TA SAN - Sentencia 680013333006-2012-00179-01 (21-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Urbanizadora David Puyana URBANAS S.A. contra la sentencia de primera instancia proferida el 13 de MEDIO DE CONTROL Protección de los derechos e intereses colectivos EXPEDIENTE 680013333006-2012-00179-01 DEMANDANTE Jaime Orlando Martínez García derechoshumanosycolectivos@hotmail.com

DEMANDADOS

Municipio de Bucaramanga notificaciones@bucaramanga.gov.co drortizc@bucaramanga.gov.co

Curaduría Urbana Segunda de Bucaramanga Curaduriaurbana2bga@gmail.com contacto@curaduria2bucaramanga.co

Conjunto Residencial La Cabecera edificiolacabecera@gmail.com

Urbanizadora David Puyana URBANAS S .A. en reorganización urbanas@urbanas.com Smith.jaimes@urbanas.com

Defensoría del Pueblo santander@defensoria.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Derechos colectivos de las personas con

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Derechos colectivos de las personas con discapacidad. Accesibilidad de las personas con discapacidad visual en el contexto de las propiedades horizontales. Implementación de losetas texturizadas para la orientación en propiedad horizontal.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga y otros Radicado: 680013333006-2012-00179-01

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diciembre de 2024 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante la cual se ampararon los derechos e intereses colectivos a la realización de las construcci ones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de vida de los habitantes y a la protección de las personas discriminadas por su condición física o sensorial.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos consagrados en el artículo 1 44 del CPACA, el señor Jaime Orlando Martínez García formuló demanda a nte la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la vulneración de los derechos

colectivos consagrados en el artículo 1 44 del CPACA, el señor Jaime Orlando Martínez García formuló demanda a nte la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la vulneración de los derechos colectivos de que tratan los literales d), g), h), j), m) y n) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

En consecuencia, solicitó:

«1. Se ordene a la entidad y/o accionada de índole particular o jurídica de manera inmediata o al que corresponda las obras necesarias y urgentes para dar cumplimiento a la ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005 y a las Normas Técnicas Colombianas ICONTEC concordantes, al no haberse cumplido hasta la fecha de la radicación de la presente demanda con la instalación de los correspondientes enchapes especiales y/o diferente textura al resto del sendero peatonal, aplicando la Norma Técnica Colombiana ICONTEC NTC 5610 que indica todas las especificaciones constructivas, técnicas y/o de instalación de las losetas texturizadas guías de alerta y de orientación para guiar en su movilidad a la población vulnerable con discapacidad visual, de modo que se garantice el disfrute confiable, seguro, autónomo y digno de los senderos peatonales internos al Conjunto Residencial para la comunidad en general, en especial para las personas con discapacidad física y/o visual, la población infantil, los adultos mayores, los turistas nacionales, extranjeros y la población en general como lo ordenan las normas citadas y relacionadas en la presente demanda.

2. Se aplique la ley 472 de 1998, por la violación del título I capítulo II del artículo

mayores, los turistas nacionales, extranjeros y la población en general como lo ordenan las normas citadas y relacionadas en la presente demanda.

2. Se aplique la ley 472 de 1998, por la violación del título I capítulo II del artículo 4; capítulo III artículos 5, 6, 7 Título II capítulo IV artículo 17, si es el caso.

3. Se condene en costas y agencias en derecho al demandado de acuerdo con los artículos 292 y 392 del C.P.C., por remisión expresa del artículo 38 de la Ley 472 de 1998, en armonía con los artículos 1005 y 2360 del Código Civil y teniendo en cuenta el acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura artículos 2 y 3; en salarios mínimos legales mensuales (SMMV).

4. Se dé cumplimiento a los artículos 1005 y 2360 del Código Civil vigentes, estando igualmente vigente con fuerza y todo vigor para el momento de radicación de la presente demanda, el artículo 34 de la ley 472 de 1998».

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 109 índice SAMAI, archivo 01, folios 3 a 9.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga y otros Radicado: 680013333006-2012-00179-01

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Radicado: 680013333006-2012-00179-01

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1. La constructora del conjunto residencial La Cabecera de la ciudad de Bucaramanga no dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 361 de 1997 y su Decreto reglamentario 1538 de 2005, en la medida que no construyeron los senderos internos de la propiedad horizontal con guías de diferente textura en el centro en los pasillos de la propiedad , tendientes a ser g uía orientadora de las personas con discapacidad visual.

1. La Curaduría que otorgó la licencia de construcción del conjunto residencial incumplió su deber de vigilancia establecido en los artículos 7 y 10 del Decreto 1538 de 2005, razón por la cual se vulneran los derechos colectivos de la población con discapacidad visual que ingrese o resida en el conjunto

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Urbanizadora DAVID PUYANA URBANAS S.A. en reorganización 2

Por conducto de apoderado la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: « inexistencia del derecho vulnerado », «violación directa del principio de confianza legítima» ; además, la parte demandada s e opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La urbanizadora DAVID PUYANA URBANAS S.A al momento de la construcción del Conjunto Residencial La Cabecera cumplió con las especificaciones de la

demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La urbanizadora DAVID PUYANA URBANAS S.A al momento de la construcción del Conjunto Residencial La Cabecera cumplió con las especificaciones de la Licencia de Construcción 68001 -2-07-0226 expedida por la Curaduría Urbana Segunda de Bucaramanga prorrogada mediante la Resolución 6800 -1-2-09-342.

Además, la obra no limita el acceso a los residentes y visitantes con discapacidad visual ya que pueden ingresar a viviendas, parqueaderos y zonas sociales.

1. En virtud de lo expuesto, se vulnera el principio de confianza legítima, dado que la urbanizadora confío en que cumplía con las normas reguladas para proyectos de propiedad horizontal.

1.2.2. Curaduría Urbana Segunda de Bucaramanga3

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: «falta de legitimación en la causa por pasiva» , «ausencia de responsabilidad de la Curaduría Urbana 2 de Bucaramanga» e «improcedencia de la acción popular»; además, la parte demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La Curaduría no ha incurrido en amenaza ni vulneración alguna a los derechos colectivos invocados, por cuanto su actuación en la expedición de las licencias de construcción se ajustó plenamente a las normas urbanísticas

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 109 índice SAMAI, archivo 01, folios 75 a 85.

licencias de construcción se ajustó plenamente a las normas urbanísticas

2 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 109 índice SAMAI, archivo 01, folios 75 a 85. 3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 109 índice SAMAI, archivo 01, folios 109 a 127.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga y otros Radicado: 680013333006-2012-00179-01

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vigentes, sin que se le pueda atribuir responsabilidad por actuaciones u omisiones del constructor.

1. La Licencia de Construcción en modalidad de obra nueva 68001-2-07-0226 del 18 de septiembre de 2007 y su modificación 68001-2-10-0030 del 13 de abril de 2010, fueron expedidas conforme a la Ley 388 de 1997, el Decreto 564 de 2006 y el Decreto 1469 de 2010. Cualquier desviación en la ejecución de la obra es atribuible al constructor, no a la Curaduría.

1. Las curadurías urbanas carecen de funciones de control y vigilancia de obras, las cuales corresponden exclusivamente a las autoridades municipales, en este caso, la Oficina Asesora de Planeación Municipal, conforme al artículo 56 del Decreto 564 de 2006. Por ende, cualquier incumplimiento en la ejecución recae en la administración municipal.

1. No existe relación material entre la conducta atribuida en la demanda y la

Decreto 564 de 2006. Por ende, cualquier incumplimiento en la ejecución recae en la administración municipal.

1. No existe relación material entre la conducta atribuida en la demanda y la Curaduría Urbana Segunda de Bucaramanga , lo cual impide su vinculación legítima como demandada. La responsabilidad por la eventual vulneración de derechos corresponde al municipio de Bucaramanga, al permitir la ocupación sin verificar cumplimiento de las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual.

1. El municipio de Bucaramanga es la entidad que emite el certificado de permiso de ocupación de las construcciones, mediante el cual se acredita que la construcción fue ejecutada en los términos de la licencia. En caso de inconsistencias, la autoridad debe abstenerse de expedir dicho certificado y sancionar al responsable.

1.2.3. Curaduría Urbana Primera de Bucaramanga4

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva» y, para el efecto, expuso que no expidió ninguna Licencia de Construcción a favor de la ur banizadora DAVID PUYANA URBANAS S .A. para la construcción del Conjunto Residencial La Cabecera.

1.2.4. Conjunto Residencial La Cabecera5

Por conducto de apoderad o la propiedad horizontal allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: «falta de legitimación en la causa por pasiva», « inexistencia de vulneración, daño o amenaza actual contra los derechos colectivos por parte del vinculado», «inexistencia de responsabilidad por parte del Conjunto Residencial La

legitimación en la causa por pasiva», « inexistencia de vulneración, daño o amenaza actual contra los derechos colectivos por parte del vinculado», «inexistencia de responsabilidad por parte del Conjunto Residencial La Cabecera»; además, la parte demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 109 índice SAMAI, archivo 01, folios 137 a 145. 5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 109 índice SAMAI, archivo 01, folios 593 a 603.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga y otros Radicado: 680013333006-2012-00179-01

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1. El conjunto residencial no ha vulnerado los derechos colectivos invocados, por cuanto no fue el titular de la licencia de construcción, no ejecutó la obra, ni tenía funciones de control, vigilancia o verificación sobre el cumplimiento normativo durante la ejecución del proyecto. La estructura construida cuenta con elementos de accesibilidad , tales como, rampas, enchapes diferenciados y marcas antideslizantes que han permanecido funcionales desde la entrega de la obra.

1. No existe nexo causal entre las supuestas afectaciones alegadas en l a demanda y el Conjunto Residencial La Cabecera, por cuanto no participó en la construcción ni en el trámite de licencias; en ese sentido, se configura la falta de

obra.

1. No existe nexo causal entre las supuestas afectaciones alegadas en l a demanda y el Conjunto Residencial La Cabecera, por cuanto no participó en la construcción ni en el trámite de licencias; en ese sentido, se configura la falta de legitimación en la causa material.

1. La empresa URBANAS S.A. fue la responsable del desarrollo y ejecución del proyecto, así como de la gestión de las licencias, por lo tanto, cualquier eventual incumplimiento normativo sería imputable a dicha constructora y a los entes encargados de su vigilancia, no al conjunto residencial como copropiedad.

1.2.5. Municipio de Bucaramanga6

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: «falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del municipio de Bucaramanga», «ausencia de responsabilidad del municipio por encontrarse su actuar ajustado en el tiempo de acuerdo a los límites establecidos por la Ley dentro del marco de su competencia» ; además, la parte demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. No existe nexo de causalidad entre los hechos materia de la demanda y las competencias legales de la entidad territorial. La construcción objeto del litigio se encuentra en predio privado y conforme al artículo 58 de la Constitución Política la función social de la propiedad también impone obligaciones al titular del inmueble, qu ien debe responder por su uso y los efectos que de este se deriven.

1. La presunta afectación a derechos colectivos, como resultado de una ejecución contraria a la normatividad urbanística, corresponde al propietario del

del inmueble, qu ien debe responder por su uso y los efectos que de este se deriven.

1. La presunta afectación a derechos colectivos, como resultado de una ejecución contraria a la normatividad urbanística, corresponde al propietario del predio, no al municipio. El daño, de existir, es generado por el uso indebido del derecho de propiedad y debe ser asumido por quien ostenta su titularidad.

1. La responsabilidad del municipio de Bucaramanga en el ejercicio del control urbanístico inicia únicamente una vez tiene conocimiento del hecho presuntamente infractor. No puede exigírsele vigilancia permanente sobre todos los predios del territorio sin que medie denuncia o información específica. Exigir lo contrario constituiría una carga desproporcionada e imposible.

1. En los casos en que la administración ha tenido conocimiento de infracciones urbanísticas, ha actuado de forma diligente a través de la Inspección de Control Urbano y Ornato de la Secretaría del Interior, ordenando la demolición

6 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 109 índice SAMAI, archivo 01, folios 611 a 619.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga y otros Radicado: 680013333006-2012-00179-01

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de construcciones ilegales y tramitando san ciones según lo dispuesto en la Ley 810 de 2003.

1.3. La sentencia apelada7

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de construcciones ilegales y tramitando san ciones según lo dispuesto en la Ley 810 de 2003.

1.3. La sentencia apelada7

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y URBANAS S.A EN REORGANIZACIÓN, vulneran los derechos e intereses colectivos en especial a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de vida de los habitantes, a la protección de las personas discriminadas por su condición física o sensorial, por la falta de losetas de diferentes texturas en los senderos peatonales internos del Conjunto residencial La Cabecera de Bucaraman ga, que permitan a las personas con movilidad reducida, transitar de manera libre y segura de conformidad a lo establecido en los artículos 7 y 10 del Decreto 1385 de 2005, que reglamento la ley 361 de 1997, disponiendo de manera imperativa las condiciones de accesibilidad en unidades residenciales.

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y A LA CONSTRUCTORA URBANAS S.A. EN REORGANIZACIÓN, que dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, dé cumplimiento a las órdenes impartidas en la parte motiva, en los términos indicados en acápite denominado “ÓRDENES PARA IMPARTIR”.

tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, dé cumplimiento a las órdenes impartidas en la parte motiva, en los términos indicados en acápite denominado “ÓRDENES PARA IMPARTIR”.

TERCERO: ORDENAR a la Constructora URBANAS S.A. EN REORGANIZACIÓN, que dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, proceda a instalar losetas de diferente textura que permitan la movilidad de personas invidentes o de escasa visión en los senderos peatonales internos del Conjunto Residencial La Cabecera.

Así mismo, se ORDENA al municipio de Floridablanca, que si transcurrido el anterior término, y no se ha efectuado las adecuaciones por parte de la constructora Caminos del Campestre Construca S.A., debe iniciar las gestiones jurídicas, presupuestales y financieras tendientes a las instalaciones de éstas, en el Conjunto residencial en mención, esto es, las losetas texturizadas para la orientación y las del patrón de alerta u otro enchape distinto al general, de los senderos peatonales internos, que faciliten la movilidad de las personas invidentes o de baja v isión conforme a lo dispuesto en la ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005, sin afectar la estructura de la propiedad horizontal, sin perjuicio de poder efectuar al constructor las reclamaciones pecuniarias a que hubiere lugar.

CUARTO: CONFORMAR un COMI TÉ VERIFICADOR integrado por el señor Defensor del Pueblo, secretario de la Oficina de Planeación del Municipio de Bucaramanga, actor popular, propiedad horizontal y Conjunto Residencial La Cabecera de esta ciudad a través de su representante legal adminis trador del

Defensor del Pueblo, secretario de la Oficina de Planeación del Municipio de Bucaramanga, actor popular, propiedad horizontal y Conjunto Residencial La Cabecera de esta ciudad a través de su representante legal adminis trador del Conjunto, quienes dentro del término de dos (2) meses siguientes al término concedido a la parte demandada, en el numeral segundo y tercero de la parte resolutiva de esta providencia, rindan informe pertinente sobre el cumplimiento de esta sentencia.

QUINTO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de los curadores urbanos no. 01 y 02 de Bucaramanga, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

7 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 47 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga y otros Radicado: 680013333006-2012-00179-01

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SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada municipio de Bucaramanga y a Urbanas S.A. en reorganización, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEPTIMO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante el Honorable Tribunal Administrativo de Santander […]».

En lo correspondiente al fondo del asunto , el a quo sustentó la decisión en los siguientes argumentos:

1. El informe técnico emitido por la Secretaría de Planeación del municipio de

ante el Honorable Tribunal Administrativo de Santander […]».

En lo correspondiente al fondo del asunto , el a quo sustentó la decisión en los siguientes argumentos:

1. El informe técnico emitido por la Secretaría de Planeación del municipio de Bucaramanga acredita que el edificio del Conjunto Residencial La Cabecera carece de señalización podo táctil en sus zonas de ingreso y circulación, que las rampas presentan pendientes no compatibles con los estándares técnicos y que los elementos de enchape no ofrecen contrastes visuales suficientes para personas con discapacidad visual. El informe concluye que no se cumplieron los lineamientos del Decreto 1538 de 2005.

1. Durante la diligencia de inspección judicial se constató la inexistencia de elementos arquitectónicos de accesibilidad universal , las rampas internas no están diseñadas conforme a las normas técnicas y no existen señales táctiles o guías sensoriales para orientar a personas con limitación visual.

1. En lo atinente a las licencias de construcción del proyecto expedidas en los años 2007 y 2010 por la Curaduría Urbana Segunda de Bucaramanga , pese a haberse otorgado dentro del marco normativo de la época, no existe constanc ia de verificación de los requisitos sobre accesibilidad, ni evidencia de exigencia técnica en esa materia, a pesar de estar vigente el Decreto 1538 de 2005 desde

2005.

1. Con fundamento en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, se concluye que la prueba recaudada demuestra la existencia de una afectación estructural y funcional al derecho colectivo a la accesibilidad, que afecta especialmente a personas con discapacidad visual, sin que exista una justificación razonable para

la prueba recaudada demuestra la existencia de una afectación estructural y funcional al derecho colectivo a la accesibilidad, que afecta especialmente a personas con discapacidad visual, sin que exista una justificación razonable para la omisión de los ajustes razonables exigidos por el ordenamiento jurídico.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Urbanizadora DAVID PUYANA URBANAS S.A. en reorganización 8

La urbanizadora DAVID PUYANA URBANAS S.A. en reorganización, por conducto de apoderado judicial, en el recurso interpuesto solicitó revocar la sentencia de primera instancia conforme a los siguientes argumentos:

1. El fallo de primera instancia incurre en error al atribuirle responsabilidad a la urbanizadora por la falta de adecuaciones para personas con discapacidad visual en el Conjunto Residencial La Cabecera, por cuanto desconoce que la empresa actuó conforme a las licencias urbanísticas aprobadas por la Curaduría

Urbana Segunda de Bucaramanga.

8 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 49 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga y otros Radicado: 680013333006-2012-00179-01

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1. La obra fue ejecutada con base en la Licencia de Construcción 68001-207-0226, prorrogada mediante Resolución 68001-2-09-342, las cuales fueron

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. La obra fue ejecutada con base en la Licencia de Construcción 68001-207-0226, prorrogada mediante Resolución 68001-2-09-342, las cuales fueron debidamente autorizadas por la curaduría, entidad competente para verificar el cumplimiento de las normas urbanís ticas y de accesibilidad. Por tanto, cualquier obligación posterior corresponde a los propietarios actuales del conjunto.

1. El a quo interpreta erróneamente la Ley 361 de 1997, por cuanto según lo estipulado en los artículos 4 y 57 de la Ley 361 de 1997, la responsabilidad por el diseño y adecuación de espacios accesibles , una vez es entregado el proyecto, recae en los propietarios de edificaciones privadas de uso público y en las autoridades públicas, no en la constructora . Este asunto es reiterado en la Ley 675 de 2001 y el Decreto 1469 de 2010.

1. En el expediente obran pruebas que acreditan que en la propiedad horizontal existen elementos que otorgan accesibilidad a la población con discapacidad, dentro de los cuales se encuentran rampas de acceso y losetas táctiles en zonas viables y, además, s egún el informe técnico emitido por el municipio de Bucaramanga el 30 de noviembre de 2017, algunas áreas no fueron intervenidas por razones estructurales y las zonas internas del conjunto no tienen la calidad de espacio público, motivo por el cual no les resulta aplicable el Decreto 067 de 2008.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 21 de enero de 20259 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado,

067 de 2008.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 21 de enero de 20259 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado, a efectos de que se pronunciaran en esta instancia.

1.5.1. Parte demandante10

En escrito de alegatos manifestó los siguientes argumentos:

1. En primera instancia se demostró que el Conjunto Residencial La Cabecera P.H. fue construido con licencia expedida por autoridad competente, en fecha posterior al Decreto 1538 de 2005 y ninguna de las partes probó lo contrario.

Dicho Decreto impone la obligación de garantizar condiciones de accesibilidad en las edificaciones y rutas peatonales, sin establecer excepciones. A pesar de que la Curaduría Urbana, mediante las licencias de constr ucción de 2007 y 2010, ordenó el cumplimiento estricto de estas normas, la copropiedad no ha acreditado que haya adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a los artículos 7 y 10 de la norma en referencia, que exigen accesibilidad para las personas con discapacidad en los espacios y servicios comunales.

1. Durante el trámite de la acción popular, que ha durado más de catorce años, la propiedad horizontal no demostró haber adelantado ninguna actuación judicial o administrativa para exigir el cum plimiento de dichas obligaciones a la constructora. Los informes técnicos, especialmente el del 22 de julio de 2014, evidenciaron la falta de losetas táctiles de guía y orientación, situación que configura una vulneración de los derechos colectivos de las personas en situación

9 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI.

evidenciaron la falta de losetas táctiles de guía y orientación, situación que configura una vulneración de los derechos colectivos de las personas en situación

9 Expediente digital, actuación 7 índice SAMAI. 10 Expediente digital, actuación 12 índice SAMAI.Protección de los derechos e intereses colectivos Sentencia de segunda instancia Demandante: Jaime Orlando Martínez García Demandado: municipio de Bucaramanga y otros Radicado: 680013333006-2012-00179-01

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de discapacidad. Pese a estos hallazgos, los copropietarios permanecen en desacato frente a las normas urbanísticas y continúan oponiéndose a la ejecución de las adecuaciones exigidas por la ley.

1. El el recurso de apelación inter puesto por la copropiedad carece de sustento jurídico y probatorio, dado que se limita a expresar inconformidad sin argumentos válidos. Por tanto, se debe confirmar la sentencia de primera instancia, imponer condena en costas y agencias en derecho conforme al Código General del Proceso y ampliar las órdenes de hacer, conforme al principio iura novit curia, para garantizar el cumplimiento integral de las normas de accesibilidad previstas en la Ley 361 de 1997 y el Decreto 1538 de 2005.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá

2. Consideraciones