TA SAN - Sentencia 680013333005-2020-00240-02 (28-08-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA RADICADO: 680013333005-2020-00240-02

LINK EXPEDIENTE: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=680013333005202000240

026800123

MEDIO DE CONTROL: Reparación Directa

DEMANDANTE: Alexander Palacio Delgado y otro

DEMANDADOS: Nación Rama Judicial, Dirección de

Administración Judicial

Nación, Fiscalía General de la Nación

Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

NOTIFICACIONES

ELECTRÓNICAS:

Demandante:

martharuedaparra@hotmail.com

Demandados:

Nación Rama Judicial, Dirección de Administración Judicial

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co nurrear@cendoj.ramajudicial.gov.co echaparu@cendoj.ramajudicial.gov.co

Nación, Fiscalía General de la Nación martha.vivas@fiscalia.gov.co jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

maría.cala3224@correo.policia.gov.co desan.asjud@policia.gov.co

SENTENCIA No: 109

TEMA: Responsabilidad del Estado por privación de la

Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

maría.cala3224@correo.policia.gov.co desan.asjud@policia.gov.co

SENTENCIA No: 109

TEMA: Responsabilidad del Estado por privación de la libertad.Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Alexander Palacio Delgado y otro Demandado: Nación -Desaj y otros Radicado No. 680013333005 -2020-00240-02

2

ASUNTO: La Sala concluye que no se acreditó daño antijurídico ni responsabilidad extracontractual del Estado, dado que la medida de aseguramiento fue legal, razonable y proporcional, basada en pruebas válidas. La absolución penal no implica automáticamente responsabilidad estatal. Además, la ausencia de testigos en juicio no desvirtúa la legalidad de la medida. Por ello, revoca la excepción de l hecho exclusivo de un tercero y confirma la negativa de las pretensiones. También revoca la condena en costas impuestas al demandante.

MAGISTRADA PONENTE (E): Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 20 de noviembre de 2023, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada Policía Nacional , declaró probada la excepción de hecho exclusivo y determinante de un tercero, y, denegó las pretensiones de la demanda.

excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada Policía Nacional , declaró probada la excepción de hecho exclusivo y determinante de un tercero, y, denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

A. Posición de la parte demandante1

En ejercicio del medio de control d e Reparación Directa, presentó demanda con el fin de obtener las siguientes pretensiones:

1. Declarativas. Declarar la nulidad extracontractual, administrativa, patrimonial y solidariamente responsable a las demandadas por los perjuicios causados a la parte actora con ocasión de la privación injusta de la libertad, por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administ ración de justicia y pérdida de la oportunidad de la cual, fueron objeto los demandantes como consecuencia de los daños de naturaleza antijurídica ocasionados con la acción u omisión de las entidades demandadas.

2. Condenatorias • Condenar solidariamente a las partes demandadas a pagar a favor de los demandantes los perjuicios materiales a título de lucro cesante -consolidado y futuro causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad.

1 Expediente digital de OneDrive, 01DemandaNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Alexander Palacio Delgado y otro Demandado: Nación -Desaj y otros Radicado No. 680013333005 -2020-00240-02

3

• Como pretensión subsidiaria , condenar solidariamente a los demandados a pagar por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes por la pérdida de la oportunidad como perjuicio autónomo como consecuencia de

3

• Como pretensión subsidiaria , condenar solidariamente a los demandados a pagar por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes por la pérdida de la oportunidad como perjuicio autónomo como consecuencia de las medidas de aseguramiento privativa de la libertad, pérdida por imposibilidad de explotación económica y valores dejados de percibir como salario y prestaciones sociales durante el tiempo que permanecieron injustamente detenidos. • Condenar solidariamente a la parte demandada a pagar a los demandantes los perjuicios morales causados, daño a la salud, daño a la vida de relación, daño a la honra, dignidad, buen nombre, proyecto de vida y libertad de empresa. • Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

Las anteriores pretensiones se fundamentan en las siguientes afirmaciones:

Refiere que, en el mes de abril de 2008 , Alexander Palacio Delgado fue capturado en el municipio de San Gil, donde posteriormente su hermano Josepth Andreack Palacios Delgado se entregó en el Concejo Municipal de San Gil, al observar que también era requerido por la presunta comisión del delito de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de defensa personal.

Agrega que el 16 y 18 de abril de 2008 ante el Juzgado Noveno Penal Municipal con funciones de garantía se legalizó su captura, formuló imputación e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a los hermanos P alacios Delgado, por la presunta comisión de los delitos antes referidos . Esta decisión fue objeto de recurso de apelación que conoció el Juzgado Décimo Penal del C ircuito

medida de aseguramiento de detención preventiva a los hermanos P alacios Delgado, por la presunta comisión de los delitos antes referidos . Esta decisión fue objeto de recurso de apelación que conoció el Juzgado Décimo Penal del C ircuito que profirió sentencia absolutoria el 16 de mayo de 2018.

B. Posición de la parte demandada

las demandadas se pronunciaron así:

1. Nación – Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

Se opuso a las pretensiones de la demanda , con sustento en que los Jueces que intervinieron en el proceso penal desplegaron actuaciones basadas en la Constitución y la ley . Además, porque l os principales testigos de los hechos no

2 Expediente digital de OneDrive, 19RespuestaDdaRamajudicialNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Alexander Palacio Delgado y otro Demandado: Nación -Desaj y otros Radicado No. 680013333005 -2020-00240-02

4

comparecieron al juicio oral, y le corresponde a la Fiscalía General de la Nación responder por las imputaciones de responsabilidad efectuadas a la administración de justicia.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) caducidad de la acción; ii) culpa exclusiva de la víctima y, iii) hecho de un tercero.

2. Nación – Fiscalía General de la Nación3

Manifiesta oposición a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, no existe privación injusta de la libertad por cuanto fue sustentada en los señalamientos directos, reconocimientos fotográficos y reconocimiento en fila de personas por dos

Manifiesta oposición a las pretensiones de la demanda, con sustento en que, no existe privación injusta de la libertad por cuanto fue sustentada en los señalamientos directos, reconocimientos fotográficos y reconocimiento en fila de personas por dos testigos presenciales de los hechos . Propuso como excepciones: i) caducidad de la acción; iii) falta de legitimación en la causa pasiva y, iii) hecho de un tercero.

3. Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional4

Se opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto la Policía Nacional no ejerce funciones jurisdiccionales y es la rama judicial quien ostenta dichas facultades . Adicionalmente, en el presente caso no existen pruebas que permitan demostrar los hechos atribuibl es a la Policía Nacional, menos aún se establece el nexo de causalidad entre el supuesto hecho dañino y el presunto daño sufrido por los demandantes.

Formuló como excepciones las siguientes: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; y, ii) hecho de un tercero.

C. La sentencia apelada5

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia del veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), resolvió:

«PRIMERO: DECLARASE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, a favor de la entidad demandada POLICIA NACIONAL.

SEGUNDO: DECLARASE probada la excepción de hecho exclusivo y determinante de un tercero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

3 Expediente digital de On eDrive, 20RtaDdaFiscalía

SEGUNDO: DECLARASE probada la excepción de hecho exclusivo y determinante de un tercero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

3 Expediente digital de On eDrive, 20RtaDdaFiscalía 44 Expediente digital de OneDrive, 21RtaDdaPonal 5 Expediente digital , actuación 098, índice SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Alexander Palacio Delgado y otro Demandado: Nación -Desaj y otros Radicado No. 680013333005 -2020-00240-02

5

TERCERO: DENIÉGASE las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la motivación de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandante conforme al artículo 188 del C.P.A.C.A. Liquídense por Secretaría. (...)».

La juez de primera instancia consideró que el daño no resulta imputable a las entidades demandadas, sino a la causa extraña consistente en el hecho exclusivo y determinante de un tercero, toda vez que la medida de aseguramiento se impuso con sustento en el material probatorio recopilado para esa fecha, en especial, de los testimonios de Carlos Moreno y Jairo Flórez -víctima de tentativa de homicidio-, quienes presenciaron los hechos y fueron claves para identificar a los demandantes como presuntos autores materiales de los ilícitos investigados.

Agrega que l a falta de comparecencia de los declarantes referidos generó el pronunciamiento absolutorio, y esa precisa circunstancia configur ó el hecho exclusivo y determinante de un tercero, atendiendo a que la incriminación directa de

Agrega que l a falta de comparecencia de los declarantes referidos generó el pronunciamiento absolutorio, y esa precisa circunstancia configur ó el hecho exclusivo y determinante de un tercero, atendiendo a que la incriminación directa de los testigos inicialmente se constituyó como soporte de las medidas restrictivas de la libertad de los demandantes.

D. Apelación de la sentencia6

Inconforme con la decisión, la parte demandante, solicita se revoque la sentencia de primera instancia por las siguientes razones: i) la declaración de los testigos de los hechos se debió recaudar en forma anticipada al juicio oral , situación que se omitió en el presente caso por cuanto la sentencia absolutoria se expidió por falta de pruebas y labor investigativa de las entidades demandadas, quienes más allá de toda duda razonable, no efectuaron los esfuerzos pertinentes para demostrar que la ocurrencia de los hechos le fuese imputable a los señores J oseph Andreack Palacio Delgado Y Alexander Palacio Delgado; ii) el ente acusador en la audiencia de formulación de acusación no señaló expresamente los hechos relevantes, grado de participación y actividades desplegadas por los investigados, así como tampoco se cita como persona afectada y víctima con respecto del delito de homicidio en grado de tentativa ; iii) de acuerdo con el principio iura novit curia el fallador si encuentra que existe otro régimen de imputación de responsabilidad aplicable al caso, deberá aplicarlo ; y, iv) se revoque la condena en costas ordenada por la primera instancia.

E. Actuación de segunda instancia

6 Expediente digital , actuación 100, índice SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho

caso, deberá aplicarlo ; y, iv) se revoque la condena en costas ordenada por la primera instancia.

E. Actuación de segunda instancia

6 Expediente digital , actuación 100, índice SAMAINulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Alexander Palacio Delgado y otro Demandado: Nación -Desaj y otros Radicado No. 680013333005 -2020-00240-02

6

1. NACIÓN – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RAMA JUDICIAL7

Solicita que se declare la caducidad de la acción de reparación directa . Además, con relación al fondo de la controversia precisó: i) no existe responsabilidad de esa entidad por cuanto no se logró probar la antijuridicidad del daño que se alega, es decir, que la privación de la libertad hubiese sido injusta por cuanto la medida de aseguramiento se profirió legalmente, respetando la garantía del debido proceso, bajo los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad precisados por la

H. Corte Constitucional en la sentencia SU -072 de 2018; y ii) en el presente caso operó el eximente de responsabilidad denominado “hecho exclusivo y determinante de un tercero” teniendo en cuenta que fue el actuar de terceros que señalaron a los señores Alexander Palacio Delgado y Josepth Andreack Palacios Delgado como presuntos responsables de los hechos .

2. NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN8

Señala que la sentencia de primera instancia se debe confirmar por las siguientes razones: i) la solicitud de medida de aseguramiento a nombre de Alexander Palacio

presuntos responsables de los hechos .

2. NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN8

Señala que la sentencia de primera instancia se debe confirmar por las siguientes razones: i) la solicitud de medida de aseguramiento a nombre de Alexander Palacio Delgado y Josepth Andreack Palacios Delgado fue legal, proporcional, razonable y necesaria toda vez que, contaba con el arsenal probatorio suficiente que inferían un señalamiento directo como participes d el hecho delictivo , entre ellos, las sindicaciones directas contra los accionantes efectuados por lo s testigos de cargo (presenciales) mediante el reconocimiento fotográfico ; ii) en virtud de los principios de igualdad de armas y contradicción, en el presente caso la carga de la prueba no era exclusiva de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, la Ley 906 de 2004 impone al defensor, en su condición de sujeto procesal el deber de aportar pruebas, con el fin de desvirtuar la teoría del caso expuesta por la Fiscalía General de la Nación, y las pruebas que la conforman ; iii) se configura hecho exclusivo de un tercero por cuanto resultaba imprevisible establecer que los testigos de cargo no concurrirían a la etapa del juicio oral, declaraciones esenciales para lograr certeza en los términos del artículo 381 del CPP ; iv) se evidencia inexistencia de la antijuridicidad del daño, cumplimiento de un deber legal, inexistencia de falla del servicio, ausencia del nexo causal entre las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y el daño antijurídico reclamado en la demanda así como actuación legal exenta de daño antijurídico; v) en cuanto a los perjuicios morales y materiales

la Nación y el daño antijurídico reclamado en la demanda así como actuación legal exenta de daño antijurídico; v) en cuanto a los perjuicios morales y materiales solicita se realice una valoración de acuerdo con la sentencia de unificación del

7 Expediente digital Tribunal, actuación 00013, índice SAMAI | Proceso Judicial 8 Expediente digital Tribunal, actuación 00012, índice SAMAI | Proceso JudicialNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Alexander Palacio Delgado y otro Demandado: Nación -Desaj y otros Radicado No. 680013333005 -2020-00240-02

7

Consejo de Estado del 29 de novi embre de 2021, toda vez que no se encuentra demostrada la valoración económica que los demandantes pretende obtener, los perjuicios materiales, daño a la salud y la pérdida de oportunidad; y vi) se exima de cualquier condena en costas.

3. NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL9

Precisa que la sentencia de primera instancia se debe confirmar con sustento en las siguientes razones: i) no existe responsabilidad alguna por parte de la Policía Nacional toda vez que no es autoridad judicial y no define la situación jurídica de los demandantes, por tanto, solo actúa en cumplimiento de un deber legal , y, ii) la solicitud de r econocimiento de perjuicios morales y materiales se encuentra en contravía de lo expuesto por el Consejo de Estado en sentencia de unificación, Sala Plena, Radicación 68001233100020020254801 (36.149), Demandante: José Delgado Sanguino y otros, Demandado: La Nación – Rama Judicial d el 04 de

contravía de lo expuesto por el Consejo de Estado en sentencia de unificación, Sala Plena, Radicación 68001233100020020254801 (36.149), Demandante: José Delgado Sanguino y otros, Demandado: La Nación – Rama Judicial d el 04 de Septiembre de 2014.

II. CONSIDERACIONES.

F. Competencia

Según el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, esta Corporación es competente para conocer la apelación de sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos dentro de su jurisdicción territorial.

G. Asunto previo

En cumplimiento del artículo 320 del C.G del P., la Sala limitará el estudio a los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sin mencionar los reparos relacionados con la formulación de la acusación, dado que la privación de la libertad de los demandantes se originó en la decisión que resolvió la situación jurídica . A demás, constituye un argumento nuevo expuesto en el recurso que no se presentó en la demanda y por lo tanto no fue objeto de controversia por las partes dentro del proceso.

9 Expediente digital Tribunal, actuación 00011, índice SAMAI | Proceso JudicialNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Alexander Palacio Delgado y otro Demandado: Nación -Desaj y otros Radicado No. 680013333005 -2020-00240-02

8

En cuanto a la solicitud que presenta en esta instancia la parte demandada - Rama Judicial -10, se precisa que en primera instancia la juez desestimó la caducidad de la acción, al considerar que la demanda sí se presentó dentro de la oportunidad

8

En cuanto a la solicitud que presenta en esta instancia la parte demandada - Rama Judicial -10, se precisa que en primera instancia la juez desestimó la caducidad de la acción, al considerar que la demanda sí se presentó dentro de la oportunidad procesal pertinente, toda vez que los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020.

En ese sentido, teniendo en cuenta que la sentencia de absolución quedó ejecutoriada el 16 de mayo de 2018, el termino de los dos años fenecía, en principio, el 17 de mayo de 2020, pero, con ocasión de la suspensión de términos, los 2 meses y 1 día se reanudaron el 1 de julio de 2020, siendo la demanda presentada el 25 de agosto de 2020, esto es, dentro del término previsto en la Ley 1437 de 2011.

H. Problemas jurídicos

De acuerdo con los fundamentos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación, corresponde a la Sala resolver los siguiente s problemas jurídicos:

PJ1 ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la privación de la libertad de los señores Alexander Palacio Delgado y Joseph Andreack Palacio Delgado fue injusta, dado que fueron absueltos penalmente, y que las entidades demandadas omitieron diligencias probatorias esenciales como la recepción anticipada de testimonios, lo que configuraría una falla en el servicio judicial? PJ2 ¿Se debe revocar el numeral cuarto de la sentencia que dispuso condenar en costas al demandante como parte vencida en este proceso?

I. Tesis

configuraría una falla en el servicio judicial? PJ2 ¿Se debe revocar el numeral cuarto de la sentencia que dispuso condenar en costas al demandante como parte vencida en este proceso?

I. Tesis

PJ1 No. En el caso concreto, no se acreditó la existencia de un daño antijurídico que permita estructurar la responsabilidad extracontractual del Estado. La medida de aseguramiento fue legal, razonable y proporcional, conforme a los estándares constitucionales y j urisprudenciales vigentes. La absolución penal no implica automáticamente que la privación de la libertad haya sido injusta ni que el Estado deba responder patrimonialmente.

10https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/Des cargarProvidenciaPublica/6800123/680013333005202000 24002/893571D35122FA989F1C4B29D24C2F7B43DF5FFADE55601DC67A67D82DAC36F6/2Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Alexander Palacio Delgado y otro Demandado: Nación -Desaj y otros Radicado No. 680013333005 -2020-00240-02

9

PJ2. Sí, porque de conformidad con la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 al artículo 188 del CPACA, para condenar en costas se debe verificar que la parte vencida actuó con temeridad o mala fe, lo cual no ocurrió en el caso concreto.

J. Metodología de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala estudiará los siguientes temas: i) responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la

J. Metodología de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala estudiará los siguientes temas: i) responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad, el daño antijurídico; ii) normatividad relacionada con las pruebas anticipadas en el proceso penal acusatorio; y, iii) las costas en el proceso contencioso administrativo en primera instancia.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico.

1. Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad, el daño antijurídico.

El daño ha sido comprendido como el menoscabo o detrimento de un interés jurídicamente tutelado, y su antijuridicidad se sustenta en la circunstancia de que no exista el deber de soportarlo, de c uyo elemento nacería la obligación de resarcirlo. Lo que quiere decir que, frente a los daños jurídicos o admitidos por el ordenamiento jurídico, no cabría la posibilidad de solicitar reparación.

Así las cosas, en los juicios de responsabilidad estatal sería necesario demostrar el daño reclamado, así como su antijuridicidad y, una vez superada esa etapa, se pasaría a abordar o analizar su imputabilidad al Estado y el nexo de causalidad.

1. De la privación injusta de la libertad

La responsabilidad patrimonial del Estado encuentra fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual establece que este debe responder por los daños antijurídicos imputables a la acción u omisión de sus agentes. En el contexto de la privación injusta de la libertad, esta responsabilidad se conecta con los principios

de la Constitución Política, el cual establece que este debe responder por los daños antijurídicos imputables a la acción u omisión de sus agentes. En el contexto de la privación injusta de la libertad, esta responsabilidad se conecta con los principios del Estado Social de Derecho, particularmente la dignidad humana y la libertad personal, pilares constitucionales que protegen a los ciudadanos frente a restricciones arbitrarias.

El artículo 28 de la Constitución consagra la libertad como derecho fundamental, permitiendo su limitación únicamente mediante orden judicial, con las formalidadesNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Alexander Palacio Delgado y otro Demandado: Nación -Desaj y otros Radicado No. 680013333005 -2020-00240-02

10

legales y por motivos definidos en la ley. Esta garantía se complementa con el artículo 29, que consagra el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa.

La Ley 270 de 1996, en sus artículos 65 y 68, establece que el Estado debe reparar los daños causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el error jurisdiccional y la privación injusta de la libertad, siempre que se trate de un daño antijurídico imputable a sus agentes.

Con respecto al régimen aplicable para analizar la responsabilidad del Estado, actualmente el Consejo de Estado ha adoptado una posición 11 en el sentido que incluso en los casos de obtención de la libertad por aplicación al principio de presunción de inocencia, «no basta demostrar que no hubo condena en el proceso penal, sino que es necesario ir más allá, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, para

incluso en los casos de obtención de la libertad por aplicación al principio de presunción de inocencia, «no basta demostrar que no hubo condena en el proceso penal, sino que es necesario ir más allá, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, para determinar, entre otras cosas, si el daño padecido con la privación de la libertad fue o es antijurídico o no». Concluyó el Alto Tribunal que «de acreditarse, se entenderá configurado el primer elemento de la responsabilidad; de lo contrario, esto es, de no lograrse tal demostración, se estará frente a un daño jurídicamente permitido y, por tanto, desprovisto de antijuridicidad, lo cual impide hablar, bajo el artículo 90 constitucional y el artículo 68 de la ley 270 de 1996, de privación injusta de la libertad12». Este análisis debe considerar estándares constitucionales, legales y convencionales que regulan la restricción de la libertad. Si no se acredita la antijuridicidad, se estará frente a un daño jurídicamente permitido, lo que excluye la responsabilidad estatal. Respecto al título de imputación, tanto el Consejo de Estado como l a Corte Constitucional han sostenido que el juez administrativo debe elegir el más adecuado según las circunstancias del caso. Así lo expresó la Corte en la sentencia SU -072 de 2018:

«El juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía que soportarse».

En consecuencia, el análisis judicial debe verificar si la medida de aseguramiento

establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía que soportarse».

En consecuencia, el análisis judicial debe verificar si la medida de aseguramiento fue necesaria, razonable y proporcional, y si se ajustó a los cánones legales y

11 Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 15 de agosto de 2018, exp.. 46947 12 Idem.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Alexander Palacio Delgado y otro Demandado: Nación -Desaj y otros Radicado No. 680013333005 -2020-00240-02

11

constitucionales. Si la detención fue legal y justificada, el daño no será antijurídico y no habrá lugar a indemnización.

Finalmente, el Consejo de Estado, en sentencia del 6 d e agosto de 2020, reiteró que no existe un régimen automático de responsabilidad por privación de la libertad. Incluso en casos de absolución o preclusión, se requiere demostrar que la medida fue injusta y generó un daño antijurídico. Esta postura fue reafirmada en la sentencia de Sala Plena del 17 de julio de 2025, que negó un recurso de unificación jurisprudencial y consolidó como vigente la línea trazada en el fallo de reemplazo de 2020.

1. Normatividad aplicable para las pruebas anticipadas en el sistema penal acusatorio

Las pruebas anticipadas que se pretendan practicar dentro de un proceso penal basado sobre la ley 906 de 2004 se encuentran regladas en el artículo 284 del

C.P.P. que depreca:

penal acusatorio

Las pruebas anticipadas que se pretendan practicar dentro de un proceso penal basado sobre la ley 906 de 2004 se encuentran regladas en el artículo 284 del

C.P.P. que depreca:

<<ARTÍCULO 284. PRUEBA ANTICIPADA. Durante la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia de juicio oral se podrá practicar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que sea practicada ante el juez que cumpla funciones de control de garantías.

2. Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, por la defensa o por el Ministerio Público en los casos previstos en el artículo 112.

3. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, o que se trate de investigaciones que se adelanten por el delito de violencia intrafamiliar.

4. Que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio (…)>>

K. Caso concreto

1. Hechos relevantes probados

Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala tendrá en cuenta los siguientes hechos relevantes que resultaron probados:

• Audiencia del 16 de abril de 2008 llevada a cabo en el Juzgado Sexto Penal Municipal de Bucaramanga mediante la cual se legaliza la captura e imputan los cargos por los d elitos de homicidio agravado al señor Alexander PalacioNulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Alexander Palacio Delgado y otro Demandado: Nación -Desaj y otros

los cargos por los d elitos de homicidio agravado al señor Alexander PalacioNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia Demandante: Alexander Palacio Delgado y otro Demandado: Nación -Desaj y otros Radicado No. 680013333005 -2020-00240-02

12

Delgado e impone medida de aseguramiento