TA SAN - Sentencia 680013333005-2017-00155-01 (09-10-2025)

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Bucaramanga, nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Sentencia de segunda instancia Radicado 680013333005-2017-00155-01 Enlace del expediente https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.as px?guid=680013333005201700155016800123 Medio de control Reparación directa Parte demandante Luis Emilio Cobos Mantilla luisecobosm@yahoo.com.co diamarpe@hotmail.com Parte demandada Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la JudicaturaSala Disciplinaria – Seccional Santander. dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II para asuntos administrativos. xmora@procuraduria.gov.co Tema Responsabilidad del Estado por error j udicial. Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. El artículo 52 del CPACA no resulta aplicable a los procesos jurisdiccionales disciplinarios regulados por la Ley 1123 de 2007, que constituye una normativa especial. El apelante pretende que el juez interprete a su favor la primera parte del CPACA, la cua l solo aplica para autoridades que ejerce n función administrativa, no jurisdiccional. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 25 de abril de 2019 por el Juzgado Quinto Administrativo del

función administrativa, no jurisdiccional. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 25 de abril de 2019 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de B ucaramanga, que negó las pretensiones, una vez verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la competencia1.

1. Antecedentes 1.1. La sentencia recurrida2

El juzgado negó las pretensiones en primera instancia. Concluyó que la conducta sancionada, no entregar oportunamente los dineros recibidos al mandatario, no era una falta instantánea, sino continuada, por ende, el término de prescripción para adelantar el proceso disciplinario se debía contar desde el momento en que cesara la conducta, es decir, cuando se acreditara la entrega del dinero, lo cual al momento en que se presentó la queja disciplinaria no había ocurrido. Para la primera instancia, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria no incurrió en un error judicial ni violó el debido proceso del demandante al considerar que, como abogado, incumplió el deber de entregar oportunamente dichos recursos a quien correspondía, lo que evidentemente configuró una falta a la honradez profesional según el artículo 35, numeral 4, de la Ley 1123 de 2007. 1.2. La apelación3 El demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y se declare que la sanción impuesta por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander , confirmada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, incurre en error judicial. Según el abogado Cobos García , el juzgado se limitó a valorar la naturaleza continuada de la conducta, sin analizar la falta de competencia temporal

confirmada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, incurre en error judicial. Según el abogado Cobos García , el juzgado se limitó a valorar la naturaleza continuada de la conducta, sin analizar la falta de competencia temporal de la autoridad disciplinaria prevista en el artículo 52 del CPACA. Alega que entre el hecho y la sanción transcurrieron 6 años y 6 meses, es decir, superó el término de 3

1 Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial. 2 Expediente físico fls del 268 al 274 3 Expediente físico fls del 242 al 243Radicado: 68001333300520170015501

Medio de control: Reparación directa

Parte demandante: Luis Emilio Cobos García

Parte demandada: La Nación - Rama Judicial

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años que prevé la norma citada , de modo que el magistrado de la Sala disciplinaria perdió competencia para sancionarlo. En su criterio, esto configura un error judicial por desconocimiento de la norma aplicable.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico y su tesis ¿Se configuró un error jurisdiccional al no haberse declarado la caducidad de la facultad sancionatoria del Estado en el proceso disciplinario que se adelantó en contra del demandante, conforme a lo previsto en el artículo 52 del CPACA?

Tesis: No.

Fundamento: El artículo 52 del CPACA no es aplicable a los procesos jurisdiccionales disciplinarios regulados por la Ley 1123 de 2007. En efecto, las disposiciones

Tesis: No.

Fundamento: El artículo 52 del CPACA no es aplicable a los procesos jurisdiccionales disciplinarios regulados por la Ley 1123 de 2007. En efecto, las disposiciones contenidas en la primera parte del CPACA, y en particular la que establece la pérdida de competencia de la autoridad administrativa sancionatoria por el transcurso de tres años desde los hechos investigados, se refiere a las autoridades que ejercen funciones administrativas, no jurisdiccionales. 2.2. Marco jurídico La responsabilidad estatal por e rror judicial 4 se configura, entre otros supuestos, cuando el juez aplica una norma que no corresponde al caso concreto5.

El artículo 2 del CPACA4 dispone que las normas de la parte primera del código solo aplicaran a las autoridades que cumplan funciones administrativas. De conformidad con los artículos 112 de la Ley 270 de 1996 y 59 y 60 de la Ley 1123 de 2007, las decisiones que proferían la Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura se dictaban en ejercicio de la función jurisdiccional. Por tanto, en los procesos disciplinarios que adelantan estas autoridades jurisdiccionales, no resulta procedente aplicar el artículo 52 del CPACA que establece la pérdida de competencia de la autoridad disciplinaria por el transcurso de tres años desde los hechos investigados , como lo pretende el apelante. De esta manera, no puede considerarse error judicial el no atender el término extintivo de la competencia en un proceso adelantado por los Consejos de la Judicatura , ya que esta norma corresponde a otro tipo de procesos disciplinarios. 2.3. Hechos probados y análisis de la Sala

en un proceso adelantado por los Consejos de la Judicatura , ya que esta norma corresponde a otro tipo de procesos disciplinarios. 2.3. Hechos probados y análisis de la Sala El 26 de febrero de 2013, el señor César Yecid Ríos García presentó una queja disciplinaria contra el abogado Luis Emilio Cobos Mantilla y le acusó de haberse apropiado indebidamente de $5.000.000 provenientes de un depósito judicial realizado el 10 marzo de 2008 dentro de un proceso ejecutivo. Además, se le reprochó haber cobrado honorarios no pactados previamente con su cliente. La acción disciplinaria fue abierta el 20 de marzo de 2013 y terminó con sentencia del 17 de septiembre de 2014 en la que el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander sancionó al abogado con suspensión por seis meses en el ejercicio profesional. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por el Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá el 26 de abril de 2015. El abogado Cobos García aduce que la sanción disciplinaria impuesta en su contra debe declararse «nula» porque la acción disciplinaria prescribió y además la facultad sancionatoria del Estado caducó, dado que habían transcurrido más de cinco años desde la comisión de la falta. En su apoyo, citó la Ley 1123 de 2007.

4 L. 270 de 1996, art. 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados

por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el d efectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad . Art. 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la le y. 5 Santofimio Gamboa, J. O. (2016). Responsabilidad del Estado por la Actividad Judicial. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, p.p. 106, 111-113.Radicado: 68001333300520170015501

Medio de control: Reparación directa

Parte demandante: Luis Emilio Cobos García

Parte demandada: La Nación - Rama Judicial

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Para el a quo, la conducta sancionada era de carácter continuado, comoquiera que no se demostró la entrega de los dineros a quien correspondía, por lo que la omisión seguía vigente al momento de la queja. En la apelación, el demandante plantea como único cargo contra la sentencia la falta de valoración de la pérdida de la facultad disciplinaria prevista en el artículo 52 del CPACA, lo que, en su criterio, constituye un error judicial de la autoridad disciplinaria por desconocimiento de la norma aplicable. En ese orden, la Sala advierte que la sanción disciplinaria fue impuesta en primera instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura y, en segunda, por el Consejo Superior, esto es, en ejercicio de la función jurisdiccional. Por consiguiente, no resulta aplicable el artículo 52 del CPACA para

instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura y, en segunda, por el Consejo Superior, esto es, en ejercicio de la función jurisdiccional. Por consiguiente, no resulta aplicable el artículo 52 del CPACA para declarar la caducidad de la facultad sancionatoria del Estado, toda vez que -como se precisó en el marco jurídico - dicha disposición únicamente rige cuando se ejerce función administrativa. De igual manera, la Sala comparte la interpretación del a quo respecto de la conducta consistente en no entregar los dineros la cual no es instantánea, sino continuada, de modo que el término prescriptivo de 5 años se cuenta a partir del cese de la conducta, esto es el 10 de m arzo de 2008 . Al no haberse acreditado la entrega, la conducta persistía al momento de la investigación y la imposición de la sanción. El apelante no ofreció ningún argumento para rebatir la interpretación que hizo el juez del término prescriptivo. Por lo anterior, se confirmará la sentencia que negó las pretensiones. 2.4. De la condena en costas De conformidad con el artículo 188 del CPACA y la jurisprudencia 6, no se impondrá condena en costas a la parte vencida, por cuanto no se demostró que haya actuado con «manifiesta carencia de fundamento legal» o desplegado conductas temerarias o de mala fe para dilatar, obstruir o dificultar el curso normal del proceso. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política y la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 25 de abril de 2019 por el Juzgado Quinto

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política y la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 25 de abril de 2019 por el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga que negó las pretensiones.

Segundo: No condenar en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, se ordena a la Secretaría devolver el expediente al juzgado de origen, previas las anotaciones en el sistema de gestión judicial Samái.

Notifíquese y cúmplase Aprobado en Sala ordinaria de decisión de la fecha, según Acta No. 34 del 2025. [Firma electrónica] Claudia Ximena Ardila Pérez Magistrada ponente

[Firma electrónica] Carolina Arias Ferreira Magistrada

[Aclaración de voto] María Eugenia Carreño Gómez Magistrada

6 Consejo de Estado, sentencia del 21 de septiembre de 2023, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 850012333000 -2020-00624-01 (2086-2022)