de amonestación demandada —impuesta por infracciones a las normas que regulan la profesión de

8 Expediente cargado en OneDrive, PDF 53 ALEGATOS SEGUNDA INST DEMANDADA 9 Expediente cargado en OneDrive, PDF 45 AUTO CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN 10 20 de junio de 2018 y 21 de junio de 2018. 11 Expediente cargado en OneDrive, PDF 49 AUTO ADMITE RECURSO APELACIÓNRADICADO: 680013333005-2016-00370-01

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contador— por haberse proferido por fuera del plazo de tres años previsto en el artículo 52 del CPACA para imponer sanciones, no obstante que el artículo 638 del Estatuto Tributario establece un término de cinco años para el ejercicio de la facultad sancionatoria cuando se imponen las sanciones de multa, suspensión o cancelación de la inscripción profesional, consagradas en el art. 659 de dicho estatuto?

Tesis: si.

Fundamento jurídico: Para la Sala hay lugar a declarar la nulidad del acto acusado, por falta de competencia pro tempore, tal como lo dispuso el a quo. La Ley

659 de dicho estatuto?

Tesis: si.

Fundamento jurídico: Para la Sala hay lugar a declarar la nulidad del acto acusado, por falta de competencia pro tempore, tal como lo dispuso el a quo. La Ley 43 de 1990 no estableció́ el término para el ejercicio de la facultad sancionadora de la UAE Junta Central de Contadores; en este orden, atendiendo el precedente fijado por la Corte Constitucional 12, se debe dar aplicación a las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , en este caso, al artículo 52 13, según el cual la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los 3 años desde la ocurrencia d el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas.

Esta regla es residual, puesto que , si el legislador ha establecido un término de caducidad especial para imponer una determinada sanción, este debe atenderse. En este caso, el art. 638 del Estatuto Tributario expresamente señala que «las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario (...) prescriben en el término de cinco años». El artículo 659 del E.T. alude a las sanciones de «multa, suspensión o cancelación de la inscripción profesional» que impone la Junta Central de Contadores, pero no contempla la de amonestación. Por tanto, haciendo una lectura literal de las normas que regulan la materia, correspondía al Tribunal Disciplinario imponer la sanción de amonestación dentro del término general de caducidad de tres años , so pena de perder competencia, contrario a lo alegado por la demandada en el trascurso del proceso.

D. Marco jurídico

correspondía al Tribunal Disciplinario imponer la sanción de amonestación dentro del término general de caducidad de tres años , so pena de perder competencia, contrario a lo alegado por la demandada en el trascurso del proceso.

D. Marco jurídico

1. El artículo 52 del CPACA, vigente para la época de los hechos investigados por

la Junta Central de Contadores, dispone: ARTÍCULO 52. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado.

12 Sentencia C-530 de 2000. 13 “Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones, caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. (...)”RADICADO: 680013333005-2016-00370-01

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2. En punto a la aplicación de esta regla para determinar el término de caducidad de la facultad disciplinaria de la Junta Central de Contadores cuando el hecho a investigar y sancionar es el previsto en el artículo 659 del Estatuto Tributario ,

2. En punto a la aplicación de esta regla para determinar el término de caducidad de la facultad disciplinaria de la Junta Central de Contadores cuando el hecho a investigar y sancionar es el previsto en el artículo 659 del Estatuto Tributario , conviene precisar que no existe precedente sobre la materia.

Como lo refiere la entidad demandada en su recurso de apelación , los pronunciamientos del Consejo de Est ado citados por el a quo cor responden a puntos de derecho y supuestos fácticos distintos, por lo que no puede afirmarse que contengan una razón de la decisión vinculante para la resolución de este caso.

3. Ahora bien, la Corte Constitucional, en la sentencia C-530 de 2000, al estudiar la constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley 43 de 1990 -que atribuyen a la Junta Central de Contadores la función de investigar y sancionar disciplinariamente a los contadores públicos -, fue clara en afirmar que, al ejercer dicha competencia, la Junta desempeña funciones administrativas. Por esa razón, consideró aplicables las normas del entonces Código Contencioso Administrativo, hoy CPACA, por ejemplo, para resolver los vacíos relativos a impedimentos y recusaciones.

En esa ocasión, sostuvo lo siguiente: 13.3.4. La lectura integral de la ley y el examen detenido de la norma cuestionado permite concluir, que aun cuando ésta, comparada con las regulaciones de otros estatutos disciplinarios, puede presentar algunas falencias, por la circunstancia de no regula r de manera minuciosa los trámites propios del proceso disciplinario que debe seguirse para juzgar las faltas en que incurran los sujetos disciplinados, ello no la hace inconstitucional,

manera minuciosa los trámites propios del proceso disciplinario que debe seguirse para juzgar las faltas en que incurran los sujetos disciplinados, ello no la hace inconstitucional, porque los vacíos del procedimiento pueden llenarse acudiendo a la integración normativa. Por consiguiente, tratándose de actuaciones administrativas disciplinarias contra sujetos privados aquéllos pueden llenarse con las normas del C.C.A. o en su defecto, con las normas del Código Unico Disciplinario. Precisamente, se observa que el art. 22 de la ley 43/90 dispone la integración normativa, cuando ordena que los pronunciamientos de la Junta de Contadores están sujetas a los recursos establecidos en el C.C.A. Entiende esta corporación que, en dicha sentencia, el alto tribunal fijó una regla sobre remisión normativa ante vacíos de la Ley 49 de 1993, recurriendo a un criterio orgánico-funcional: la Junta Central de Contadores, en tanto unidad administrativa especial, integra la administración pública y actúa en ejercicio de funciones administrativas. En consecuencia, sus actuaciones disciplinarias deben regirse por las normas generales que regulan la actividad de la administración.

4. Con fundamento en dicha regla, mediante diferentes Acuerdos14, la Junta Central de Contadores expidió la Guía Disciplinaria, para el trámite de investigaciones disciplinarias, en las que reconoce que, prima facie, su actividad está sujeta al CCA hoy CPACA y que el término de caducidad aplicable para el ejercicio de su función disciplinaria es de tres años. Se destacan los siguientes apartes:

disciplinarias, en las que reconoce que, prima facie, su actividad está sujeta al CCA hoy CPACA y que el término de caducidad aplicable para el ejercicio de su función disciplinaria es de tres años. Se destacan los siguientes apartes:

14 Acuerdos 7 de 2005, 13, 14 y 15 del año 2011. https://cijuf.org.co/acuerdos-junta-central-de-contadores-p%C3%BAblicosRADICADO: 680013333005-2016-00370-01

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DEMANDADOS: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Que por mandato de la Ley 43 de 1990, la Junta Central de Contadores es titular de la potestad disciplinaria respecto de los contadores públicos y personas jurídicas prestadoras de servicios contables;

Que el artículo 28 de la citada ley determina el trámite de las investigaciones disciplinarias a cargo de la Junta Central de Contadores, precepto que debe interpretarse en atención a las consideraciones plasmadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 de 2000;

Que por virtud del principio de integración normativa, los vacíos de procedimiento de la Ley 43 de 1990 se deben llenar en primera instancia con las normas del Código Contencioso Administrativo y luego con el Código Disciplinario Único , en lo que resultare compatible con el trámite ético disciplinario de competencia de la Junta Central de Contadores;

Que la Junta Central de Contadores estimó necesario expedir una guía general para el trámite de los procesos disciplinarios de su competencia, la cual debe ser

Junta Central de Contadores;

Que la Junta Central de Contadores estimó necesario expedir una guía general para el trámite de los procesos disciplinarios de su competencia, la cual debe ser observada en forma estricta por los operadores disciplinarios, los dignatarios ponentes, el Tribunal y la Secretaría General de la Corporación;

[…]

CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCINADORA DISCIPLINARIA

En aplicación del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, la facultada de la Junta Central de Contadores para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producidos los actos que puedan ocasionarlas . En tratándose de faltas instantáneas, el término se contará desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.15

5. El término general de caducidad de la facultad disciplinaria no puede aplicarse cuando existe una norma especial que prevé un término distinto. Como lo refiere la Junta Central en su apelación, el artículo 638 del Estatuto Tributario establece que «las sanciones» previstas en los artículos 659 y 659 -1, relacionadas con la expedición de certificaciones contrarias a las normas que rigen la profesión y que hayan servi do de base para la elaboración de declaraciones tributarias, o para soportar actuaciones ante la Administración Tributaria, prescriben en el término

de cinco (5) años. La norma reza:

ARTICULO 638. PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. <Artículo modificado por el artículo 64 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la

ARTICULO 638. PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. <Artículo modificado por el artículo 64 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva li quidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos años siguientes a l