TA SAN - Sentencia 680013333006-2017-0024201 (10-07-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, julio diez (10) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 680013333006-2017-00242 01

ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA DEMANDANTE: MARIA TORCOROMA ORTIZ BARBOSA en calidad de curadora provisoria de su esposo FRANCISCO JAVIER SANMARTIN AGUIRRE y en nombre de su menor hijo, SAMN

SANMARTIN ORTIZ, KEVIN JHOSEP CRIADO ORTIZ, MARIA

CECILIA AGUIRRE RAMIREZ, MARIO SANMARTIN DIAZ, LUZ

STELLA AGUIRRE, MARIO GERMAN SANMARTIN AGUIRRE,

URANY SANMARTIN AGUIRRE

bolivarbaronabogados@gmail.com abogadosasociadosb2@hotmail.com

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL

Notificaciones.bucaramanga@mindefensa.gov.co

MINISTERIO

PUBLICO:

JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

TEMA

Daño derivado de acoso laboral

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el día 31 de enero de 2022 , en cuanto denegó las súplicas de la demanda.

Pretensiones:

la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, el día 31 de enero de 2022 , en cuanto denegó las súplicas de la demanda.

Pretensiones:

Las pretensiones de la demanda formulada por la parte actora son las siguientes:

1. Declaración de responsabilidad administrativa de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, por los perjuicios materiales e inmateriales causados al señor FRANCISCO JAVIER SANMARTÍN AGUIRRE, representado legalmente por su esposa MARÍA TORCOROMA ORTIZ BARBOSA (curadora provisoria), quien también actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor SAMN SANMARTÍN ORTIZ, así como de los familiares indirectos: KEVIN JHOSEP CRIADO ORTIZ (hijo de crianza), los padres MARÍA CECILIA AGUIRRE RAMÍRE Z y MARIO SANMARTÍN DÍAZ, y los hermanos LUZ STELLA, MARIO GERMÁN y JURANY SANMARTÍN AGUIRRE, por el daño derivado de la disminución deSentencia de Segunda Instancia 680013333006-2017 00242 01

2 capacidad laboral del 88.73% causada por acoso laboral y persecución durante su servicio en la Policía Nacional.

2. Condena a la Nación al pago de: o Perjuicios inmateriales por daño moral subjetivo para la víctima directa (100 SMLMV) y para las víctimas indirectas (entre 50 y 100 SMLMV según el vínculo). o Daño a la salud para la víctima directa, en cuantía de 202.36 SMLMV.

(100 SMLMV) y para las víctimas indirectas (entre 50 y 100 SMLMV según el vínculo). o Daño a la salud para la víctima directa, en cuantía de 202.36 SMLMV. o Perjuicios materiales: ▪ Lucro cesante consolidado: 28.89 SMLMV ▪ Lucro cesante futuro: 312.89 SMLMV

3. Subsidiariamente, se solicitó el pago del mayor valor que determine la sentencia teniendo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado.

4. Actualización de valores de la condena con el índice de precios al consumidor e intereses legales del 6% anual.

5. Cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del

CPACA.

6. Condena en costas a la parte demandada, conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

Hechos:

El señor Francisco Javier Sanmartín Aguirre fue incorporado a la Policía Nacional en el año 2005, luego de prestar el servicio militar obligatorio entre 2002 y 2004, y superar satisfactoriamente todas las pruebas exigidas para su ingreso. Posteriormente, se graduó como patrullero del nivel ejecutivo en abril de 2006, y fue asignado a varias unidades a lo largo del país, siendo destinado en el año 2013 a la Estación de Policía de Girón , adscrita a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Durante su permanencia en dicha estación, el patrullero fue asignado a la patrulla del cuadrante "Palenque" junto con el también patrullero Willington Rojas Urbina. Ambos denunciaron haber sido objeto de acoso y persecución laboral por parte

Durante su permanencia en dicha estación, el patrullero fue asignado a la patrulla del cuadrante "Palenque" junto con el también patrullero Willington Rojas Urbina. Ambos denunciaron haber sido objeto de acoso y persecución laboral por parte de la subteniente Constanza Ruiz Rojas, quien era su superior jerárquica. Según lo narrado, la subteniente les impartía órdenes en tono agresivo y desacreditaba suSentencia de Segunda Instancia 680013333006-2017 00242 01

3 labor, generando un ambiente hostil que fue denunciado formalmente ante la Procuraduría General de la Nación el 28 de mayo de 2013.

Como consecuencia del ambiente laboral hostil, el señor Sanmartín Aguirre comenzó a presentar síntomas psiquiátricos que lo llevaron a excusarse del servicio a partir del 30 de junio de 2014. Fue sometido a tratamientos médicos especializados, y se le diag nosticó esquizofrenia no determinada . Debido al deterioro progresivo de su estado de salud mental, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional lo convocó a Junta Médico Laboral el 28 de diciembre de 2015, la cual concluyó que padecía esquizofrenia paran oide con deterioro funcional global, determinando una disminución de su capacidad laboral del 50.59% y su no aptitud para la actividad policial. Esta decisión le fue notificada el 12 de enero de 2016.

Posteriormente, mediante Resolución No. 00964 del 2 de agosto de 2016 , la Policía Nacional le reconoció pensión de invalidez , teniendo en cuenta que la

de 2016.

Posteriormente, mediante Resolución No. 00964 del 2 de agosto de 2016 , la Policía Nacional le reconoció pensión de invalidez , teniendo en cuenta que la disminución total de su capacidad laboral ascendía al 88.73% al sumarse los diagnósticos previos.

Como resultado de su estado clínico, su esposa, María Torcoroma Ortiz Barbosa, promovió un proceso de interdicción judicial, siendo designada como curadora provisoria por el Juzgado Primero del Circuito de Bucaramanga en febrero de 2017. En su calidad de curadora, la señora Ortiz otorgó poder judicial para instaurar la presente acción de reparación directa.

Fundamento jurídico de las pretensiones:

En este apartado, la parte actora argumenta que en el caso concreto se configura un daño antijurídico, entendiendo este como aquel que la víctima no está jurídicamente obligada a soportar, según lo ha desarrollado la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional con base en el artículo 90 de la Constitución Política.

Se destaca que el patrullero Francisco Javier Sanmartín Aguirre fue incorporado a la Policía Nacional en óptimas condiciones de salud física y mental, sin antecedentes de enfermedades psiquiátricas, lo cual se acredita con su historial clínico y laboral. Sin embargo, como consecuencia de los constantes actos de acosoSentencia de Segunda Instancia 680013333006-2017 00242 01

4 y persecución laboral por parte de su superior, la subteniente Constanza Ruiz Rojas, sufrió un deterioro progresivo de su salud mental, siendo diagnosticado con esquizofrenia paranoide con deterioro funcional global.

4 y persecución laboral por parte de su superior, la subteniente Constanza Ruiz Rojas, sufrió un deterioro progresivo de su salud mental, siendo diagnosticado con esquizofrenia paranoide con deterioro funcional global.

El demandante afirma que este daño fue generado dentro de la institución policial, producto del trato indigno recibido, sin que la administración hubiera actuado para prevenir, corregir o evitar tales situaciones, lo cual constituye una falla en el servicio. Asegura que el daño fue grave, profundo y con consecuencias permanentes, afectando tanto al afectado como a su núcleo familiar, por lo que no puede considerarse como un riesgo inherente al ejercicio de la función policial, sino como el resultado de una acción u omisión estatal reprochable.

En conclusión, se sostiene que el daño es antijurídico, grave, irreversible y directamente imputable al Estado por la conducta de sus agentes, por lo que debe ser reparado integralmente conforme a lo dispuesto en el orden constitucional y jurisprudencial vigente.

En la demanda se invoca expresamente el título de imputación de responsabilidad por falla en el servicio. Esto se fundamenta en la alegación de que la Policía Nacional incurrió en una conducta omisiva e irregular al permitir y tolerar el acoso y persecución laboral sistemática contra el patrullero Francisco Javier Sanmartín Aguirre por parte de su superior jerárquica, la subteniente Constanza Ruiz Rojas, lo cual desencadenó una afectación grave en su salud mental (esquizofrenia paranoide con deterioro funci onal global), que derivó en una disminución de su capacidad laboral del 88.73%.

Contestación de la demanda

cual desencadenó una afectación grave en su salud mental (esquizofrenia paranoide con deterioro funci onal global), que derivó en una disminución de su capacidad laboral del 88.73%.

Contestación de la demanda

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional - reconoce algunos hechos fácticos como la vinculación del señor Francisco Javier Sanmartín Aguirre a la Policía Nacional, su historial de servicio, el matrimonio y la existencia del hijo menor. Sin embargo, desconoce la mayoría de las afirmaciones subjetivas y valorativas, particularmente aquellas relacionadas con el presunto acoso laboral y los padecimientos psiquiátricos supuestamente derivados del mismo.

Se considera falsa y temeraria la acusación de acoso laboral, pues –según la entidad– el actor fue destituido disciplinariamente mediante Resolución No. 675 del 10 de mayo de 2015, lo que deslegitimaría su conducta funcional. Además, seSentencia de Segunda Instancia 680013333006-2017 00242 01

5 indica que ya desde 2012 se evidenciaban síntomas psiquiátricos, anterior a los hechos que alega la parte actora haber sufrido en 2013.

La Policía Nacional sostiene que la enfermedad del actor fue de origen común, no relacionada causalmente con el servicio policial, como lo concluyó la Junta Médico Laboral No. 11151 en diciembre de 2015, la cual no encontró imputabilidad al servicio.

Se opone integralmente a todas las pretensiones, argumentando que: • No existe relación de causalidad entre el servicio prestado y la enfermedad alegada. • El actor fue pensionado por invalidez, lo cual descarta perjuicio económico

servicio.

Se opone integralmente a todas las pretensiones, argumentando que: • No existe relación de causalidad entre el servicio prestado y la enfermedad alegada. • El actor fue pensionado por invalidez, lo cual descarta perjuicio económico actual. • No se probó el acoso laboral ni el nexo con el diagnóstico psiquiátrico. • El daño alegado carece de sustento médico -científico y se basa solo en afirmaciones del apoderado de la parte demandante.

Se alega que el caso no configura una responsabilidad estatal, por cuanto no se probó la falla en el servicio, ni el daño antijurídico que deba ser reparado por el Estado.

Sentencia de primera instancia

La sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Bucaramanga resolvió negar las pretensiones de la demanda de reparación directa al no encontrarse acreditada la falla en el servicio, la imputabilidad del daño a la entidad demandada, ni el nexo de causalidad

El despacho judicial negó las pretensiones de la demanda porque no se acreditó el acoso laboral alegado por el demandante, ni el nexo causal entre este y la enfermedad de esquizofrenia paranoide que padece el señor Francisco Javier Sanmartín Aguirre. El juez consideró que las conductas desplegadas por la superior jerárquica del actor (subteniente Constanza Ruiz Rojas) se enmarcaron en el ejercicio regular de las funciones de mando, conforme a las exigencias del servicio policial y no constituyeron acoso lab oral en los términos de la Ley 1010 de 2006. Asimismo, se destacó que el cuadro clínico del demandante, según el dictamen

ejercicio regular de las funciones de mando, conforme a las exigencias del servicio policial y no constituyeron acoso lab oral en los términos de la Ley 1010 de 2006. Asimismo, se destacó que el cuadro clínico del demandante, según el dictamen médico, tenía un origen anterior (alrededor de 2012) a los hechos que alegadamente configuraron el acoso (2013).Sentencia de Segunda Instancia 680013333006-2017 00242 01

6 En cuanto al análisis probatorio, el juez valoró: • El acta de la Junta Médico Laboral No. 11151, que diagnosticó al actor con esquizofrenia paranoide con deterioro funcional global, pero calificó la patología como de origen común, en servicio, pero sin causa atribuible al mismo. • El concepto psiquiátrico contenido en dicho acta, que estableció que el cuadro clínico se remontaba a tres años antes de la junta (2012), es decir, previo al supuesto acoso. • Los testimonios rendidos en el proceso, los cuales no dieron cuenta de humillaciones, malos tratos o actos de acoso laboral, sino del cumplimiento de órdenes propias de la función policial. • La prueba documental, incluida la historia laboral y disciplinaria del actor, que daba cuenta de antecedentes investigativos y de un fallo disciplinario sancionatorio (destitución), sin que se acreditara su relación con el alegado acoso.

Finalmente, el despacho concluyó que no existió falla en el servicio, toda vez que no se probó una conducta omisiva, irregular o ineficiente imputable a la administración que hubiera causado el daño antijurídico alegado. En consecuencia,

Finalmente, el despacho concluyó que no existió falla en el servicio, toda vez que no se probó una conducta omisiva, irregular o ineficiente imputable a la administración que hubiera causado el daño antijurídico alegado. En consecuencia, no se cumplió el j uicio de imputación fáctica ni jurídica necesario para declarar la responsabilidad del Estado, conforme al artículo 90 de la Constitución Política y al régimen de responsabilidad patrimonial por falla del servicio.

El A-quo subrayó la inexistencia de un nexo de causalidad probado entre el presunto acoso y la enfermedad psiquiátrica. No se allegaron pruebas periciales, testimoniales calificadas ni dictámenes técnicos que permitieran inferir que la esquizofrenia fue causada o agravada por condiciones laborales. Por el contrario, los documentos clínicos indican que los síntomas eran anteriores a los hechos alegados como desencadenantes (año 2012 vs. hechos alegados desde 2013).

El hecho de que al actor se le hubiera reconocido una pensión de invalidez no se interpreta como una aceptación de responsabilidad administrativa. La pensión fue reconocida por la disminución de capacidad laboral, sin vincular jurídicamente el origen de la enfermedad al servicio, por lo cual el juez descartó que existiera un detrimento patrimonial indemnizable.

Finalmente, el Juez de primera instancia consideró que no se acreditó la antijuridicidad del daño, en tanto el actor ya recibe una prestación pensional y su patología no está asociada a un hecho imputable al Estado. Por tanto, no se cumpleSentencia de Segunda Instancia 680013333006-2017 00242 01

7

patología no está asociada a un hecho imputable al Estado. Por tanto, no se cumpleSentencia de Segunda Instancia 680013333006-2017 00242 01

7 con el elemento esencial de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado.

Recurso de apelación

El recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante contra la sentencia de primera instancia del Juzgado Sexto Administrativo Oral de Bucaramanga se fundamenta en los siguientes argumentos esenciales:

El recurso se fundamenta en que el juez de primera instancia incurrió en una indebida valoración probatoria al negar las pretensiones de la demanda. El apelante sostiene que el daño alegado —la esquizofrenia paranoide con deterioro funcional global, que le generó al señor Francisco Javier Sanmartín Aguirre un 88,73 % de pérdida de capacidad laboral — tuvo origen en el acoso laboral ejercido por la subteniente Constanza Ruiz Rojas durante el tiempo en que el actor prestó sus servicios en la Policía Nacional, desde 2012, bajo su mando.

La apelación señala que el a quo desconoció o desestimó pruebas que demostrarían el acoso y su relación con la enfermedad, como: • Informes disciplinarios, actas de comités de convivencia laboral y declaraciones ante la Procuraduría, en los que Sanmartín Aguirre y sus compañeros denunciaron las conductas hostiles, humillantes y descalificadoras de la subteniente, con características d e acoso laboral conforme a la Ley 1010 de 2006. • Testimonios de compañeros (Willington Rojas Urbina, Jhon Ferney Cuellar Pérez) que refieren el trato vejatorio, persecución, hostigamiento y presión

conforme a la Ley 1010 de 2006. • Testimonios de compañeros (Willington Rojas Urbina, Jhon Ferney Cuellar Pérez) que refieren el trato vejatorio, persecución, hostigamiento y presión indebida, incluso con cambios de sede y traslados como represalia. • Documentos que demuestran la relación laboral bajo el mando de la subteniente desde 2012, coincidiendo con el inicio del cuadro clínico señalado por la Junta Médica Laboral. • Historia laboral y antecedentes clínicos que descartan predisposición genética o familiar a la enfermedad psiquiátrica.

El apelante refuta el argumento del juez sobre el carácter regular de las órdenes y exigencias del mando, insistiendo en que las pruebas acreditan que las conductas excedieron el marco de las funciones del mando policial y configuraron acoso laboral, lo que constituye una falla del servicio imputable al Estado. Señala además que el juez omitió aplicar adecuadamente las disposiciones de la Ley 1010 de 2006 y no realizó una valoración integral y objetiva del material probatorio.Sentencia de Segunda Instancia 680013333006-2017 00242 01

8 En consecuencia, solicita al Tribunal revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones, declarando la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño antijurídico derivado del acoso laboral y ordenando el pago de los perjuicios reclamados.

Trámite de Segunda instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se admitió el recurso de apelación quedando el proceso para fallo en segunda instancia. Se contó

perjuicios reclamados.

Trámite de Segunda instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se admitió el recurso de apelación quedando el proceso para fallo en segunda instancia. Se contó en esta etapa con el pronunciamiento de la Nación - Ministerio de Defensa Policía Nacional en el que solicitó confirmar en su integridad la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Sostuvo que las pruebas practicadas y valoradas en el proceso no acreditan que la esquizofrenia paranoide padecida por el señor Francisco Javier Sanmartín Aguirre fuera consecuencia de un presunto acoso laboral. Señaló que el dictamen del médico Winton José Lora Mendoza, integrante de la Junta Médico Laboral, así como el concepto del psiquiatra tratante, demostraron que el cuadro c línico del actor tenía una evolución desde el año 2012, es decir, anterior a los hechos alegados como acoso, y que la patología fue calificada como de origen común, sin nexo causal con el servicio. Además, resaltó que ningún testimonio de los compañeros de traba jo del actor refirió la existencia de acoso laboral; por el contrario, lo que surge de sus declaraciones son descripciones de órdenes e instrucciones emitidas por la subteniente Constanza Ruiz Rojas en el marco de sus funciones, sin que mediaran malos trat os, humillaciones o actos de hostigamiento. La Policía Nacional sostuvo que las actuaciones de la subteniente se correspondieron con el ejercicio regular del mando y el cumplimiento de los deberes de control y supervisión propios del servicio de policía.

El Ministerio Público guardó silencio en curso de esta etapa procesal.

actuaciones de la subteniente se correspondieron con el ejercicio regular del mando y el cumplimiento de los deberes de control y supervisión propios del servicio de policía.

El Ministerio Público guardó silencio en curso de esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto por la parte demandante.

Problema JurídicoSentencia de Segunda Instancia 680013333006-2017 00242 01

9

Vistos los antecedentes fácticos del caso y el objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el problema jurídico central sobre el que esta Sala debe pronunciarse consiste en determinar si:

¿Se demuestra que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional incurrió en falla en el servicio derivada del presunto acoso laboral al que fue sometido el señor Francisco Javier Sanmartín Aguirre durante su vinculación como patrullero, y cuya consecuencia habría sido la pérdida de su capacidad laboral en un 88.73%, de forma tal que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado por los perjuicios reclamados por sus familiares en el presente proceso de reparación directa?

Tesis: No.

A efecto de desarrollar el problema jurídico la Sala se ocupará de establecer si se encuentra demostrado en el presente caso que el señor Francisco Javier Sanmartín Aguirre, como Patrullero de la Policía Nacional fue sometido a tratos constitutivos de acoso laboral, a partir de los cuales se le hubiera causado un daño resarcible.

Del estudio del caso:

Sanmartín Aguirre, como Patrullero de la Policía Nacional fue sometido a tratos constitutivos de acoso laboral, a partir de los cuales se le hubiera causado un daño resarcible.

Del estudio del caso:

Del daño:

La primera instancia tuvo por demostrada la ocurrencia del daño entendido como la disminución de la capacidad laboral dictaminada al señor Francisco Javier Sanmartín Aguirre en proporción del 88.73%, derivada de afectaciones de orden psiquiátrico consistentes en esquizofrenia paranoide con deterioro funcional global, según lo establecido por la Junta Médico Laboral No. 11151 del 28 de diciembre de

2015. Al no haberse planteado controversia al respecto, la Sala tendrá igualmente por acreditado el daño alegado por la parte actora.

De la imputación del daño:

En el recurso de apelación la part e demandante da claridad en que la responsabilidad que se endilga a través del presente medio de control tiene su origen en el acoso laboral sistemático ejercido por la Subteniente Constanza Ruiz Rojas, superior jerárquica del señor Francisco Javier Sanmartín Aguirre, desdeSentencia de Segunda Instancia 680013333006-2017 00242 01

10 el año 2012, acoso caracterizado por trato vejatorio, persecución, hostigamiento y presión indebida, incluso con cambios de sede y traslados como represalia.

• Del acoso laboral:

Con la Ley 1010 de 2006, cuyo objeto era “definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo

• Del acoso laboral:

Con la Ley 1010 de 2006, cuyo objeto era “definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública”1, el legislador se ocupó del fenómeno del acoso laboral definiéndolo como “toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado (…) encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo ”2 para lo cual se estableció una serie de medidas preventivas, correctivas y sancionatorias 3. La mencionada Ley resulta aplicable tanto frente a empleados del sector privado como del público, estableciendo frente a éstos últimos la vía disciplinaria como medida para que se sancione el acoso laboral, encontrándose igualmente habilitados para acudi r en sede de nulidad y restablecimiento del derecho a debatir la legalidad de los actos basados en hechos constitutivos de tal situación.

La misma Ley 1010 de 2006 dispuso que el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades:

“(…) 1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre

moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. (Negrilla fuera del texto original)

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.

1 Artículo 1. 2 Artículo 2. 3 Artículos 9 y 10.Sentencia de Segunda Instancia 680013333006-2017 00242 01

11

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador (…)”.

Dentro de los estudios psicológicos sobre el acoso laboral, “ mobbing” o “bullying” se destaca el realizado por Heinz Leymann, que describió dicha práctica como “una situación en la que una persona (o en raras ocasiones un grupo de personas) ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente (como media una vez por semana) y durante un tiempo prolongado (como media unos seis meses) sobre o tra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, acabar su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente que esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo.”4.

Bajo este marco, la jurisprudencia tanto del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo como de lo Constitucional5, han precisado que el acoso laboral puede ser una práctica presente en los sectores público y privado, traducida entre otros, en ataques verbales, acoso sexual, ridiculización, desacreditación profesional, aislamiento social o violencia psicológica, encausados a deteriorar la reputación o autoestima del trabajador, que incluso, puede dar paso a enfermedades profesionales, dentro de ellas, el “estrés laboral ”, trastornos de sueño , crisis

aislamiento social o violencia psicológica, encausados a deteriorar la reputación o autoestima del trabajador, que incluso, puede dar paso a enfermedades profesionales, dentro de ellas, el “estrés laboral ”, trastornos de sueño , crisis nerviosa, depresión y afectación de las relaciones familiares.

Cabe señalar que dentro de la regulación del sistema general de seguridad, a través del Decreto Ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales” –denominación que con la Ley 1562 de 2 012 varió a riesgos laborales-, se contempló la protección de “los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles [a los

4 Ver al respecto, Leymann, H.; Mobbing: la persécution au travail . Seuil. Paris 1996; “ The content and development of mobbing at work”. Rev. European Journal of Work and Organitzational Psichology, núm. 2. 1996 y Leymann, H. Gustafson, a.; “Mobbing at work and the development of post-traumatic stress disorders”. Rev. European Journal of Work and Organitzational Psichology, núm. 2. 1996. Citado en sentencia de tutela de fecha 19 de agosto de 2010, proferida por la Sección Cuarta del Honorable Consejo de Estado, C.P. Hugo Hernando Bastidas Bárcenas, exp. 2010-1304-01 AC. 5 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 19 de agosto de 2010, proferida en el Expediente núm. 2010-01304-01. Consejero Ponente doctor Hugo Fernando Bastidas

5 CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 19 de agosto de 2010, proferida en el Expediente núm. 2010-01304-01. Consejero Ponente doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-882 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.Sentencia de Segunda Instancia 680013333006-2017 00242 01

12 empleados] con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan” 6, en virtud de lo cual, de demostrarse que la patología padecida por un empleado tuvo origen laboral, como lo sería aquellas que se derivan de una situación de acoso laboral, la víctima tendría derec