TA SAN - Sentencia 680013333005-2017-00309-01 (09-10-2025)

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Bucaramanga, nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Sentencia de segunda instancia Radicado 680013333005-2017-00309-01

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6800123 Medio de control Reparación directa Parte demandante Javier Badillo Lizarazo y otros ovabogados@hotmail.com ochoavillalbaabogados@hotmail.com Parte demandada 1. Nación – Fiscalía General de la Nación Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

2. Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co

3. Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía

Nacional desan.asjud@policia.gov.co desan.notificacion@policia.gov.co miguel.arevalo@correo.policia.gov.co Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado Procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos xmora@procuraduria.gov.co; Tema Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial. Se revoca la sentencia de primera instancia que concedió parcialmente las pretensiones. La decisión de acceder a la solicitud de entrega provisional del bien se adoptó dentro de un plazo razonable, considerando las circunstancias del caso. La prolongación en la entrega del vehículo es

concedió parcialmente las pretensiones. La decisión de acceder a la solicitud de entrega provisional del bien se adoptó dentro de un plazo razonable, considerando las circunstancias del caso. La prolongación en la entrega del vehículo es atribuible a diversos factores, incluyendo la falta de diligencia del demandante, quien no asistió a algunas a udiencias programadas , desistió del recurso de apelación y permaneció inactivo durante 11 meses. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia proferida el 10 de abril de 2019 por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que accedió parcialmente a las pretensiones, unaRadicado: 680013333005-2017-00309-01

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vez verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la competencia1.

1. Antecedentes 1.1. Posición de la parte demandante2

La parte demandante solicita que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, derivado de la retención del vehículo de placas VMU-495. En este contexto, pide que se condene a las entidades demandadas al pago de los perjuicios materiales, consistentes en daño emergente por $10.000.000 y lucro cesante por $5.000.000 mensuales durante 36 meses. Asimismo, pretende el reconocimiento de perjuicios morales equivalentes a 550 SMLMV.

daño emergente por $10.000.000 y lucro cesante por $5.000.000 mensuales durante 36 meses. Asimismo, pretende el reconocimiento de perjuicios morales equivalentes a 550 SMLMV. Informa que el 8 de octubre de 2013 la Policía inmovilizó el vehículo debido a un proceso penal iniciado contra el conductor Jhon Jairo Vides Sierra, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Expone que en múltiples ocasiones le solicitó a la Fiscalía y a los Juzgados de Control de Garantías la entrega definitiva del vehículo, sin embargo, su petición solo fue atendida, de manera provisional, hasta el 7 de mayo de 2015. Sostiene que la prolongada retención del vehículo sin justificación constituye un daño antijurídico imputable al Estado, el cual debe ser reparado de manera integral, ya que las autoridades no actuaron con la debida diligencia . Señala que esta situación le impidió cumplir con sus obligaciones crediticias con el Banco Colpatria, entidad que finalmente remató el vehículo. 1.2. Posición de la parte demandada 1.2.1. La Fiscalía General de la Nación3 se opone a las pretensiones. Argumenta que cumplió con su deber y carga procesal de adelantar la investigación penal por los hechos ocurridos el 8 de octubre de 2013. Manifiesta que la medida de suspensión del poder dispositivo e incautación del camión de placas VMU ‑495 con fines de decomiso fue avalada por el Juez de Control de Garantías de Lebrija. Resalta que, aunque el propietario pidió la entrega, los jueces negaron esa solicitud porque no acreditó su condición de tercero de

Control de Garantías de Lebrija. Resalta que, aunque el propietario pidió la entrega, los jueces negaron esa solicitud porque no acreditó su condición de tercero de buena fe , de modo que la permanencia de la medida obedeció a decisiones judiciales válidas dentro del proceso penal No. 68406‑6000‑245‑2013‑00415. Plantea la ausencia de nexo causal entre su actuación y el daño alegado. En este sentido, enfatiza que en el sistema acusatorio sus actuaciones solo son una parte del proceso, de manera que, no decide sobre medidas restrictivas de derechos ni sobre la entrega de bienes , porque eso corresponde al juez, quien actúa con autonomía, imparcialidad e independencia y valora la legalidad, proporcionalidad y necesidad de las medidas. Por lo anterior, concluye, de haber una eventual demora en la entrega del vehículo no le es imputable.

1 Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial . 2 Expediente físico. Folios 1 a 20 3 Expediente físico. Folios 173 a 184Radicado: 680013333005-2017-00309-01

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Por último, advierte que el vehículo estaba involucrado en hechos ilícitos, comoquiera que transportaba un compresor con 39 paquetes de cannabis, lo cual justificó la solicitud de la medida y su aval judicial. 1.2.2. La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 4

comoquiera que transportaba un compresor con 39 paquetes de cannabis, lo cual justificó la solicitud de la medida y su aval judicial. 1.2.2. La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 4 también se opone a las pretensiones. Considera que las decisiones judiciales se adoptaron con estricto apego a la Constitución y la ley. Por tanto, no se configuró el daño antijurídico alegado, no hay prueba de una falla del servicio y, además, se configura el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. Relata que el 8 de octubre de 2013 el camión de placas VMU‑495 fue incautado de forma legítima durante un control policial, porque transportaba un compresor que ocultaba 39 paquetes de cannabis, lo que llevó a la captura del conductor Jhon Jairo Vides Sierra. Advierte que, por lo anterior, el vehículo estaba involucrado en los hechos investigados y era procedente su incautación y posterior suspensión del poder dispositivo, como lo prevé el art. 83 del CPP. Explica que la solicitud del propietario para levantar la medida fue negada por el juez de garantías al no acreditar la condición de tercero de buena fe. Añade que, aunque el conductor fue absuelto, en el juicio la propia Fiscalía resaltó que ni el propietario del vehículo, ni la empresa Latinmudanzas hicieron nada por aclarar la situación, lo cual refuerza la tesis de falta de colaboración del actor y la procedencia de las decisiones adoptadas. Niega que sus actuaciones hayan configurado un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o error jurisdiccional. Afirma que en el presente caso el

de las decisiones adoptadas. Niega que sus actuaciones hayan configurado un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia o error jurisdiccional. Afirma que en el presente caso el trámite se surtió de manera regular, con pleno respeto de las garantías, por lo que no hay yerro ni funcionamiento anormal que comprometa la responsabilidad del Estado. Alega la ausencia de nexo causal entre la actividad jurisdiccional y los perjuicios alegados, c on base en la teoría de la causa adecuada y en jurisprudencia del Consejo de Estado . Indica que la verdadera causa del daño fueron los hechos ilícitos que dieron origen a la investigación y no las decisiones judiciales. Propone, en ese sentido, la excepción de culpa exclusiva de la víctima. Reitera que la administración solo responde cuando se prueba que hubo una deficiencia en la prestación del servicio, por ende, si la función jurisdiccional se prestó conforme a derecho no hay responsabilidad ni deber de indemnizar y cualquier perjuicio, de existir, debe ser jurídicamente soportado por el demandante. 1.2.3. La Policía Nacional5 también se opone a las pretensiones. Narra que el 8 de octubre de 2013, durante labores de control en vía, halló en el camión de placas VMU‑495 un compresor con 39 paquetes de marihuana, razón por la cual capturó al conductor y procedió a la incautación del vehículo y de los elementos, conforme lo dispone el art. 83 de la Ley 906 de 2004. Señala que el 9 de octubre de 2013 el juez de Control de Garantías de Lebrija ordenó la suspensión del poder dispositivo del vehículo, luego, el 7 de mayo de 2015

Señala que el 9 de octubre de 2013 el juez de Control de Garantías de Lebrija ordenó la suspensión del poder dispositivo del vehículo, luego, el 7 de mayo de 2015 el Juez Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Bucaramanga dispuso

4 Expediente físico. Folios 150 a 160 5 Expediente físico. Folios 185 a 190Radicado: 680013333005-2017-00309-01

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la entrega provisional, y el 19 de febrero de 2016 el Juez Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga con Funciones de Conocimiento ordenó la entrega definitiva. Subraya que no tiene facultades jurisdiccionales para decidir sobre la entrega de bienes ni para imponer o levantar medidas cautelares. Asimismo, destaca que l a decisión de suspensión del poder dispositivo o levantamiento corresponde al Juez de Control de Garantías , p or tanto, no se le puede atribuir responsabilidad por decisiones que son propias de otras autoridades. Plantea como excepciones la (i) inexistencia de falla del servicio, pues el procedimiento se ajustó a la Ley 906 de 2004 y fue validado judicialmente; (ii) ausencia de nexo causal, dado que cualquier perjuicio provendría de decisiones judiciales autónomas y de los hechos ilícitos que fueron investigados, y no de su actuar policial; (iii) improcedencia del reconocimiento de perjuicios morales por afectaciones a bienes materiales, y (iv) falta de legitimación en la causa por pasiva. Finalmente, refiere que el vehículo no estuvo inmovilizado por 36 meses como lo

actuar policial; (iii) improcedencia del reconocimiento de perjuicios morales por afectaciones a bienes materiales, y (iv) falta de legitimación en la causa por pasiva. Finalmente, refiere que el vehículo no estuvo inmovilizado por 36 meses como lo aduce la parte demandante, porque se entregó provisionalmente el 7 de mayo de 2015, de modo que solo estuvo retenido 19 meses. Dice que no le consta ninguno de los contratos verbales que aduce el propietario haber suscrito con el conductor ni mucho menos los supuestos ingresos mensuales que recibía por fletes. 1.3. La sentencia recurrida6 El juzgado de primera instancia resuelve lo siguiente: PRIMERO: DECLARASE probada la excepción de Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva de la NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLÁRASE solidaria y patrimonialmente responsables a la NACIONFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN y a la NACION -RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, de los perjuicios ocasionados, por el defectuoso funcionamiento de la administración d e justicia y la retención injusta de su vehículo de placas VMU-495 que debió soportar el señor JAVIER BADILLO LIZARAZ, por las razones expuestas en la parte considerativa.

TERCERO: CONDENAR a la NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN y NACIONRAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a reconocer y pagar de manera solidaria y en partes iguales al demandante JAVIER BADILLO LIZARAZO, por

RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a reconocer y pagar de manera solidaria y en partes iguales al demandante JAVIER BADILLO LIZARAZO, por concepto de: a la PERJUICIOS MATER IALES DAÑO EMERGENTE la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NIVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($12.581.198), por concepto de honorarios pagados a los abogados ALVARO MENDOZA GOZALEZ y WILLIAM VALERO MARTINEZ .por la defensa de sus intereses en el proceso penal radicado 68406 -6000245-2013-00415 con número interno 64524, suma que fue actualizada a marzo de 2019. PERJUICIOS MATERIALES LUCRO CESANTE la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($118.172.735), por concepto de ingresos mensuales por concepto de fletes dejados de percibir como transportador, en el período 8 de octubre de 2013 a 8 de mayo de 2015, cuando su vehículo de placas VMU495 fue retenido por la Policía Nacional en un operativo, suma que fue actualizada a marzo de 2019.

CUARTO: Las sumas reconocidas deberán ser reajustadas conforme a los ajustes legales y actualizada con aplicación de la fórmula señalada en la parte motiva. Sobre las sumas reconocidas se pagarán intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia, si se c umplen los supuestos de hecho del artículo 192 y 195 del C.P.A.C.A.

6 Expediente físico. Folios 349 a 362Radicado: 680013333005-2017-00309-01

los supuestos de hecho del artículo 192 y 195 del C.P.A.C.A.

6 Expediente físico. Folios 349 a 362Radicado: 680013333005-2017-00309-01

Medio de control: Reparación directa Parte demandante: Javier Badillo Lizarazo y otros Parte demandada: Rama Judicial y otros

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QUINTO: CONDÉNASE en costas a las demandadas NACION -FISCALIA GENERAL DE

LA NACION y NACION -RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA solidariamente y en partes iguales, en los términos del artículo 188 del C.P.A.C.A. y en concordancia con el artículo 365 del C.G.P. Señálese como agencias en derecho a fin de incluirse dentro de la liquidación de costas el CUATRO (4 %) del valor de las pretensiones reconocidas de conformidad con el Art. 5. Numeral 1°, en p rimera instancia. Literal a., inciso i, del Acuerdo No. PSAA16-10554 (05 de Agosto de 2016), “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” de LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Liquídense por secretaria.

SEXTO: Una vez ejecutoriada la presente providencia, expídase copia auténtica de la misma con las respectivas constancias de su ejecutoria, de ser la primera copia que presta mérito ejecutivo, a costa del interesado, de conformidad con el artículo 114 del C. G. P. 192, 195 y 198. C.P.A.C.A.

SEPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme las razones

mérito ejecutivo, a costa del interesado, de conformidad con el artículo 114 del C. G. P. 192, 195 y 198. C.P.A.C.A.

SEPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Como fundamento de su decisión, el juzgado sostiene que se configuró el daño antijurídico por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia . Advierte que tanto la Rama Judicial como la Fiscalía mantuvieron inmovilizado el vehículo de placas VMU‑495 por 19 meses (del 8 de octubre de 2013 al 7 de mayo de 2015, fecha de la entrega provisional), lapso que el actor no estaba en el deber de soportar. Para el a quo, se trató de una dilación injustificada. Apoya su decisión en jurisprudencia según la cual la mora judicial se determina a partir de criterios como la complejidad del asunto, la conducta de las partes, la realidad de congestión y los estándares razonables. Advierte que, en este caso, el asunto no era complejo , pues, desde el inicio, estaba acreditada la propiedad y la ausencia de relación que tenía el propietario con la comisión del delito. Considera que el señor Javier Badillo Lizarazo actuó con diligencia y solicitó reiteradamente la entrega del bien, sin embargo, la Fiscalía y la Rama Judicial se negaron a gestionar la entrega porque supuestamente el propietario no acreditaba la condición de tercero de buena fe. Respecto de la Policía Nacional, el juzgado indica que su intervención se circunscribió a hacer la captura en flagrancia del presunto implicado, incautar e inmovilizar el vehículo, y dejarlo a disposición de la Fiscalía el mismo día, por lo que

circunscribió a hacer la captura en flagrancia del presunto implicado, incautar e inmovilizar el vehículo, y dejarlo a disposición de la Fiscalía el mismo día, por lo que su actuar no fue la causa del daño. Sobre los perjuicios, asegura que los demandantes probaron el daño emergente, consistente en el pago de honorarios del abogado para la entrega del vehículo por $10.000.000; el l ucro cesante, dado que el vehículo generaba $5.000.000 mensuales de acuerdo con las certificaciones de las empresas de transporte a las cuales se encontraba vinculado, los manifiestos de carga, los testimonios y la declaración de renta del año 2012, pero solo por 19 meses, esto es, hasta la entrega provisional del vehículo, porque en ese momento pudo volver a explotarlo económicamente. Niega los perjuicios morales, dado que los demandantes no allegaron prueba de la aflicción que sufrieron durante el tiempo que el vehículo estuvo retenido.Radicado: 680013333005-2017-00309-01

Medio de control: Reparación directa Parte demandante: Javier Badillo Lizarazo y otros Parte demandada: Rama Judicial y otros

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1.4. Las apelaciones 1.4.1. La parte demandante7 pide que se revoque parcialmente la sentencia. En su criterio, hay lugar al reconocimiento de los perjuicios morales , porque se probó la afectación moral sufrida. Destaca que esta no se deriva simplemente de la pérdida de un bien mueble, sino de la pérdida de la herramienta de trabajo que garantizaba el sustento diario del núcleo familiar. Enfatiza que l a retención prolongada del

afectación moral sufrida. Destaca que esta no se deriva simplemente de la pérdida de un bien mueble, sino de la pérdida de la herramienta de trabajo que garantizaba el sustento diario del núcleo familiar. Enfatiza que l a retención prolongada del vehículo, que estaba pignorado al Banco Colpatria, le impidió cumplir con las cuotas mensuales, lo que finalmente llevó al remate del camión y a la pérdida total de su fuente de ingresos, generando una situación de necesidad y afectación emocional profunda para toda la familia. Insiste en que hubo una mora injustificada en la entrega provisional del vehículo por parte de la Fiscalía General de la Nación, porque fue retenido durante 19 meses, a pesar de las reiteradas solicitudes y recursos interpuestos para obtener su devolución. Advierte que se trató de una demora caprichosa y carente de fundamento, que representa una violación flagrante de sus derechos y garantías constitucionales, máxime cuando actuó con la debida diligencia dentro del proceso. Reprocha que el a quo no haya valorado adecuadamente la prueba testimonial, en particular la declaración del señor Rubén Hernández Niño, quien fue conductor del vehículo y testificó sobre el valor comercial del camión, la situación de pignoración y las necesidades sufridas por la familia tras la pérdida. 1.4.2. La Fiscalía General de la Nación8 reprocha que el a quo no haya verificado los requisitos para la configuración de la responsabilidad del Estado , de modo que debe revocarse la sentencia condenatoria. Reitera que existe culpa exclusiva de la víctima porque el señor Badillo Lizarazo actuó de manera imprudente al permitir que su conductor transportara un compresor sin las formalidades legales

debe revocarse la sentencia condenatoria. Reitera que existe culpa exclusiva de la víctima porque el señor Badillo Lizarazo actuó de manera imprudente al permitir que su conductor transportara un compresor sin las formalidades legales correspondientes, lo cual llevó a la incautación del vehículo. Manifiesta que no se configura la responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que las decisiones judiciales, incluidas las medidas de incautación del vehículo, fueron adoptadas dentro del marco legal correspondiente y con base en la prueba recaudada. Alega que no tiene legitimación en la causa por pasiva, porque solo se limitó a cumplir con su deber constitucional de investigar los hechos delictivos y solicitar la adopción de medidas cautelares, como la incautación del vehículo . Añade que la autoridad que debería responder por el daño causado es la Rama Judicial. 1.4.3. La Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 9 también solicita que se revoque la sentencia. Considera que las decisiones judiciales y policiales adoptadas frente a los hechos del 8 de octubre de 2013 fueron ajustadas a la Constitución y la ley, por lo que no se configuró un daño antijurídico imputable al Estado. Refiere que el camión fue detenido mientras transportaba 39 envolturas de cannabis (21 kg) en un compresor, de suerte que la inmovilización del automotor y las

7 Expediente físico. Folios 383 a 385 8 Expediente físico. Folios 165 a 382 9 Expediente físico. Folios 386 a 393Radicado: 680013333005-2017-00309-01

Medio de control: Reparación directa

7 Expediente físico. Folios 383 a 385 8 Expediente físico. Folios 165 a 382 9 Expediente físico. Folios 386 a 393Radicado: 680013333005-2017-00309-01

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actuaciones subsiguientes respondieron a una inferencia razonable de autoría; por ende, cualquier perjuicio derivado de la inmovilización no es antijurídico. Sostiene que tanto el propietario como el conductor omitieron los deberes mínimos de previsión y control propios del contrato de transporte de mercancías , como documentar adecuadamente la carga y adoptar medidas de custodia, lo que permitió que en la mercancía se camuflaran los estupefacientes. Resalta, además, que no existía remesa que amparara el transporte de ese compresor y que el documento allegado después correspondía a otro vehículo y otro conductor. Cita doctrina, jurisprudencia de la Corte Constitucional y algunas normas del Código de Comercio sobre documentos de transporte (remesa, carta de porte), responsabilidad solidaria y delegación bajo responsabilidad del transportador, para concluir que el descuido del propietario y su conductor rompe el nexo causal y la exonera de responsabilidad. Añade que en el contrato de vinculación con la empresa Transportes Hernán Ramírez S.A. se dice que el propietario asume la guarda exclusiva del vehículo y se obliga a portar siempre el manifiesto de carga o su equivalente, cláusulas que, según la defensa, comprometen directamente al actor frente a los riesgos de la operación. A su juicio , no hubo error jurisdiccional ni defectuoso funcionamiento de la

obliga a portar siempre el manifiesto de carga o su equivalente, cláusulas que, según la defensa, comprometen directamente al actor frente a los riesgos de la operación. A su juicio , no hubo error jurisdiccional ni defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Explica que el primero exige una providencia «contraria a la ley» en firme y, el segundo, que no se reprochen decisiones. Dice que en este caso no se da ninguna de esas hipótesis. Reitera que las decisiones cuestionadas respetaron el debido proceso y se fundaron en elementos objetivos; incluso la posterior absolución del conductor no desvirtúa que, en el momento de la captura, existía una inferencia razonable que habilitaba la medida de aseguramiento y la incautación. Argumenta que no se probó el daño antijurídico ni el nexo causal. En cuanto a este último elemento de la responsabilidad, invoca la teoría de la causa adecuada, para afirmar que el origen del daño alegado radica en las conductas y omisiones del propio demandante y de su conductor (falta de documentos de transporte, custodia y control de la carga), de manera que cualquier afectación patrimonial era una carga que debían soportar.

2. Consideraciones 2.1. El problema jurídico y su tesis ¿Se configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia porque la decisión de acceder a la solicitud de entrega provisional del vehículo del demandante se dio 19 meses después de la primera solicitud, tras haberse ordenado su incautación por estar implicado en un hecho delictivo?

Tesis: No.

Fundamento: La Sala considera que la decisión de acceder a la solicitud de entrega provisional del vehículo del demandante, 1 9 meses después de la suspensión del

ordenado su incautación por estar implicado en un hecho delictivo?

Tesis: No.

Fundamento: La Sala considera que la decisión de acceder a la solicitud de entrega provisional del vehículo del demandante, 1 9 meses después de la suspensión del poder dispositivo, fue razonable dadas las circunstancias del caso y no puede calificarse como antijurídico bajo ninguno de los títulos de imputación deRadicado: 680013333005-2017-00309-01

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responsabilidad estatal. La congestión estructural de la Jurisdicción Penal, evidenciada por la resolución del recurso de apelación por un juzgado de descongestión, y la sobrecarga de casos, explican en parte el tiempo transcurrido. Además, este tiempo no solo se debe a razones estructurales del sistema judicial, sino también a la falta de diligencia del demandante, quien no asistió a varias audiencias y desistió del recurso de apelación contra el auto que le negó la entrega del bien. Por consiguiente, no se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por una mora injustificada en la tramitación del caso, como lo consideró el a quo. En cuanto a las decisiones judiciales que inicialmente negaron la entrega del vehículo, adoptadas por jueces diferentes al que finalmente ordenó la devolución, no pueden calificarse como arbitrarias , sino como decisiones razonables enmarcadas dentro de la autonomía judicial. 2.2. Marco jurídico 2.2.1. La responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia

no pueden calificarse como arbitrarias , sino como decisiones razonables enmarcadas dentro de la autonomía judicial. 2.2. Marco jurídico 2.2.1. La responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 270 de 1997, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados con la actividad judicial que le sean imputables a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Este es un régimen de imputación residual que se configura por una falla en el ejercicio de la actividad judicial que no provenga de una providencia judicial, ni implique la afectación del derecho a la libertad. El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia comprende todas las acciones u omisiones constitutivas de falla que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, las cuales pueden provenir no sólo de los funcionarios judiciales, sino también de los empleados judiciales, de los auxiliares judiciales y de cualquier particular investido con funciones jurisdiccionales. Uno de los supuestos que puede configurar el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es la demora injustificada en el trámite de un proceso judicial, circunstancia denominada por la jurisprudencia como «mora judicial». Esta constituye u na tipología de falla del servicio por desconocimiento del artículo 29 constitucional, que consagra el derecho a un «debido proceso público sin dilaciones injustificada», y del a rtículo 228 ibidem que establece el deber de los jueces de observar con diligencia los términos procesales. El Consejo de Estado ha hecho énfasis en que la mora judicial no da lugar a una responsabilidad objetiva, de manera que el mero vencimiento de los términos

observar con diligencia los términos procesales. El Consejo de Estado ha hecho énfasis en que la mora judicial no da lugar a una responsabilidad objetiva, de manera que el mero vencimiento de los términos previstos en la ley para impulsar un proceso judicial no estructura la responsabilidad del Estado, s ino que es necesario, además, establecer que el retardo constituye «una carga injustificada para los demandantes», lo cual acontece cuando la duración del proceso no es razonable10. Según la jurisprudencia pacífica de esa Corporación, la razonabilidad de la duración del proceso debe analizarse en cada caso concreto con el fin de verificar si se presentaron circunstancias justificativas, como el volumen de trabajo del despacho

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P . Alberto Montaña Plata, Sentencia del 3 de agosto de 2020, Rad. 73001-23-00-0002010-00394-01(46623).Radicado: 680013333005-2017-00309-01

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que tramitó el proceso, la complejidad del asunto, la falta de impulso procesal, la conducta de las partes, la existencia de problemas estructurales en la administración de justicia y otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles , todo lo cual debe analizarse desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión y no desde un estado de cosas ideal11. La mor