TA SAN - Sentencia 680013333005-2019-00277-01 (10-04-2025)

SIGCMA -SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, abril diez (10) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 680013333005-2019-00277-01

ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: REINALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ,

YERALDIN

RODRIGUEZ QUINTERO, CLARA LUCILA

RODRIGUEZ,

LUCELI RODRIGUEZ RODRIGUEZ

DEMANDADO: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

CARCELARIOS

buzonjudicial@uspec.gov.co

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

CARCELARIO

notificaciones@inpec.gov.co

MINISTERIO

PUBLICO:

JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el día 19 de agosto de 2021, en cuanto denegó las súplicas de la demanda.

Pretensiones:

Solicita se declare administrativa y patrimonialmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y al USPEC por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de las lesiones sufridas por el interno REINALDO RODRIGUEZ en hechos ocurridos el 29 de junio de 2017 en el patio 9

a los demandantes como consecuencia de las lesiones sufridas por el interno REINALDO RODRIGUEZ en hechos ocurridos el 29 de junio de 2017 en el patio 9 del EPAMS DE GIRON, a título de falla en el servicio.

Hechos: Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2019-00277-01

2 En la demanda se narran como hechos los siguientes:

Privación de la libertad : El señor REINALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ se encuentra privado de la libertad desde el 26 de agosto de 2008. Actualmente está recluido en el Establecimiento

Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón - Santander.

Accidente laboral : El 29 de junio de 2017, mientras trabajaba como "Recuperador Ambiental Paso Inicial" en el patio 9 del Establecimiento Penitenciario de Bucaramanga, sufrió un accidente al caer de un pasillo mientras realizaba labores de aseo. Este evento le ocasionó daños físicos permanentes, incluyendo fracturas y limitaciones funcionales.

Atención médica tardía e inadecuada : Fue trasladado al Hospital Universitario de Santander el mismo día del accidente. A pesar de recibir atención médica, se identificaron múltiples fracturas y secuelas, como rigidez articular y deformidades, debido a la falta de atención oportuna y adecuada.

Falla en las condiciones de seguridad laboral : En el momento del accidente, el INPEC no contaba con un reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para los internos, ni proporcionó elementos de protección necesarios para realizar las labores asignadas. Tampoco había supervisión

Falla en las condiciones de seguridad laboral : En el momento del accidente, el INPEC no contaba con un reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para los internos, ni proporcionó elementos de protección necesarios para realizar las labores asignadas. Tampoco había supervisión adecuada de las actividades laborales de los reclusos.

Incumplimiento normativo : Se alega que el INPEC y la USPEC incumplieron múltiples disposiciones legales relacionadas con la seguridad industrial, salud ocupacional y condiciones laborales, lo que constituye una falla administrativa.

Estado de sujeción especial : Se argumenta que las entidades demandadas tenían el deber constitucional y legal de garantizar la vida y la integridad personal del demandante, dado su estado de reclusión.Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2019-00277-01

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Daños permanentes : El accidente y la deficiente atención médica resultaron en secuelas funcionales y daños permanentes en el antebrazo y muñeca derecha del demandante, afectando su calidad de vida.

Negativa de conciliación : Durante la audiencia de conciliación extrajudicial, realizada el 8 de agosto de 2019, no se llegó a un acuerdo con las entidades demandadas, lo que llevó a los demandantes a presentar la demanda judicial.

Contestación de la demanda

Indican las entidades demandadas que no son responsables de los hechos acaecidos al demandante, pues han actuado bajo los lineamientos y programas establecidos para los establecimientos penitenciarios, encontrándose que el día de la lesión el demandante no se encontraba en actividad de redención como recuperador ambiental, sino que de forma voluntaria decidió jugar un partido de

establecidos para los establecimientos penitenciarios, encontrándose que el día de la lesión el demandante no se encontraba en actividad de redención como recuperador ambiental, sino que de forma voluntaria decidió jugar un partido de futbol en el patio 9 y en medio de dicha actividad sufrió una caída desde su propia altura, considerando que existió una culpa exc lusiva de la víctima.

Sentencia de primera instancia

La sentencia del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga del 19 de agosto de 2021 niega las pretensiones presentadas por Reinaldo Rodríguez Rodríguez y otros demandantes contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) en un proceso de reparación directa, bajo las siguientes consideraciones: Pruebas Obrantes en el proceso: o Documentos: Historia clínica, cartilla biográfica, registros de trabajo y testimonios. La historia clínica describe lesiones compatibles con una caída, pero no aclara las circunstancias precisas.Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2019-00277-01

4 o Testimonios: Destacó el Juez de primera instancia que hubo versiones contradictorias sobre cómo ocurrió el accidente (trabajo, juego de fútbol, o agresión de otro interno). o Registros: Acorde con los registros allegados, el demandante no laboró el día del accidente según los documentos oficiales.

Análisis Jurídico: Se destacó por el A -quo que se constató el daño consistente en una fractura en el brazo derecho de REINALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ , producto de una caída

Análisis Jurídico: Se destacó por el A -quo que se constató el daño consistente en una fractura en el brazo derecho de REINALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ , producto de una caída ocurrida el 29 de junio de 2017 mientras se encontraba recluido en el

Establecimiento Penitenciario de Girón. Aunque el daño físico quedó acreditado, el A -quo concluyó que no se demostró de manera suficiente la imputación de este daño a una falla en el servicio o a la responsabilidad de las entidades demandadas (INPEC y USPEC) , lo que llevó a la negación de las pretensiones de la demanda. Según la sentencia, la imputación del daño a una falla en el servicio no se probó de forma suficiente por las siguientes razones:

1. Falta de claridad sobre las circunstancias del accidente Las versiones sobre cómo ocurrió la caída fueron contradictorias y carecieron de pruebas concluyentes: • Testimonios: Algunos testigos indicaron que el demandante estaba realizando labores de recuperador ambiental, mientras otros mencionaron que el accidente ocurrió al correr imprudentemente hacia el almuerzo, y un tercero afirmó que fue durante un juego de fútbol. • Historia clínica: Aunque acreditó la lesión, la descripción de las circunstancias (caída desde su propia altura, desde un segundo piso o desde 4 metros) se basó exclusivamente en las declaraciones del demandante y no en observaciones directas o pruebas adicionales.Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2019-00277-01

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2. Documentación que contradice la versión del demandante Los registros oficiales del establecimiento penitenciario no corroboraron que el

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2. Documentación que contradice la versión del demandante Los registros oficiales del establecimiento penitenciario no corroboraron que el demandante estuviera trabajando como recuperador ambiental el día del accidente: • Planilla de horas laboradas: Indica que el demandante no trabajó ese día. • Planilla de pago de bonificaciones: Refleja que no se le reconocieron horas laborales para el día del accidente. • Libro de servicios del pabellón: No incluye su nombre como parte de quienes realizaban labores ese día.

3. Inexistencia de pruebas sobre la falla en el servicio • No se presentó evidencia de que el accidente se haya producido por una falta de elementos de seguridad o por la omisión de medidas de control por parte del INPEC o USPEC. • Los pasillos del pabellón contaban con barandas de protección de 1.5 metros de altura, y no se acreditó que esta infraestructura fuera inadecuada para prevenir el accidente.

4. Responsabilidad del demandante por imprudencia El juzgado consideró que el demandante actuó de manera imprudente al correr por un pasillo mojado, lo que contribuyó directamente a la caída. Este comportamiento redujo cualquier posibilidad de imputar el daño a las entidades demandadas.

Recurso de apelación

El recurso de apelación presentado por el apoderado de la Parte Demandante tiene como objetivo revocar la decisión que negó las pretensiones de responsabilidad patrimonial del Estado, específicamente del INPEC y la USPEC. En el recurso de apelación argumenta que el juzgado de primera instancia no valoró adecuadamente las pruebas y que las entidades demandadas incurrieron en fallas administrativas y

patrimonial del Estado, específicamente del INPEC y la USPEC. En el recurso de apelación argumenta que el juzgado de primera instancia no valoró adecuadamente las pruebas y que las entidades demandadas incurrieron en fallas administrativas y en el incumplimiento de sus deberes legales, lo que hace que el Estado sea responsable por el daño sufrido por el demandante.

Argumentos en Contra del FalloSentencia de Segunda Instancia 680013333005-2019-00277-01

6 El apoderado señala varios puntos en desacuerdo con la decisión del juzgado de primera instancia:

A. Error en la Evaluación de las Pruebas Circunstancias del Accidente: Las versiones del demandante y de testigos corroboraron que este se encontraba realizando sus labores cuando ocurrió el accidente, mientras que el juzgado desestimó esta versión.

Fallas en la Supervisión: Se evidenció que no había supervisión efectiva de las actividades laborales de los internos, como lo confirmó un dragoneante del INPEC.

B. Falla en el Servicio Infraestructura Insegura: El pasillo donde ocurrió el accidente no contaba con medidas de seguridad suficientes.

Ausencia de Reglamentos de Seguridad: El INPEC y la USPEC incumplieron normas de higiene y seguridad industrial exigidas por la ley, como garantizar ambientes de trabajo adecuados y seguros.

Falta de Supervisión: No se asignó personal competente para supervisar las actividades laborales del demandante, lo que contribuyó al accidente.

C. Régimen de Responsabilidad Invoca un régimen de responsabilidad objetivo , según el cual el Estado debe garantizar la seguridad e integridad de los internos. En este caso, al no haberse

actividades laborales del demandante, lo que contribuyó al accidente.

C. Régimen de Responsabilidad Invoca un régimen de responsabilidad objetivo , según el cual el Estado debe garantizar la seguridad e integridad de los internos. En este caso, al no haberse adoptado medidas preventivas ni elementos de seguridad, se configuró una falla en el servicio.

Trámite de Segunda instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se admitió el recurso de apelación quedando el proceso para fallo en segunda instancia, sin que las partes hubieran procurado por su intervención en esta etapa procesal. Igualmente, el Ministerio Público guardó silencio en curso de esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

CompetenciaSentencia de Segunda Instancia 680013333005-2019-00277-01

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De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte actora.

Problema Jurídico

Vistos los antecedentes fácticos del caso y el objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, el problema jurídico central sobre el que ésta Sala debe pronunciarse consiste en determinar si:

¿Se encuentra demostrado en el presente caso la responsabilidad del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC-, por los perjuicios causados a los demanda ntes como consecuencia de la lesión sufrida por el señor REINALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ en momentos en que se encontraba como recluso del EPAMS GIRÓN, bajo el título de responsabilidad objetiva?

Tesis: Sí.

sufrida por el señor REINALDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ en momentos en que se encontraba como recluso del EPAMS GIRÓN, bajo el título de responsabilidad objetiva?

Tesis: Sí.

1. Los elementos que configuran la responsabilidad del Estado.

El artículo 90 constitucional, establece una cláusula general de responsabilidad del Estado cuando determina que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades pú blicas, de lo cual se desprende que para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos dos presupuestos: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquie ra de los títulos de atribución de responsabilidad, la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional, etc.

1. Del régimen de responsabilidad

En sentencia de 14 de abril de 2011, número interno 20587, la Sección Tercera del Consejo de Estado sintetizó el régimen de responsabilidad aplicable en casos en que se demanda lesiones de reclusos, así:Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2019-00277-01

8 “13. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable por daños causados a personas recluidas en establecimientos carcelarios o centros de detención, el Consejo de Estado ha señalado que es de carácter objetivo, teniendo en cuenta que estas personas se encuentran bajo la vigilancia, custodia y protección del Estado y que, por razón del encarcelamiento, no

detención, el Consejo de Estado ha señalado que es de carácter objetivo, teniendo en cuenta que estas personas se encuentran bajo la vigilancia, custodia y protección del Estado y que, por razón del encarcelamiento, no están en capacidad plena de repeler por sí mismos las agresiones o ataques perpetrados por agentes estatales , por otros reclusos o por terceros particulares1.

14. Siendo ello así, se ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado, por los daños causados a quienes se encuentra recluidos en establecimientos carcelarios o centros de reclusión, aunque no exista en el caso concreto una falla del servicio o un incumplimiento de las obligaciones de respeto y protección a cargo de las autoridades penitenciarias. En estos eventos, la responsabilidad surge de la aplicación de la teoría del daño especial, pues se parte de la premisa de que las afectaciones a la vida o a la integridad personal de los reclusos, sin que medie el incumplimiento de una obligación administrativa, no puede considerarse un efecto esperado de la detención, es decir, una carga soportable por quienes se encuentran privados de la libertad2.

15. Con todo, nada obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña como eximente de responsabilidad, siempre que se encuentren demostrados todos y cada uno de sus elementos constitutivos. Sin embargo, es preciso puntualizar que cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios reclusos a otros reclusos, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero. Es más, en estos casos, ni siquiera podría hablarse de una

por los propios reclusos a otros reclusos, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero. Es más, en estos casos, ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de causas, puesto que el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración e, incluso, por otros detenidos.

16. Ahora bien, es evidente que cuando las autoridades que tienen a su cargo el cuidado, custodia y vigilancia de los reclusos incurren en acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio, la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que ser de clarada con base en este título jurídico de imputación, y no en el de daño especial. Dicho en otros términos, esto significa que no en todos los eventos en lo que se causen daños a personas recluidas en establecimientos carcelarios o centros de reclusión hay lugar a aplicar el régimen de responsabilidad de daño especial pues, en cualquier caso, será necesario determinar si las autoridades actuaron dentro del marco de sus obligaciones legales y constitucionales.”

En fallo de 11 de agosto de 2010, número 1886, la misma Sección aseveró que el régimen de responsabilidad era objetivo:

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, rad. 18.886, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

régimen de responsabilidad era objetivo:

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, rad. 18.886, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, rad. 19.849, C.P. Enrique Gil Botero.Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2019-00277-01

9 2.1.- Régimen de responsabilidad en materia de personas recluidas en centros carcelarios o de detención.3

En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa c on miras a repeler las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar por completo la seguridad de los internos y asumir todos los riesgos que lleg uen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable a los daños causados a las personas privadas de la libertad, en sitios de reclusión oficiale s, es objetivo, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentran y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. Así pues, ha puesto de presente que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen “relaciones especiales de sujeción”4.

(…)

de la Constitución Política. Así pues, ha puesto de presente que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen “relaciones especiales de sujeción”4.

(…)

Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la integridad psicofísica del recluso y/o detenido, debe concluirse que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad.

Asimismo, la Sala estima necesario precisar que, si bien el título de imputación de responsabilidad al Estado por excelencia corresponde al de la falla del servicio 5, régimen de responsabilidad subjetivo que se deriva del incumplimiento de una obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la Administración, lo cierto es que en estos eventos, debido a la relación jurídica de sujeción a la cual somete el Estado a la persona que priva de su libertad por su cuenta y decisión, el régimen de responsabilidad se torna objetivo, esto es que a pesar de demostrar la diligencia de la Administración, queda comprometida su responsabilidad, pues –bueno es insistir en ello –, el Estado asume por completo la seguridad de los internos.

Lo anterior no obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña en sus diversas modalidades, como causal exonerativa de responsabilidad, casos en los cuales, como resulta apenas natural, la acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada caso se alegue: fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho exclusivo de un tercero,

acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada caso se alegue: fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho exclusivo de un tercero, según corresponda; por consiguiente, no es procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados

3 En similares términos puede consultarse, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 7 de octubre del 2009, Exp. 16.990 y del 26 de mayo del 2010, Exp. 18.800. 4 Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 27 abril del 2006, Exp. 21138 y del 27 de noviembre de 2002, Exp. 13760, ambas con ponencia del Consejero, doctor Alier Hernández Enríquez.

5 Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, Exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, Exp. 16423, entre otras.Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2019-00277-01

10 a reclusos, resulte suficiente para que estos puedan considerarse como no atribuibles –por acción u omisión6– a la Administración Pública7.

(…)

Así pues, en cada caso concreto, en el cual se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada, deberán analizarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se hubiere producido el daño, por cuanto es

Así pues, en cada caso concreto, en el cual se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada, deberán analizarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se hubiere producido el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido causalmente a la generación del mismo.

En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que tales eximentes de responsabilidad tengan plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la causa extraña sea la causa exclusiva, esto es única, del daño y que, por tanto, constituya la raíz determinante del mismo.

Igualmente, debe precisarse que, en tratándose de las lesiones o el homicidio de que puedan ser víctimas los reclusos por razón de la acción ejecutada por otros detenidos por el mismo Estado, en principio no tendrá cabida la causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, así como tampoco resultará procedente aplicar la llamada “concurrencia de culpas”8 en virtud de tal eximente de responsabilidad, puesto que tal como se analizó anteriormente, el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe respetar y garantizar por completo la

6 Si se tiene en cuenta que la comprensión mayoritaria —aunque deba darse cuenta de la existencia de pareceres discrepantes— niega que las omisiones puedan ser causa, en un sentido estrictamente naturalístico u ontológico, de un resultado, como lo han señala do, por vía de ejemplo, MIR PUIG y JESCHECK, de la siguiente manera: “resulta imposible sostener que un resultado positivo pueda haber sido causado, en el sentido de las ciencias de la naturaleza, por un puro no

resultado, como lo han señala do, por vía de ejemplo, MIR PUIG y JESCHECK, de la siguiente manera: “resulta imposible sostener que un resultado positivo pueda haber sido causado, en el sentido de las ciencias de la naturaleza, por un puro no hacer (ex nihilo nihil fit)” (énfasis en el texto original), sostiene aquél; “La causalidad, como categoría del ser, requiere una fuente real de energía que sea capaz de conllevar un despliegue de fuerzas, y ello falta precisamente en la omisión (“ex nihilo nihil fit)”, afirma éste. Cfr. MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal. Parte General, 5ª edición, Reppertor, Barcelona, 1998, p. 318 y JESCHECK, Hans -Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Bosch, Barcelona, 1981, p. 852, apud MIR PUIGPELAT, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, cit., pp. 241-242.

Sin embargo, la tantas veces aludida distinción categorial entre causalidad e imputación permite explicar, precisamente, de forma mucho más coherente que si no se parte de la anotada diferenciación, la naturaleza del razonamiento que está llamado a efectuar el Juez de lo Contencioso Administrativo cuando se le llama a dilucidar si la responsabilidad del Estado debe quedar comprometida como secuela no ya de una actuación positiva, sino como consecuencia de una omisión de la entidad demandada, pues aunque se admita que dicha conducta omisiva fenomenológicamente no puede dar lugar a la producción de un resultado positivo —de un daño —, ello no significa, automáticamente, que no pueda generar responsabilidad extracontractual que deba ser asumida por el omitente. Pero esa cuestión constituirá un asunto no de causalidad, sino de imputación.

de un resultado positivo —de un daño —, ello no significa, automáticamente, que no pueda generar responsabilidad extracontractual que deba ser asumida por el omitente. Pero esa cuestión constituirá un asunto no de causalidad, sino de imputación. Y es que en los eventos en los cuales la conducta examinada es una acción, para que proceda la declaratoria de responsabilidad resulta menester que exista relación de causalidad entre ella y el resultado, lo cual no es suficiente porque debe añadirse que éste sea jurídicamente atribuible o imputable a aquélla; pero, como señala MIR PUIGPELAT,

“… cuando la conducta es, en cambio, una omisión, la relación de causalidad no es sólo insuficiente, sino, incluso, innecesaria (…) Y existirá imputación del resultado cuando el omitente tenía el deber jurídico de evitar el resultado lesivo, poseyendo la acción —debida— omitida capacidad para evitarlo . En el momento de comprobar esta última cuestión (la capacidad evitadora de la acción omitida) se examina si existe relación de causalidad entre la acción omitida y el resultado producido.

Pero obsérvese bien: no es una relación de causalidad entre la omisión y el resultado, sino entre la acción (que, a diferencia de la omisión, sí tiene eficacia causal) no realizada y el resultado; y, además, es una causalidad meramente hipotética, entre una acción imaginada que no ha llegado a producirse y un resultado efectivamente acontecido. Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la Administración en posición de garante de la víctima) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida,

deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la Administración en posición de garante de la víctima) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de valoraciones normativas, para imputar el resultado a la omisión”. Cfr. MIR PUIGPELAT, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, cit., pp. 242-244.

7 Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586. M.P. Enrique Gil Botero.

8 En relación con la concausa, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido que el comportamiento de la víctima o de un tercero, habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio (artículo 2.357 Código Civil) puesto que aquel contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir cuando la conducta de la persona participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima o el tercero contribuyó realmente a la causación de su propio daño. Ver por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de septiembre de 1999, Exp. 14.859 y del 10 de agosto de 2005, Exp. 14.678. M.P. María Elena Giraldo Gómez, entre otras decisiones.Sentencia de Segunda Instancia 680013333005-2019-00277-01

11 vida e integridad del interno respecto de los daños que pudieren producir, precisamente, otros reclusos, terceros particulares o incluso del propio personal oficial.”

2. El caso concreto

11 vida e integridad del interno respecto de los daños que pudieren producir, precisamente, otros reclusos, terceros particulares o incluso del propio personal oficial.”

2. El caso concreto

En el proceso está establecido que el señor REINALDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ , estaba recluido en el Establecimiento Penitenciario EPAMS GIRÓN, a donde ingresó el día 05 de octubre de 2012 condenado a la pena de 35 años por el delito de homicidio, estando acreditado que , para la fecha de los hechos -29 de junio de 2017 - aún se encontraba en reclusión.

Del daño:

Este daño se encuentra documentado en su historia clínica, donde se describe: • Lesión inicial: Fractura de la epífisis inferior del radio y trauma en el brazo derecho, lo cual requirió atención médica inmediata. • Tratamiento: Incluyó una reducción abierta de fractura y la colocación de material de osteosíntesis en el brazo derecho, además de hospitalización desde el día del accidente -29 de junio de 2017 - hasta el 15 de julio de 2017. • Secuelas: Una pérdida del 7.30% de la capacidad laboral y ocupacional, dictaminada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

De la imputabilidad del daño:

La parte actora sostiene en la sustentación del recurso de apelación que la lesión ocurrió mientras el interno desempeñaba su labor como recuperador ambiental dentro del centro penitenciario, actividad que, según se argumenta, carecía de elementos de seguridad y supervisión adecuada. Esto habría provocado que el

ocurrió mientras el interno desempeñaba su labor como recuperador