TA SAN - Sentencia 680013333005-2018-00414-01 (29-05-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, mayo veintinueve (29) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 680013333005-2018-00414-01

MEDIO DE

CONTROL:

REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: DENIS ELKIN QUINTERO DELGADO, LAURA PATRICIA

OROZCO PEREIRA JOHANA VALENTINA QUINTERO

OROZCO y BIBIANA STHERLY QUINTERO OROZCO

VARGAS

nancysuarezprofesional@gmail.com

DEMANDADO: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS

buzonjudicial@uspec.gov.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

notificaciones@inpec.gov.co

MINISTERIO

PUBLICO:

JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el día 1º de febrero de 2022 , en cuanto accedió a las súplicas de la demanda.

Pretensiones:

Se solicita que se declare la responsabilidad administrativa y patrimonial solidaria de la Nación Colombiana - Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y el Instituto Nacional Penitenciario

Pretensiones:

Se solicita que se declare la responsabilidad administrativa y patrimonial solidaria de la Nación Colombiana - Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcela rio (INPEC), por los perjuicios ocasionados a Dennis Elkin Quintero Delgado, Laura Patricia Orozco Pereira, Johana Valentina Quintero Orozco y Bibiana Stherly Quintero Orozco, derivados de la amputación del dedo índice de la mano izquierda sufrida por Denn is Elkin Quintero Delgado. En consecuencia, se solicita el pago de: (i) cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes paraSentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

2 cada uno de los demandantes por concepto de perjuicios morales; (ii) cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Dennis Elkin Quintero Delgado por concepto de perjuicios inmateriales en la modalidad de daño a la salud, equivalentes a $73.771.700; (iii) la actualización de las sumas reconocidas con base en el índice de precios al consumidor; (iv) intereses moratorios desde la fecha en que debió hacerse el pago hasta su cumplimiento efectivo; y (v) el cumplimiento del fallo en los términ os del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

Hechos:

En la demanda se narran como hechos los siguientes:

1. Dennis Elkin Quintero Delgado ingresó el 28 de julio de 2012 al

Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón (Santander).

Hechos:

En la demanda se narran como hechos los siguientes:

1. Dennis Elkin Quintero Delgado ingresó el 28 de julio de 2012 al

Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón (Santander).

2. A pesar de ser suboficial retirado de las Fuerzas Militares y no contar con experiencia en carpintería ni en el manejo de maquinaria especializada, el 4 de julio de 2014 fue autorizado mediante acta para trabajar en el taller de maderas de dicho establecim iento, sin recibir capacitación previa ni el suministro de implementos de seguridad adecuados.

3. El 9 de septiembre de 2016, mientras realizaba labores en el taller, sufrió un accidente cuando su dedo índice de la mano izquierda fue atrapado por la polea del motor de un torno, lo que le ocasionó una grave lesión con compromiso óseo y amputación.

4. Fue trasladado por el personal del INPEC a la enfermería y posteriormente remitido al Hospital Universitario de Santander, donde fue intervenido quirúrgicamente al día siguiente, siendo diagnosticado con avulsión y daño severo neurovascular, y se le otorgó una incapacidad médica de treinta días.

5. Finalmente, el 12 de septiembre de 2016, Quintero Delgado presentó un informe escrito al director del penal sobre el accidente, solicitando el trámite interno correspondiente para el seguimiento de su estado de salud.

Sustento jurídico de las pretensiones:

En el acápite “V. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LASentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

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En el acápite “V. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LASentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

3 VIOLACIÓN” de la demanda, los demandantes fundamentan su reclamación en la falla del servicio por omisión atribuible tanto al INPEC como a la USPEC, al no garantizar la integridad física del señor Dennis Elkin Quintero Delgado mientras se encontraba bajo su custodia, recluido y participando en actividades laborales intramuros.

Se citan como normas vulneradas: • Constitución Política: artículos 2 (fines esenciales del Estado), 11 (derecho a la vida), 13 (igualdad), 90 (responsabilidad del Estado por daño antijurídico), 121, 123 y 124 (funciones y responsabilidad de los servidores públicos). • Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA): artículo 140 (acción de reparación directa). • Código Civil : artículos 1604 (carga de la prueba de la diligencia), 2341, 2347, 2356 (responsabilidad extracontractual). • Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario): artículos 5 y 44 literal c (deberes de los guardianes). • Ley 1709 de 2014 (reforma al sistema penitenciario): artículo 4 (dignidad del interno).

En cuanto al concepto de la violación , se afirma que el INPEC incumplió su obligación constitucional y legal de custodiar, vigilar y proteger al interno , permitiendo que este participara en actividades de carpintería sin contar con la capacitación adecuada ni con los elementos de protección necesarios, lo que derivó

obligación constitucional y legal de custodiar, vigilar y proteger al interno , permitiendo que este participara en actividades de carpintería sin contar con la capacitación adecuada ni con los elementos de protección necesarios, lo que derivó en la amputación traumática de su dedo índice izquierdo. La omisión institucional es calificada como una violación a la dignidad humana, a la integridad física y al derecho a la salud del reclus o, derechos que debían ser garantizados de manera reforzada por encontrarse en una relación de especial sujeción con el Estado.

Se alega que este deficiente cumplimiento del deber estatal constituye un daño antijurídico, pues Dennis Elkin Quintero ingresó al centro penitenciario sano y terminó lesionado por un accidente que era evitable. Por tanto, la responsabilidad del Estado se configura por omisión y por el incumplimiento de su deber de garantía . Contestación de la demandaSentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

4 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC:

En la contestación de la demanda, el INPEC se opone a todas las pretensiones formuladas por los demandantes y plantea como principal línea de defensa que no existe una falla del servicio imputable a la entidad. Señala que el accidente sufrido por el interno Dennis Elkin Quintero Delgado en el taller de carpintería del Establecimiento Penitenciario de Girón fue consecuencia de un hecho exclusivo de la víctima, dado que este desatendió el deber de cuidado al operar la maquinaria y no utilizó los elementos de protección personal que le habían sido suministrados.

Establecimiento Penitenciario de Girón fue consecuencia de un hecho exclusivo de la víctima, dado que este desatendió el deber de cuidado al operar la maquinaria y no utilizó los elementos de protección personal que le habían sido suministrados.

El INPEC afirma que el interno fue autorizado formalmente para trabajar en carpintería en el marco de los programas de redención de pena, luego de un proceso previo de evaluación de aptitudes por la Junta de Estudio, Trabajo y Enseñanza. Asegura que recibi ó la capacitación correspondiente en el manejo de la maquinaria y los implementos de seguridad industrial, como consta en los registros internos.

Sostiene además que el traslado a sanidad y posterior remisión al Hospital Universitario de Santander fue oportuno y conforme a los protocolos establecidos, sin que exista prueba de negligencia médica o demora atribuible al Instituto. Destaca que la respon sabilidad en la prestación de servicios médicos corresponde al Consorcio PPL -Fiduprevisora y no directamente al INPEC.

Como excepción de mérito, plantea expresamente la figura del hecho exclusivo de la víctima, bajo el argumento de que el accidente se produjo por una conducta imprudente del interno, quien omitió las reglas de seguridad pese a tener experiencia y formación suficiente. En con secuencia, considera que se rompe el nexo de causalidad y no procede imputar responsabilidad al Estado.

Finalmente, el INPEC solicita el decreto y práctica de pruebas, entre ellas copia de actas de capacitación, informes sobre el mantenimiento de maquinaria, dotación de implementos de seguridad y análisis médico -legal del impacto de la lesión. Reitera que no se acreditó daño antijurídico imputable a la administración y que tampoco

actas de capacitación, informes sobre el mantenimiento de maquinaria, dotación de implementos de seguridad y análisis médico -legal del impacto de la lesión. Reitera que no se acreditó daño antijurídico imputable a la administración y que tampoco están probados los perjuicios alegados.

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC:Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

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En su contestación a la demanda, la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) se opone de manera categórica a todas las pretensiones formuladas, argumentando que carece de competencia funcional y jurídica frente a los hechos que dieron orige n al daño reclamado, esto es, la amputación de un dedo que sufrió el señor Dennis Elkin Quintero Delgado en un taller de carpintería del EPAMS de Girón.

En primer lugar, la USPEC afirma que no tiene a su cargo la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, funciones que corresponden exclusivamente al INPEC, según lo dispuesto en el Decreto 4151 de 2011 y la Ley 65 de 1993. Sostiene que su objeto se limita a gestionar y operar el suministro de bienes, servicios, infraestructura y apoyo logístico y administrativo, lo cual no incluye el control directo sobre la operación de los talleres productivos ni la supervisión de los internos.

Respecto al servicio de salud, aclara que la atención médica de la población reclusa se canaliza a través del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la

supervisión de los internos.

Respecto al servicio de salud, aclara que la atención médica de la población reclusa se canaliza a través del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, administrado mediante un contrato de fiducia con Fiduprevisora S.A., y ejecutado por operadores especializados. En este sentido, la USPEC indica que no presta directamente el servicio de salud, sino que gestiona los recursos y supervisa el cumplimiento del modelo adoptado por el Ministerio de Salud.

Como argumentos de defensa, la USPEC señala que:

1. No existe relación de causalidad entre su función institucional y el daño alegado.

2. No se probó la existencia de un daño cierto, antijurídico, personal, ni determinable, requisitos esenciales para estructurar la responsabilidad extracontractual del Estado.

3. No se acreditó ninguna omisión o conducta activa de su parte que pueda constituir una falla del servicio.

4. La demanda no identifica con precisión qué acción u omisión de la USPEC dio lugar al perjuicio, lo cual impide establecer imputación fáctica o jurídica.Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

6 En cuanto a las excepciones de mérito, si bien no las denomina formalmente como tales, desarrolla argumentos que configuran las siguientes defensas: • Falta de legitimación en la causa por pasiva, al no tener competencia funcional frente a los hechos. • Inexistencia del daño antijurídico como presupuesto básico de la responsabilidad estatal. • Ausencia de imputación fáctica y jurídica. • Improcedencia de la pretensión indemnizatoria, por no estar acreditado el

• Inexistencia del daño antijurídico como presupuesto básico de la responsabilidad estatal. • Ausencia de imputación fáctica y jurídica. • Improcedencia de la pretensión indemnizatoria, por no estar acreditado el monto ni la certeza del daño moral invocado.

Finalmente, la USPEC solicita que se denieguen todas las pretensiones de la demanda respecto de su entidad, y reitera que ha cumplido con las funciones que le asigna la ley en el marco de su objeto institucional.

Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho:

En la contestación de la demanda, el Ministerio de Justicia y del Derecho se opone integralmente a las pretensiones de los demandantes y plantea como excepciones de mérito los siguientes argumentos de defensa:

1. Falta de agotamiento del requisito de procedibilidad: El Ministerio alega que no fue citado ni notificado en el trámite de conciliación extrajudicial adelantado ante la Procuraduría 160 Judicial II Administrativa de Bucaramanga, incumpliéndose así lo estab lecido en los artículos 161 y 180 de la Ley 1437 de 2011. Por tanto, solicita que se dé por terminado el proceso respecto a su entidad.

2. Falta de legitimación material en la causa por pasiva: Señala que no tiene competencia funcional ni atribuciones legales sobre la vigilancia, custodia o administración directa de los establecimientos penitenciarios. Aclara que esas funciones corresponden a l INPEC, entidad con personería jurídica propia y autonomía administrativa, encargada directamente del tratamiento y seguridad de los internos, conforme al Decreto 4151 de 2011 y a la Ley 65

esas funciones corresponden a l INPEC, entidad con personería jurídica propia y autonomía administrativa, encargada directamente del tratamiento y seguridad de los internos, conforme al Decreto 4151 de 2011 y a la Ley 65 de 1993. Por tanto, considera que no puede atribuírsele responsab ilidad por los hechos alegados.Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

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3. Inexistencia de falla del servicio atribuible al Ministerio (ausencia de nexo causal): Alega que no existe relación de causalidad entre las funciones del Ministerio y el daño sufrido por el interno Dennis Elkin Quintero Delgado.

Aplica la teoría de la caus alidad adecuada para indicar que no fue la entidad la que determinó las condiciones materiales ni operativas del taller de carpintería, ni tuvo participación en los hechos que generaron la amputación.

En suma, el Ministerio de Justicia sostiene que: • No participó en el trámite conciliatorio. • No tiene competencia funcional para responder por los hechos. • No existe conducta omisiva ni activa imputable a su gestión. • No se probó un nexo causal que justifique su vinculación como responsable solidario.

Por ello, solicita ser desvinculado del proceso y absuelto de toda responsabilidad, con base en las excepciones propuestas.

Sentencia de primera instancia

La sentencia proferida el 1 de febrero de 2022 por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarando la responsabilidad patrimonial del INPEC por las lesiones sufridas por Dennis Elkin Quintero Delgado durante su reclusión,

Administrativo Oral de Bucaramanga resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarando la responsabilidad patrimonial del INPEC por las lesiones sufridas por Dennis Elkin Quintero Delgado durante su reclusión, mientras operaba maquinaria en el taller de carpintería de l EPAMS de Girón. Se ordenó en la sentencia:

“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la entidad demandada USPEC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción denominada ausencia total de responsabilidad del INPEC, por ser el hecho atribuible a la culpa exclusiva de la víctima, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR responsable al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, por los perjuicios causados al demandante DENNIS ELKIN QUINTERO DELGADO y a su familia, con ocasión de las lesiones sufridasSentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

8 el 9 de septiembre de 2016, en las instalaciones del centro penitenciario y carcelario EPAMS GIRON, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: En consecuencia, CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC a reconocer y pagar al demandante las

siguientes indemnizaciones:

• A favor de DENNIS ELKIN QUINTERO DELGADO , la suma equivalente a DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES , por concepto de

siguientes indemnizaciones:

• A favor de DENNIS ELKIN QUINTERO DELGADO , la suma equivalente a DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES , por concepto de perjuicio moral . • A favor de LAURA PATRICIA OROZCO PEREIRA , en su calidad de cónyuge, la suma equivalente a DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES , por concepto de perjuicio moral . • A favor de JOHANA VALENTINA QUINTERO OROZCO , hija del demandante, la suma equivalente a DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES , por concepto de perjuicio moral . • A favor de BIBIANA STHERLY QUINTERO OROZCO , hija del demandante, la suma equivalente a DIEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES , por concepto de perjuicio moral . • A favor de DENNIS ELKIN QUINTERO DELGADO , la suma equivalente a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES , por concepto de daño a la salud .

QUINTO: Sobre las sumas reconocidas se pagarán intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia, si se cumplen los supuestos de hecho del artículo 192 y 195 del C.P.A.C.A.

SEXTO: CONDENAR en costas a la demandada, en los términos del artículo 188 del C.P.A.C.A. y en concordancia con el artículo 365 del C.G.P., señalándose además como agencias en derecho, a fin de incluirse dentro de la liquidación de

SEXTO: CONDENAR en costas a la demandada, en los términos del artículo 188 del C.P.A.C.A. y en concordancia con el artículo 365 del C.G.P., señalándose además como agencias en derecho, a fin de incluirse dentro de la liquidación de costas el uno (1%) por ciento del valor de las pretensiones reconocidas. Liquídense por Secretaría.

SÉPTIMO: Exonerar de toda responsabilidad a las demandadas UNIDAD DE

SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS y el CONSORCIO FONDO DE

ATENCION EN SALUD PPL.

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones realizadas en la parte pertinente de esta sentencia.Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

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La decisión se fundamentó en los siguientes argumentos y pruebas:

El despacho determinó que el daño fue antijurídico y atribuible jurídicamente al INPEC, bajo un régimen de responsabilidad objetiva, dado el deber especial de protección que el Estado tiene frente a las personas privadas de la libertad. Aunque el accidente fue ocasionado mientras Quintero Delgado manipulaba el torno, la sentencia sostuvo que el INPEC, como gara nte, debía adoptar medidas de prevención, vigilancia y seguridad suficientes para evitar el riesgo, lo cual no se acreditó adecuadamente.

Respecto a la excepción de culpa exclusiva de la víctima, propuesta por el INPEC, el juzgado la desestimó, señalando que si bien el interno intervino materialmente en el hecho, dicha actuación no era jurídicamente ajena a la entidad, la cual tenía el

el juzgado la desestimó, señalando que si bien el interno intervino materialmente en el hecho, dicha actuación no era jurídicamente ajena a la entidad, la cual tenía el deber de supervisar y garantizar su seguridad. Al no demostrarse que el interno hubiera actuado con imprevisibilidad, irresistibilidad o exterioridad a la actividad estatal, no se configuró causa extraña que eximiera de responsabilidad al INPEC.

En cuanto a la USPEC y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL, se les exoneró de toda responsabilidad, por cuanto no se acreditó que tuvieran participación directa en los hechos ni incumplimiento de sus funciones asignadas.

Entre las pruebas tenidas en cuenta, se valoraron: • Historia clínica del Hospital Universitario de Santander, que evidenció amputación del dedo índice izquierdo. • Orden de trabajo y actas de autorización para el taller de carpintería. • Declaraciones de testigos sobre las secuelas físicas y emocionales del demandante. • Dictamen pericial que estableció una pérdida de capacidad laboral del 7.27%. • Documentación médica y peticiones del interno al INPEC solicitando valoración y seguimiento. • Pruebas de dotación de elementos de seguridad y mantenimiento de maquinaria, las cuales no demostraron suficiencia para prevenir el accidente.

El juzgado concedió: Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

10 • 10 SMLMV por perjuicios morales para Dennis Elkin Quintero y cada uno de sus familiares demandantes (esposa e hijas). • 100 SMLMV por daño a la salud, como perjuicio inmaterial derivado de la

10 • 10 SMLMV por perjuicios morales para Dennis Elkin Quintero y cada uno de sus familiares demandantes (esposa e hijas). • 100 SMLMV por daño a la salud, como perjuicio inmaterial derivado de la afectación funcional y emocional generada por la amputación. • Intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia, y condena en costas contra el INPEC.

En conclusión, se estableció que el INPEC incurrió en responsabilidad objetiva por omitir su deber de garante en relación con un interno lesionado mientras desarrollaba una actividad promovida por el sistema penitenciario, sin que se demostrara causa exone rativa válida.

Recurso de apelación

El recurso de apelación fue interpuesto por la parte demandada – INPEC, y su propósito fue controvertir la sentencia de primera instancia que declaró su responsabilidad administrativa por las lesiones sufridas por el interno Dennis Elkin Quintero Delgado.

Los principales argumentos expuestos en el recurso fueron los siguientes:

1. Desconocimiento del régimen aplicable: La apelante insiste en que debió analizarse el caso bajo el título de imputación de falla del servicio y no bajo daño especial, dado que la demanda se estructuró precisamente sobre omisiones específicas del INPEC en la vigilancia y en la dotación de elementos de seguridad industrial.

2. Improcedencia de la condena por perjuicios morales a familiares : El INPEC cuestiona que se hayan reconocido perjuicios morales a la esposa e hijas del interno sin que existiera prueba fehaciente del vínculo afectivo o acompañamiento durante su reclusión. Con base en los registros del sistema

INPEC cuestiona que se hayan reconocido perjuicios morales a la esposa e hijas del interno sin que existiera prueba fehaciente del vínculo afectivo o acompañamiento durante su reclusión. Con base en los registros del sistema de visitas del EPAMS Girón , la entidad alegó que no se evidenció acompañamiento constante de los familiares, y que, por tanto, no se cumplía con la carga probatoria exigida para acreditar la existencia del perjuicio mor al de estas víctimas indirectas.Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

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3. Improcedencia de la indemnización por daño a la salud en cuantía de 100 SMLMV: La entidad consideró desproporcionado el monto reconocido por este concepto, argumentando que la pérdida funcional por la amputación del dedo índice izquierdo fue de apenas 7.27%, lo que conforme a los baremos jurisprudenciales solo justificaría una inde mnización de hasta 10

SMLMV. Cuestionó que el juez de primera instancia no valorara adecuadamente los criterios de intensidad y gravedad del daño para justificar el monto concedid o.

4. Falta de motivación adecuada del fallo : Se alega que la decisión judicial omitió examinar adecuadamente la excepción de culpa exclusiva de la víctima, propuesta por el INPEC, pues Quintero Delgado operó la maquinaria sin cumplir con las medidas de seguridad y sin usar los elementos de protección personal, pese a haber sido capacitado y autorizado por la Junta de Trabajo y Enseñanza del penal.

5. Error en la imputación de responsabilidad objetiva : El recurso advierte que el juzgado incurrió en una indebida aplicación del régimen de

protección personal, pese a haber sido capacitado y autorizado por la Junta de Trabajo y Enseñanza del penal.

5. Error en la imputación de responsabilidad objetiva : El recurso advierte que el juzgado incurrió en una indebida aplicación del régimen de responsabilidad objetiva al omitir considerar que los hechos pudieron tener su origen en una causa extraña atribuible exclusivamente al interno.

Reprocha que no se cons iderara si el actuar del recluso fue imprevisible, irresistible y ajeno jurídicamente al Estado, lo cual, de probarse, exoneraría de responsabilidad al INPEC.

En conclusión, el INPEC solicitó revocar la sentencia de primera instancia en cuanto lo declaró responsable y lo condenó al pago de indemnizaciones, y en su lugar, que se absolviera a la entidad demandada o, subsidiariamente, que se modulara el monto de las condenas por perjuicios morales y daño a la salud , con fundamento en los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Trámite de Segunda instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se admitió el recurso de apelación quedando el proceso para fallo en segunda instancia, sin que las partes hubieran procurado por su intervención en esta etapa procesal. Igualmente, el Ministerio Público guardó silencio en curso de esta etapa procesal.Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

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CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Problema Jurídico

Vistos los antecedentes fácticos del caso y el objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el problema jurídico central sobre el que esta Sala debe pronunciarse consiste en determinar si: ¿Debe analizarse la responsabilidad patrimonial del INPEC por las lesiones sufridas por el interno Dennis Elkin Quintero Delgado bajo el régimen de daño especial, atendiendo a su condición de persona privada de la libertad, o corresponde aplicar el título de imputación por falla del servicio, al haberse estructurado la d emanda con fundamento en omisiones específicas relacionadas con la vigilancia y la dotación de elementos de seguridad industrial dentro del establecimiento penitenciario?

Establecido lo anterior, procederá la Sala a determinar si en el presente caso si:

i.) ¿Las pruebas allegadas al plenario resultan suficientes para demostrar que el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC incurrió en una falla en el servicio que lo hace responsable por las lesiones sufridas por el interno Dennis Elkin Quintero Delgado, ocasionadas durante el desarrollo de actividades de redención de pena en el taller de carpintería del establecimiento penitenciario EPAMS de Girón?

Tesis: NoSentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

13 ii. ¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial del INSTITUTO

EPAMS de Girón?

Tesis: NoSentencia de Segunda Instancia 680013333005-2018-00414 -01

13 ii. ¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC por las lesiones sufridas por el interno Dennis Elkin Quintero Delgado, ocasionadas durante el desarrollo de actividades de redención de pena en el ta ller de carpintería del establecimiento penitenciario EPAMS de Girón, en atención al deber especial de protección que le asiste al Estado frente a las personas privadas de la libertad, o, por el contrario, el daño no resulta jurídicamente imputable a la entidad demandada por haber sido causado exclusivamente por la conducta negligente del propio interno, constituyendo una causa extraña exonerativa de responsabilidad?

Tesis: No hay lugar a declara la responsabilidad patrimonial del

INPEC

1. Los elementos que configuran la responsabilidad del Estado.

El artículo 90 constitucional, establece una cláusula general de responsabilidad del Estado cuando determina que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades pú blicas, de lo cual se desprende que para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos dos presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquie ra de los títulos de atribución de responsabilidad, la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, etc.

1. Del régimen de responsabilidad por los daños ocasionados a las

pública, bajo cualquie ra de los títulos de atribución de responsabilidad, la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, etc.

1. Del régimen de responsabilidad por los daños ocasionados a las

personas privadas de la libertad:

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de lesiones o fallecimientos ocurridos a personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, tanto la Sección Tercera del Consejo de Estado como la Corte Constitucional han establ ecido, de forma reiterada, que el régimen aplicable es, en principio, de naturaleza objetiva, dado que los internos se encuentran en una relación especial de sujeción respecto del Estado.Sentencia de Segunda Instancia 68