TA SAN - Sentencia 680013333006-2014-00134-01 (02-10-2025)

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander Magistrada ponente: Claudia Ximena Ardila Pérez Bucaramanga, dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Sentencia de Segunda Instancia

Medio de control Reparación directa Demandante Luis Eusebio Uribe Arenas con c.c. 91.236.408 floralbaestupinan@hotmail.com Demandados Empresa Colombiana De Petróleos-Ecopetrol notificacionesjudicialesecopetrol@ecopetrol.com.co; carlosaugustojaimesbohorquez@gmail.com;

Consorcio Colfeín 2009 conformado por: jucforeroro@gmail.com; hjimenezabogados@gmail.com;

Incopav S.A. hjimenezabogados@gmail.com; jucforeroro@gmail.com; contactenos@incopav.com;

Colserpetrol Ltda hjimenezabogados@gmail.com; jucforeroro@gmail.com;

Fénix Ingeniería Ltda jucforeroro@gmail.com; hjimenezabogados@gmail.com Ministerio Público Xirys María Mora Alvarado xmora@procuraduria.gov.co Radicado 680013333006-2014-00134-01 Tema No se dem ostró la r esponsabilidad del Estado por el secamiento de cuerpos de agua en predio rural. El daño no se puede atribuir a obras civiles relacionadas con la instalación del poliducto de Ecopetrol. Se revoca la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la

se puede atribuir a obras civiles relacionadas con la instalación del poliducto de Ecopetrol. Se revoca la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones.

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación y la competencia, la Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuesto s oportunamente1 por las partes contra la sentencia proferida el 16 de enero de 2018 por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga , que concedió parcialmente las pretensiones.

1. Antecedentes

1.1. La posición de la parte demandante

El demandante solicita que se declare a la Empresa Colombiana de Petróleos, en adelante Ecopetrol, y al consorcio Colfeín 2009, co nformado por las empresas Incopav S.A., Colserpetrol Ltda. y Fénix Ingeniería Ltda ., solidaria y administrativamente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales causados por la desecación de los nacimientos de agua que fluían a través de su finca rural conocida como La Esmeralda, los cuales abastecían su jagüey.

Como consecuencia de lo anterior, pide que se condene a las entidades demandadas al pago de los siguientes conceptos:

1 La sentencia de primera instancia fue notificada el 17 de enero de 2018 (expediente físico, folio 458 “Notificación de sentencia) y los recursos de apelación fueron interpuestos el 25 y 29 de enero de 2018, esto es, dentro de los 10 días siguientes (expediente físico folió 586“Auto Admite Recurso de Apelación).Radicado: 680013333006-2014-00134-01

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Demandante: Luis Eusebio Uribe Arenas

Demandado: Ecopetrol S.A y Colfeín 2009

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• Perjuicio moral: por un valor de $20.000.000. • Daño emergente: por un valor de $150.000.000.

El demandante sostiene que es propietario del predio rural La Esmeralda, ubicado en la vereda Marta del municipio de Girón, Santander , de acuerdo con la adjudicación que le hizo el I NCODER en la Resolución 0048 del 20 de mayo de

2009. Señala que el consorcio Colfeín 2009, en virtud de un contrato celebrado con Ecopetrol S.A., construyó una variante del poliducto Galán – Chimitá en dicha zona.

Afirma que, durante la ejecución de las obras, las cuales incluyeron el uso de maquinaria pesada y excavaciones profundas, se presentaron deslizamientos que afectaron cinco nacimientos de agua, lo que provocó su desaparición y, como consecuencia, el desecamiento de un jagüey ubicado en su finca, que servía como abrevadero para el ganado. Considera que el consorcio Colfeín incurrió en omisiones frente al deber de protección de las fuentes hídricas, al no delimitar adecuadamente la f ranja de protección ni implementar un plan de manejo vial. Finalmente, indica que Ecopetrol incumplió su deber de cuidado, porque no realizó inspecciones de campo ni verific ó el cumplimiento de las normas técnicas y legales aplicables a la construcción del poliducto, lo que derivó en la afectación de los nacimientos de agua de su predio. 1.2. Contestaciones2

inspecciones de campo ni verific ó el cumplimiento de las normas técnicas y legales aplicables a la construcción del poliducto, lo que derivó en la afectación de los nacimientos de agua de su predio. 1.2. Contestaciones2 1.2.1. Ecopetrol se opone a las pretensiones. Argumenta que el daño sufrido en el predio del demandante se debe a que éste está ubicado sobre una falla geológica e hidrológica. Además, afirma que los deslizamientos que afectaron los nacimientos de agua fueron causados por la ola invernal que afectó todo el territorio nacional para los años 2010 y 2011. Acepta que celebró un contrato de obra para la construcción de la variante de San Pablo del poliducto Galán – Chimitá con el consorcio Colfeín, y aclara que durante la ejecución de la obra se siguieron todos los protocolos para evitar la generación de daños, tanto en el manejo de la maquinaria utilizada como en la instalación de la tubería. En este sentido, precisa que las obras realizadas cumplieron con los requisitos técnicos necesarios, y que se obtuvo el permiso correspondiente por parte de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, mediante la Resolución No. 00289 de 2009. Con base en lo anterior, formula las siguientes excepciones: (i) ausencia de responsabilidad respecto del daño y los perjuicios reclamados, (ii) enriquecimiento sin causa, (iii) fuerza mayor, y (iv) inexistencia del nexo causal entre la conducta atribuida y el daño.

1.2.2. Las sociedades Incopav S.A, Fenix Ingeniera Ltda. y Corserpetrol Ltda.,

sin causa, (iii) fuerza mayor, y (iv) inexistencia del nexo causal entre la conducta atribuida y el daño.

1.2.2. Las sociedades Incopav S.A, Fenix Ingeniera Ltda. y Corserpetrol Ltda., miembros del Consorcio Colfeín 2009, no se pronunciaron en esta etapa.

2 La demanda fue admitida mediante auto de 8 de abril de 2014. El término de traslado de 25 y 30 días comenzó a partir del 9 de junio de 2014.Radicado: 680013333006-2014-00134-01

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1.3. La sentencia recurrida3 En sentencia proferida el 16 de enero de 2018, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga accede parcialmente a las pretensiones en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR administrativa y solidariamente responsable a la Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol y al Consorcio Colfeín de los daños ocasionados a la parte demandante, como consecuencia de la instalación y construcción del poliducto Galán -Chimitá sobre el predio denominado la Esmeralda , ubicado en la vereda la Marta del municipio de Girón-Santander, de propiedad del segundo.

SEGUNDO: CONDENAR solidariamente a la Empresa Colombiana de PetróleosEcopetrol y al Consorcio Colfeín 2009, integrada por Fenix Ingeniería Ltda ., Incopal S.A y Colserpetrol a pagar a favor de la parte actora los daños materiales derivados

Ecopetrol y al Consorcio Colfeín 2009, integrada por Fenix Ingeniería Ltda ., Incopal S.A y Colserpetrol a pagar a favor de la parte actora los daños materiales derivados de la desecación de 1 jagüey en el predio la Esmeralda de la vereda Martha del municipio de Girón. Su cuantificación deberá realizarse teniendo en cuenta los perjuicios derivados de tal hecho y que la parte actora tuvo a bien en señalar en la afectación de la actividad pecuaria (el jagüey servía como abrevadero de ganado) y la depreciación comercial del inmueble. Se debe determinar la existencia de otros pozos de agua en el predio y el porcentaje que representaba el secamiento del jagüey que resultó probado dentro del proceso, se secó como consecuencia de las obras realizadas en aquél, estableciéndose en ese sentido, el porcentaje que representa en la afectación de la actividad pecuniaria y en la depreciación del predio. Esto según los lineamientos del art. 193 CPACA.

Como fundamento de su decisión, el juzgado considera acreditados los elementos de la responsabilidad extracontractual de las demandadas. Señala que el daño consiste en la afectación patrimonial sufrida por el demandante debido al secamiento del jagüey ubicado en su propiedad, utilizado como abrevadero para el ganado, así como al taponamien to permanente del nacimiento de agua que lo abastecía.

Destaca que según el análisis probatorio que realizó, la afectación de los cuerpos de agua no obedece únicamente a las condiciones físicas del terreno, sino también a la intervención realizada durante la construcción del poliducto GalánChimitá. Precisa qu e, aunque dichas entidades adoptaron medidas para mitigar

de agua no obedece únicamente a las condiciones físicas del terreno, sino también a la intervención realizada durante la construcción del poliducto GalánChimitá. Precisa qu e, aunque dichas entidades adoptaron medidas para mitigar los daños, éstas resultaron insuficientes, conforme se evidencia en el dictamen técnico de la CDMB de 2012 y en el informe pericial del Servicio Geológico Colombiano.

Finalmente, declara la responsabilidad patrimonial, bajo el título de imputación de daño especial. Indica que, antes de la intervención de Ecopetrol y Colfeín, el predio La Esmeralda disponía de un nacimiento de agua y un jagüey, cuya explotación económica disfrutaba el demandante, y que, como consecuencia del permiso otorgado para la instalación del poliducto, perdió este recurso.

1.4. La apelación 1.4.1. La parte demandante4 solicita que se revoque parcialmente la sentencia de primera instancia, y, en su lugar, se reconozca plenamente la existencia del daño alegado, conforme a las pretensiones formuladas en la demanda. Señala que el a quo incurrió en una valoración incompleta de las pruebas, al limitar la concreción del daño al secamiento del jagüey, sin considerar que este fue consecuencia directa del taponamiento del nacimiento de agua, tal como lo acreditan el dictamen pericial del geólo go Eduardo Castro Marín y el informe del Servicio Geológico Colombiano.

3 Expediente físico, folio 468. 4 Folios 456Radicado: 680013333006-2014-00134-01

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Demandante: Luis Eusebio Uribe Arenas

3 Expediente físico, folio 468. 4 Folios 456Radicado: 680013333006-2014-00134-01

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Manifiesta que las obras realizadas por Ecopetrol S.A. y el Consorcio Colfeín 2009, en el marco de la construcción del poliducto Galán –Chimitá, provocaron deslizamientos y movimientos de masa que ocasionaron el taponamiento de los nacimientos de agua en el predio La Esmeralda. Dichos nacimientos alimentaban el jagüey que servía como abrevadero del ganado que se mantenía en la finca para fines de subsistencia.

Alega que, aunque las entidades accionadas realizaron trabajos de estabilización y revegetación del terreno, estos no lograron recuperar el acuífero afectado, lo que demuestra que el daño persiste y tiene relación directa con las obras ejecutadas.

1.4.2. La Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol5 solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y , en su lugar, se nieguen las pretensiones. Fundamenta su inconformidad en que no se valor ó adecuadamente el informe técnico de inspección de la ingeniera Yasmin Andrea Pérez Rojas ni el dictamen pericial. Según afirma, estas pruebas concluyeron que la causa determinante de los daños fue la inestabilidad del terreno, agravada por el fenómeno de La Niña. Asimismo, señala que el documento suscrito por el geólogo Iván Rene Adarme no pudo ser objeto de contradicción toda vez que este no compareció a la audiencia.

Asimismo, señala que el documento suscrito por el geólogo Iván Rene Adarme no pudo ser objeto de contradicción toda vez que este no compareció a la audiencia.

De otra parte, cuestiona la existencia del daño, puesto que no se probó que el jagüey se utilizara para la explotación agrícola o ganadera. Además, sostiene que no existe nexo causal entre la actividad legítima de la administración y el daño alegado por el accionante, comoquiera que, el deslizamiento ocurrido en el predio La Esmeralda tiene carácter imprevisible e irresistible , lo que configura la fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad.

1.4.3. El Consorcio Colfeín 2009, conformado por las sociedades Incopav S.A, F enix Ingeniera Ltda . y C orserpetrol Ltda., solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y se nieguen las pretensiones planteadas. Argumenta que la parte actora debió estar conformada por Luis Eusebio y Ángela Hernández, quienes son los adjudicatarios y actuales propietarios del predio La Esmeralda, lo que implica que no se cumplió el presupuesto procesal establecido en el numeral 5 del artículo 42 del Código General del Proceso.

Respecto al daño y la imputación que el juzgado consideró acreditados, el Consorcio sostiene que no se demostró la existencia de nacimientos de agua ni que estos se hubieran secado como consecuencia de la construcción del poliducto. Además, argumenta que no se probó el taponamiento de la fuente que alimentaba el jagüey, su ubicación dentro del terreno adjudicado a Luis Eusebio, ni que este fuera realmente su fuente de abastecimiento. Tampoco que el

poliducto. Además, argumenta que no se probó el taponamiento de la fuente que alimentaba el jagüey, su ubicación dentro del terreno adjudicado a Luis Eusebio, ni que este fuera realmente su fuente de abastecimiento. Tampoco que el accionante hubiera realizado las actividades pecuarias o ag rícolas que supuestamente se vieron afectadas con las obras . Señala que no tenían la obligación de proteger el jagüey, dado que era una construcción humana, y aclara que no fueron sancionados ni se les revocó la licencia ambiental en ningún momento.

El Consorcio precisa que ejecutó dos tipos de obras: primero, las vinculadas al proyecto del poliducto, finalizadas en 2011, y luego, las relacionadas con la construcción de gaviones y cunetas. Sin embargo, no se acreditó una relación causal entre estas y los daños alegados por el demandante. Por el contrario, quedó demostrado que las obras del poliducto se ejecutaron en una vía terciaria de carácter público, y que las intervenciones realizadas en el predio de Luis Eusebio fueron para mitigar posibles deslizamientos en su propiedad.

5 Folios 445Radicado: 680013333006-2014-00134-01

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Finalmente, señala que no procedía la condena con fundamento en el artículo 193 del CPACA, ante las deficiencias probatorias del accionante.

1.5. Trámite del recurso de apelación y alegatos en segunda instancia

Finalmente, señala que no procedía la condena con fundamento en el artículo 193 del CPACA, ante las deficiencias probatorias del accionante.

1.5. Trámite del recurso de apelación y alegatos en segunda instancia

Mediante auto del 16 de agosto de 2018 se admitió el recurso de apelación interpuesto por las partes6. El despacho ponente decretó y realizó una inspección judicial en el lugar de los hechos, con el acompañamiento de la CDMB y el Servicio Geológico Colombiano. Además, s olicitó la complementación de los informes periciales practicados por estas autoridades en primera instancia. Posteriormente, se corrió el traslado a las partes para presentar los alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto7.

1.5.1. La parte demandante 8 solicita que se confirme la sentencia de primera instancia por los daños ocasionados en el predio La Esmeralda. Sostiene que las obras ejecutadas por las entidades demandadas, en el proyecto del poliducto Galán–Chimitá, generaron deslizamientos que provocaron el taponamiento de cinco nacimientos de agua y la desecación del jagüey ubicado en el predio.

Señala que Ecopetrol y Colfe ín ejecutaron obras sin estudios de suelo previos, utilizaron maquinaria pesada en una vía no apta para ese tipo de tránsito y construyeron gaviones que colapsaron, lo que generó un «riesgo injustificado de desestabilización del terreno». Dice que las acciones correctivas fueron tardías e insuficientes, y cuando se ejecutaron, el daño ya se había consumado.

construyeron gaviones que colapsaron, lo que generó un «riesgo injustificado de desestabilización del terreno». Dice que las acciones correctivas fueron tardías e insuficientes, y cuando se ejecutaron, el daño ya se había consumado.

Indica que los nacimientos de agua que existían en el predio desaparecieron como consecuencia directa de las obras, y que el jagüey, utilizado como abrevadero para el ganado, quedó desecado. Añade que las inspecciones realizadas en el terreno confirmaron la inexistencia actual de las fuentes hídricas, así como la afectación directa provocada por el tránsito de maquinaria pesada, la excavación del suelo y la instalación de estructuras de contención mal diseñadas.

En particular, refiere que existía un «nacimiento de agua» que abastecía el jagüey, ubicado en cercanías a la vía, en una depresión del terreno donde «confluyen las corrientes tanto de escorrentía como subterráneas ». Según informe de la CDMB del 2012, al presentarse los movimientos en masa producto de la construcción de la vía, paso de vehículos pesados y demás acciones antrópicas, se presentó el taponamiento de dicho nacimiento ocasionado por las fuertes presiones en el suelo que pudieron profundizar el nivel de agua, afectando el flujo de las aguas subterráneas.

1.5.2. Ecopetrol9 reitera lo manifestado en el recurso de apelación. Sostiene que el a quo valoró de forma incorrecta los elementos probatorios, en especial el informe técnico de la ingeniera Yasm ín Andrea Pérez Rojas y el dictamen del geólogo Eduardo Castro Marín, los cuales concluyen que la causa del daño

el a quo valoró de forma incorrecta los elementos probatorios, en especial el informe técnico de la ingeniera Yasm ín Andrea Pérez Rojas y el dictamen del geólogo Eduardo Castro Marín, los cuales concluyen que la causa del daño corresponde a la inestabilidad natural del terreno. Sostiene que los movimientos de remoción en masa obedecen a condiciones geológicas propias d e la zona y a fenómenos climáticos extremos, como el evento de La Niña ocurrido entre el 2010 y el 2011.

Señala que el jagüey se encuentra ubicado en una depresión natural que recoge aguas de escorrentía, y que en la inspección judicial realizada el 12 de septiembre de 2024 se constató la existencia de agua en el reservorio. Añad e que el

6 Folio 586. 7 Folio 621. 8 Expediente Digital SAMAI. Documento: 67_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSDESEGUNDA(.pdf) 9 Expediente Digital SAMAI. Documento: 65_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSLUISEUSEBI(.pdf)Radicado: 680013333006-2014-00134-01

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nacimiento de agua que abastece la vivienda del demandante permanece activo, y que no se evidenció la desaparición de nacederos.

Agrega que la distancia entre los gaviones y el jagüey es de aproximadamente 60 metros, lo cual descarta una afectación directa , de modo que no está probado el nexo causal entre las obras y el daño. Además, resalta que el dictamen del

Agrega que la distancia entre los gaviones y el jagüey es de aproximadamente 60 metros, lo cual descarta una afectación directa , de modo que no está probado el nexo causal entre las obras y el daño. Además, resalta que el dictamen del Servicio Geológico Colombiano y el informe de la CDMB coinciden en que el jagüey se alimenta de aguas pluviales y filtraciones naturales, no de un manantial obstruido por las obras.

Argumenta que el presunto secamiento del jagüey obedece a fenómenos de sedimentación y falta de mantenimiento, y que no se acreditó su uso como abrevadero de ganado. No obran en el expediente documentos, inventarios ni testimonios que demuestren una explotación económica del reservorio.

Por último, a firma que el demandante modificó su teoría del caso durante el proceso, pasando del taponamiento de nacederos a la afectación de aguas subterráneas, lo que vulnera el principio de congruencia. Est e cambio, junto con la ausencia de estudios geofísicos comparativos, impide establecer una relación directa entre las obras y el daño.

1.5.3. El Consorcio Colfeín 200910 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y su solicitud de ser absuelto de responsabilidad. Coincide con Ecopetrol en que no se probó la existencia de nacederos de agua en el predio La Esmeralda, ni que estos se hubieran secado como consecuencia de las obras ejecutadas. En ese sentido, afirma que el jagüey mencionado por el demandante no se encuentra seco, como se evidenció e n la inspección judicial del 12 de septiembre de 2024, y que el nacedero existente abastece actualmente la vivienda

ejecutadas. En ese sentido, afirma que el jagüey mencionado por el demandante no se encuentra seco, como se evidenció e n la inspección judicial del 12 de septiembre de 2024, y que el nacedero existente abastece actualmente la vivienda del actor, sin obstrucción alguna.

Reiteró que las obras d l proyecto del poliducto Galán –Chimitá, finalizadas en 2011, fueron realizadas sobre vía pública y no sobre el terreno del demandante, y que las obras posteriores de mitigación, como gaviones y cunetas, ejecutadas bajo instrucciones y diseños de Ecopetrol , no tienen relación alguna con los presuntos daños alegados.

Por último, insiste en que no se probó que el demandante realizara actividades pecuarias o agrícolas en el predio, ni que el jagüey fuera utilizado como abrevadero de ganado. Por el contrario, quedó demostrado que el jagüey es una construcción artificial cuya funcionalidad depen de del mantenimiento, responsabilidad que recae exclusivamente en el actor.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico y su tesis

De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plant ea y resuelve el siguiente problema jurídico:

¿Le asiste razón al juzgado de primera instancia al concluir que Ecopetrol y su contratista, Colfeín 2009, son responsables por los daños que el señor Luis Eusebio Uribe Arenas alega haber sufrido, con ocasión de las obras civiles realizadas entre 2010 y 2011 frente a su predio rural La Esmeralda?

Tesis: No.

Luis Eusebio Uribe Arenas alega haber sufrido, con ocasión de las obras civiles realizadas entre 2010 y 2011 frente a su predio rural La Esmeralda?

Tesis: No.

10 Expediente Digital SAMAI. Documento: Recepciondeme_RAD20140013401LUISUR(.pdf)Radicado: 680013333006-2014-00134-01

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Fundamento: No se acreditó que el secamiento parcial del jagüey tuviera como causa las obras civiles contratadas por Ecopetrol y ejecutadas por Colfeín 2009 para la construcción de la variante del poliducto Galán–Chimitá.

Aunque la CDMB certificó en 2012 que algunos nacederos se secaron , en la inspección judicial del 12 de septiembre de 2024 se verificó que el jagüey no estaba seco, pues recibía aportes hídricos, y que el predio mantenía fuentes activas, incluido un nacimiento utilizado para consumo humano.

El contratista realizó excavaciones para enterrar la tubería y ejecutó obras de geotecnia, drenaje, adecuación de vías y estabilización del terreno en la parte alta del predio. De ello se infiere que en algún momento pudo producirse alguna remoción del tal ud, pero ello no demuestra que dichas intervenciones hubieran ocasionado la desaparición de un cuerpo de agua ni que el jagüey, ubicado a unos sesenta metros de las obras de mitigación, resultara desecado temporalmente. Tampoco se allegó prueba sobre la ex istencia de otros nacederos y su

ocasionado la desaparición de un cuerpo de agua ni que el jagüey, ubicado a unos sesenta metros de las obras de mitigación, resultara desecado temporalmente. Tampoco se allegó prueba sobre la ex istencia de otros nacederos y su desecación, ni de que las excavaciones hubieran obstruido aguas subterráneas o manantiales que alimentaran el predio.

2.2. Marco jurídico

El artículo 90 de la Constitución Política consagra la cláusula general de responsabilidad estatal según la cual «El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas».

De la norma constitucional se desprende , como primer elemento de la responsabilidad del Estado , el daño , entendido como la lesión a un derecho o interés jurídicamente protegido . La jurisprudencia11 ha identificado los siguientes elementos definitorios: (i) c erteza, esto es, que la lesión «se pueda apreciar material y jurídicamente», de manera que no se trate de una «mera conjetura, hipótesis o eventualidad» 12; (ii) subjetividad, es decir, que el daño recaiga sobre un derecho o interés subjetivo de quien lo alega, en tanto hace parte de su patrimonio material o inmaterial, por vía directa o hereditaria; (iii) licitud, en tanto que se lesiona un bien jurídicamente protegido, o, en términos negativos, que no recaiga sobre un bien o cosa no amparada por el ordenamiento jurídico; y (iv) persistencia, en cuanto no ha sido previamente reparado por otras vías (v.gr. el seguro de daños)13.

recaiga sobre un bien o cosa no amparada por el ordenamiento jurídico; y (iv) persistencia, en cuanto no ha sido previamente reparado por otras vías (v.gr. el seguro de daños)13.

La imputación, como segundo elemento de la responsabilidad, corresponde a la atribución fáctica y jurídica de la lesión a la entidad demandada, a partir de alguno de los criterios de imputación que la jurisprudencia ha desarrollado a partir del citado artículo 90: la falla en el servicio, el riesgo excepcional o el daño especial14.

Para el caso, interesa analizar los regímenes de falla en el servicio y daño especial. La falla del servicio se configura por el desconocimiento de los contenidos obligacionales que tiene a cargo una entidad estatal. El Consejo de Estado ha indicado que, en el juicio de responsabilidad subjetivo de falla del servicio, es necesario efectuar, de un lado, el contraste entre el contenido obligacional que fijan las normas pertinentes, en abstracto, a cargo de la entidad implicada y, de otro, el grado de cumplimiento en el caso concreto.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicación número: 250002326000200500370 01 (37304). 12 Original de la cita: “Lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnizac ión que repare, y ello por la fuerza

misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de su indemniz ación…’ CHAPUS, René ‘Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial’, LDGJ, 2ª edición, Paris, 1957, pág. 403”. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2021, C.P. María Adriana Marín, rad. 44001-23-33-000-2012-00042-01(50146) 14Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932; Sentencia del 12 de julio de 1993; Exp. 7622Radicado: 680013333006-2014-00134-01

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Cuando se lleva a cabo una obra pública, como es el caso de la construcción de un poliducto en zona rural, es posible que surjan daños derivados de la omisión de los deberes de protección de recursos hídricos y prevención de desastres . El artículo 80 de la Constitución Política le establece al Estado el deber de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto 2811 de 197415, el Estado y los particulares tienen a cargo un deber de conservación y

exigiendo la reparación de los daños causados.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto 2811 de 197415, el Estado y los particulares tienen a cargo un deber de conservación y preservación de las aguas para consumo humano, las fuentes, cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de aguas naturales o artificiales que se encuentren en áreas de protección. A su turno, el art. 1.4 de la Ley 99 de 1993 establece que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos son objeto de protección especial.

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973 16, Código de Recursos Naturales, el Estado y los particulares son responsables por los perjuicios causados al ser humano o a los bienes naturales de propiedad privada, derivados de la contaminación o detrimento del entorno.

En línea con lo anterior, cuando se trata de la ejecución de obras públicas o la construcción de infraestructuras, el daño puede manifestarse en la afectación del uso normal de los bienes patrimoniales o en la vulneración de un bien ambiental, como los recursos naturales del ecosistema, la biodiversidad o la naturaleza 17. El daño ambiental consiste en cualquier alteración, degradación, deterioro, modificación o destrucción del ambiente (agua, aire, flora) ocasionada por actividades u omisiones que excedan los niveles permitidos y la capacidad de asimilación y transformación de los bienes, recursos, paisajes y ecosistemas18.

En este contexto, la afectación directa de nacimientos de agua o la falta de medidas de mitig