TA SAN - Sentencia 680013333005-2020-00042-01 (06-03-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, marzo seis (06) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Exp. No. 680013333005 -2020 -00042 -01

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por el Apoderado de la Parte Demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el 06 de septiembre de 2021, que accedió las súplicas de la demanda, previa la siguiente reseña:

De la Demanda

En ejercicio del medio de control de Reparación Directa previsto en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, acuden a esta jurisdicción los señores FRANKIN MORRIS GUTIERREZ, ANA MILENA RUEDA ORDUZ (padres de la víctima), CAMILO ANDRES PEREZ RUEDA, ANA MARÍA ORDUZ SERRANO (hermanos de la víctima), BENJAMÍN RUEDA DÍAZ, INES MAIRA GUTIERREZ LABRALES y WILLIAM MORRIS SANTAMARIA (abuelos de la víctima), en contra del NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL – , a efecto de obtener un pronunciamiento frente a las siguientes:

Pretensiones.

PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa, de los perjuicios causados a los demandantes

obtener un pronunciamiento frente a las siguientes:

Pretensiones.

PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa, de los perjuicios causados a los demandantes con motivo de la herida en la pierna de la menor KMMR (Q.E.P.D.), ocurrida

MEDIO DE

CONTROL:

REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: ANA MILENA RUEDA ORDUZ Y OTROS

yurijose_0217@hotmail.com.co

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

POLICÍA NACIONAL

desan.asjud@policia.gov.co desan.notificacion@policia.gov.co

MINISTERIO

PUBLICO:

JESÚS EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

LINK EXPEDIENTE: 680013333005 -2020 -00042 -01Sentencia de Segunda Instancia

Expediente No. 680013333005-2020-00042-01

2 con fecha 20 de abril de 2019, en el municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, como consecuencia del disparo del patrullero JHON EDINSON

CASTRO AMAYA.

SEGUNDA: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa, a pagar a cada uno de los demandantes, las siguientes sumas, por concepto de perjuicios morales: 1. 61 S.M.L.M.V. Para ANA MILENA RUEDA ORDUZ, la cantidad de cincuenta y tres millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y tres pesos ($53.545.983) en su condición de madre de la víctima.

cincuenta y tres millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y tres pesos ($53.545.983) en su condición de madre de la víctima. 2. 61 S.M.L.M.V., Para FRANKIN MORRIS GUTIERREZ la cantidad de cincuenta y tres millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y tres pesos ($53.545.983) en su condición de padre de la víctima. 3. 24 S.M.L.M.V., Para CAMILO ANDRES PEREZ RUEDA la cantidad de veintiún millones sesenta y siete mil doscientos setenta y dos pesos ($21.067.272) en su condición de hermano de la víctima. 4. 24 S.M.L.M.V., Para ANA MARÍA ORDUZ SERRANO la cantidad de veintiún millones sesenta y siete mil doscientos setenta y dos pesos ($21.067.272) en su condición de hermano de la víctima. 5. 24 S.M.L.M.V., Para BENJAMÍN RUEDA DÍAZ, la cantidad de veintiún millones sesenta y siete mil doscientos setenta y dos pesos ($21.067.272) en su condición de abuelo materno de la víctima.

TERCERA: Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa, a pagar a favor de

ANA MILENA RUEDA ORDUZ y FRANKLIN MORRIS GUITERREZ y CAMILO

ANDRES PEREZ RUEDA, COMO VÍCTIMAS DIRECTAS y ANA AMARIA

ORDUZ SERRANO Y BENJAMIN RUEDA DIAZ y INES MAIRA GUTIERREZ LABRALES Y WILL IAM MORRIS SANTAMARIA COMO VICTIMAS INDIRECTAS los perjuicios sufridos en la modalidad de daño emergente, con

ORDUZ SERRANO Y BENJAMIN RUEDA DIAZ y INES MAIRA GUTIERREZ LABRALES Y WILL IAM MORRIS SANTAMARIA COMO VICTIMAS INDIRECTAS los perjuicios sufridos en la modalidad de daño emergente, con motivo de la herida de la pierna de la menor K.M.M.R. (Q.E.P.D.) teniendo en cuenta las siguientes bases de liquidación: DAÑO EMERGENTE Gastos hospitalarios y medicina por la herida de la pierna y gastos en recuperación, la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000).

Hechos.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333005-2020-00042-01

3 Refiere la demanda que el día 20 de abril de 2019, la menor K.M.M.R. se encontraba departiendo con una amiga y dos amigos en la calle 16 con carrera 17 en el puente nuevo de San Jorge , que al sitio llegaron dos patrulleros, entre ellos el agente JHON EDINSON CASTRO AMAYA, por una supuesta llamada telefónica en la cual informaban que la menor y sus acompañantes estaban consumiendo sustancias alucinógenas, hurtando a la gente que pasaba, y que estaban formando una riña entre ellos con un arma corto punza nte.

Según la minuta de la policía, los requisaron y encontraron en el bolso de K.M.M.R. dos potes de pegante y una cerveza ; señala que la menor K.M.M.R. se abalanzó con un cuchillo al patrullero JHON EDINSON CASTRO AMAYA, a lo que este reaccionó desenfundando su arma de dotación y le disparó en la

se abalanzó con un cuchillo al patrullero JHON EDINSON CASTRO AMAYA, a lo que este reaccionó desenfundando su arma de dotación y le disparó en la pierna, por lo que posteriormente la llevaron a un centro clínico para prestarle los aux ilios y después llevarla a la Fiscalía de Menores, dejándola a disposición de dicha autoridad por el delito de violación y ataque contra servidor público y daños en bienes del Estado.

Refiere que el día 21 de abril ingresó por cuadro de 9 horas de evolución, caracterizado por herida por arma de fuego en muslo derecho secundario a agresión, cayendo al suelo, presentando dolor y edema en la muñeca derecha, herida causada por el patrullero JHON EDINSON CASTRO AMAYA.

Señala que el día 4 de mayo de 2019 la Policía del Área Metropolitana de Bucaramanga, presenta un escrito a la Fiscalía General de la Nación, unidad de atención URI, donde informa que la señora ESTEFANNY JIMENEZ SUAREZ, con cédula de ciudadanía No. 1007193642 de Bucaramanga, hirió a la menor K.M.M.R. Quien posteriormente fue remitida a la clínica de Girón y luego al Hospital Universitario de Santander, donde horas después fallece, caso que fue conocido por el señor patrullero CASTRO AMAYA JHON EDINSON y el patrullero JADINSON RANGEL AYALA ; Afirma que lo s hechos ocurridos con el patrullero JHON EDINSON CASTRO AMAYA, tiene un efecto vinculante con el delito cometido por ESTEFANNY JIMENEZ SUAREZ, en tanto tiene un hilo

el patrullero JHON EDINSON CASTRO AMAYA, tiene un efecto vinculante con el delito cometido por ESTEFANNY JIMENEZ SUAREZ, en tanto tiene un hilo conductor estos delitos. Para tener conocimiento de los hechos ocurridos, se interpuso una tutela que fue r esuelta por el Juzgado Décimo Municipal con función de control de garantías, el cual falló a favor de la demandante y se tienen como medio de prueba anexado.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333005-2020-00042-01

4 El día 3 de mayo de 2019 la Policía Nacional cita a la menor de edad K.M.M.R. para una indagación preliminar por los hechos ocurridos el día 20 de abril de 2019 y el día 8 de mayo de 2019 la señora ANA MILENA RUEDA ORDUZ madre de la menor de edad, denunció ante la Fiscalía el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario contemplado en el artículo 416 del Código Penal con número de noticia criminal 633076000142201900563, sin que a la fecha haya recibido respuesta en qué estado se encuentra el proceso , posteriormente se abrió una indagación preliminar de investigación, en la que citaron a la menor de edad, en la que debía estar acompañada de un acudiente o representante legal, y respecto del patrullero se adelantó una investigación disciplinaria por parte de la Policía Nacional, en contra del patrullero de la policía JHON

EDINSON CASTRO AMAYA.

Finalmente se realizó conciliación en la procuraduría 159 judicial para asuntos administrativos.

Fundamentos de derecho:

En el presente caso se dema nda al MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA

Finalmente se realizó conciliación en la procuraduría 159 judicial para asuntos administrativos.

Fundamentos de derecho:

En el presente caso se dema nda al MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, por un abuso de autoridad que causó lesiones a una menor de edad ; se establece la primacía de los derechos fundamentales sobre el uso de la fuerza y la protección de los derechos humanos.

Se resalta que el servicio de vigilancia de la Policía Nacional es de naturaleza preventiva. Su objetivo es evitar la comisión de delitos, desórdenes y cualquier otro acto que pueda perturbar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Los agentes deben act uar con observación, prudencia e iniciativa, prestando atención especialmente a las personas sospechosas y tomando medidas para prevenir cualquier acto que amenace la convivencia pacífica.

En relación con el uso de la fuerza, se establece que este debe ser siempre proporcional, necesario y enmarcado dentro del respeto a los derechos humanos. Incluso en el caso de personas catalogadas como delincuentes, la fuerza debe ser utilizada únicamente cuando no haya otra opción y debe evitarse su uso desproporcionado. La fuerza es vista como un último recurso, y se subraya que su empleo debe ser siempre moderado y en función de la amenaza que represente la situación.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333005-2020-00042-01

5 Además, se enfatiza en que la p olicía tiene la facultad de hacer cumplir las órdenes, pero esta autoridad no justifica el uso de medios incompatibles con los principios humanitarios. El uso de la fuerza que conduzca a la muerte de una

5 Además, se enfatiza en que la p olicía tiene la facultad de hacer cumplir las órdenes, pero esta autoridad no justifica el uso de medios incompatibles con los principios humanitarios. El uso de la fuerza que conduzca a la muerte de una persona debe ser objeto de un análisis riguroso, evaluando las circunstancias y los motivos detrás de la acción. En este sentido, se recalca que la protección de la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos, inclus o aquellos considerados delincuentes, es una obligación del Estado, según lo dispuesto en la Constitución .

Contestación a la Demanda

La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional , a través de apoderado debidamente constituido da contestación a la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones , argumentando que no se demuestra falla del servicio en ocasión a la lesión sufrida por la menor, puesto que se trata de un evento de culpa exclusiva de la víctima por cuanto se opuso a un procedimiento policial y arremetió contra uno de los agentes con arma cortopunzante al punto de dejar los en indefensión, razón por la cual uno de ellos actúo en legítima defensa de la integridad, propinando un disparo en el muslo , con fines de mitigar el peligro.

Propone como causal eximente de responsabilidad:

• Culpa Exclusiv a de la Victima: por cuanto, la lesi ón sufrida por la menor K.M.M.R , son producto de su mismo actuar, pues se ocasion ó luego de que ella agrediera a uno de los agentes con un arma cortopunzante a tal punto que lo tuvo en suelo en total estado de indefensión.

Sentencia de Primera Instancia

que ella agrediera a uno de los agentes con un arma cortopunzante a tal punto que lo tuvo en suelo en total estado de indefensión. Sentencia de Primera Instancia

Fue proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga el 06 de septiembre de 20 21, a través de la cual se accedieron a las súplicas de la demanda ordenando:

“PRIMERO: DECLÁRASE administrativa y solidariamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL, de los perjuicios ocasionados, por la falla en el servicio traducida en las lesiones ocasionadas a la menor K.M.M.R., de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSAPOLICIA NACIONAL, a reconocer y pagar de manera solidaria a los demandantes, por concepto de PERJUICIOS MORALES, distribuidos así:Sentencia de Segunda Instancia

Expediente No. 680013333005-2020-00042-01

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DEM ANDANTE PERJ .

MORALES

PARENTEZCO

CON LA VÍCTIMA

ANA MILENA RUEDA ORDUZ 10 SMMLV MADRE

FRANKLIN MORRIS

GUTI ÉRREZ

10 SMMLV PADRE

CAMILO ANDRÉS PÉREZ

RUEDA

5 SMMLV HERMANO

ANA MARÍA ORDUZ

SERRANO

5 SMMLV ABUELA

TERCERO: Sobre las sumas reconocidas se pagarán intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia, si se cumplen los supuestos de hecho del

ANA MARÍA ORDUZ

SERRANO

5 SMMLV ABUELA

TERCERO: Sobre las sumas reconocidas se pagarán intereses a partir de la ejecutoria de la sentencia, si se cumplen los supuestos de hecho del artículo 192 y 195 del C.P.A.C.A

CUARTO: DENIÉGASE las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo.

QUINTO: SIN CONDENA en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva (…)”

Como fundamento de la decisión, encontró el A quo q ue el actuar del agente se apartó de los principios de proporcionalidad y razonabilidad en el uso de la fuerza legítima del Estado, toda vez que, aunque la menor adoptó una actitud agresiva y llegó a amenazar con un arma cortopunzante a los uniformados, no existían circunstancias que justificaran el uso del arma de fuego como única alternativa de contención, pues el patrullero contaba con otros medios no letales para neutralizar la situación. En consecuencia, se configur ó una falla en el servicio, imputable a la entidad demandada.

No obstante, se establece la existencia de una concausa en la producción del daño, dado que la víctima adoptó un comportamiento violento e irrespetuoso frente a la autoridad, llegando incluso a intentar agredir físicamente a uno de los agentes con un arma blanca. En virtud de lo anterior, el Despacho concluye que la responsabilidad del Estado se encuentra atenuada por la conducta desplegada por la propia víctima, razón por la cual redujo en un 50% el monto indemnizatorio correspondiente a los perjuicios rec onocidos.

que la responsabilidad del Estado se encuentra atenuada por la conducta desplegada por la propia víctima, razón por la cual redujo en un 50% el monto indemnizatorio correspondiente a los perjuicios rec onocidos.

En cuanto al fallecimiento de K.M.M.R., acaecido el 4 de mayo de 2019, se establece que dicho evento no guarda relación de causalidad con las lesiones sufridas en el procedimiento policial, toda vez que se encuentra acreditado que su deceso fue consecuenci a de una agresión perpetrada por un tercero ajeno aSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333005-2020-00042-01

7 la entidad demandada. En consecuencia, el A quo arguye que, no procede la imputación de responsabilidad a la Policía Nacional por este hecho. Por concepto de perjuicios morales, el A quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, disponiendo el reconocimiento de una indemnización en favor de los padres y el hermano de la víctima, así como de su abuela materna, Ana María Orduz Serrano , en proporción al daño sufrido. Este despacho fundamentó su decisión en el artículo 42 de la Constitución Política y en las máximas de la experiencia, teniendo en cuenta, además, los parámetros fijados en la sentencia de unificación precitada. Si bien no se allegaron valoraciones forenses que determinaran el porcentaje exacto de afectación derivado de las lesiones infligidas a la menor K.M.M.R. por agentes de la Policía Nacional, se consideraron otras circunstancias relevantes para la determinación del perjuicio, como su condición de adolescente de 16 años al momento de los hechos, la naturaleza del abuso de autorid ad del que

agentes de la Policía Nacional, se consideraron otras circunstancias relevantes para la determinación del perjuicio, como su condición de adolescente de 16 años al momento de los hechos, la naturaleza del abuso de autorid ad del que fue víctima, el uso excesivo de la fuerza legítima que le causó heridas con arma de fuego, y las lesiones documentadas por el médico tratante, que incluyeron una herida en el muslo, fractura de la epífisis inferior del radio y contusiones en la muñeca y la mano. Asimismo, el despacho valoró la relación de cercanía y apoyo de la abuela materna con la víctima, acreditada a través del expediente administrativo del ICBF, en el que se evidencia su participación activa en el proceso de restablecimiento de derechos de la menor desde el año 2014. En consecuencia, se otorgó la indemnización respectiva a favor de estos familiares, reducida en un 50% debido a la concausa establecida en la producción del daño. Por otro lado, no se accedió al reconocimiento del perjuicio moral solicitado en favor de los abuelos paternos ni del abuelo materno, al no encontrarse acreditado un vínculo cercano con el menor que justificara el reconocimiento del daño alegado. Para la cuantificación de la indemnización, se aplicaron los criterios establecidos por el H. Consejo de Estado para la graduación del perjuicio moral, con base en la gravedad de las lesiones sufri das por la víctima, evaluadas en un rango igual o superior al 10% e inferior al 20%. Por último, respecto de los perjuicios materiales por daño emergente, el A quo advirtió que no obra en el expediente prueba documental que permita acreditar

evaluadas en un rango igual o superior al 10% e inferior al 20%. Por último, respecto de los perjuicios materiales por daño emergente, el A quo advirtió que no obra en el expediente prueba documental que permita acreditar la existencia de gastos médicos o hospitalarios sufragados por la familia de la víctima con ocasión de las lesiones sufridas, razón por la cual no se accederáSentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333005-2020-00042-01

8 al reconocimiento de este rubro indemnizatorio.

Recurso de Apelación

La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional , presenta recurso de apelación en término, solicitando se revoque la sentencia de primera instancia, bajo los siguientes argumentos: • Existencia de culpa exclusiva de la víctima : Se argumenta que l a menor K.M.M.R. fue la responsable exclusiva de los hechos que llevaron a su lesión, pues tuvo una reacción violenta y atacó a uno de los policías con un arma blanca durante el procedimiento de incautación, dejándolo en estado de indefensión por lo que su compañero disparó en legítima defensa con el objetivo de proteger la vida de su compañero , además, explica que no hubo uso excesivo de la fuerza , ya que el disparo se dirigió a una de las piernas de la menor para causar el menor daño posible. • Desacuerdo con la calificación de falla del servicio : Se argumenta que el contexto del procedimiento judicial justificaba el uso del arma de fuego, se menciona que el fallo de primera instancia se basó en la sanción disciplinaria impuesta al patrullero John Edinson Castro Amaya por el uso del arma, sin valorar otras pruebas que demostraban que el

fuego, se menciona que el fallo de primera instancia se basó en la sanción disciplinaria impuesta al patrullero John Edinson Castro Amaya por el uso del arma, sin valorar otras pruebas que demostraban que el agente actuó en defensa de su compañero. • Improcedencia del reconocimiento de perjuicios morales y materiales : La defensa argumenta que no se probó una disminución en la capacidad laboral de la menor a causa de la lesión sufrida el 20 de abril de 2019 , igualmente se alega que los familiares de la menor no demostraron un vínculo afectivo cercano con la víctima, pues ella vivía en situación de calle y estaba en condición de vulnerabilidad social; aunado a ello se invoca jurisprudencia del Consejo de Esta do que establece que el daño moral en casos de lesiones debe acreditarse con prueba de la afectación y no puede presumirse automáticamente. Trámite de Segunda instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, por auto de 13 de febrero de 2023 se dispuso su admisión conforme lo establece el Art. 247.4 del CPACA modificado por el Art. 67 del núm. 4° de la Ley 2080/2021.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333005-2020-00042-01

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Las Partes, no intervinieron en esta etapa procesal y el Ministerio Público no rindió concepto de fondo.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte accionada .

Problema Jurídico

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte accionada .

Problema Jurídico

Vistos los antecedentes fácticos del caso y el objeto del recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico central sobre el que esta Sala debe pronunciarse consiste en determinar si: ¿las lesiones sufridas por la menor K.M.M.R. (Q.E.P.D.) son imputables a la Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional -, lo que permite derivar responsabilidad patrimonial de la parte demandada en los perjuicios que a través del medio de control de reparación directa reclaman los demandantes ?

Tesis: Si O si, por el contrario, ¿Las lesiones referidas provienen de una culpa exclusiva de la víctima , que exima de responsabilidad a la entidad traída a juicio ?

Tesis: No

Solución al Problema Jurídico Planteado

El artículo 90 Superior, establece una cláusula general de responsabilidad del Estado cuando determina que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, de lo cual se desprende que para declarar responsabilidad estatal se requiere la concurrencia de estos dos presupuestos:

(i) la existencia de un daño antijurídico y,Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333005-2020-00042-01

10 (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo

(i) la existencia de un daño antijurídico y,Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333005-2020-00042-01

10 (ii) que ese daño antijurídico le sea imputable a la entidad pública, bajo cualquiera de los títulos de atribución de responsabilidad -la falla del servicio, el daño especial, el riesgo excepcional -.

Ahora, en relación con la naturaleza del daño antijurídico , la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente que “ha de corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario ”1.

En este sentido se ha señalado que “en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico ”2.

De ahí, que para que un daño sea resarcible, se torna imprescindible la acreditación de los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama 3: “i) [el daño] debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura –, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea

material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura –, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar el interés que se debate en el proc eso, bien a través de un derecho que le es propio o uno que le deviene por la vía hereditaria.”

Lo anterior significa, que aquél, constituye el fundamento mismo de la responsabilidad, de suerte que “ si no hay daño no hay responsabilidad ” y “sólo ante su acreditación, hay lugar a explorar la imputación del mismo al Estado” 4.

De otra parte, vale recordar que en materia probatoria rige como regla, el principio Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat, esto es, la carga probatoria incumbe a quien afirma un hecho -y pretende derivar de él

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 4 de diciembre de 2006. C.P. Mauricio Fajardo. Exp. 13168. 2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 27 de septiembre de 2000. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Exp. 11601. 3 Sentencia del 25 de abril de 2012 Consejero Ponente, Enrique Gil Botero. “/…/ sólo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no

verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga. /…/”. 4 Sentencia de 21 de marzo de 2012, expediente 23.478, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Igualmente, se puede consultar la sentencia de 10 de septiembre de 1993, expediente 6.144, C.P. Juan de Dios Montes.Sentencia de Segunda Instancia Expediente No. 680013333005-2020-00042-01

11 consecuencias jurídicas - y no a quien lo niega o, alternativamente, onus probandi incumbit actori; de lo que se desprende que en el sublite es la parte actora la que debe probar la existencia del daño antijurídico alegado , a la luz de lo dispuesto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo 5. • Responsabilidad del Estado por daños causados a particulares por uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional En ejercicio del control de convencionalidad se encuentran elementos normativos que sirven de parámetro para determinar el juicio de atribución de responsabilidad del Estado, a partir del reconocimiento del derecho a la vida (que impone obligaciones tanto positivas como negativas a los Estados) y el derecho a la integridad física de la persona 6 como Derechos Humanos en la Convención y conforme a los criterios de excepcionalidad y uso racional de los instrumentos de coerción de que disponen las autoridades del Estado, tal como lo consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos 7 en el caso Retén

Convención y conforme a los criterios de excepcionalidad y uso racional de los instrumentos de coerción de que disponen las autoridades del Estado, tal como lo consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos 7 en el caso Retén de Catia c. Venezuela donde fijó, en atención al riesgo que supone, una suerte de pautas para el uso de la fuerza y de las armas por parte de las autoridades estatales, de manera que: (i) La fuerza o los elementos de coerción sólo pueden ser empleados cuando se hayan agotado sin éxito otros medios de control menos lesivos, (ii) Por regla general se debe proscribir el uso de armas letales y sólo se puede autorizar su uso en los casos expresamente tasados por la Ley, los cuales deben estar sujetos a una interpretación restrictiva, añadiendo que “ Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria” y, por último (iii) La Corte apeló a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza

5 Sentencia de 21 de marzo de 2012, expediente 23.126. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 6 Al tenor del artículo 5.1 de la Convención y que establece que 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral 7 Es de resaltar que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si bien las autoridades tiene el derecho y el deber de hacer cumplir la ley y mantener el orden público, ello no puede dar lugar al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, ya que, en situaciones de tal condición se estaría frente a una privación arbitraria de la vida, en caso de causar se la

derecho y el deber de hacer cumplir la ley y mantener el orden público, ello no puede dar lugar al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, ya que, en situaciones de tal condición se estaría frente a una privación arbitraria de la vida, en caso de causar se la muerte con tal proceder. Ha dicho la Comisión al respecto: 39. La jurisprudencia de la Corte deja en claro que los agentes del Estado tienen el derecho y la responsabilidad de hacer cumplir la ley y mantener el orden aun cuando se produzcan, en algunos casos, muertes o lesiones corporales. No obstante, la Corte sostuvo también claramente que la fuerza utilizada no debe ser excesiva. Cuando se usa fuerza excesiva, no se respeta la integridad personal, y toda privación de la vida resultante es arbitraria. La cuesti ón que se plantea a la Comisión consiste, por lo tanto, en determinar si los agentes policiales que penetraron en la f inca para cumplir las órdenes de arresto hicieron uso excesivo de fuerza, que haya dado lugar a violaciones de la Convención. La Comisión concluye que en este caso se llevó a cabo un uso excesivo de la fuerza. 40. Conforme a las pautas internacionales que se han elaborado referentes al uso de la fuerza por parte de los agentes de seguridad pública para cumplir su función, esa actividad debe ser necesaria y proporcional a las necesidades de la situación y al objetivo que se trata de alcanzar. El Código de Co nducta para Oficiales de Seguridad Pública de las Naciones Unidas dispone expresamente que "el uso de armas de