TA SAN - Sentencia 680013333005-2018-00203-02 (11-04-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

SALA CONJUECES

Bucaramanga, once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 680013333005-2018-00203-02

MEDIO DE CONTROL: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho

DEMANDANTE: Clara Del Carmen Guzmán Rojas

contacto@castrortizabogados.com luzjeortiz34@gmail.com

DEMANDADO: Nación - Rama Judicial Dirección

Ejecutiva De Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: Procuraduría Regional de Santander

mbuendia@procuraduria.gov.co TEMA: Prima de servicios 30%

SALA NO. 04

CONJUEZ PONENTE: OSCAR MAURICIO ORTIZ BAUTISTA

Se DECIDEN los RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la parte demandada1 y por la parte demandante 2 contra la SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3 proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 20 febrero de 2023, previa la siguiente reseña:

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Las pretensiones incoadas por el demandante persiguen la nulidad de los actos administrativos contenidos en: i) la Resolución No. DESAJBUR17-5564 del 03 de noviembre de 201 7 expedida por el Director Ejecutivo Seccional de la

Las pretensiones incoadas por el demandante persiguen la nulidad de los actos administrativos contenidos en: i) la Resolución No. DESAJBUR17-5564 del 03 de noviembre de 201 7 expedida por el Director Ejecutivo Seccional de la Administración Judicial del Distrito de Bucaramanga, que negó el reconocimiento de

1 Expediente digital SAMAI- Índice 00016Primera Instancia, Archivo 021 2 Expediente digital SAMAI- Índice 00016Primera Instancia, Archivo 023 3 Expediente digital SAMAI- Índice 00016Primera Instancia, Archivo 019Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. No. 680013333005-2018-00203-02

Demandante: Clara Del Carmen Guzmán Rojas

Demandado: NaciónRama Judicial

la prima salarial del 30 % creada en el decreto 658 art. 7 de 2008, 723 art. 7 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011; 0874 de 2012; 1024 de 2013, 194 de 2014, 1105 de 2015, 234 de 2016 y 1003 de 2017 ; ii) el acto ficto producto del silencio administrativo negativo, con ocasión a la falta de respuesta del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. DESAJBUR17-5564.

A tít ulo de restablecimiento del derecho, solicita se ordene a la NACION -RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, reconocer como factor salarial y prestacional la

A tít ulo de restablecimiento del derecho, solicita se ordene a la NACION -RAMA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, reconocer como factor salarial y prestacional la prima salarial creada mediante el Decreto 658 art. 7 de 2008, 723 art. 7 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011; 0874 de 2012; 1024 de 2013, 194 de 2014, 1105 de 2015, 234 de 2016 y 1003 de 2017 y tomar en cuenta la prima del 30% para reliquidar las prestaciones sociales y demás emolumentos.

2. Hechos

La demandante es servidora de la Rama Judicial y devenga mensualmente como Juez de la Republica.

El 26 de octubre de 2017 mediante escrito de petición solicitó al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga reconocer y pagar la prima especial y en adelante y aplicar el 30% de la prima especial como salario base para su reliquidación y como plus o componente adicional del salario.

Dicha solicitud fue denegada mediante Resolución No. DESAJBUR17-5564 del 03 de noviembre de 2017. Contra la misma, se interpuso recurso de apelación, el cual no fue resuelto, operando el silencio administrativo negativo.

El 17 de enero de 2018 se presentó solicitud de conciliación extrajudicial, y el 22 de mayo de 2018 se expidió constancia de cierre de trámite por vencimiento de términos.

3. Normas Violadas y Concepto de Violación

mayo de 2018 se expidió constancia de cierre de trámite por vencimiento de términos.

3. Normas Violadas y Concepto de Violación

Constitución Política arts. 2, 13, 25, 29, 53, Código Sustantivo del Trabajo art. 127, art. 2 literal a) Ley 4ª de 1992.

La parte demandante hace referencia a la sentencia del 28 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en la cual la Sala de Conjueces encontró evidente que los actos administrativos demandados, además de generar graves repercusiones y desmedro de carácter económico al régimen prestacional del demandante contradice principios y postulados de rango constitucional; así mismo refiere la sentencia del 2 de abril de 2009 del Consejo de Estado en la cual sostuvo “resulta un contrasentido lógico, extraño al derechoNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. No. 680013333005-2018-00203-02

Demandante: Clara Del Carmen Guzmán Rojas

Demandado: NaciónRama Judicial

aceptar que las primas por más exentas que estén de su carácter salarial representen una merma al valor de la remuneración mensual de los servidores públicos, es consecuencia evidente de lo considerado, concluir que el artículo 7 del Decreto No. 618 de 2.007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento

restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico.”

Por último , hace referencia a una sentencia del 29 de abril de 2014, donde se declara la nulidad integral de los decretos anuales de aumento salarial de los funcionarios de la rama judicial, jueces y magistrados, desde el año 1993 hasta el año 2007. En dicha sentencia se establece que el 30% de la prima especial de estos servidores públicos tiene carácter salarial, y argumenta que este derecho debe ser reconocido y aplicado a los demás funcionarios de la Rama Judicial, Jueces y Magistrados, en aras de los principios de igualdad, equidad y justicia.

4. Contestación a la Demanda 4

El apoderado de la Rama Judicial, se opone a las pretensiones de la demanda, manifestando que ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, pu es dichos decretos, estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con la Ley 4 de 1992. Por lo tanto, los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a derecho, gozan de plena validez y están revestidos por la presunción de legalidad propia de los actos administrativos en firme.

En ese orden de ideas no es procedente acceder a las pretensiones solicitadas en el presente proceso, toda vez que a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

administrativos en firme.

En ese orden de ideas no es procedente acceder a las pretensiones solicitadas en el presente proceso, toda vez que a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le corresponde ajustarse al ordenamiento jurídico vigente, esto es a la aplicación de cada uno de los decretos.

Afirma, que la Seccional se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la prima salarial del 30%, en razón a que no tiene facultad para interpretar las leyes e inaplicarlas, pues son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias tienen tal facultad.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA5

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, declaró la nulidad de: Resolución No . DESAJBUR17-5564 del 03 de noviembre de 2017,

4 Expediente digital SAMAI- Índice 00016Primera Instancia, Archivo 007 5 Expediente digital SAMAI- Índice 00016Primera Instancia, Archivo 019Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. No. 680013333005-2018-00203-02

Demandante: Clara Del Carmen Guzmán Rojas

Demandado: NaciónRama Judicial

por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestaciones sociales del demandante con inclusión de la prima salarial del 30 % proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y el acto administrativo ficto producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo.

En consecuencia, ordenó el Reliquidar y pagar, si aún no lo ha hecho, a reconocer

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y el acto administrativo ficto producto de la ocurrencia del silencio administrativo negativo.

En consecuencia, ordenó el Reliquidar y pagar, si aún no lo ha hecho, a reconocer y reliquidar a favor de la señora Clara Del Carmen Guzmán Rojas, se le reconozca el 30% de prima especial del salario mensual como plus o componente adicional, con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 1993 y con carácter salarial. Asimismo, declaró la prescripción de las sumas adeudadas con anterioridad al 26 de octubre de 2014.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

Parte demandante6

La apoderada judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación contra los numerales primero y quinto de la sentencia de primera instancia , argumentado su inconformidad con el tema de la prescripción.

Indicó que la reclamación administrativa fue presentada ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el 26 de octubre de 2017 y que la prescripción sólo deberá contarse y operará a partir del momento en que exista certeza del derecho que se pretende reclamar , es decir, desde la ejecutoria de la presente sentencia favorable de reconocimiento de la forma en que debe calcularse la base para el pago de la prima especial de servicios.

Señala antecedentes jurisprudenciales como la sentencia proferida por el JUZGADO ÚNICO AD -HOC DEL CIRCUITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA dentro del proceso radicado 680013331013 -2011-00048-01 que dice:

“(…) Sobre prescripción trienal de los derechos laborales anteriores al 18 de marzo

BUCARAMANGA dentro del proceso radicado 680013331013 -2011-00048-01 que dice:

“(…) Sobre prescripción trienal de los derechos laborales anteriores al 18 de marzo de 2003, el Despacho no comparte su alegación, por cuanto, para la época de la reclamación administrativa no estaba zanjado el que la prima especial de servicios tuviese un carácter salarial, este tema vino a ser definido por la jurisprudencia del

H. Consejo de Estado con la sentencia del 2 de abril de 2009, proferida dentro del proceso 11001-03-25-000-2007-00098-00. Cuando por rectificación jurisprudencial consideró que es una medida regresiva en materia laboral, no darle un carácter salarial a la prima especial de servicios, que se paga como retribución al trabajo, de forma periódica y como plusvalía o valor agregado del trabajo realizado. Sólo a partir de la definición jurisprudencial de este tema, - con la cual se puede tener una verdadera seguridad jurídica -, puede contarse el término de prescripción trienal deprecada. (…)

6 Expediente digital SAMAI- Índice 00016Primera Instancia, Archivo 023Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. No. 680013333005-2018-00203-02

Demandante: Clara Del Carmen Guzmán Rojas

Demandado: NaciónRama Judicial

También referencia la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 que dispuso:

“Lo anterior implica que la prescripción requiere, como elemento sine qua non, que el derecho sea exigible, puesto que a partir de que se causa dicha exigibilidad, inicia

También referencia la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 que dispuso:

“Lo anterior implica que la prescripción requiere, como elemento sine qua non, que el derecho sea exigible, puesto que a partir de que se causa dicha exigibilidad, inicia el conteo de los 3 años con los que cuent a el empleado o trabajador para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, término que será interrumpido solo con la presentación de un reclamo escrito del derecho ante la autoridad encargada de reconocerlo.”

Parte demandada7

El apo derado de la demandada reitera la legalidad de los actos acusados, argumentando que la actuación administrativa fue surtida conforme con la normatividad vigente a la fecha, la cual es constitucional y legal y que no ha sido objeto de suspensión, anulación o modificación alguna conocida, razón por la cual, en lo que respecta a la ejecución presupuestal y a la negación del carácter salarial

Insiste que no se tiene la potestad propia para realizar una liquidación basándose en la influencia de la prima salari al del 30% razón por la cual las pretensiones señaladas con la demanda no están llamadas a prosperar, teniendo en cuenta que la entidad demandada está sometida al imperio de la Ley y obligada a aplicar el derecho vigente al tenor literal de su redacción, dándole estricto cumplimiento.

Agrega que, “los pagos que se pretendan más allá de lo fijado en la ley deben ser reclamados al Gobierno Nacional, quien tiene la potestad y la competencia para alterar la escala salarial de la parte accionante y para modificar el Presupuesto General de la Nación según las normas vigentes”.

reclamados al Gobierno Nacional, quien tiene la potestad y la competencia para alterar la escala salarial de la parte accionante y para modificar el Presupuesto General de la Nación según las normas vigentes”.

Finamente solicita se declaren probadas las excepciones propuestas y en consecuencia se nieguen las pretensiones de la demanda, incluyendo en el recurso de alzada la excepción de caducidad del medio del control.

IV. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Correspondió por reparto a la H. Magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce el 24 de mayo de 2023 en grado de apelación de sentencia 8. El 01 de agosto de 2023 la ponente manifestó su impedimento y el de los demás Magistrados que conforman el Tribunal Administrativo de Santander, por lo que, ordenó la remisión del asunto a la Sección Segunda del H. Consejo de Estado para que decidiera sobre el mismo.9

7 Expediente digital SAMAI- Índice 00016Primera Instancia, Archivo 021 8 Archivo digital SAMAI- Índice 00002 9 Archivo Digital Samai- Índice 00006Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. No. 680013333005-2018-00203-02

Demandante: Clara Del Carmen Guzmán Rojas

Demandado: NaciónRama Judicial

Mediante auto de fecha 05 de octubre de 2023 el H. Consejo de Estado dispuso aceptar el impedimento manifestado por los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander ordenando realizar sorteo de conjueces10.

El 12 de diciembre de 2023 el presidente de esta Corporación ordenó, fijar fecha y

aceptar el impedimento manifestado por los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander ordenando realizar sorteo de conjueces10.

El 12 de diciembre de 2023 el presidente de esta Corporación ordenó, fijar fecha y hora para la realización del respectivo sorteo11; el 13 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la diligencia de sorteo, correspondiéndole conocer al Conjuez Oscar Mauricio Ortiz Bautista12, quien mediante auto de fecha 08 de mayo de 2024 dispuso Admitir el recurso de apelación.13

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

1. Parte demandante14

La apoderada de la parte demandante reitera lo expuesto en el escrito de la demanda, en el escrito que descorrió el traslado de las excepciones, en los alegatos de conclusión de primera instancia.

Argumentó que el salario resulta siendo un derecho fundamental de especial protección constitucional del que el demandante quisiera disfrutar en la totalidad de sus beneficios y en la medida en que ello implica una mejor calidad de vida.

En relación con las insistencias frente a las excepciones planteadas por la parte demandada considera que el presente asunto es de puro derecho en el que se busca la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento del carácter de salario y el correspondiente reconocimiento y pago de prestaciones sociales a la demandante en lo que a prima especial respecta.

Reitera que la prescripción debe contarse a partir del momento d e ejecutoria de la sentencia que le reconoció el derecho.

2. Parte demandada15

La apoderada judicial de la parte demandada señala que no puede pretender la accionante que se aplique la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 de

sentencia que le reconoció el derecho.

2. Parte demandada15

La apoderada judicial de la parte demandada señala que no puede pretender la accionante que se aplique la sentencia de unificación SUJ-016-CE-S2-2019 de manera parcializada, es decir, que se apliquen las reglas de unificación contenidas en los numerales 1 al 4, y que el 5 que trata de la prescripción sea obvia do para extender en el tiempo la operancia de dicho fenómeno para su caso concreto. Así las cosas, para el reconocimiento de la reliquidación de prestaciones y la prima especial adicional del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se debe aplicar la prescripción

10 Archivo Digital Samai Consejo de Estado- Índice 00004. 11 Archivo Digital Samai- Índice 00011 12 Archivo Digital Samai- Índice 00013 13 Archivo Digital Samai- Índice 00018 14 Archivo Digital Samai-índice 00023 15 Archivo Digital Samai- Índice 00022Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. No. 680013333005-2018-00203-02

Demandante: Clara Del Carmen Guzmán Rojas

Demandado: NaciónRama Judicial

trienal, teniendo como fecha de exigibilidad del derecho, la de la vinculación al cargo de juez, prescripción que se interrumpe con la solicitud presentada ante la administración y hay lugar a reconocer los 3 últimos años anteriores a la petición.

Agrega que, los argumentos planteados por la parte accionante en su recurso de apelación se centran, básicamente, en su inconformidad frente a la declaratoria de

administración y hay lugar a reconocer los 3 últimos años anteriores a la petición.

Agrega que, los argumentos planteados por la parte accionante en su recurso de apelación se centran, básicamente, en su inconformidad frente a la declaratoria de prescripción trienal de los derechos de los accionantes con anterioridad al 26 de octubre de 2017, pues considera que dicha prescripción sólo operará y deberá contarse a partir del momento en que exista certeza del derecho que se pretende reclamar, es decir, considera la apoderad a que es desde la ejecutoria de la sentencia favorable de reconocimiento del factor salarial de la prima especial.

Finalmente, es de manifestar que lo indicado por la parte accionante en el numeral (v) frente a la sentencia proferida por el Juzgado Único AdHoc del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga dentro del radi cado 68001333101320110004801 no constituye un precedente jurisprudencial pues no se trata de una providencia que unifique jurisprudencia frente al tema que se discute; por el contrario y conforme se expuso anteriormente, a la fecha ya existe dicha unificac ión sobre el fenómeno de la prescripción.

Así las cosas, solicita despachar desfavorablemente los argumentos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante y, revocar los numerales segundo al cuarto de la sentencia de primera instancia.

3. Ministerio Público.

Dentro del término del traslado el agente del ministerio no presento concepto.

VI. CUESTIÓN PREVIA

Advierte la Sala que no emitirá pronunciamiento alguno en relación con las excepciones de “inexistencia del demandado, ineptitud de la demanda, cobro de lo

VI. CUESTIÓN PREVIA

Advierte la Sala que no emitirá pronunciamiento alguno en relación con las excepciones de “inexistencia del demandado, ineptitud de la demanda, cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone, falta de legitimación en la causa por pasiva, la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios ” planteadas por la entidad demandada en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, toda vez que las mismas ya fueron resueltas desfavorablemente por el A quo mediante auto de fecha 07 de marzo de 202216, confirmado mediante providencia del 10 de octubre de 2022 17, quedando debidamente ejecutoriada la decisión.

En igual sentido, tampoco se emitirá pronunciamiento en relación con la excepción de “caducidad”, planteada por la entidad demandada en el recurso de apelación,

16 Expediente digital SAMAI- Índice 00016Primera Instancia, Archivo 009 17 Expediente digital SAMAI- Índice 00016Primera Instancia, Archivo 014Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. No. 680013333005-2018-00203-02

Demandante: Clara Del Carmen Guzmán Rojas

Demandado: NaciónRama Judicial

toda vez que como excepción previa la misma debió ser formulada con la contestación de la deman da para dar a la parte demandante la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción sobre aquella, así como para que el juez de conocimiento se pronunciara sobre ésta durante el trámite de la instancia,

contestación de la deman da para dar a la parte demandante la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción sobre aquella, así como para que el juez de conocimiento se pronunciara sobre ésta durante el trámite de la instancia, sin embargo, se evidencia que dichos planteamientos solo son puestos de presente por la demandada con el recurso de apelación, sin ser ese el momento procesal procedente para ello.

VII. CONTROL DE LEGALIDAD.

Revisado el expediente, se observa que de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el desarrollo de las etapas procesales de primera instancia se ejerció el control de legalidad. Por ello, y como en esta instancia no se observan vicios procesal es que acarreen la nulidad del proceso o impidan proferir decisión de fondo, se procede a resolver la alzada.

VIII. CONSIDERACIONES.

1. Acerca de la Competencia.

Conforme a la norma de competencia establecida por el artículo 153 del Código Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo; y una vez llevada a cabo la audiencia pública de sorteo de conjueces recae en el Tribunal Administrativo de Santander Sala de Conjueces, el conocimiento del presente asunto.

2. Problema Jurídico

De conformidad con lo expuesto en la demanda, corresponde al Despacho determinar si: 1- ¿Deben inaplicarse los decretos por medio de los cuales el Gobierno Nacional consideró como prima especial sin carácter salarial el 30% del salario de los Magistrados y Jueces de la República? 2- ¿Es procedente la reliquidación de las prestaciones sociales devengadas por la

consideró como prima especial sin carácter salarial el 30% del salario de los Magistrados y Jueces de la República? 2- ¿Es procedente la reliquidación de las prestaciones sociales devengadas por la demandante como Juez de la República, incluyendo el 30% de prima especial como factor salarial, tal como fue solicitado en la demanda? 3En caso de que las respuestas anteriores sean afirmativas se deberá determinar si ¿Hay lugar a declarar la prescripción parcial o total de los derechos laborales reclamados?

3. Sustento normativoNulidad y Restablecimiento del Derecho

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Demandante: Clara Del Carmen Guzmán Rojas

Demandado: NaciónRama Judicial

Constitucionalmente se ha establecido que la función de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos corresponde al gobierno nacional, a través de los lineamientos que de forma privativa el legislador dicte para el efecto; tal y como lo preceptúa el artículo 150 numeral 19 literal E superior, así:

ARTÌCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

..e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe

miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

En desarrollo del antedicho mandato constitucional, el legislador expidió la ley 4ª de 1992, ” Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

El artículo 14 de la ley 4 de 1992 establece:

“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Minis terio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base

Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. (Sub rayas fuera de texto original)

Se vislumbra la fijación de ciertos parámetros en el contexto de los cuales el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad establecida por el numeral 11 delNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Rad. No. 680013333005-2018-00203-02

Demandante: Clara Del Carmen Guzmán Rojas

Demandado: NaciónRama Judicial

artículo 189 constitucional, debe desarrollar la prima u t supra aludida, la pena de incurrir en una omisión violatoria de la constitucionalidad y la legalidad.

En cumplimiento del enunciado deber se expidieron por el Gobierno Nacional los respectivos decretos an uales, mediante los cuales se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar y se dictaron otras disposiciones

La mentada normativa regulatoria, como b ien es manifestado, fue objeto de la acción de Nulidad Simple de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00, en la cual la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de fecha 29 de abril de 2014, señaló:

“En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió los decretos demandados, reproduciendo año por año la previsión de

de fecha 29 de abril de 2014, señaló:

“En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió los decretos demandados, reproduciendo año por año la previsión de que el 30% del salario devengado por los funcionarios enumerados en el artículo 14 de la mencionada ley, sería considerado c omo prima. Dichos decretos no ofrecieron la suficiente claridad y fueron interpretados erróneamente por las entidades encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salario básico era la prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%. Aunque pare ce un juego de palabras, son dos cosas completamente diferentes, pues la primera interpretación implica una reducción del salario básico al 70%, mientras que la segunda, que es la correcta de conformidad con la Ley y la Constitución Política, como se explicará más adelante, implica que se puede tomar el 30% del salario, pero solamente para efectos de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico” (…) “De acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2º de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podía n desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para

erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad”. Resaltado incluido en el texto original.

Así, a partir del enuncia do fallo de nulidad se estableció que los decretos anuales mediante los cuales “se dictan unas disposiciones en materia salarial y prestacional de la rama judicial, del Ministerio Público, de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones”, venían generando el pago salarial