TA SAN - Sentencia 680013333006-2016-00192-03 (03-04-2025)

Tribunal Administrativo de Santander

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Detalles

Título
TA SAN - Sentencia 680013333006-2016-00192-03 (03-04-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Santander
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 3 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333006-2016-00192-03

DEMANDANTES

Yuliey Xiomara Jaimes Hernández, Gladys Cristina Castillo Oviedo, Edna Clarena Palma Beltrán y Martha Cecilia Diaz Marín

DEMANDADO

Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co dsajbga@cendoj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ASUNTO Sentencia de segunda instancia TEMA Bonificación Judicial Decretos 383 y 384 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Yuliey Xiomara Jaimes Hernández y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

TEMA Bonificación Judicial Decretos 383 y 384 de 2013Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Yuliey Xiomara Jaimes Hernández y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333006-2016-00192-03

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda y se declaró probada la excepción de prescripción parcial.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, las señoras Yuliey Xiomara Jaimes Hernández, Gladys Cristina Castillo Oviedo, Edna Clarena Palma Beltrán y Martha Cecilia Diaz Marín formularon demanda ante la jurisdicción de lo contencioso — administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 874 del 9 de febrero de 2016 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y ii) acto ficto o presunto que configuró el silencio de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de apelación.

En consecuencia, solicitó:

«1. Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN No 874 del 09 de febrero de 2016, proferido por el DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA y del ACTO

«1. Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN No 874 del 09 de febrero de 2016, proferido por el DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA y del ACTO ADMINISTRATIVO FICTO NEGATIVO configurado por el silencio guardado frente al recurso de apelación interpuesto contra el primer acto demandado en febrero 24 de 2.016, habiendo trascurrido los dos (2) meses indicados por el art. 86 del CPACA.

2. Que, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la

NACION-RAMA JUDICIAL -DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

JUDICIAL:

2.1 RELIQUIDAR las prestaciones sociales devengadas anualmente por los servidores judiciales demandantes, tomando como FACTOR SALARIAL la BONIFICACIÓN JUDICIAL creada con os Decretos 383 y 384 de 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública “Por el cual se crea una

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 70 índice SAMAI, archivo ZIP, archivo 002, folio 27 a 43.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Yuliey Xiomara Jaimes Hernández y otros

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bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la

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bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones.” Y “Por el cual se crea una bonificación judicial par a los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones.”.

2.2. Que en adelante, se reconozca la BONIFICACIÓN JUDICIAL como FACTOR SALARIAL para todos sus efectos legales y no sólo para los descuento destinados a la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como actualmente se hace.

3.Que se condene en COSTAS a la parte demandada, reconociendo las Agencias en Derecho en porcentaje del VEINTE POR CIENTO (20%) de las pretensiones conforme el numeral 3.1.2. del artículo 6 del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura No.1887 de 2.003

4.Que se ajuste la condena tomando como base el índice de Precios al Consumidor de conformidad con el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A.» (sic en todo el texto).

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

  1. Las señoras Yuliey Xiomara Jaimes Hernández, Gladys Cristina Castillo Oviedo, Edna Clarena Palma Beltrán y Martha Cecilia Diaz Marín se encuentran vinculados a la Rama Judicial, razón por la cual son beneficiarias
  1. Las señoras Yuliey Xiomara Jaimes Hernández, Gladys Cristina Castillo Oviedo, Edna Clarena Palma Beltrán y Martha Cecilia Diaz Marín se encuentran vinculados a la Rama Judicial, razón por la cual son beneficiarias de la bonificación judicial creada mediante los Decretos 383 y 384 de 2013.
  1. La entidad demandada no ha incluido la bonificación judicial como factor salarial al momento de liquidar las prestaciones sociales.
  1. En virtud de lo anterior, las demandantes presentaron petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Santander, mediante la cual solicitaron el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tienen derecho.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Yuliey Xiomara Jaimes Hernández y otros

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  1. El 9 de febrero de 201 6, mediante Resolución 874, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativ a, la cual fue notificada el 17 de febrero de 2016.
  1. El 24 de febrero de 2016, se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión , el cual no ha sido resuelto , motivo por el cual la entidad incurrió en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto
  1. El 24 de febrero de 2016, se interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión , el cual no ha sido resuelto , motivo por el cual la entidad incurrió en silencio administrativo negativo, circunstancia que genera un acto ficto o presunto a través del cual se confirmó la decisión denegatoria.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículos 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política ; 2 de la Ley 4 de 1992 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo.

En desarrollo del concepto de violación, el apoderado de la parte demandante expuso las siguientes razones:

  1. Los actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el artículo 1 de los Decretos 383 y 384 de 2013.
  1. Deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la pri ma especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.

1.2. Contestación de la demandaNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse.

1.2. Contestación de la demandaNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Yuliey Xiomara Jaimes Hernández y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333006-2016-00192-03

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1.2.1. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2

El apoderado de la parte demandada allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos excepci ones nominadas «prescripción trienal de los derechos reclamados» ; «la demanda no corresponde a todos los litisconsortes necesario art 100 #9 C.G.P.» y excepciones innominadas «de la legalidad de los actos administrativos demandados»; «las causales de nulidad de los actos administrativos en el presente asunto»; «sobre la no violación de la Ley por los actos administrativos acusados» y «sobre la competencia en la emisión de los actos administrativo acusados». A su turno, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda.

Los argumentos para solicitar la denegatoria de l as pretensiones de la demanda, se sustentan de la siguiente manera:

  1. En el presente caso , la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal,
  1. En el presente caso , la entidad ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores, con estricta sujeción a lo previsto en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para cada vigencia fiscal, puesto que estos estipulan que ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido en tales normas, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.
  1. Si bien es cierto la entidad opera como ejecutora de los recursos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para efectos de l pago de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de esta circunscripción territorial, también lo es, que para cumplir dicha función, la Dirección Ejecutiva se encuentra atada a los Decretos salariales que anualmente expide el Gobierno Nacional.
  1. La Seccional de la Rama Judicial se ha limitado a dar cumplimiento a la norma que crea la Bonificación Judicial, en razón a que no tiene facultad para

2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 70 índice SAMAI, archivo ZIP, archivo 003, folio 44 a 61.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Yuliey Xiomara Jaimes Hernández y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

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interpretar las leyes e inaplicarlas, puesto que son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias ostentan esta competencia.

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

interpretar las leyes e inaplicarlas, puesto que son los jueces en sus respectivos fueros, quienes a través de sentencias ostentan esta competencia.

  1. Los derechos que reclaman las demandantes se encuentran parcialmente prescritos, esto es, los tres años atrás a la fecha de presentación de la solicitud.

1.3. La sentencia apelada3

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 3 de noviembre de 2022, resolvió:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional e ilegal, para el caso en concreto, la expresión “únicamente” contenida en el art. 1 del Decreto 383 de 2013 y demás decretos que lo modifican, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 874 de 09 de febrero de 2016 por medio de la cual se negó la reliquidación de las prestaciones sociales de la parte demandante, con inclusión de la Bonificación Judicial creada con el Decreto 383 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: DECLARAR la configuración y nulidad del acto administrativo ficto presunto negativo configurado el día 24 de marzo de 201 6, el cual ratificó la negativa al reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a la parte demandante.

CUARTO. ORDENAR, a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO

negativa al reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la reliquidación de las prestaciones sociales a la parte demandante.

CUARTO. ORDENAR, a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a título de restablecimiento del derecho, si aún no lo ha hecho, a reconocer a favor de la parte demandante YULIE XIOMARA JAIMES HERNANDEZ, GLADYS CRISTINA CASTILLO OVIEDO, EDNA CLARENA PALMA BELTRAN y MARTHA CECILIA DIAZ MARIN, a bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial, desde la fecha de exigibilidad a la e ntidad, esto es el 01 de enero de 2013 , en adelante, por el tiempo efectivamente laborado en la RAMA JUDICIAL, y hasta la terminación del vínculo laboral, reliquidando todas las prestaciones sociales devengadas por ellas.

3Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 70 índice SAMAI, archivo ZIP, archivo 26.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Yuliey Xiomara Jaimes Hernández y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333006-2016-00192-03

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QUINTO: CONDENAR , a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

QUINTO: CONDENAR , a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, a pagar las diferencias resultantes entre las prestaciones sociales devengadas y las que resulten de la reliquidación ordenada.

SÉXTO: DECLARAR probada la excepción de prescripción parcial, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de esta providencia.

SÉPTIMO: Las sumas reconocidas deberán ser debidamente actualizadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

OCTAVO: La NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, dar á cumplimiento a la sentencia de conformidad con los arts. 192 y 195 del CPACA.

NOVENO: CONDENAR en costas a la entidad de mandada y a favor de la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia». (Sic en todo el texto)

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos:

  1. Conforme a las pruebas allegadas las demandante s Yuliey Xiomara Jaimes Hernández, Gladys Cristina Castillo Oviedo, Edna Clarena Palma Beltrán y Martha Cecilia Diaz Marín , laboran o han laborado en la Rama
  1. Conforme a las pruebas allegadas las demandante s Yuliey Xiomara Jaimes Hernández, Gladys Cristina Castillo Oviedo, Edna Clarena Palma Beltrán y Martha Cecilia Diaz Marín , laboran o han laborado en la Rama Judicial, y pertenecen al régimen acogido toda vez que devengan mensualmente la bonificación judicial.
  1. La bonificación judicial le s ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual, sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada al señalar en la respectiva contestación que el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en la norma que regula la bonificación judicial cuando ind ica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Yuliey Xiomara Jaimes Hernández y otros

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  1. De conformidad con los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos en esta provi dencia, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que

expuestos en esta provi dencia, resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circun stancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma citada estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características d e ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

  1. La bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Rama Judicial, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, ello constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se torna en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992.
  1. El límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Rama Judicial , a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de la calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado c on ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.
  1. La bonificación judicial reviste un carácter salarial y tiene incidencia

ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

  1. La bonificación judicial reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual , motivo por el cual ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera por tanto la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado. De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y , en este sentido , la expresiónNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Yuliey Xiomara Jaimes Hernández y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333006-2016-00192-03

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

«únicamente» contemplada en los artículos 1 de los Decretos 383 de 2013 y 1269 de 2015 deberá ser inaplicada , por que implica una violación de principios, contenidos y valores establecidos en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 4 de 1992, al desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

  1. Con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de los

1992, al desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

  1. Con la expedición del Decreto 383 de 2013, el Ejecutivo desconoció los postulados internacionales y constitucionales respecto a la aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en las normas laborales, así como los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, puesto que, despojó de efectos salariales a la bonificación judicial creada para servidores públicos de la Rama Judicial, vinculados a partir de la expedición o acogidos al Decreto 057 de 1993.
  1. En atención a que el derecho de petición de la parte demandante fue radicado el 5 de febrero de 2016, ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y que la Bon ificación Judicial fue creada con efectos fiscales y devengada por la parte demandante desde el 1 de enero de 2013, se advierte que en el presente asunto ha operado la prescripción de las prestaciones reclamadas, desde antes del 5 de febrero de

2013.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. Parte demandante4

La apoderada de la parte demandante en el recurso interpuesto solicitó revocar parcialmente la decisión de primera instancia , únicamente en lo atinente al numeral sexto y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

  1. En el asunto se ha discutido el reconocimiento de l carácter de salario de la bonificación judicial, motivo por el cual la prescripción solo debe contarse a partir del momento en que exista certeza del derecho que se pretende reclamar.
  1. En el asunto se ha discutido el reconocimiento de l carácter de salario de la bonificación judicial, motivo por el cual la prescripción solo debe contarse a partir del momento en que exista certeza del derecho que se pretende reclamar.

4 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 70 índice SAMAI, archivo ZIP, archivo 29.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Yuliey Xiomara Jaimes Hernández y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333006-2016-00192-03

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

  1. En el asunto bajo estudio debe efectuarse la corrección del numeral cuarto del fallo de primera instancia en lo atinente al nombre de la demandante Yuliey

Xiomara Jaimes Hernández.

1.4.2. Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial5

El apoderado de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

  1. La entidad no cuenta con facultades ni atribuciones en materia de fijación de salarios y prestaciones para los servidores d e la Rama Judicial, puesto que su competencia recae únicamente en el Gobierno Nacional, específicamente con la expedición de los Decretos 383 y 384 de 2013 proferidos con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.
  1. El a quo le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección

específicamente con la expedición de los Decretos 383 y 384 de 2013 proferidos con el objeto de establecer la bonificación judicial para esos funcionarios.

  1. El a quo le impuso una carga excesiva a la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que no est aba en el deber soportar y le exigió un imposible jurídico al no tener en cuenta dicha normatividad comoquiera que es con base en sus dictados que se reconocen y pagan las remuneraciones en la entidad.
  1. Aunado a lo anterior, dado que la responsabilidad no le asiste a la Rama Judicial y sí al Gobierno Nacional, la prosperidad de las pretensiones involucra necesariamente la inaplicación de los Decretos 383 y 384 de 2013 y, en consecuencia, para el p ago de emolumentos que no se encuentran contemplados en los cálculos efectuados por la Rama Ju dicial se deberá acudir por mandato de Ley al ejecutivo, es decir, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que proceda a la asignación de recursos adicionales a la entidad que no están amparados en las finanzas públicas, lo cual implica la alteración del Presupuesto General de la Nación.

5 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 70 índice SAMAI, archivo ZIP, archivo 31.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Yuliey Xiomara Jaimes Hernández y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333006-2016-00192-03

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333006-2016-00192-03

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

  1. La condena en costas a la parte demandada carece del análisis objetivo valorativo que se requiere de conformidad con el CPACA, razón por la cual procede su revocatoria.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 18 de febrero de 202 56 se admiti ó el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante7

La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

1.6.2. Nación, Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 8

La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda; además, las alegaciones, se resumen de la siguiente manera:

  1. Para el reconocimiento de la reliquidación de prestaciones ordenada por el a quo se debe aplicar la prescripción trienal, para lo cual debe tenerse como fecha de exigibilidad del derecho la de la vinculación al cargo de los servidores y/o de la creación de la bonificación judicial; además, dicho fenómeno se interrumpe con la solicitud presentada ante la administración, motivo por el cual hay lugar a reconocer los tres últimos años anteriores a la petición, lo cual en el presente caso ocurrió, como efectivamente lo reconoció

fenómeno se interrumpe con la solicitud presentada ante la administración, motivo por el cual hay lugar a reconocer los tres últimos años anteriores a la petición, lo cual en el presente caso ocurrió, como efectivamente lo reconoció el a quo, el 5 de febrero de 2016 con la radicación de la respectiva reclamación en esta Dirección Seccional.

6 Expediente digital, actuación 21, índice SAMAI. 7 Expediente digital, actuación 26 Índice SAMAI. 8 Expediente digital, actuación 12 Índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia

Demandante: Yuliey Xiomara Jaimes Hernández y otros

Demandado: Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Radicado: 680013333006-2016-00192-03

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1.6.3. Ministerio Público:

No se presentaron.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala establecer i) si las demandantes tienen derecho a que se le s reconozca la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestacion

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